Introducción

Reflexionar sobre algunos aspectos de la realidad boliviana constituye siempre un desafío; complejo e interesante, pero desafío al fin y al cabo. A lo largo del presente siglo, el tablero sudamericano transitó un conjunto de procesos —motivado por factores propios y externos— que han generado marchas y contramarchas en la región. El auge y posterior declive del denominado ciclo progresista frente al triunfo de gobiernos conservadores a partir de la segunda década del 2000; la emergencia de formas de regionalismo —en versión posliberal¹—, que, más allá de sus resultados, se superpusieron con los esquemas de integración tradicionales; los altibajos de los precios internacionales de las materias primas, y, más recientemente, el impacto del COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania, entre otras cuestiones, han dado paso a un escenario convulso y en reconfiguración. Escenario que también es testigo del avance de lo que Natanson (2022) denomina como una nueva nueva izquierda.

En este contexto, Bolivia ha tenido un protagonismo destacado. La llegada del MAS a la presidencia en 2006 con la fórmula de Evo Morales y Álvaro García Linera, por un lado, marcó un punto de inflexión a nivel doméstico y, por el otro lado, reafirmó la tendencia electoral de la época, marcada por el predomino de los gobiernos progresistas o el avance de la marea rosa, utilizando la metáfora de Panizza (2006). Su victoria, con mayoría absoluta, cerró un ciclo político que perduró entre 1985 y 2003, caracterizado por la existencia de acuerdos congresales que definían el destino de la titularidad del poder a través de coaliciones parlamentarias y/o gubernamentales (Mayorga, 2016). El arribo del MAS fue percibido como rupturista, no solo por obrar como catalizador de la crisis terminal de la Democracia Pactada,² sino también por las características propias de su líder —de pertenencia indígena y sindical— y por su programa de gobierno, orientado hacia la refundación del Estado nación.

Como fuerza gobernante, el MAS revalidó (y amplió) su primera victoria en las contiendas electorales de 2009 y 2014, ubicándose en un lugar de privilegio dentro del juego político nacional. En este camino convergieron factores diversos, tales como sus logros sociales y económicos, el sentido de pertenencia y representatividad que fue forjando en distintos sectores de la población, la falta de rumbo de la oposición en general —sin distinciones en términos de color político— y un hecho no menor: la centralidad de la figura de Morales. Centralidad que paradójicamente alimentó, sin ser la única causa, su derrota en el referéndum de 2016 con el que procuraba la habilitación para un nuevo mandato. Morales no dio por concluido este capítulo. Desoyendo la voluntad popular, presentó un reclamo ante el Tribunal Constitucional contra el límite de los dos mandatos consecutivos, quien falló a su favor en 2017. La contracara de todo este proceso fue el robustecimiento del descontento de gran parte de la población y así su gestión entró en tiempo de descuento.

En un clima de profunda conflictividad social e institucional, con acusaciones de fraude y sugerencias de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas y de referentes afines al MAS, Morales fue impulsado a dejar la presidencia del país tras veinte días de enfrentamientos luego de las elecciones de octubre de 2019. En otras palabras, el hiperpresidencialismo entraba en receso. Un año después de este acontecimiento, el MAS regresó al poder de la mano de Luis Arce y de David Choquehuanca. Desde entonces, como afirma Molina (2022) “el MAS ya no baila solo al ritmo de Evo” (p. 93) pero, por el momento, tampoco puede bailar sin él.

El presente artículo procura reflexionar sobre la permanencia del MAS en el ejecutivo boliviano, considerando los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y la actual administración de Luis Arce. El objetivo no radica en efectuar una comparación, ya que, en realidad, no están dadas las condiciones metodológicas para hacer esto, sino que se busca caracterizar, como una especie de foto, los principales elementos constitutivos de dos gestiones que se inscriben en la montaña rusa del progresismo sudamericano. En base a lo mencionado, se procura, además, bosquejar los desafíos más relevantes que enfrenta la presidencia de Arce; desafíos provenientes de un contexto nacional y regional turbulento, pero también de fuego amigo.

El primer tiempo del MAS

El triunfo del MAS en las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005 con el 53,7% de los votos, alcanzando cinco de los nueve departamentos, no fue un hecho librado al azar. El escenario doméstico como regional ofrecían una oportunidad única para el avance de nuevas fuerzas políticas y el desarrollo de los acontecimientos dio cuenta que Evo Morales supo claramente aprovecharla. Cabe recordar que la sociedad boliviana transitó los últimos años del siglo XX y los inicios del siglo XXI inmersa en los conflictos. A partir de 1999, el país ingresó a una etapa recesiva, producto de los impactos negativos de las medidas neoliberales impuestas desde 1985 y de las crisis económico-financieras regionales y extrarregionales que se suscitaron en los años noventa. Entre 1998 y 2002, la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) disminuyó del 5% al 2,5% y la Inversión Extranjera Directa (IED) con respecto al PBI bajó del 11,2% al 8,6%.³ La pobreza y la desigualdad mostraron índices alarmantes, ya que al 2002 el 60,6% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza, el Coeficiente de Gini era de 0,61 y gran parte de los hogares no contaban con el acceso a servicios básicos fundamentales.⁴ Estos resultados y el fortalecimiento del accionar de múltiples movimientos sociales que propugnaban la necesidad de cambio y enarbolaban la bandera de los sectores no incluidos fueron el caldo de cultivo para la eclosión de enfrentamientos violentos como el Febrero Negro y la Guerra del Gas en 2003.

Tras la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada, el 17 de octubre de 2003, con más de un centenar de muertos entre civiles, policías y militares quedó a cargo del ejecutivo su vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert, cuya estadía fue fugaz, pero sobre todo compleja y solitaria. La situación económica era apremiante, su relación con el Congreso estaba rota, los partidos políticos tradicionales eran repudiados por la mayoría de la población y la sociedad vivía “una bronca explosiva” (Mesa Gisbert, 2008, p. 14). Luego de las disputas entre el gobierno y el poder legislativo generadas a raíz de la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos en 2005 (Ley 3058)⁵ —normativa que fue el paraguas de la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb) de Evo Morales en 2006—, Mesa Gisbert renunció a su cargo. Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ocupó interinamente la presidencia hasta los comicios celebrados en 2005, cuando el MAS obtuvo su primera victoria.

