Introducción

Una de las características que presenta el conflicto sociopolítico armado en Colombia tiene que ver con la forma como esta se manifiesta en los diversos territorios del país, en especial en los territorios periféricos. Estos, a diferencia de los territorios centrales, se caracterizan por una ineficiencia en las instituciones estatales, lo cual da lugar a una construcción diferenciada del mismo, caracterizado por diversas soberanías en donde entran en disputa, inclusive, actores armados en búsqueda de control territorial y poblacional (González, 2014; Urdaneta, 2018).

Estos territorios se caracterizan por la amplia presencia de campesinas/campesinos, quienes han sufrido por cuenta de los conflictos suscitados por la tenencia y uso de la tierra con sectores empresariales y terratenientes, lo que ha favorecido a la ampliación de la frontera agrícola en un proceso denominado por Darío Fajardo (2019) como colonización-conflicto-migración-colonización. Así mismo, la respuesta campesina ante estos conflictos se manifiesta en un repertorio de acciones que van desde acciones jurídicas dirigidas a la redistribución de tierras y titulación de baldíos (LeGrand, 2016) hasta acciones masivas de tomas de tierras, a través de figuras organizativas como las ligas, sindicatos agrarios y asociaciones campesinas (Gutiérrez, 2019; Sánchez, 1990).

De igual forma, la adaptación del campesinado a este conflicto se manifiesta mediante las interacciones que, en los territorios periféricos, llevan a cabo comunidades enteras con actores armados, ante la necesidad de garantizar un orden social en medio de la guerra que les permita sobrevivir (Arjona, 2016). De esta forma, son conocidos los estudios que dan cuenta de dichas interacciones (Aguilera, 2014; Arjona, 2016; Espinosa, 2010; Gutiérrez, 2019; Molano, 2006; Voyvodic, 2021; Urdaneta, 2018), enfatizando aspectos como el nivel de relaciones sociales tejidas entre comunidades campesinas y actores armados, el intercambio de bienes y servicios ofrecidos entre ambos actores (alimentación, infraestructura, información sobre movimientos del “enemigo”), la distribución en la toma de decisiones y los sistemas de administración de justicia.

Por otro lado, son conocidas también las experiencias del campesinado colombiano en la política electoral, a partir de experiencias concretas surgidas desde el siglo XX como el Partido Agrario Nacional (PAN) en la década del treinta en los departamentos de Tolima y Cundinamarca (Londoño, 2014; Sánchez, 1990), las organizaciones campesinas en Putumayo que se encuentran en la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo (MEROS) (Ramírez, 2001; de La Espriella, 2017), en Cauca y Nariño con el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) (CNMH, 2017) y la llegada al Congreso de la República del líder campesino de Norte de Santander Alberto Castilla (Castilla, 2018). Estas experiencias dan cuenta del nivel organizativo de este sector por hacer valer su derecho a la ciudadanía a partir de su inserción en las lógicas institucionales de decisión y ejecución, dando cuenta de “una demostración concreta de la posibilidad de un ejercicio democrático en un contexto nacional desfavorable” (Cubides, 2006, p. 136).

Ahora bien: ¿Qué posibilidades tienen las comunidades campesinas que interactúan con actores armados de acceder al poder político por las vías electorales? ¿Cómo pensar un escenario territorial con presencia diferenciada del Estado e interacciones entre población civil–actores armados, donde la primera pretende ser partícipe de sus dinámicas institucionales/institucionalizadas de la política? En este punto, decidimos conocer la experiencia de dos organizaciones campesinas que, dadas las dinámicas del conflicto, tuvieron interacciones campesinas con frentes de las FARC-EP, quienes controlaron los territorios donde ellas tuvieron presencia hasta su dejación de armas en el año 2016. Al respecto, argumentaremos que la gobernanza rebelde se convierte en un factor que movilizan agencias en organizaciones y comunidades campesinas, lo que les brinda la oportunidad de insertarse en los escenarios institucionales a partir de las contiendas electorales.

Para sustentar dicho argumento, se emplea el Process Tracing como método de trabajo. Esta herramienta de investigación comparada proporciona mecanismos causales al interior de fenómenos políticos, es decir, sistemas complejos que producen resultados a través de la interacción entre sus partes y su posterior explicación, dando gala de la complejidad propia de nuestra realidad social (Beach & Pedersen, 2013; Maillet & Rozas, 2019). Es por ello que el resultado de esta operación será una narrativa causal compleja que, para el presente caso, se constituye a través de momentos inductivos y deductivos que se entrecruzan en el marco de la investigación (Bril-Mascharenas et al., 2017).

De esta forma, se analizan las experiencias de dos organizaciones campesinas como son la Asociación Campesina de Trabajadoras/Trabajadores de Argelia (Cauca) (ASCAMTA) y la Asociación de Trabajadoras/Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca-Subdirectiva Pradera (ASTRACAVA). La selección de ambos casos obedece a la necesidad de pensar las experiencias de involucramiento a la institucionalidad colombiana por parte de organizaciones campesinas en un contexto importante como lo es la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Una de sus promesas tiene que ver con:

“(…) una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016: 35)

De igual forma, el énfasis de la investigación en reconocer experiencias campesinas tiene que ver con la exclusión normativa que este sector ha sufrido, en especial desde la actual Constitución Política de 1991, cuando fueron desconocidos como sujetos/as de derechos (Guiza et al., 2020). En la práctica, dicho desconocimiento les afecta en la medida en que sus exigencias de tierra y territorio son desatendidas, en comparación con las comunidades indígenas y afrodescendientes, las cuales, al ser reconocidas dentro de un marco especial de derechos, les confiere inalienabilidad y protección a sus tierras (Mondragón, 2002).

