Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico? […] ¿Y qué ocurriría entonces? ¡Bah! Negociaciones punteadas con inocuos tiros de fusil, y luego todo seguirá lo mismo, pero todo estará cambiado. […] Una de estas batallas en las que se lucha hasta que todo queda como estuvo. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El gatopardo, 1959

A primera vista, el título de esta obra puede resultar sorprendente. ¿Reforma social o revolución? ¿Puede la socialdemocracia estar en contra de la reforma social? ¿Puede considerar como opuestos la revolución social —la transformación total del orden vigente, que representa su fin último— y la reforma social? Por supuesto que no. Para la socialdemocracia, la lucha práctica cotidiana por las reformas sociales, por mejorar la situación del pueblo trabajador aun dentro del orden vigente, por instituciones democráticas, constituye el único camino para conducir la lucha de clases proletaria y para trabajar para conseguir el fin último: la conquista del poder político y la abolición del sistema asalariado.

Rosa Luxemburgo, ¿Reforma o revolución?, 1899

Presentación

Atravesamos tiempos de incertidumbres. La crisis mundial que asistimos desde 2007 y que se acentuó con la emergencia sanitaria derivada del COVID 19 en el 2020 ha abierto importantes debates sobre si la crisis es una expresión del colapso general del sistema o simplemente un movimiento convulso posible de ajustar dentro de los márgenes del orden social vigente.

Y, si bien no hay una posición unívoca entre las distintas fuerzas económicas y políticas a nivel mundial frente la magnitud de la crisis y los caminos para su resolución, es claro que tanto las tendencias ortodoxas como heterodoxas abogan por soluciones de menor o mayor calado dentro de los contornos del sistema social capitalista.¹ De ahí que, aunque en intensidades distintas se propone la activación de una serie de medidas que permitan la adaptación del capitalismo a las cambiantes circunstancias del mundo contemporáneo (Jiménez, 2023b). La estrategia de la adaptación y la implementación de una agenda de reformas sociales aliviaría las contradicciones existentes y neutralizaría propuestas alternativas con rasgos contrahegemónicos.

Los progresismos del siglo XXI, tanto los de primera como de segunda generación, no han estado ajenos a esta discusión. Por el contrario, han tomado un papel activo y en la mayoría de los casos se han volcado hacia la consigna de resolver la crisis a través de desarrollar un capitalismo serio. Esto ha significado, en muchos casos, la neutralización-contención de la energía rebelde que permitió el triunfo electoral y de los horizontes alternativos que la acompañaban.

Entre los progresismos de primera y segunda generación se advierten algunas diferencias, tanto de contexto como de los desafíos que enfrentan. No es posible abordarlos desde una trayectoria de continuidad. No se trata simplemente de una segunda temporada de progresismos. Los segundos, en la mayoría, se enfrentan a unas derechas recargadas, a una crisis que cobra nuevos matices y a unas sociedades desesperanzadas y empobrecidas que vitalmente no dan más espera.

Estos asuntos (la pandemia, la guerra de Ucrania, el inestable mapa de la geopolítica del poder mundial, el acentuado deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población, el robustecimiento de las fuerzas políticas neofascistas, la crisis ambiental y migratoria, entre otros) reclaman unos gobiernos realmente alter-nativos, capaces de imaginar y de producir nuevas realidades que posibiliten avanzar en un horizonte de buena vida para las clases trabajadoras y los sectores populares. Sin embargo, una mirada de primer plano a esta segunda generación de progresismos parece advertir los frenos y obstáculos que enfrentan.

Este artículo se interroga por las tendencias generales de política que han acompañado tres experiencias de recientes gobiernos progresistas en el América Latina: el de Andrés Manuel López Obrador en México, el de Alberto Fernández en Argentina y, más recientemente, el de Gustavo Petro en Colombia. Y, si bien no se trata de presentar unas valoraciones exhaustivas, si se busca identificar algunas cuestiones que permitan indicar trayectorias y tendencias generales del proceso político vivido y que sigue en curso.

Estas miradas advierten sobre los derroteros políticos definidos en función del tipo de coalición con la que se obtiene el triunfo electoral, el alcance de las crisis hegemónicas en las que se dan las victorias políticas, el horizonte de visibilidad de las agendas programáticas y el consecuente gatopardismo o transformacionismo expresados en las políticas públicas de estos gobiernos. El balance arroja luces y sombras, pero sobre todo sitúa la centralidad de avanzar en los cambios que reclaman los sectores populares que han visto devastadas aún más sus condiciones de existencia con la pandemia.