En ese contexto, el MAS en general y Morales en particular representaron como nadie las demandas de cambio y de renovación. En sus orígenes, el MAS puede definirse, tomando las ideas de Mayorga (2008), como un partido atípico, una especie de coalición de actores sociales y organizaciones sindicales que se aglutinaron bajo el liderazgo de Evo, quien obró como un “factor de unificación simbólica” (p. 31). A diferencia de otros referentes partidarios, vinculados con la elite política y empresarial del país, la figura de Morales está asociada a la ruptura, es decir, a un dirigente sindical indígena, cuya retórica radical y antisistema ha hecho hincapié en la refundación del Estado nación. Hasta ese momento, ni Morales u otros miembros del MAS habían dirigido un gobierno o participado de alguna coalición; tampoco gozaron de cargos ejecutivos estatales; al contrario, “se presentaron como víctimas del sistema político” (Romero Ballivián, 2007, pp. 19-20). Su proyecto velaba por rescribir el rumbo de las relaciones del Estado con la economía y la sociedad en su conjunto, atravesadas por el paradigma del vivir bien. Es decir, el foco estaba puesto en la búsqueda de un mayor protagonismo estatal, la profundización de la democracia participativa y el reconocimiento jurídico y en la práctica de la diversidad étnico-cultural del país. El MAS, distanciándose de candidatos ya conocidos, como, por ejemplo, Jorge Quiroga (Podemos) o Samuel Doria Medina (Unidad Nacional), monopolizó la necesidad de una transformación multiescalar (sociopolítica, económica, cultural, etc.), aunándola a los reclamos de cambio. El MAS atrajo a los votantes de los sectores rurales y campesinos, pero su victoria no hubiera sido posible, por lo menos en las condiciones en las que se presentó, sin el apoyo de las ciudades. El MAS hizo hincapié en su base tradicional de apoyo, aunque les habló a todos los votantes. Como expresa Romero Ballivián (2007), sus propuestas “tuvieron influencias diferentes según las categorías del electorado: en los grupos medios el interés se dirigió más hacia las cuestiones políticas, en los sectores empobrecidos hacia las promesas socioeconómicas” (p. 20).⁶

Ahora bien, cabe destacar que el triunfo del MAS debe contextualizarse más allá del proceso de tensión cambio-continuidad que experimentaba el país andino. La marea rosa, citando a Panizza (2006) —quien a través de dicha categoría hace alusión al avance de gobiernos de izquierda o centroizquierda en los primeros años de 2000—, había alcanzado a Venezuela con Hugo Chávez (1998), a Brasil con Lula (2003), a Argentina con Néstor Kirchner (2003), a Uruguay con Tabaré Vázquez (2005) y a Chile con Michelle Bachelet (2006). Independientemente de su composición variopinta (Paramio, 2003; Castañeda, 2006; Moreira, Raus y Gómez Leyton, 2008; Panizza, 2009; Arditi, 2009; French, 2009), los gobiernos de la marea rosa eran un reflejo de los giros políticos en el espacio sudamericano, cuyo denominador común se anclaba en proyectos gubernamentales sumamente críticos de las profundas fracturas sociales, políticas y económicas de la hegemonía neoliberal. En otras palabras, el arribo del MAS se inscribe, y, al mismo tiempo, ha sido constitutivo, en el fervor progresista sudamericano de la primera década del presente siglo.

Los cimientos del MAS: la gestión de Evo Morales

Sin lugar a duda, los catorce años de la presidencia de Morales en Bolivia despertaron un sinnúmero de reacciones en el amplio abanico que reviste considerar el amor y el odio como extremos. Sus mandatos han sido objeto de múltiples análisis —desde distintas disciplinas y latitudes—, que buscan comprender las implicancias fácticas y simbólicas de aquellas acciones que marcaron puntos de inflexión en la construcción de poder y en su proceso de gobierno. En este marco, la dimensión económica adquiere un papel protagónico.

Para el MAS, uno de los pilares básicos del proceso de refundación del pacto político radicó en la consolidación del Estado como promotor del desarrollo nacional y como garante de una distribución de ingresos más equitativa (Decreto Supremo N.º 29.272, 2007). Dicho propósito constituía un gran desafío, teniendo en cuenta el perfil económico de Bolivia. Su economía es pequeña, con un alto grado de primarización, pero también es compleja, debido a que conviven en ella desde formas de producción comunitarias hasta compañías transnacionales y nacionales que están integradas a los mercados regionales y extrarregionales (Calderón, 2007). Frente a este dilema, las nacionalizaciones,⁷ en especial la de hidrocarburos —con el Decreto Héroes de Chaco de 2006—, permitieron canalizar el objetivo original, coadyuvado por varios factores que se retroalimentaron, como la herencia negativa de la década anterior y las demandas de un Estado más presente, los altos precios internacionales de las materias primas y la posibilidad de establecer negocios estables con Argentina y Brasil frente a sus dificultades energéticas.

Si bien la nacionalización de los hidrocarburos estuvo atravesada por una retórica radical, en los hechos significó la obtención de mayores márgenes de equilibrio en el vínculo del Estado con las empresas transnacionales que operaban en el sector. Sin restarle importancia al valor simbólico —fue el estandarte de lucha de la campaña del MAS—, esto tuvo una finalidad básicamente recaudatoria, que buscaba fortalecer el control sobre los ingresos de la industria. Entre 2006 y 2022, el Estado recibió alrededor de 50.000 millones de dólares en concepto de renta petrolera, siendo el 2013 el año de máximo registro con 6113 millones de dólares (“Bolivia recibió”, 2022). Esta situación se reflejó en la acumulación de reservas internacionales y en el crecimiento del PBI y, en consecuencia, en un mejor desempeño de la economía en su conjunto. Con respecto a las reservas, los datos dan cuenta de una curva muy positiva entre 2006 y 2014 (de 2,6 mil millones de dólares a 13,4 mil millones de dólares),⁸ período que coincidió con el auge de los precios internacionales de los commodities. Por su parte, el PBI tuvo un comportamiento ascendente (de 11,45 mil millones de dólares en 2006 a 40,9 mil millones de dólares en 2019), a excepción del año 2020, por el impacto de la pandemia y de la situación de inestabilidad doméstica tras la crisis institucional de 2019.⁹

El avance del Estado sobre el excedente económico tenía como horizonte, entre otras cuestiones, un propósito distributivo; lo que aquí se entiende como la dimensión social. La holgura fiscal fue clave en el sostenimiento del proyecto masista y, sin ser la única causa, también operó en los altos índices de aceptación de la fórmula presidencial y en su reelección en 2009 y 2014. Gran parte de los ingresos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos y minerales fueron volcados en la ejecución de proyectos de educación y salud, vivienda, etc., así como en bonos sociales, en particular en programas de transferencias condicionadas (PTC) o con corresponsabilidad. Cabe recordar que los PTC, surgidos en América Latina a mediados de la década del noventa, se fueron consolidando en distintos países de la región como un instrumento privilegiado para romper con la transmisión intergeneracional de las condiciones de vulnerabilidad y para extender el campo de la protección social del Estado. Dichos programas consisten básicamente “en la entrega de recursos monetarios y no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que tienen hijos menores de edad, con la condición de que estas cumplan con ciertos compromisos asociados al mejoramiento de sus capacidades humanas” (Cecchini y Madariaga, 2011, p. 7).

En Bolivia se destacan, sin ser los únicos, el Bono Juancito Pinto (incentivo a la matriculación, permanencia y culminación de la escuela primaria), la Renta Dignidad (prestación vitalicia a bolivianos mayores de 60 años sin seguridad social) y el Bono Juana Azurduy (apoyo al embarazo y al desarrollo de niños y niñas de hasta dos años).

En términos generales, los resultados fueron positivos. La pobreza se redujo 22 puntos porcentuales y la indigencia 11 puntos porcentuales. Esto, a su vez, replicó en la disminución de la desigualdad, que pasó de 0,6 a 0,42, según el Coeficiente de Gini (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2022). En la misma dirección se encuentran otros indicadores vinculados con los objetivos específicos de los bonos antes señalados, tales como la tasa de mortalidad infantil (que pasó de 41 a 21,7 en el período 2006-2019), el porcentaje de alumnos en educación primaria (que pasó de 84,9% a 96,3%) y el porcentaje de mujeres cuyos partos son atendidos en establecimientos de salud (que pasó de 53,1% en 2002 y 87,9% en 2015).¹⁰

Las políticas de redistribución, además de tener un efecto directo en el mejoramiento de los indicares sociales, contribuyeron a lo que Mariette (2019) denomina como el surgimiento de una clase media diversa. Ésta se compone principalmente por sectores de barrios acomodados, empleados públicos, asalariados profesionales, cuentapropistas y “poblaciones indígenas urbanizadas”, quienes están menos aferradas a los valores campesinos y rurales tradicionales. Este tejido, en extremo diverso, difiere en su interior en términos políticos y culturales —incluso en materia de hábitos sociales—, pero a nivel de su economía “no están en los segmentos depauperados ni poseen grandes empresas” (Deheza, 2022).