Desarrollar este Process Tracing implicó un ejercicio que combinó el trabajo de campo en los municipios de Argelia (Cauca) y Pradera (Valle del Cauca) entre los años 2020 y 2021, entrevistas a seis dirigentes de cada organización analizada –con experiencia organizativo-política y en relacionamiento con actores instituciones– y la revisión documental de literatura y documentos de primera fuente sobre su comportamiento en escenarios electorales y de protesta social. Estos últimos aportaron insumos para la descripción y análisis posterior de los casos.

Este documento se presenta inicialmente con la ubicación el mecanismo causal, consistente en analizar el funcionamiento de la política a nivel local y el desarrollo de gobernanzas rebeldes, ambas como factores que desatan agencias en organizaciones campesinas interesadas en participar de la política electoral. Luego, se ubican las experiencias de las organizaciones campesinas en su intento por insertarse en las dinámicas institucionales, haciendo posteriormente un análisis que da cuenta de la gobernanza rebelde como factor que logra incidir en el relacionamiento efectivo del campesinado al interior de cargos representativos. Por último, se ubican unas consideraciones finales.

Ubicación de hipótesis y explicaciones teóricas

La participación del campesinado en escenarios electorales como mecanismo para acceder al poder político hace parte de los repertorios de acción implementados por este sector a lo largo de la historia, caracterizados principalmente por los escenarios de revueltas y rebeliones como medio predominante (Skocpol, 2005; Wolf, 1974). En ambos procesos, el elemento en común se ubica en la participación, en tanto una actividad implementada por el campesinado direccionada a transformar una realidad existente, la cual moviliza la configuración de identidades colectivas y agencias (Mora, 2006).

Hacer efectiva esta participación implica reconocer dentro de las organizaciones y movimientos sociales una “potencia transformadora y creativa de sujetos políticos colectivos que buscan instituir un nuevo orden social” (Chica et al., 2017, p. 130). Dicha potencia es requerida, demandada y construida por múltiples sectores sociales, principalmente los excluidos de la dinámica sociopolítica, con el propósito de incidir en los escenarios de decisión local en sus territorios.

De esta forma, el interés de participación del campesinado colombiano en la arena político-institucional tiene que ver con la necesidad de reivindicar una serie de derechos que les han sido negados por el Estado. De ahí que su demanda de participación y conquista de derechos de ciudadanía se encuentra atravesada, tanto por los procesos de despojo de tierras por parte de terratenientes, empresarios y paramilitares, en especial desde el siglo XX (Gutiérrez, 2019), como por las relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación entre sí mismas y con otros sectores sociales y políticos, constitutivas en sus procesos de construcción de democracia interna y de resistencia (Fogel, 2006).

Es por eso que entendemos la participación del campesinado como una contienda política, en el entendido de McAdam et al. (2005), quienes la definen como un escenario de interacción episódica, publica y colectiva entre reivindicadores y sus objetos de reivindicación, en donde a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, y b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores.

Habrá diversas formas en que dichas reivindicaciones llegarán a ser tramitadas a la escena político-institucional. En este punto es donde expondremos las hipótesis que pretenden explicar la llegada del campesinado a dicho espacio. Llegar a este punto implica preguntarnos por las capacidades con las que cuenta este sector social para superar tanto las barreras interpuestas desde el marco normativo y las exclusiones de índole políticas y culturales, como las dificultades internas en términos de la acción colectiva por parte de estas organizaciones. De igual forma, indagar por este fenómeno implica evidenciar los alcances, posibilidades y limitaciones que tiene para las organizaciones y comunidades campesinas jugar una doble lógica: por un lado, sumarse a las reglas de juego del Estado, y por otro, interpelarlo dentro de lógicas relacionales y territoriales en clave de movimiento social, las cuales pueden demandar la integración y, a su vez, reclamar autonomías frente a dichas lógicas estatales.

En ese sentido, la primera hipótesis se relaciona de manera directa con la dinámica institucional y la competición electoral, en donde élites políticas locales construyen coaliciones políticas con diferentes sectores sociales de acuerdo al caudal de votos que los segundos les ofrecen a los primeros. Esto con el propósito de ampliar las posibilidades de éxito de las élites, en donde ambos actores acuerdan perseguir metas comunes, actúan de forma conjunta y comparten escenarios de poder.

De acuerdo con Duque (2020), las posibilidades de alcanzar dichas coaliciones se logran mediante diversos factores: a) las instituciones o reglas electorales; b) las características de la competencia política, el número de actores políticos, sus interacciones y cercanías ideológicas; y c) las características de los partidos políticos y su institucionalización organizativa, especialmente la cohesión interna y el control de la dirigencia nacional de los partidos sobre los políticos regionales. A esto se suma la particularidad de la competencia electoral colombiana, cuyas élites políticas nacionales delegan la gestión de los territorios periféricos a élites locales a cambio de apoyo político y de no desafiar al centro (Larratt-Smith, 2020).

Bajo este entendido, la primera hipótesis planteada es la siguiente:

H1 - La participación política en la dinámica electoral, por parte del campesinado, resulta efectiva de acuerdo a las coaliciones políticas que las organizaciones campesinas realizan con representantes de partidos y movimientos políticos en el orden local.

Ahora bien, a este proceso debe añadirse el involucramiento de los actores armados como agentes que intervienen en los mecanismos de interlocución entre la ciudadanía y las instituciones estatales en los territorios periféricos. Como se ha mostrado en los estudios sobre los órdenes sociales en medio de las guerras, las interacciones entre comunidades y actores armados se llevan a cabo con el propósito de satisfacer intereses comunes, dentro de los cuales se encuentran la construcción y aplicación de reglas de convivencia, la provisión conjunta de bienes y servicios, como también garantías de seguridad (Loyle et al., 2021). Frente a una presencia diferenciada de instituciones estatales, las comunidades convocan espacios con dichos actores para tramitar sus demandas y, con ello, configurar escenarios locales de democracia participativa.