El texto se organiza en cinco apartados. Uno inicial, “Crisis capitalista, opacidad estatal y el significado de los progresismos de primera generación”, en el cual se propone una mirada del proceso político vivido en la región durante la primera década del siglo XXI y que se corresponde con el triunfo de los gobiernos alternativos. Un segundo, “La cuarta transformación (4T) de México: el proyecto de nación comandado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)”, en el que se presenta una valoración general de la trayectoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se destacan algunos alcances transformadores. Este apartado va seguido por “La casa común de la Argentina: Límites e incumplimiento del proyecto del Frente de Todos (2019-2023)”, en el que se exponen algunos de los cerrojos y de las debilidades del gobierno de Alberto Fernández para revertir el sendero de Cambiemos. En el cuarto apartado, “Colombia potencia mundial de la vida y el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026)”, se recrean los lineamientos iniciales que han signado la presidencia del Pacto Histórico. Finalmente, en “Progresismos de segunda generación: tensiones entre el gatopardismo y un horizonte transformador” se desarrollan algunos elementos de cierre que problematizan el alcance de los cambios de este gobierno y que los sitúa en diálogo con la crisis y con los momentos convulsos en los que vivimos.²

Crisis capitalista, opacidad estatal y el significado de los progresismos de primera generación

El siglo XXI se abrió con importantes cuestionamientos del orden social vigente. En Latinoamérica y el Caribe se desplegaron diversas manifestaciones de resistencia que expresaban el rechazo al impacto del neoliberalismo sobre la vida de las gentes del común y al asiduo deteriro de la naturaleza. Son ilustrativos los piquetes y cacerolazos en Argentina en el 2001 en contra del corralito financiero; las guerras del agua (2000) y del gas (2003) en Bolivia; y la destitución popular de tres presidentes en Ecuador: Abdalá Bucaram en febrero de 1997, Jamil Mahuad en enero de 2000 y Lucio Gutiérrez el 20 de abril de 2005.

La crítica al neoliberalismo como forma de organización de la sociedad encontró en el Estado el chivo expiatorio responsable de los problemas³ padecidos. Diversos sectores sociales asistieron a un descreimiento de la acción político-gubernamental, llegando incluso a afirmar que transitábamos por una crisis de la estatalidad y que era necesario transformar el orden político. De allí surgieron expresiones como la de “Que se vayan todos”, que en Argentina significó la necesidad apremiante de renovar la clase política gubernamental.

La irrupción popular en rechazo al neoliberalismo permite entender la emergencia de los progresismos de primera generación en la región. El nuevo momento político se inauguró con la victoria electoral de Hugo Chávez (1999) y fue seguido por los triunfos de Néstor Kirchner (2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003), Evo Morales (2006), Manuel Zelaya (2006), Rafael Correa (2007), Daniel Ortega (2007), Fernando Lugo (2008) y José Mujica (2010).

Surtidas más de dos décadas de la apertura de este momento político se han elaborado diversas interpretaciones sobre el significado y el alcance de las transformaciones operadas (Estrada, Jiménez y Puello-Socarrás, 2020). Algunas lecturas situadas en posiciones conservadoras sugieren el devacle de la institucionalidad estatal y el deterioro de las condiciones socioeconómicas; a través de las narrativas del castrochavismo, se ha pretendido crear un nuevo enemigo interno para las sociedades de la región (Sánchez, 2019). Interpretaciones en orillas liberales han señalado la existencia de procesos de desinstitucionalización derivados de una lógica populista y han puesto en cuestión la sostenibilidad de la política social derivada de este tipo de conducción política (De la Torre, 2013). Análisis más cercanos a estos gobiernos han valorado el alcance de las transformaciones operadas, haciendo enfásis en indicadores de reducción de la pobreza, de mayor capacidad de manejo del excedente y de un conflicto redistributivo mucho más favorable hacia los sectores populares (Borón, 2012). Lecturas próximas al ecologismo han criticado el carácter extractivista de estos gobiernos y su incapacidad de trasnformar la matriz productiva (Svampa, 2013). Y, finalmente, interpretaciones de izquierda, aunque han valorado el proceso de las reformas, han cuestionado la conciliación de clases en la que han incurrido estas experiencias, las fragilidades políticas que se deriva de esta estrategia y las implicaciones que pueden tener para la restauración del orden burgués (Gambina, 2020).

Ahora bien, más allá de los balances que se puedan elaborar, es importante destacar el significado político de estos procesos a nivel mundial. La apertura de un proceso político regional, que instaló una serie de narrativas críticas al neoliberalismo, reorientó el significado de la acción estatal y en algunos casos la gestión del excedente, generó condiciones para resolver la precarización de los sectores populares, situó de nuevo una perspectiva antiimperialista, impulsó transformaciones en términos de la geopolítica global y revindicó la tradición integradora bolivariana, entre otros asuntos. Estos factores son, a todas luces, del mayor significado político para el concierto internacional, en especial en un contexto de crisis capitalista mundial que ha abierto importantes cuestionamientos sobre el mantenimiento de la capacidad hegemónica de los EE. UU.