Siguiendo con el planteo de Mariette (2019), la emergencia de “indios con plata” suscitó el resurgimiento del rechazo social y racial por parte de la antigua elite y de la clase media blanca que, a pesar de haberse beneficiado con el MAS, nunca terminaron de aceptar “la modificación de la estructura oligárquica blanco-mestiza del poder” (Orellana Aillón, 2020, p. 56). Evo Morales planteó un régimen de conciliación frente a las diferencias, con el objetivo de poder regular los antagonismos socioculturales, pero sin resolverlos, ya que, para una parte de la sociedad, el exmandatario, sus gobernadores y funcionarios “de origen social y étnico análogo” no dejaron de ser vistos como “indios ignorantes”, entre otras etiquetas de carácter peyorativo (Orellana Aillón, 2020, p. 95).

Otro ítem significativo del período 2006-2019 radicó en la mutación de la dimensión política que se reflejó, en primer lugar, en la expansión y consolidación del MAS a nivel nacional. El MAS inauguró una etapa de partido predominante (Paz Ballivián, 2022) que terminó de configurarse cuando obtuvo la mayoría calificada en el poder legislativo en las elecciones de 2009 y de 2014, gracias a la convergencia de una oposición sin rumbo y los logros socioeconómicos. A esto debe sumarse la ductilidad de la raigambre popular del MAS que, a diferencia de las principales fuerzas opositoras de los comicios de 2005, 2009 y 2014, se constituyó como una alternativa política transversal a ciertos reductos sociales. Esto explica, en gran medida, los triunfos del oficialismo como primera alternativa y con una distancia de más de veinte puntos con respecto a quienes detentaron el segundo lugar: Podemos (2005), PPB-Convergencia (2009) y UD (2014).¹¹

En este proceso de construcción del poder, los sectores urbanos y la clase media en general tuvieron un papel destacado, ya que, sin su apoyo, el triunfo y expansión de la maquinaria masista no hubiera sido posible (Mayorga, citado en Deheza, 2022). No obstante, como se retoma más adelante, también operó como una especie de búmeran que, sin ser la única causa, contribuyó a la caída del binomio Morales - García Linera.

Un segundo elemento que marcó cambios en la dimensión política se presentó en el modo del ejercicio del poder por parte de Evo Morales; cuestión entendida como hiperpresidencialismo o hiperliderazgo, que hacen referencia, apelando a las ideas de Svampa (2016), a la concentración excesiva del poder en el ejecutivo, que, al generar una especie de fetichización, busca la perpetración en el mismo a través de reelecciones sucesivas o indefinidas.

Este modelo de liderazgo no constituye una novedad de la época, pero sí es un fenómeno democrático que se ha revitalizado a lo largo del presente siglo. Para Lassalle y Quero (2019), los hiperliderazgos reúnen principalmente las siguientes características:¹²

1. El lenguaje y el mensaje son directos y sencillos, porque el foco está puesto en comunicar de forma simple qué es lo que se quiere hacer y no tanto en explicar con argumentos complejos: “Entiendo que la política es una forma de resolver los problemas económicos del país” (“Los discursos de Evo”, 2006); “a las nuevas generaciones, la prioridad de nuestro gobierno es la gente más necesitada, son el sentido último de nuestro proyecto […] trabajaremos para mejorar el triángulo: educación de calidad, empleo digno y vivienda digna” (“Discurso presidencial”, 2019).

2. El hiperlíder transmite emociones, la cercanía con el pueblo es clave. En este sentido, en las intervenciones de Evo Morales está presente la idea del nosotros como destinatarios; y él no duda en apelar a los sentimientos: “El triunfo del 18 de diciembre no es el triunfo de Evo Morales, es el triunfo de todos los bolivianos, es el triunfo de la democracia, es el triunfo, como una excepción, de una revolución democrática y cultural en Bolivia” (“Los discursos de Evo”, 2006); “muy emocionado, convencido que sólo con la fuerza del pueblo, con la unidad del pueblo vamos a acabar con el estado colonial y con el modelo neoliberal” (“Los discursos de Evo”, 2006); “nos sentimos orgullosos de nuestro Estado Plurinacional. Porque nos dejaron un país mendigo y limosnero. Ahora somos un pueblo digno” (Morales, citado en Pardo, 2017).

3. Las decisiones importantes no se implementan de manera discreta. El poder se vive y se muestra cuando hay oportunidad. Es decir, el mensaje es claro, de gran impacto y, en especial, terminante cuando se habla al opositor o al adversario: “Hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia […]. Seremos un pequeño país, pero igual merecemos respeto […]. [Es] una protesta frente a ese mensaje del canciller de Estados Unidos […] que dice que Latinoamérica es el patio trasero de los EE. UU.” (“Bolivia: Evo Morales”, 2013); “queremos pedirles a los compañeros trabajadores de Petrobras […] respetar disciplinadamente este marco legal, este decreto supremo […]. Si trabajadores expertos de las petroleras se suman a este cambio, bienvenidos, sino el pueblo los juzgará” (“Degradación completa”, 2006).

Frente a estas características, Lassalle y Quero (2019) afirman que los hiperliderazgos se apoyan en instituciones dentro de un proceso de racionalidad carismática. Así, el hiperlíder posee un aliado que refuerza su carisma y personalidad. En un sinnúmero de oportunidades, su compañero de fórmula, Álvaro García Linera, ha definido a Morales como un líder carismático, un fenómeno político, un hombre que une. Incluso, él mismo se ha identificado como el nexo entre el MAS y los sectores urbanos, reconociendo, según sus palabras “una aceptación irreductible del liderazgo indígena”, es decir, de Morales, quien, en realidad, le abrió las puertas en su papel (autodefinido) de copiloto (García Linera, citado en Svampa y Stefanoni, 2007, p. 164). García Linera jugó un papel estratégico en el ejecutivo; contó con la confianza absoluta de Morales y gozó —sin ser un tema menor— de legitimidad e institucionalidad en su cargo como vicepresidente (Mayorga, 2020). Sin embargo, el estilo de gobierno de Evo Morales se acercó más, según Mayorga, a una presidencia personal que a una presidencia institucional, ya que el proceso de toma de decisiones descansaba en su persona “como presidente del Estado, jefe del partido de gobierno y dirigente de la red de organizaciones sociales que conforman su principal base de respaldo” (2020, p. 177).