En términos generales, este fenómeno se denomina gobernanza, y es concebida como un proceso destinado a la construcción de acciones, estrategias, planes y políticas públicas participativas y consensuadas entre los diversos actores inmersos dentro de dinámicas territoriales locales-veredales (Rasmussen & Valencia, 2018). Sin embargo, en contextos de conflicto armado estos procesos se denominan gobernanzas rebeldes, las cuales son entendidas como estrategias políticas en el marco de las rebeliones utilizadas por los actores armados para forjar y mantener relaciones medianamente estables con la población civil, como forma de enfrentar a los Estados (Loyle et al., 2021). Esto se logra gracias a las formas organizativas de los actores armados, las cuales se emplean para construir legitimidad entre la población que se siente abandonada por la falta de eficiencia y eficacia de las intervenciones estatales para suplir sus demandas.

En el caso colombiano, las formas en que se expresan las gobernanzas rebeldes varían, no solamente del grupo armado, sino también del interés que estos tienen sobre los territorios, así como el nivel de calidad de las instituciones estatales y del nivel organizativo de las comunidades para negociar e, incluso, rechazar la presencia de dichos actores (Arjona, 2016). La hipótesis a plantear pretende recaer sobre este último punto, pues se ha demostrado, en el caso concreto de las FARC-EP como organización insurgente marxista-leninista que disputó el poder estatal hasta el año 2016, cómo estas promovieron la conformación de formas organizativas en territorios rurales, orientadas desde su proyecto político, tales como las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Asociaciones Campesinas (Gutiérrez, 2019). De esta manera, se promovió un ejercicio de gobernanza compartida donde la población civil se involucró en la toma de decisiones acerca de la convivencia, la resolución de conflictos, la administración de justicia y la construcción de infraestructura (Steele & Weintraub, 2022).

De esta forma, se ubican dos claridades: primero, en estos procesos los actores armados brindan espacios de poder a las comunidades para la toma de decisiones autónomas en su territorio, lo cual consecuentemente les puede otorgar más poder por parte de las comunidades (Loyle et al., 2021); segundo, el escenario de dejación de armas protagonizado por las FARC-EP, producto de la firma del AFP, se convierte en un escenario de oportunidad para que las formas organizativas campesinas, producto de los legados dejados en el marco de la guerra, les dé lugar para cualificar sus potencialidades organizativas y políticas, y con ello entrar a participar en escenarios institucionales, así como especialmente disputar escenarios de poder político en el orden local. Esto, en tanto se reconoce la legitimidad del Estado como la necesidad ciudadana de unirse a las acciones participativas sancionadas e implementadas por dicho Estado (Steele & Weintraub, 2022).

Así pues, volvemos a ubicarnos en el escenario de las gobernanzas como escenario de ubicación de necesidades e intereses de los actores en diálogo (organizaciones campesinas, Estado, sector privado, actores armados) y cuyas decisiones trascienden el resorte exclusivo de los gobiernos. El nivel y resultado de estos procesos dependen del nivel de interacción entre estos actores, donde cada uno de ellos buscará prevalecer sus intereses.

Por ende, la segunda hipótesis que configura el mecanismo causal propuesto es la siguiente:

H2 - La participación en escenarios institucionales y dinámicas electorales, por parte del campesinado, resulta efectiva de acuerdo a las agencias configuradas en el marco de gobernanzas rebeldes que sus formas organizativas lograron tejer con actores armados

A continuación, se expondrán los casos de ASCAMTA y ASTRACAVA. En el primer caso, su vinculación a la dinámica electoral ha resultado exitosa, al punto de ser, hoy en día, gobierno municipal, tanto en la alcaldía como en mayorías en el concejo municipal. Por su parte, para el segundo caso no ha sido posible llegar a escenarios electorales. Por tanto, este trabajo no solo pretende ubicar las posibilidades, sino también las limitaciones que han tenido las organizaciones campesinas para competir en escenarios electorales y ocupar cargos de elección popular en Colombia, lo cual es un aspecto importante a revisar, no solamente dentro de la academia, sino también en el movimiento social campesino.

Renovando Argelia: La experiencia electoral de ASCAMTA

En el costado suroccidental del departamento del Cauca se encuentra el municipio de Argelia. Su historia se encuentra trazada por la presencia histórica de las FARC-EP en el municipio, quienes desde la década de los sesenta han realizado una labor de contención de la violencia política desarrollada en el municipio, por cuenta de grupos adscritos a los partidos Liberal y Conservador, en una continuidad de la dinámica de la Violencia de los años cincuenta (Salazar & Delgado, 2018). Sumado a esto, la presencia de este grupo armado permitió la organización de la comunidad, en especial desde las JAC, en aspectos como la construcción de infraestructura comunitaria (casas, escuelas, centros de salud, carreteras), así como la conformación de fuerzas políticas, toda vez que se reporta la llegada de integrantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica.

Estos hechos desencadenaron en un fuerte proceso organizativo que se enfrenta a fenómenos como la colonización campesina que se desarrolla en la década de los ochenta por cuenta de la llegada de la coca al territorio y, con ello, la llegada de migrantes de diferentes departamentos (Piñeros, 2000). Frente a una postura inicial de rechazo, las FARC-EP optan por permitir que las/los campesinos cultiven dicha mata, de la mano con cultivos de alimentos (Brittain, 2010). Sin embargo, ante la falta de una infraestructura apta para la salida de los alimentos y una ineficiente presencia de instituciones estatales, se torna la coca como economía estructurante en el municipio.