El referéndum de 2016 y las elecciones de 2019

Sin lugar a duda, la centralidad de la figura de Morales fue inicialmente una especie de amalgama del MAS como instrumento político, lo que le permitió representar a gran parte de los sectores campesinos, indígenas y urbanos. Pero todos los liderazgos incursionan en un proceso de desgaste y el exmandatario no escapó a esta lógica. Por arrebato, decidió, a menos de un año de haber logrado su tercer triunfo por mayoría absoluta (61,3% de los votos en 2014), lanzarse hacia un referéndum constitucional con el único objetivo de obtener el visto bueno para una nueva postulación al ejecutivo. En septiembre de 2015, apelando a la continuidad del proceso de cambio, la mayoría oficialista del Congreso aprobó un proyecto de reforma parcial de la Constitución de 2009, en el que se planteó la posibilidad de dos reelecciones continuas —en lugar de una, según el artículo 168— para la fórmula presidencial. La aceptación o el rechazo de la propuesta quedó supeditada a la voluntad de la población vía referéndum, previsto para el 21 de febrero de 2016.¹³ No se puede omitir que esta jugada generó sorpresas —y también cuestionamientos—, teniendo en cuenta el escaso tiempo transcurrido desde su última victoria electoral. Probablemente, el acompañamiento en las urnas por parte de la mayoría de la población derivó en la creencia de que dicho triunfo, es decir, el del referéndum, estaría, de cierta manera, asegurado.

Sin embargo, el no se impuso por el 51,3% de los votos y se convirtió en la primera derrota nacional de Morales, luego de una década en el poder. Al observar los resultados, marcados por un proceso de repolarización, “Evo perdió con Evo más que con la oposición” (Stefanoni, 2016) por embarcarse en una aventura innecesaria, debido a que tenía por delante tres de los cuatro años de su mandato. Al buscar una explicación, se observa que los factores fueron diversos y de distintos frentes, pero en el conjunto operaron en una única dirección. El ya mencionado proceso de desgaste producto del paso del tiempo, la vinculación del gobierno con casos de corrupción —en especial, ligados al Fondo Indígena—, los cuestionamientos a las intenciones de perpetuidad y de falta de recambio de las figuras partidarias —aspectos que ponen en tela de juicio el valor del juego democrático—, la volatilidad del voto urbano, el reagrupamiento de la oposición y los giros políticos en la región, entre otros, pusieron al MAS en la encrucijada.

El referéndum fue un parteaguas, no solo en el recorrido iniciado por Morales con su primera victoria en 2005, sino en el devenir de los acontecimientos. La derrota lo ubicó —también al MAS— en una situación crítica, aunque, a diferencia de otros momentos —como, por ejemplo, el proceso constituyente iniciado en 2006, la disputa con los departamentos de la medialuna en 2008 o el caso del Tipnis en 2011—, en esta ocasión, el proyecto oficialista se había debilitado.¹⁴ “El malestar en una parte decisiva de votantes estaba instalado y su recuperación no parecía sencilla, aunque las elecciones de 2019 estuvieran, en ese momento, lejos” (Canelas, 2022, pp. 135-136). Para lograr imponerse el no, aunque sea con escasa diferencia frente al sí, se necesitó de una parte del electorado que en los comicios de 2014 había apoyado al gobierno. Este segmento se concentró en los sectores medios y populares urbanos, como también en aquellos que han simpatizado con el oficialismo. El rechazo en el referéndum se direccionó básicamente a las intenciones reeleccionistas de Morales: más que a la gestión como proyecto ante la idea de que una nueva reelección, era entregarle al binomio presidencial “un cheque en blanco” (Romero Ballivián, 2022, p. 29).

La insistencia de Morales y García Linera por postularse una vez más no terminó con el no del voto popular. Desde su lugar de poder, el oficialismo canalizó la búsqueda mediante recursos institucionales y sometió su reclamo (los impedimentos jurídicos de la reelección) al Tribunal Constitucional. El 28 de noviembre de 2017, en un fallo inédito y controversial, el MAS fue habilitado a postularse en los comicios presidenciales de 2019, por entender que el derecho a elegir y a ser elegido —que se encuentra consignado en el Pacto de San José de Costa Rica— es superior a las limitaciones que pueda establecer la Constitución al respecto.

La habilitación de la candidatura de Morales y García Linera dio fuerza al rumor de futuro fraude. Esta idea no ha sido exclusiva ni del período ni de la contienda de 2019, pero, a diferencia de otros momentos, encontró el terreno fértil en la convergencia de “los antagonismos sociales, la propaganda anti-socialista realizada con años de anticipación y la disposición social que repudiaba la ‘corrupción’ y las ‘mentiras’ de los gobernantes” (Orellana Aillón, 2020, p. 144). Es decir, la idea de fraude fue, por un lado, la bandera de lucha de las fuerzas políticas conservadoras y, por otro lado, el factor desmoralizador en los sectores afines, quienes, además, habían vivido como una traición la conciliación del MAS con el empresario local y transnacional, lo que abrió el paso a que otros actores, como, en este caso, “el polo de las derechas” (Orellana Aillón, 2020, p. 131), pudieran aprovechar la oportunidad.

El período previo a las elecciones, así como la jornada electoral del 20 de octubre de 2019, adquirieron una lógica dicotómica, ya que, mientras Morales hizo su campaña con eje en la continuidad del proceso de cambio como su único garante, la oposición, dentro de la que sobresalió la Comunidad Ciudadana (CC) —liderada por Carlos Mesa—, apeló a hacer foco en sus pretensiones reeleccionistas y en la manipulación del aparato institucional. Para ganar en primera vuelta, el oficialismo debía obtener más del 50% de los votos o un porcentaje superior al 40%, con una diferencia de más de 10 puntos sobre el segundo candidato. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundió los primeros resultados dando cuenta de una ventaja del MAS, aunque sin los 10 puntos de diferencia necesarios para evitar la segunda vuelta. Hasta ese momento, el desarrollo de los acontecimientos estaba dentro de lo previsto por gran parte de los análisis políticos previos. No obstante, la interrupción de la transmisión del conteo de votos dinamizó la noción de fraude y terminó de preparar la salida del MAS, quien un día después había sido dado como ganador con el 47,08% de los votos. La victoria del oficialismo configuró un escenario hostil, atravesado por un conjunto de factores que, al ponerse en sintonía, escribieron el cierre de la odisea de Morales. Las movilizaciones a lo largo de todo el territorio, sobre todo de manera violenta en las ciudades; la presencia de representantes de la OEA y la Unión Europa (Ue), cuyos informes alertaron sobre irregularidades en el proceso electoral; el amotinamiento policial; la radicalización de los actores políticos conservadores — como, por ejemplo, el líder santacruceño Luis Fernando Camacho—, y el pedido de renuncia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de organizaciones afines, como la Central Obrera Bolivia (Cob), dieron el golpe de gracia final (Ceppi y Martínez, 2020).

El 10 de noviembre de 2019, Morales y García Linera renunciaron a la presidencia del país y obtuvieron asilo político en México. Al hacer lo propio, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de Diputados, Víctor Borda, nombraron como responsable a la opositora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, una figura hasta entonces de escasa o nula trascendencia en la política nacional.

Más de una década del denominado proceso de cambio se resquebrajó en tres semanas de conflictos, tras la emergencia de nuevas demandas y cuestionamientos por parte de sectores simpatizantes del oficialismo y la reactivación de viejas fracturas socio culturales que fueron camufladas por la construcción hegemónica del MAS y el liderazgo de Morales.

Áñez tenía a su cargo conducir el gobierno de transición para llamar a nuevas elecciones con un doble propósito: cumplir con las disposiciones institucionales, contempladas para este tipo de situaciones, y apaciguar el estallido social. Sus primeras acciones tomaron la dirección contraria, ya que apeló al uso de la fuerza como mecanismo para acallar las protestas poselectorales. La represión policial, principalmente en los barrios del sur de La Paz, Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) resultó en una tragedia, con un importante número de personas fallecidas y heridas.

La irrupción de la pandemia del COVID-19, entre otras cuestiones, derivó en el aplazamiento del llamado a las elecciones nacionales, que finalmente fueron establecidas para el 18 de octubre de 2020. Las medidas de aislamiento contribuyeron a disminuir, de forma superficial, la intensidad de la convulsión sociopolítica que atravesaba el país, aunque las tensiones y las disputas por el poder, plasmadas nuevamente en modo dicotómico, estaban diseñando el devenir de los acontecimientos.

El regreso del MAS a la presidencia

La salida de Morales de la presidencia no solo afloró las fracturas domésticas, sino que también reafirmó la fragmentación que estaba experimentando el escenario regional a través de los giros en el color político de los ejecutivos. Ante los sucesos, un grupo de países, entre los cuales se encontraban Cuba, México, Nicaragua, Venezuela y Uruguay, no dudó en calificarlos como un golpe de Estado. Otros, en cambio, como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, optaron por condenar el desarrollo de los acontecimientos y solicitar el respeto por el orden democrático, sin mencionar la idea de golpe. Este hecho no es menor porque, por un lado, reflejaba la correlación de fuerzas políticas propia del momento y, por otro lado, es un factor para tener en cuenta frente al apoyo que tuvo Evo Morales y que, en gran medida, contribuyó al proceso de reconfiguración del MAS.

Luego de haber permanecido un mes como asilado político en México, Morales arribó el 12 de diciembre de 2019 a la República Argentina y peticionó la condición de refugiado mediante la intervención de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) (“Discurso presidencial”, 2019).

La estadía en Argentina de Morales bajo el resguardo del gobierno de Alberto Fernández, entendido como un gobierno amigo, a diferencia de la administración de Mauricio Macri (2015-2019), le dio la oportunidad de armar y dirigir —desde la cercanía— la campaña presidencial del MAS. Esta tarea no era sencilla; entre otras cuestiones, estaban pendientes la restitución de la fortaleza organizativa del MAS, la movilización de los sectores tradicionalmente leales a Morales y la recuperación de parte de los sectores medios urbanos que se perdieron con el accionar del expresidente posreferéndum (Mayorga, 2022). En este sentido, la expansión del COVID-19 fue favorable a la estrategia del MAS por dos motivos básicos: 1) la aplicación de las medidas de confinamiento le dio a Morales tiempo extra para diagramar el regreso y 2) esos meses que jugaron a favor del MAS no se replicaron en las fuerzas opositoras, debido a que no pudieron encontrar puntos de encuentro y a que comenzaron a debilitarse. De todas ellas, la CC surgió como la opción con más posibilidades, teniendo a Carlos Mesa como actor aglutinador, pero aun con cierta resistencia por parte de los sectores más conservadores (Romero Ballivián, 2022).

La elección de Luis Arce y David Choquehuanca para la fórmula presidencial 2020, los dos ministros con mayor permanencia en el período 2006-2019, resultó de las negociaciones entre Morales y las organizaciones sociales. El proceso negociador fue complejo, tenso y estuvo marcado por resistencias, debido a los intereses personales y colectivos en juego. En enero de 2019, Morales convocó a una reunión en Buenos Aires a dirigentes de los sectores más relevantes del Pacto de Unidad¹⁵ para elegir el nombre de los candidatos. Los cuatro precandidatos (Luis Arce, David Choquehuanca, Diego Pary y Andrónico Rodríguez) firmaron antes del encuentro con Morales un acuerdo por la unidad y el fortalecimiento del MAS. Este acuerdo fue clave en el desenlace, debido a que los actores del MAS tendrían que aceptar el resultado del encuentro en Buenos Aires como emblema de unidad, independientemente de los deseos individuales y de las lealtades que se fueron gestando entre algunos de los precandidatos y de los dirigentes sociales (Mayorga, 2022, pp. 97-98).

La elección de Luis Arce y David Choquehuanca como candidatos a presidente y vicepresidente fue inicialmente cuestionada en Bolivia. Sin embargo, el lema de la unidad frente a la derecha, sin ser el único factor, calmó los ánimos. A pesar de sus diferencias, este binomio emulaba al pasado, ya que uno de ellos representaba a la clase media y el otro al movimiento indígena campesino. Es decir, se privilegió la “preservación de la unidad y eficacia de la interpelación electoral” (Mayorga, 2022, p. 100).

Una vez resuelta la candidatura, el MAS se lanzó de lleno a la campaña presidencial en un escenario marcado por las dificultades propias de la pandemia y con una fuerte polarización entre el voto pro MAS o el voto anti MAS, siendo este último heterogéneo, con tendencias oscilantes en el espectro derecha-izquierda.

En términos generales, la propuesta del MAS estuvo orientada a subrayar los logros económicos y sociales adquiridos durante la gestión Morales, la importancia del rol del Estado frente al mercado y el mantenimiento de los bonos públicos para los grupos vulnerables. Además, se focalizó en cohesionar sus bases en áreas rurales y en identificar a Ánez, Mesa y Camacho como los principales actores de una oposición conservadora y reaccionaria contra lo indígena y lo popular (Romero Ballivián, 2022, p. 63). Dentro del voto anti MAS sobresalía, según las encuestas, la figura de Carlos Mesa de la CC como el candidato mejor posicionado para enfrentar el binomio Arce-Choquehuanca. Siguiendo a Romero Ballivián (2022), la CC mutó su estrategia electoral en el 2020. Mientras que en las elecciones de 2019 se optó por una postura equilibrada entre el cuestionamiento de los deseos reeleccionistas de Morales y la exaltación de algunas políticas positivas de su administración, la campaña del 2020 se direccionó a criticar los múltiples desafíos pendientes en términos de salud, educación e industrialización, a pesar del período de bonanza económica, y en destacar el carácter autoritario de la figura de Morales.

Los comicios se celebraron el 18 de octubre con cinco propuestas: MAS, CC, Creemos (Luis Fernando Camacho), Frente para la Victoria (Chi Hyun Chung) y PAN-BOL (Feliciano Mamani). El MAS triunfó en primera vuelta con mayoría absoluta (55,1% de los votos). En segundo lugar quedó la CC, con el 28,8% de los votos, y el tercer puesto fue para Creemos, con el 14%.

Dicha contienda dejó al descubierto diversos elementos en juego. En primer lugar, teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos y el contexto en el que se desarrollaron los comicios, el MAS apeló a su bastión leal y también recuperó parte de su electorado urbano; aspectos que facilitaron su fortalecimiento ante sus contrincantes. En cambio, la oposición no logró aunar un frente común —ante la diversidad de propuestas— que le permitiera obtener un caudal mayor de votos. Ni Mesa pudo presentar un proyecto atractivo para los indecisos del occidente boliviano ni Camacho hizo lo propio con los indecisos del oriente (Córdova Villazón, 2020). En segundo lugar, el mapa electoral¹⁶ reflejó la persistencia regional en materia de preferencias de voto. Por ejemplo, creemos que se impuso como la primera fuerza en Santa Cruz (45,07%), mientras que el MAS obtuvo el 36,2% de los votos. También contó con un buen desempeño en Beni —tradicionalmente opuesto al MAS— con el 23,7% de los votos. En cambio, la CC se erigió como la primera fuerza en Tarija (50,2%) y Beni (39,17%), y obtuvo victorias en zonas urbanas pobladas, como algunas capitales de departamento. En cuanto al MAS, volvió a dar cuenta de su expansión a nivel nacional. Triunfó, como en los comicios de 2009, en seis de los nueve departamentos —Cochabamba (65,9%), Chuquisaca (49,08%), La Paz (68,3%), Oruro (62,9%), Pando (45,08%) y Potosí (57,6%)—, demostrando que en términos comparados con la oposición es el único que posee una estructura sólida, “militancia y voto fidelizado” (Ortíz, 2020).