A la coca se suma la importancia geoestratégica que tiene el municipio, no solo como enclave para la economía cocalera (cultivo, producción y transporte), sino también por el potencial hídrico y minero. Aquello lo ha convertido en un territorio en disputa entre diversos actores armados con el Ejército Nacional, desatando una crisis de Derechos Humanos en la población, en especial desde el año 2007, con la operación militar Espada de Honor I, II y III (Gutiérrez & Mosquera, 2017).

En medio de dicha operación, donde de manera conjunta el Ejército Nacional y el grupo paramilitar Los Rastrojos provocaron la muerte y el desplazamiento de más de tres mil campesinos en ese año (CINEP, 2022), se creó la necesidad de conformar ASCAMTA, en el año 2008, como una organización que permitiera visibilizar ante la opinión pública las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra la población y que, posteriormente, ubica la defensa del territorio, la construcción de una identidad y cultura campesina como punta de lanza de su accionar reivindicativo y político. Anterior a ASCAMTA existían organizaciones sociales como la Coordinadora de Campesinos/as Cocaleros/as de Argelia (COCCA) y la Asociación Campesina de Productores para el Desarrollo y Gestión Comunitaria de Argelia (ASPROGES). Sin embargo, ambas fueron desintegradas por la acción del paramilitarismo en el municipio, lo cual enmarca en su población una memoria organizativa que les impulsa a seguir adelante en sus propósitos políticos, lo cual moverá, más adelante, sus propósitos electorales.

Durante sus años de desarrollo, el trabajo de ASCAMTA combinó la organización política, la llegada a las JAC, la defensa de los Derechos Humanos y la movilización social. Es por ello que se reconoce, por ejemplo, su participación en la toma de carreteras en la vía Panamericana y enfrentamientos con la fuerza pública en el marco del Paro Agrario del año 2013. Dado su posicionamiento e incidencia con las comunidades, y aprovechando la estructura de oportunidad política ofrecida por los diálogos de La Habana, ASCAMTA logra constituir una mesa de interlocución y acuerdo de carácter local con entidades del gobierno nacional y departamental en el año 2016 (Gutiérrez & Mosquera, 2017). Durante el año que sesionó dicha mesa, las partes en diálogo se sentaron a hablar sobre temáticas como desarrollo social, sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, promoción de economías campesinas, Derechos Humanos, educación, salud, acceso a la tierra y construcción de paz.

A pesar de no llegar a acuerdos concretos en este espacio, desde ASCAMTA consideran que la mesa les brindó una oportunidad política importante para avanzar dentro de sus propósitos organizativos, lo que bien puede interpretarse como una potencia constituyente que ha de ser aprovechada, posteriormente, en la coyuntura del AFP, donde la asociación protagonizó acciones pedagógicas para dar a conocer los contenidos del mismo y su aprobación en las urnas, las cuales resultaron efectivas en las votaciones del plebiscito del 2 de Octubre del 2016, con un 88,5 % por el “Si” en la consulta interpuesta a la ciudadanía del municipio.

Ahora bien, en términos de la participación campesina en la política electoral del municipio, se encuentra con un antecedente: el Movimiento Popular Campesino, una agrupación ligada al Partido Liberal y que, en su momento, tuvo como líder destacado a Bernardo García, quien llegó a ocupar la alcaldía en la década de los noventa. Sin embargo, el manejo de la política del municipio ha sido manejada desde los partidos tradicionales. En ese sentido, la labor organizativa y política de ASCAMTA los llevó, al menos desde sus bases, a pensar la posibilidad de alcanzar la alcaldía. Es por ello que, en el año 2015, se disputaron su primer escenario electoral con la postulación de Carlos Buitrón más varias candidaturas al concejo municipal. Dicha decisión, cabe mencionar, fue una iniciativa de las bases agrarias, la cual tuvo que ser aceptada, finalmente, por la Junta Directiva, lo cual demuestra su fortaleza en los escenarios de deliberación y toma de decisiones.

Ya en las elecciones del año 2015, Carlos Buitrón recibió el aval del Polo Democrático Alternativo, ocupando el tercer lugar con un 22,78 %, 2 798 votos, la mitad de los 5 508 votos alcanzados por el ganador, Diego Aguilar. De igual forma, ASCAMTA logró posicionar dos curules en el concejo. Estos resultados, sin dudas, reflejan una introducción positiva en la dinámica electoral por parte de ASCAMTA. Sin embargo, la falta de experiencia en este escenario les costó caro, puesto que se tuvieron que enfrentar a prácticas propias del clientelismo, como la compra de votos en la zona rural, bastión principal de la votación de ASCAMTA, así como tácticas para obstaculizar el derecho al voto hacia las personas que apoyaron la candidatura de Buitrón.

Esta nueva experiencia generó aprendizajes al interior de la organización, la cual decidió involucrarse nuevamente a la arena electoral posicionando a uno de sus principales dirigentes, Jhonattan Patiño. Además de haber adquirido experiencia en este escenario, ASCAMTA contó con la ventaja de que Patiño había sido previamente elegido como diputado en el departamento del Cauca, una experiencia que no solamente le generó un capital político, sino también conocimientos acerca del funcionamiento de dicha dinámica, así como el desarrollo de coaliciones políticas con organizaciones sociales y partidos políticos.

De esta forma, desde ASCAMTA asumieron que, para llegar a la alcaldía y ocupar más puestos en el concejo municipal, debían implementar una dinámica electoral distinta a la de los partidos tradicionales, sustentada bajo dos principios claros. El primero fue la creación de un programa de gobierno basado en la diversidad, tanto de necesidades como de propuestas de los distintos sectores sociales del municipio. El segundo era la promoción de la transparencia, desde la campaña electoral hasta la gestión del gasto público, como una forma de mostrar a la ciudadanía que es posible “gobernar sin robar”.