Por último, el triunfo del MAS se inscribe en el proceso de rearmado del progresismo en la región, luego de experiencias de gobiernos conservadores y liberales, como el de Mauricio Macri en Argentina (2015-2019) y de Jair Bolsonaro en Brasil (2019-2022), cuyas propuestas no lograron sostenerse en el tiempo más allá de un único mandato. Al igual que los gobiernos progresistas de la primera década, su composición posee matices diferenciadores. Aplicando la caracterización de Natanson (2022, pp. 30-31), pueden observarse tres grandes grupos: 1) la izquierda autoritaria, en la que se ubican los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela. Inicialmente, sus ejecutivos han sido elegidos de manera democrática, pero con el devenir del tiempo derivaron en esquemas de ejercicio de poder en los que prevalecen las reelecciones indefinidas, los presos políticos (de referentes opositores) y la poca transparencia electoral; 2) la izquierda que gobierna en países donde no lo ha hecho, tales como Honduras, México y Perú, que, con sus particularidades, han logrado —independientemente de sus resultados— presentarse como una alternativa mayoritariamente aceptada, y 3) la izquierda que regresa, integrada por Argentina (con la administración de Alberto Fernández), Bolivia con Arce y Choquehuanca, sumándose posteriormente Gabriel Boric en Chile y Lula da Silva en Brasil. Este grupo se distingue por reemerger tras el fracaso de las administraciones de corte más liberal de sus predecesores, quienes no pudieron convencer al electorado para emprender una nueva gestión. Es una izquierda moderada no solo por las personalidades de sus líderes, en especial en los casos de Arce y Fernández, sino porque sus respectivos jefes políticos —Evo Morales y Cristina Fernández, respectivamente— siguen activos en la vida política del país y reúnen buenos índices de adhesión.

Más allá de esta caracterización, a diferencia del progresismo del período anterior, estas izquierdas deben gobernar en un contexto menos amigable que el que prevaleció en el pasado. Esto se debe a las dificultades económicas derivadas de los altibajos de los precios internacionales de las materias primas, del impacto de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania. Además, la oposición en general, concentrada principalmente en opciones conservadoras, ha logrado competir mano a mano en las contiendas presidenciales; incluso, como advierte Natanson (2022), llegando a radicalizarse.¹⁷

Así, el binomio Arce-Choquehuanca comenzó a transitar su mandato en un escenario hostil, con frentes en materia económica, social y política. A nivel económico-social, la crisis política e institucional de 2019, el bajo precio de las materias primas y el avance del COVID-19 hicieron mella en una economía que, si bien gozó de creciente estabilidad entre 2006 y 2014, también es muy endeble por su patrón extractivista y poco diversificado. El 2020 cerró con una contracción económica de 8,2% del PBI —debido a la caída de la demanda interna y al retroceso de todas las actividades económicas—, con un déficit fiscal de 12,2% del PBI, con el desplome de la inversión pública (el 52,7%) y con la paralización de las actividades de la planta de amoníaco y de urea (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2021). Esto repercutió directamente en los índices de pobreza y desigualdad. La pobreza moderada subió al 39% (37,2% en 2019), la pobreza extrema escaló a 13,7% (12,6% en 2019) y la brecha entre ricos y pobres se amplió, pasando de 0,42 a 0,45, según el Coeficiente de Gini (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2021).

Los Bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy y la Renta Dignidad fueron mantenidos por el gobierno de Áñez. Éstos, sin ser una solución, permitieron que los efectos negativos sobre las condiciones de vida de los ciudadanos fueran menos graves. También se dispuso la implementación de transferencias en efectivo (Bono Canasta, Bono Familiar y Bono Universal) que, de acuerdo con los informes oficiales, fueron insuficientes y se implementaron a destiempo (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2021).

Debido a este cuadro de situación, el gobierno de Arce tuvo que concentrar esfuerzos en estimular la economía y atender las debilidades del plano social. El 2021, gracias al crecimiento de la demanda interna, a la apertura de las distintas actividades económicas —ante el avance de la vacunación—, como la minería, la construcción, el transporte, los servicios, entre otros, y al incremento de ingresos por la exportación de hidrocarburos (6,7% con respecto al 2020), concluyó con superávit comercial y con un crecimiento del 6,1% del PBI (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2022). A su vez, el déficit fiscal también se redujo 3,4 puntos en relación al 2020.

Como parte del programa de recuperación, a los bonos ya conocidos, el gobierno de Arce sumó el Bono contra el Hambre. Este consistió en una transferencia monetaria única (Bs. 1000)¹⁸ que se pagó entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 a personas entre 18 y 59 años que no habían recibido remuneraciones del sector público y/o privado y que pertenecían a grupos vulnerables. Esta medida se dispuso con el objetivo de compensar la merma de ingresos por la pandemia y de dinamizar la demanda doméstica (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2022). En paralelo, el ejecutivo continuó con las políticas distributivas a través de los bonos sociales ya mencionados (alcanzó al 30,4% de la población) y se retomaron las inversiones de los programas Mi Agua y Mi Riego, destinados a mejorar las condiciones de vida de la población.

Todo ello generó un comportamiento positivo de los indicadores de pobreza y de desigualdad que habían desmejorado en 2020. La pobreza moderada se redujo 2,7 puntos, la pobreza extrema 2,6 puntos y el Coeficiente de Gini volvió a 0,42, como en 2019 (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2022).

La invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 hizo trastabillar los primeros pasos dados por Arce, ya que, sin dejar de lado la fragilidad estructural de la dimensión económico-social, generó un revés en el camino iniciado. En un primer momento, el aumento del precio internacional del petróleo —precio que, entre otras cuestiones, incide en el precio del gas— favoreció a los países exportadores, aunque también se tradujo en los valores de los combustibles, en el transporte internacional y en los costos de los alimentos. En el caso de Bolivia, debe sumarse el hecho de que la producción de gas se encuentra en una fase descendente; situación que, conjuntamente con la reducción del precio internacional de las materias primas, ha generado la reducción de los ingresos por vía de exportaciones. La balanza comercial de 2022 fue superavitaria, aunque representó menos de la mitad de los ingresos obtenidos el año anterior (626 millones de dólares frente a 1462 millones de dólares) (Instituto Boliviano de Comercio Exterior [IBCE], 2023).

A las dificultades señaladas, debe sumarse el impacto económico-comercial (y social) de la escasez de dólares, que no solo afecta al deterioro del tipo de cambio, sino que también eleva el valor de los productos importados y perjudica el costo de vida en general. Un punto no menor se encuentra en que durante el período 2015-2019 el país tuvo un déficit comercial que, en gran medida, fue afrontado con los aportes de las reservas internacionales, que entre 2018 y el primer semestre de 2023 se encuentran en fase descendente (de 8946 millones de dólares a 3158 millones de dólares) (IBCE, 2023).