Dentro de este principio, el equipo de la candidatura de ASCAMTA solicitó reuniones con la Registraduría Municipal, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, solicitando claridades respecto a la necesidad de unas elecciones municipales transparentes y sin interferencias de terceros, incluyendo las entidades reunidas. Así mismo, la asociación se encargó de realizar un ejercicio de control comunitario, a fin de garantizar dicha transparencia electoral, a través de acciones como requisas a los vehículos en las entradas de las veredas del municipio y control en las filas hechas por la población votante. Gracias a este ejercicio, el campesinado logró contener a personas con gruesas sumas de dinero que se dirigían a dichas veredas, con el propósito de vender el voto a favor de ciertas candidaturas. De la misma forma, lograron ordenar que las votaciones se llevaran a cabo de forma armónica.

Cabe mencionar que ASCAMTA obtuvo el aval de la Alianza Verde, partido político de “centro”, para adelantar su campaña con Jhonattan Patiño. Sin embargo, cabe reconocer que optó por el desarrollo de coaliciones políticas, en términos de recoger diversidad de sectores que les sumaran votos en la contienda, para lo cual contaron con el Polo Democrático Alternativo –partido político de izquierda– y movimientos políticos de orden local como el Movimiento Popular Campesino y Alternativa Liberal. Esto conllevó a que, en las elecciones de octubre del 2019, Patiño obtuviera la victoria con 7 029 votos, un 56,83 % del porcentaje total de votos, frente a un 23,09 % del segundo lugar, ocupado por Elio Adrada, candidato del Partido Liberal. De igual forma, cabe mencionar que ASCAMTA, con candidaturas dentro de los partidos políticos de la coalición, lograron ocupar seis de las once curules en el concejo municipal, logrando ocupar mayoría dentro de dicha corporación.

Con respecto a la gestión, cabe mencionar que la administración de ASCAMTA se ha enfrentado a circunstancias externas, tales como la pandemia del COVID-19 y la intensificación del conflicto armado en el municipio, con la irrupción del autodenominado “Grupo Carlos Patiño – FARC-EP” y el enfrentamiento constante que se desata con integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el año 2019. Estas situaciones han dificultado una efectiva gestión del alcalde, en especial en las áreas del municipio en disputa por parte de estos grupos armados. De igual forma, existe una preocupación en torno a que las dirigencias de ASCAMTA han ocupado cargos en la alcaldía, lo cual ha limitado su disposición de tiempo dentro de la dinámica de organización política y movilización social.

Sin embargo, dentro de su gestión se ha logrado avanzar en la construcción de un Plan de Desarrollo que parte de los puntos discutidos por ASCAMTA en la mesa de interlocución y acuerdo del 2016, sumado a las necesidades de otras organizaciones y sectores sociales del municipio. De igual forma, la alcaldía ha logrado recoger gran parte de las demandas interpuestas por el campesinado argeliano en el marco del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)ⁱ dentro del Plan de Desarrollo institucional, en un esfuerzo por lograr implementar el AFP lo más efectivo posible en su municipio, gracias a la gestión que puede llevar a cabo con las administraciones departamental y nacional, eso sí, reconociendo los alcances y límites de dicho escenario.

Disputando la territorialidad campesina: el caso ASTRACAVA - Pradera

Por otro lado, en el costado suroriental del Valle del Cauca se encuentra el municipio de Pradera, un territorio donde se encuentran las planicies azucareras y varios pisos montañosos, incluido el páramo, gran parte de este último utilizado por las FARC-EP como corredor estratégico para el tránsito de tropas y armamento, desde el Cauca hasta el Tolima y la región central del Valle, a través del Frente 6to y la Columna Gabriel Galvis. A diferencia de Argelia, Pradera cuenta con una presencia institucional estable y es cercana a la tercera ciudad del país, Cali. Es por eso que la incidencia fariana sobre la comunidad campesina es menor que en Argelia. No obstante, ella se aprecia mediante la provisión de servicios de salud y la imposición de mecanismos de presión a las empresas cañicultoras y a la alcaldía municipal para que financiaran proyectos para las comunidades (Gutiérrez, 2019).

De igual forma, las FARC-EP promovió la organización comunitaria en la parte alta del municipio, mediante la conformación de acuerdos para garantizar la convivencia, como también la promoción de formas organizativas. Una de ellas es la Asociación de Trabajadores/as Campesinos/as del Valle del Cauca ASTRACAVA. Esta surge en el año 2007 de la mano de organizaciones más pequeñas, ubicadas en corregimientos del municipio como Bolo Blanco y San Isidro, las cuales habían llevado a cabo un trabajo más reivindicativo en materia de tierras y ayudas sociales para sus comunidades, y con ASTRACAVA lo que se imprime es un contenido más político, relacionado con la necesidad de reconocer al campesinado como sujeto de derechos y la defensa de la territorialidad campesina, a través de la constitución de una Zona de Reserva Campesinaⁱⁱ (ZRC) en el municipio.

Desde su conformación, hasta la fecha, la labor de ASTRACAVA ha consistido en generar incidencia en los corregimientos, en especial dentro de las Juntas de Acción Comunal (JAC), en los corregimientos mencionados y en otros como La Fría, El Nogal, Bolívar, La Carbonera y Lomitas. En ese sentido, el plus aportado por ASTRACAVA en estos espacios de deliberación ha consistido en la necesidad de que se reconozcan las necesidades reales del campesinado, más allá del acceso a la tierra, sino también a una autonomía territorial y un reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano como sujeto de derechos, dentro de una narrativa unitaria de sectores, no solamente campesinos, sino también indígenas y afrodescendientes.

A su vez, ASTRACAVA fue invitada a participar en instancias gubernamentales de definición de políticas agrarias como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) en el año 2009, por solicitud del representante del sector campesino ante esta instancia municipal, al hacer claridad frente a la necesidad de recoger la mayor cantidad de organizaciones del sector rural. Este espacio, legalizado a partir de la Ley 101 de 1993, es un espacio de participación ciudadana, con asiento de las instituciones y organizaciones campesinas para la concertación de las políticas y programas dirigidas al desarrollo de los territorios rurales de los municipios.