El aumento del costo de vida, los problemas de los importadores para conseguir la divisa extranjera en el mercado oficial y su venta paralela a valores superiores a los fijados por el gobierno han despertado incertidumbre y descontento en la población y, en consecuencia, en los índices de aprobación del gobierno que, desde su inicio, cayó alrededor de diez puntos. Ahora bien, la crisis económica y la tensión social se alimentan y, al mismo tiempo, son alimentadas por el plano político, donde sobresale la disputa Arce-Morales. El MAS volvió al poder, aunque bajo una modalidad diferente al pasado, ya que por primera vez gobierna en un esquema de partido dominante, en el que coexisten dos presidentes: el del Estado y el del partido. Esta situación —anómala para el MAS—, y el hecho de que Morales no se apartó del juego político nacional o regional, generó desde sus inicios interrogantes sobre las posibilidades de convivencia entre ambos. El devenir de los acontecimientos dio cuenta de que dicha hermandad estaba destinada a sufrir fisuras y los enfrentamientos no tardaron en llegar. Morales nunca terminó de irse, mientras que Arce procura forjar su propio camino. Cabe recordar, además de su lugar en el partido, que Morales tuvo un papel activo en la selección de los candidatos de las gobernaciones y ciudades más importantes en el marco de los comicios subnacionales de marzo de 2021 (Romero Ballivián, 2022). En esta contienda se eligieron autoridades departamentales, municipales y regionales para llevar adelante funciones ejecutivas y legislativas. La oposición conquistó la mayoría de las gobernaciones y de los centros urbanizados de mayor poder adquisitivo en un contexto de fragmentación partidaria y de surgimiento de liderazgos de alcance local; mientras que el MAS, a pesar de haber retrocedido en el ámbito municipal, ha mantenido su preponderancia en el espacio partidario, gracias a su alcance nacional (Ortuño Yañez, 2022). Es decir, el MAS continúa marcando el compás del juego político, pero en un escenario electoral que se va tornando cada vez más complejo frente a la gran variedad de propuestas. Esta situación también erosiona al MAS como unidad y, en paralelo, contribuye a fortalecer la disputa Arce-Morales que fue escalando en intensidad, convirtiéndose en un enfrentamiento en anillos que se entrelazan. El primero se encuentra de forma directa entre ambos líderes que, a pesar de diferenciarse en sus estilos —uno es más moderado y el otro es más verborrágico—; además, sobresalen reclamos de traición, pedidos de hacer un paso al costado y acusaciones de avalar problemáticas como la corrupción y el narcotráfico. El segundo se presenta al interior del propio gobierno, donde coexisten los funcionarios del antiguo entorno presidencial que, según Emilio Rodas, exministro de Autonomías y Régimen Interior, no se acostumbran a no tomar decisiones (los evistas) y los funcionarios del gobierno de Arce (los autodenominados renovadores), quienes han dado un paso al frente. En el ámbito ejecutivo, el actual presidente boliviano se inclinó por un gabinete ministerial de carácter preponderantemente burocrático¹⁹ y relegó a la segunda línea a los referentes de base, quienes se encolumnan con el evismo. Por último, el tercero se observa en el seno de las organizaciones sociales que constituyen los cimientos del MAS y que se dirimen entre la fidelidad a Morales, en tanto líder referente, y el respaldo a Arce, como actual conductor del proceso de cambio. No es un dato menor que los congresos nacionales del MAS en 2022 y 2023 llamaran la atención por los enfrentamientos —verbales y físicos— entre los sectores pro Evo y pro Arce, y en menor medida por el debate político. Tampoco es casual que los dirigentes de las organizaciones del Pacto de Unidad, así como la Central Obrera Boliviana (COB), han respaldado abiertamente al actual presidente, calificando las actitudes de Morales como “egoístas”, “divisionistas” y “antidemocráticas” (“Pacto de Unidad oficialista”, 2023).

Las próximas elecciones presidenciales están previstas para el 2025 y tanto Arce como Morales están dispuestos a correr la carrera. Los resultados del congreso nacional del MAS, celebrado en la localidad de Lauca Ñ en octubre de 2023, demostraron que la competencia se tornó feroz. Morales fue proclamado candidato único para el 2025, mientras que Arce y Choquehuanca fueron expulsados de la agrupación política. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral anuló dicho evento un mes después por entender la existencia de inconsistencias técnicas y dispuso la realización de otro encuentro. Frente a esto, un nuevo round se avecina.

Conclusiones

Para comprender parte de la dinámica sociopolítica boliviana actual, en la que el MAS se encuentra otra vez en el ojo de la tormenta, es necesario —casi obligatoriamente— recurrir a una mirada retrospectiva. El triunfo de Morales en 2005 y su permanencia en el ejecutivo a lo largo de tres mandatos ha sido sin duda un hecho rupturista, más allá de que desterró viejas prácticas políticas e institucionales que edificaron a la Democracia Pactada. Dicha ruptura se entiende a partir de la confluencia de múltiples elementos: la constitución del MAS en su papel dual como colectivo de organizaciones sociales y fuerza política, así como su avasallamiento territorial; las acciones de corte social y distributivo, y el ejercicio del poder por parte de Evo Morales en modo de hiperpresidencialismo. En este esquema no se puede dejar de lado que la llegada del MAS también rompió con la hegemonía de los gobiernos conservadores y liberales e impulsó al país a la ola progresista de la época.

Durante catorce años de gobierno, el liderazgo de Morales nutrió al MAS y este hizo lo propio con el exmandatario. No obstante, apelando a la idea de unidad frente a la de derecha y la de pasado, Morales no pudo evitar caer en la tentación de varios líderes latinoamericanos, es decir, la de permanecer en el poder. Haciendo caso omiso a que todo tiene un ciclo, lo bueno y lo malo, se embarcó hacia la búsqueda de un nuevo mandato —con el referéndum de 2016 y luego con su reclamo frente al Tribunal Constitucional— que, lejos de potenciarlo, terminó direccionándolo en sentido contrario.

La crisis de 2019 y la salida del binomio Morales-García Linera fue otros de los grandes acontecimientos que delinearon las idas y vueltas del MAS. Su regreso al gobierno en las elecciones de 2020 con nuevas caras, pero con viejos conocidos, revitalizó la esperanza para los simpatizantes del MAS, luego de la breve experiencia conservadora de Áñez. Lo mismo ocurrió con la región donde el progresismo estaba comenzando a jugar su segundo tiempo.

Ahora bien, el gobierno de Arce enfrenta un panorama hostil, producto de distintos elementos que se entrelazan. Por un lado, la crisis socioeconómica y, en consecuencia, la presión que le genera al gobierno no solo resolverla o al menos, mitigarla, sino la existencia de cierta añoranza por parte de algunos sectores de que todo tiempo pasado —el de Evo— fue mejor. Por otro lado, la disputa entre el exmandatario y el actual presidente oscurece el devenir que, por el momento, se presenta sombrío. La puja personal entre Arce y Morales también da cuenta de una puja entre las organizaciones sociales que, en definitiva, han tenido un papel clave en la consolidación del MAS en el poder. En esta dirección, la fragmentación y la emergencia de cuestionamientos podría entenderse como un mecanismo de recambio a su interior, en especial, luego de años obediencia prácticamente irrestricta. Sin embargo, también podría ser el puntapié para una futura derrota electoral en las presidenciales de 2025, considerando, como lo sostiene Molina (2023), que Morales enfrenta grandes dificultades para reconquistar a parte de la clase media, mientras que Arce se encuentra en una encrucijada para llegar a los sectores campesinos, nicho electoral del evismo.