De esta forma, ASTRACAVA ha participado permanentemente en este espacio, con una participación entre cinco y siete personas en las últimas dos administraciones municipales. Así, se ha logrado posicionar dentro de este espacio la necesidad de construir, de forma conjunta, un modelo de desarrollo rural comunitario en el municipio, donde se recojan las necesidades reales, no solamente del campesinado, sino también de las comunidades indígenas y afrodescendientes, resaltando el discurso unitario de sus integrantes ante esta instancia de gobernanza municipal.

Así mismo, su protagonismo dentro del CMDR ha dado pie a ASTRACAVA para participar de forma activa en la construcción del PDET en el municipio. Sin embargo, al momento de conversar con sus integrantes sobre este proceso, concordaron en que, si bien al inicio del proceso los actores gubernamentales a nivel nacional promocionaron la participación de las organizaciones sociales al momento de identificar las necesidades territoriales que serían ubicadas en el PDET, al final las decisiones sobre las acciones priorizadas se tomarían en Bogotá y no en los territorios. Esta situación sería característica en todo el país (Ramírez, 2021), dada la metodología de construcción e implementación de dichos PDET.

De acuerdo con sus integrantes, los principales logros alcanzados por ASTRACAVA en el CMDR han sido, en primer lugar, la desestigmatización de la organización ante la comunidad del municipio, puesto que han sido acusados, desde sectores políticos y sociales, de ser una organización afín a las FARC-EP, lo cual rechazan. En segundo lugar, el CMDR ha sido el espacio donde ASTRACAVA ha realizado control político a las administraciones municipales en cuanto al manejo de la política rural y la conservación del medio ambiente. En tercer lugar, mediante este espacio se ha logrado posicionar propuestas para el desarrollo rural comunitario en el municipio, como la instalación de conexión eléctrica en la zona alta y la aprobación de proyectos productivos en las veredas del municipio. Por último, a través de este espacio, ASTRACAVA ha logrado posicionar el compromiso institucional con la constitución de una ZRC en el municipio.

A pesar de esto, desde ASTRACAVA consideran que las prácticas de corrupción y clientelismo al interior de las administraciones municipales han dificultado la consecución de todas las propuestas que como organización presentan ante el CMDR para satisfacer las necesidades de los sectores rurales del municipio. Es por ello que, en términos electorales, se muestran resistentes a apoyar candidaturas en el municipio, tanto en la alcaldía como el concejo municipal.

En su trayectoria, la única experiencia electoral desarrollada por ASTRACAVA tiene que ver con la coalición política generada con el candidato a la alcaldía por el partido Cambio Radical –partido de derecha– Marco Antonio Gutiérrez en el año 2015. Dicha coalición se construyó a partir de acuerdos programáticos en materia de derechos para el campesinado del municipio, el apoyo institucional a la constitución de la ZRC, la constitución de una guardia campesina como iniciativa de seguridad comunitaria en la zona rural, la entrega de tierras a las organizaciones campesinas y la posibilidad de una sede física para la asociación en el municipio. Desafortunadamente, el candidato quedó de tercer lugar en las elecciones, con un 24,44 %, por debajo del ganador Henry Devia, con un 39,28 % de los votos escrutados en las elecciones de ese año.

Gracias al trabajo realizado por la asociación en el municipio, consideran que tienen potencial para posicionar, al menos, una candidatura al concejo municipal. Sin embargo, consideran que, por problemas de coordinación interna al interior de la organización, dicha posibilidad no ha sido concretada. De ser posible, el ejercicio propuesto por ASTRACAVA para incursionar en la política institucional sería un ejercicio que parte de las decisiones de las bases campesinas, de abajo hacia arriba, en donde la iniciativa de la ZRC es vista como un elemento que potencie los escenarios de poder desde el campesinado. Es por eso que, en las pasadas elecciones, sus esfuerzos han sido más encaminados a la búsqueda de apoyos políticos para alcanzar la constitución de dicha figura, como una movida estratégica que, a futuro, les pueda generar ese salto cualitativo requerido para el posicionamiento de sus dirigencias ante las corporaciones públicas de votación popular.

Análisis

Descritos ambos casos, corresponde ahora hacer análisis de condiciones necesarias y suficientes para analizar las formas como las comunidades campesinas ingresan con éxito a las dinámicas institucionales y electorales. Tanto en Argelia como en Pradera se identifican dos trayectorias de organizaciones campesinas que, en el marco de su historia, han desarrollado diversas acciones de incidencia en las comunidades en búsqueda de satisfacer demandas concretas ante la institucionalidad estatal. Ante la ausencia de un accionar efectivo por parte de estos últimos, aparecen los actores armados –en el caso concreto de las FARC-EP– como organizaciones político-militares con capacidad no solamente de suplir algunas de estas demandas en los territorios periféricos, sino también con capacidad de promover formas organizativas dentro de las comunidades campesinas para dar continuidad a dichas demandas.

En el escenario postacuerdo, y a pesar de la ausencia del actor armado, las comunidades campesinas descritas no solamente mantienen sus formas organizativas, sino que también potencian sus agencias, esta vez exigiendo escenarios de gobernanza con las instituciones estatales. Debido a sus acumulados organizativos, expresados en mecanismos de gobernanza en el marco de las contiendas políticas, ambas organizaciones han alcanzado un reconocimiento dentro de la institucionalidad local, quienes les han invitado a participar dentro de instancias de desarrollo rural y tramitado en ellos sus demandas de acceso y tenencia de la tierra, apoyos para la producción y comercialización de sus productos agrícolas, la protección de sus derechos humanos y el reconocimiento como sujetos de derechos y unas apuestas de territorialidad propias, como son las ZRC.

De esta forma, la dinámica concerniente a los diálogos de La Habana y la firma y la disputa por la implementación del AFP se ubica como una estructura de oportunidad política que ha servido a las organizaciones descritas para generar un mayor acercamiento con la institucionalidad en aras no solamente de llamar a una solución pacífica y negociada al conflicto, sino también de exigir celeridad en la implementación del AFP a nivel local, es decir, que la institucionalidad estatal haga una presencia integral, efectiva y eficaz en los territorios periféricos, potenciando una conexión ente ambos. De ahí que ASCAMTA y ASTRACAVA hubieran sido actores protagónicos, tanto en la pedagogía del AFP como su participación en la construcción de los PDET en sus municipios.

Sin embargo, en ambas experiencias se evidencian resultados distintos en términos de su acercamiento con la institucionalidad. Si bien en Pradera este proceso les ha generado importantes logros en materia de reivindicaciones sociales y en apuestas de territorialidad propia como la ZRC, de la misma forma ha generado un desescalamiento del conflicto social en la zona rural, pues el relacionamiento existente implica generar en el imaginario de la población rural una mayor credibilidad de las instituciones y que es posible el logro de consensos. Esto, sin duda, puede conllevar a un desestímulo de la llegada del campesinado al poder político, pues se sentirá representado por sus actuales gobernantes.

En contraste con lo anterior, en Argelia el CMDR es una instancia que no se menciona en la narrativa organizativa de ASCAMTA –por lo menos, antes de su llegada a la alcaldía municipal–, pues consideran que es una instancia que funcionaba muy poco en las administraciones municipales anteriores, en tanto el CMDR de Pradera cuenta con una mayor dinámica de funcionamiento. Esta distinción en los mecanismos de gobernanza, sin duda, marcó los derroteros asumidos por ambas organizaciones. En el caso de ASCAMTA, el reducido contacto con instancias institucionales contrasta con los niveles de gobernanza rebelde existentes en la zona rural del municipio, por cuenta del ordenamiento social construido históricamente, en una relación simbiótica entre el campesinado y la insurgencia de las FARC-EP, mediada a través del nivel de organización rural, la formación política y las redes de parentesco que ligaron a integrantes de la comunidad con combatientes (Gutiérrez, 2019). En el caso de Pradera, por su parte, las redes de gobernanza tejidas por el campesinado sí han tenido mayores cercanías con la institucionalidad, a pesar del acercamiento que las FARC-EP tuvo con las comunidades de la zona alta del municipio y las presiones de este grupo armado sobre las administraciones municipales y empresas del sector azucarero.

De esta forma, la gobernanza rebelde y su efecto en el nivel participativo de las organizaciones campesinas aporta sustancialmente al mecanismo causal propuesto, siendo una condición necesaria, mas no suficiente, pues el efecto ocasionado en los municipios descritos no puede entenderse como un efecto lineal en todos los municipios periféricos, con afectaciones del conflicto sociopolítico armado y con experiencia de gobernanza rebelde. En efecto, en el caso de ASCAMTA el legado que les dejó sus interacciones con las FARC-EP les ha brindado un mayor espacio de autonomía en la toma de decisiones políticas. Esto, sumado a la trayectoria y la fuerza organizativa acumulada a lo largo de su historia, conllevó a que las bases de ASCAMTA tomaran la decisión de vincularse a la política electoral, y gracias, precisamente, a ese nivel organizativo y a la experiencia ya adquirida en las elecciones municipales del año 2015, lograran la conquista de la alcaldía municipal en el año 2019, así como mayorías en el concejo municipal. Así pues, podemos asumir lo propuesto por Huang (2016) y Justino y Stojetz (2018), quienes afirman que el tipo de interacciones desarrolladas por los grupos armados y la población civil es un factor que influye a las comunidades locales a mantener una participación política que busca incidir en la reconfiguración del Estado.

Ahora, analizando la hipótesis inicial sobre las coaliciones políticas como elemento para la llegada institucional de las organizaciones campesinas, se ubica el caso exitoso de ASCAMTA como vencedor en las elecciones municipales en el año 2019. Al respecto, vemos cómo esta organización por sí sola no pudo llegar a ocupar la alcaldía y las mayorías en el concejo municipal, acudiendo entonces a un aval de un partido político de “centro” como es la Alianza Verde, al igual que la coalición política realizada con partidos como el Polo Democrático y organizaciones como el Movimiento Campesino Popular y Alternativa Liberal, ambas más ligadas al Partido Liberal. De igual forma, en el caso de ASTRACAVA, decidieron participar en el marco de una coalición política con un partido ideológicamente contrario a sus intereses (Cambio Radical) pero con una persona considerada por la organización como “afín” a los intereses del campesinado pradereño, lo cual no fue impedimento para que la dinámica electoral avanzara sin el éxito esperado.

De esta forma, podemos coincidir con Duque (2020) respecto a la necesidad de las coaliciones políticas como elemento constitutivo de la política a nivel local, cuando explican las fragmentaciones interpartidarias y personalistas en las corporaciones municipales, las cuales facilitan las alianzas, coaliciones o mayores facilidades para el otorgamiento de avales a candidaturas provenientes, en este caso, de organizaciones campesinas. Esto se debe, de acuerdo a los autores citados, a las agencias de los políticos locales y regionales, quienes buscan responder a los nuevos incentivos institucionales propuestos desde el nivel central.