En definitiva, los desafíos son varios y complejos. Los comicios del bicentenario se encuentran a la vuelta de la esquina ¿Será posible reencauzar al MAS hacia la unidad? En la actualidad, esto parece improbable, aunque la política latinoamericana nunca ha estado libre de sorpresas y de cierto grado de incertidumbre. En lo que sí hay certeza es en que, luego de este proceso, el MAS no volverá a ser el mismo.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica.

¹ Siguiendo a Sanahuja (2009), el regionalismo posliberal se ha caracterizado fundamentalmente por contar con una visión de desarrollo crítica del período neoliberal y de la integración estrictamente comercial, con la promoción de un Estado más presente frente a la figura del mercado y con la relevancia de la agenda política y social. En este marco, se alistan experiencias como la de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

² Con esta noción se alude al período de presidencialismo parlamentarizado que a partir de 1985 sentó los parámetros de la elección presidencial. Mediante este sistema, el Congreso detentaba un papel clave en la selección de los primeros mandatarios con la formación de mayorías parlamentarias. Así, las tres principales fuerzas políticas de ese entonces —el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN)— pudieron alternarse en el poder a lo largo de dos décadas, a través del armado de coaliciones congresales (Alenda, 2004, p. 120).

³ Estadísticas interactivas del Banco Mundial (“Países y economías”, s. f.).

⁴ Solo a modo de referencia, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la brecha entre los indicadores de Bolivia —a nivel nacional—, en materia de acceso a electricidad, agua y saneamiento, y América Latina era significativa. De los tres ítems, el más representativo es el saneamiento, puesto que solo el 28,1% de los hogares bolivianos tenían disponibles servicios de saneamiento, mientras que el promedio general de América Latina en ese entonces era de 62,6% (Cepalstat, s. f.).

⁵ Como lo expresan Zaratti Sacchetti y Torres Orías, el tema de los hidrocarburos marcó en profundidad su gestión, “incluso se puede afirmar que por el gas [Mesa] asumió la presidencia de Bolivia y por el gas tuvo que renunciar” (2008, p. 127). La reforma de la ley de hidrocarburos, uno de los principales pedidos de la población, requería de la aprobación del Congreso. Mesa carecía de respaldo partidario y legislativo luego de su alejamiento del MNR tras la renuncia de Sánchez de Lozada, por lo que el Congreso fue el escenario donde se dirimieron las pujas de poder. Esto explica, en gran medida, cómo en dicho espacio, compuesto por referentes del MNR, del MIR, del NFR y del MAS, entre otros, cuyas diferencias ideológicas eran notarias, se abogó por un proyecto de ley que hacía foco en el incremento directo de las regalías, mientras que el ejecutivo pretendía obtener mayores recursos a través de la creación de un nuevo impuesto (Zaratti Sacchetti y Torres Orías, 2008).

⁶ El amplio apoyo de la ciudadanía en las elecciones de 2005 permite dejar de lado aquellas interpretaciones que adjudicaron el triunfo del MAS al voto étnico. De hecho, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), representado por la fórmula Felipe Quispe y Camila Choqueticlla, que apelaba a reivindicar la base étnica del electorado boliviano, solo obtuvo el 2,1% de los sufragios.

⁷ En el transcurso de sus dos primeros mandatos, Morales decretó la nacionalización de más de veinte empresas concentradas en áreas estratégicas (agua, telecomunicaciones, energía eléctrica, minería, entre otras).

⁸ Estadísticas interactivas del Banco Mundial, sin contar el oro (“Países y economías”, s. f.).

⁹ Estadísticas interactivas del Banco Mundial (“Países y economías”, s. f.).

¹⁰ Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia. Última información disponible.

¹¹ Según los datos oficiales, en 2005 el MAS obtuvo el 53,7% de los votos, frente al 28,5% de Podemos; en 2009, obtuvo el 64,2%, frente al 26,4% de PPB-Convergencia, y en 2014 obtuvo el 61,3%, frente al 24,2% de UD.

¹² Cabe destacar que los autores plantean las características desde la generalidad. En este escrito, a los fines prácticos, dichos rasgos son ilustrados con breves fragmentos de discursos pronunciados por Evo Morales en diferentes oportunidades.

¹³ El interrogante sometido a votación fue “¿Usted está de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”.

¹⁴ Sin ser los únicos, estos eventos —con sus respectivas particularidades— marcaron distintos puntos de inflexión en la estadía de Morales en la presidencia del país. Ahora bien, mientras que el proceso constituyente y la disputa con los departamentos de la llamada medialuna (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni) fueron parte de la tensión entre el oficialismo y la oposición de raigambre conservadora, el caso del Tipnis —a saber, el proyecto de construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro Sécure— enfrentó al exmandatario con su base de apoyo. Cabe recordar que la promulgación de una nueva Constitución Política fue una de las promesas más resonantes de la campaña electoral de Morales, la cual estaba orientada a reformular, de acuerdo con el MAS, los vínculos Estado-sociedad. El proceso constituyente que se inició en 2006 para redactar la Carta Magna quedó inmerso en una profunda polarización política, en la que se dirimieron diferencias en cuanto a las autonomías departamentales e indígenas, la participación departamental de los beneficios derivados de la explotación hidrocarburífera y el reconocimiento de algunos derechos a las comunidades indígenas y campesinas. Tal fue el punto de efervescencia nacional, con la muerte de campesinos e indígenas en Pando en 2008, que tuvieron que intervenir representantes de Unasur y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para velar por el buen rumbo de las negociaciones del texto constitucional en el Congreso, que luego fue sometido a referéndum en 2009. En cambio, el caso del Tipnis puede entenderse como el primer conflicto de gran intensidad entre el expresidente y su colectivo social, ya que la futura puesta en marcha de la carretera entre Beni y Cochabamba era ampliamente repudiada por las comunidades indígenas del lugar. Tras semanas de marchas y reclamos, Morales tuvo que dejar de lado el proyecto y declarar la intangibilidad del Tipnis frente a la imposibilidad de poder congeniar el respeto por el modo de vida y los deseos de los habilitantes de la zona y la necesidad de infraestructura física orientada a la conectividad y el desarrollo económico.

¹⁵ Entre las principales organizaciones que lo conforman se encuentran la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (Bartolina Sisa), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia(Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

¹⁶ Órgano Electoral Plurinacional (OEP), resultados electorales (OEP, 2020).

¹⁷ Un ejemplo en esta dirección se encuentra en La Libertad Avanza, con Javier Milei, en Argentina.

¹⁸ Aproximadamente 145 dólares al momento de escribirse este artículo.

¹⁹ Solo por mencionar algunos casos, Marianela Prada, ministra de la Presidencia (exdirectora de Gabinete del Ministerio de Economía) o Edmundo Novillo, ministro de Defensa (exdiputado y gobernador de Cochabamba) (Jáuregui, 2021).

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: nataliaceppi@gmail.com

Información adicional

Cómo citar: Ceppi, N. (2024). El rompecabezas boliviano. Idas y vueltas del Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder. Reflexiones sobre un juego de dos tiempos. Papel Político, 29.

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