De esta forma, la hipótesis ligada a la coalición política puede ser considerada, también, como una condición necesaria para la llegada del campesinado a la política electoral. Sin embargo, tampoco es una condición suficiente, por cuanto dicha coalición debe ser analizada con todos sus elementos, como son: la existencia de unas condiciones contextuales para el desarrollo de la coalición, las trayectorias y niveles organizativos y de negociación de condiciones por parte de cada una de las partes de la coalición, las cercanías político-ideológicas que pueden incentivar la coalición, así como el cálculo de las posibles ganancias y pérdidas que cada parte contempla en el desarrollo de la misma.

De igual forma, para el caso colombiano hay que tener en cuenta la promesa del AFP de promover una mayor participación política de movimientos políticos de orden local, cuyas garantías para este ejercicio aún no están dadas, debido a la reconfiguración del conflicto armado en el país (Gutiérrez Sanín, 2020), así como a la falta de implementación de disposiciones del AFP que garantizaría dicha participación, como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, iniciativa que hoy, seis años después de firmado el AFP, no existe formalmente. Aun así, la participación política del campesinado en el marco del postacuerdo se convierte en un elemento de disputa, pues ello les brindaría una mayor autonomía al momento de vincularse a la política electoral, sin la necesidad de llevar a cabo coaliciones políticas con partidos.

En ese sentido, y aceptando de manera condicional las dos hipótesis puestas sobre la mesa, cabe ubicar un elemento transversal del mecanismo causal propuesto: la democracia, para las organizaciones campesinas, se relaciona con la capacidad que ellas tienen para participar y ocupar cargos de representación y negociación en la esfera de la organización social. De esta forma, los intereses del campesinado están puestos sobre la mesa y, para el caso del campesinado colombiano, su propósito dentro de un escenario institucional, consiste en fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios rurales, de manera que se reconoce al campesinado no solo como sujetos/as de derechos, sino también como depositarios de demandas, apuestas y capacidad de decisiones que atañe tanto a las comunidades rurales como al conjunto de la sociedad.

Consideraciones finales

Los conflictos armados como el colombiano representan disputas sobre las reglas de juego y la legitimidad de las instituciones estatales. La forma en que las gobernanzas rebeldes afectan a la participación política en escenarios postacuerdo nos puede arrojar luces sobre cuestiones fundamentales relativas a la participación política, la estabilidad democrática y la solidez de la vida cívica en contextos de posguerra (Steele & Weintraub, 2022), en especial cuando ella logra problematizar los alcances y dificultades en el acceso de sectores históricamente excluidos de la competencia política electoral, como es el campesinado.

Ante las dinámicas excluyentes de las instituciones estatales y las élites políticas locales, la participación contenciosa del campesinado en la política institucionalizada se lleva cabo mediante formas organizativas al nivel local como mecanismo de trabajo de base para reclamar sus demandas de tierras, territorialidad, participación y conquista de derechos de ciudadanía. No obstante, en contextos de control territorial por parte de las FARC-EP, los casos demostrados logran demostrar la existencia de un mecanismo de gobernanza compartida en el cual no solo la agrupación insurgente resulta beneficiada con los incentivos requeridos para el control territorial, sino que también a la población civil se le confiere una capacidad de toma de decisiones dentro de su territorio, incluyendo su participación dentro de mecanismos de gobernanza institucionales.

Ahora, que la coyuntura del AFP les brinde un incentivo para participar dentro de la competencia política electoral no quiere decir que su irrupción en ella sea exitosa tan solo por las capacidades adquiridas por las organizaciones campesinas dentro de su trayectoria organizativa y política adquirida, entre otras cosas, por su participación dentro de las dinámicas de gobernanza rebelde. Participar dentro de una competencia política electoral implica adentrarse en su dinámica, lo cual trae consigo reconocer no solamente las reglas electorales, sino también las características de la propia competencia política. En el caso exitoso de ASCAMTA se puede reconocer que dicho reconocimiento les valió la adquisición de aprendizajes para llevar a cabo, en la disputa electoral del año 2019, una campaña basada en prácticas de reconocimiento de las demandas de diferentes actores sociales, como también un ejercicio de transparencia ante la ciudadanía.

Por otra parte, queda claro que las experiencias revisadas dan cuenta de iniciativas promovidas con el fin de superar la violencia mediante el ejercicio de la política, en una clara intersección entre la política institucionalizada y la política no-institucionalizada, lo cual permite comprender otras formas en que el campesinado puede llegar al poder político más allá de los clásicos análisis sobre las revueltas y las rebeliones. De esta forma, nos encontramos con una estructura de oportunidad política importante, como son los diálogos de La Habana y la firma y la disputa por la implementación del AFP, de la cual se demostró el protagonismo de ambas organizaciones.

Los contenidos del acuerdo se convierten, por ende, en elementos de orden propositivo y programático para la incidencia de estas organizaciones, no solamente en el resto de las comunidades rurales, sino también en las poblaciones locales. Así mismo, estas organizaciones coinciden en que la implementación del punto de participación política constituye un avance importante para el logro de sus reivindicaciones en torno al reconocimiento como sujetos/as de derechos, así como el derecho a la participación en escenarios institucionales.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica

ⁱ Los PDET son reconocidos como la columna vertebral que estructura la implementación de la Reforma Rural Integral, punto 1 del AFP.

ⁱⁱ Las ZRC son una figura de ordenamiento territorial constituida por la Ley 160 de 1994 –Ley de Reforma Agraria– donde las comunidades campesinas reclamantes pueden construir un Plan de Desarrollo sostenible dirigido a garantizar su derecho a la tierra y al territorio. De ahí que esta figura, a pesar de surgir del marco normativo existente, es reconocida y apropiada por el campesinado colombiano como un mecanismo para su reconocimiento como sujeto de derechos.

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: cristian.castano1@correo.icesi.edu.co

Información adicional

Cómo citar este artículo: Castaño, C. (2023). Abriendo brechas: la participación del campesinado en la política institucionalizada, estudios desde el suroccidente colombiano. Papel Político, 28. https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo28.abpc

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