Pese a la importancia de lo señalado, el escenario de la crisis mundial de 2007, con mayores acentos regionales en 2012 con la caída del precio de las commodities, develó la magnitud de la crisis mundial y el elevado nivel de dependecia de las economías de la región. La segunda década marcó un período muy complejo, expuso las dificultades y en algunos casos las fragilidades políticas de las experiencias progresistas para construir y consolidar un proyecto hegemónico. Situación que fue aprovechada para la contraofensiva estratégica de la derecha en la región:

La tendencia del proceso político se ha caracterizado por la intensidad y la profundización de las luchas por el poder; las derechas, por una parte, los sectores democráticos, progresistas y de izquierda, por la otra, han desplegado todos sus arsenales. Sigue sin imponerse una tendencia predominante, si la lectura es de alcance regional; probablemente en el examen a las trayectorias nacionales, pueda llegarse a valoraciones distintas. El carácter abierto del campo político se expresa en el presente de Nuestra América en que durante el último año se han producido múltiples sucesos, con los que al tiempo que se registra la continuidad y el fortalecimiento de los proyectos políticos de la derecha, se advierten igualmente sus limitaciones para erigirse en la tendencia estable predominante de largo plazo. (Estrada, 2020, p. 25)

Este escenario permitió una serie de triunfos electorales de las fuerzas políticas de derecha, en todo caso coyunturales, en algunos de los países que atravesaron por las experiencias progresistas de primera generación, como los casos de Maurio Macri (2015-2019) en Argentina, Jair Bolsonaro (2019-2023) en Brasil, Lenin Moreno (2017-2021) en Ecuador y Luis Lacalle en Uruguay (2020-), los cuales son ilustrativos de esta cuestión.

Y, justamente, el carácter abierto del campo político regional y la consecuente dificultad para estabilizar alguna de las tendencias descritas ayuda a explicar la emergencia de los progresismos de segunda generación. En Estados donde ya se habían experimentado estos gobiernos, se destacan los casos de Alberto Fernández (2019-2023) en Argentina, de Luis Arce (2020-) en Bolivia, de Xiomara Castro (2022) en Honduras y de Inácio Lula da Silva (2023-) en Brasil. En lugares en los que estos triunfos se configuran como experiencias inéditas, se destacan los casos de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en México, de Pedro Castillo (2021-2022) en Perú, de Gabriel Boric (2022-) en Chile, de Gustavo Petro (2022-) en Colombia y deBernardo Arévalo (2023-) en Guatemala.

Los presidentes electos, en esto que se ha denominado como la segunda generación de progresismos, llegan al poder amparados en coaliciones electorales, muchas de ellas variopintas, en tanto articulan fuerzas sociales y políticas con tendencias ideológicas diversas, algunas veces en oposición en asuntos sensibles. Algunos de ellos están precedidos de importantes rebeliones populares que han marcado puntos de inflexión en las trayectorias sociopolíticas de sus Estados, cuentan con amplios respaldos populares y con una agenda programática que pretende resolver una deuda social histórica.

La cuarta transformación (4T) de México: el proyecto de nación comandado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)

La coalición Juntos Haremos Historia (2018), que articula a Morena, al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Encuentro Social (PES), ganó las elecciones presidenciales el 6 de julio de 2018 con una votación de 30.113.483 (53% de los votos). El triunfó de Andrés Manuel López Obrador⁴ expresó la crisis hegemónica que atravesaba el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN)⁵ y la emergencia-consolidación de una “nueva fuerza nacionalista popular con un proyecto de restauración nacional-desarrollista del Estado” (Óliver, 2021), con la capacidad de poner en cuestión el orden social vigente.

La crisis de la hegemonía neoliberal del PRIAN se expresaba, entre otras cuestiones, al decir de Óliver Priam (2023), en el desarrollo desigual del campo, en el rentismo, en el extractivismo y en la extranjerización de la producción; también en el peso dominante de las empresas trasnacionales sobre la actividad maquiladora y manufacturera, en el crecimiento de la economía informal, en la subordinación a los Estados Unidos, en la descomposición del Estado, en la falta de autodeterminación y de participación de las masas populares en las decisiones políticas referentes a los proyectos nacionales y locales, en la continuidad del colonialismo interno y en la persistencia del autoritarismo. Estos rasgos encuentran explicación, al decir de Sotelo (2017), en “la extrema cohesión que existe entre la coalición gobernante, la burguesía dependiente mexicana y las empresas transnacionales; cohesión que actúa como un sólido bloque contra las acciones, exigencias y demandas del pueblo” (pp. 86-87).

Los rasgos de los régimenes de acumulación y políticos permitirían entender el deterioro y precarización de las condiciones de existencia de la clase trabajadora mexicana, especialmente la rural e indígena:

Los efectos para el pueblo no se hicieron esperar: durante el periodo neoliberal (1982-2016) se deterioraron los ingresos de la mayor parte de los trabajadores; hubo momentos de alta inflación y también de deflación; creció la deuda externa e interna del sector público —de representar 31% del producto interno bruto, en 2010, pasó a 44,6% del mismo indicador en 2016; se privatizó el sector de empresas públicas del Estado y aumentaron el subempleo y el desempleo, la desigualdad social, la violencia, la pobreza y la miseria. El capitalismo dependiente mexicano quedó condicionado por un sector manufacturero predominantemente maquilador y de capital mayoritario extranjero— un sector destinado en más de 80% a satisfacer el mercado norteamericano y, en ínfima medida, el nacional. (Sotelo, 2017, p.14)

Y, justamente, estas condiciones ayudan a entender el proceso de movilización social, aunque débil y desarticulado, que se vivió durante la última década. Son muy importantes las expresiones de rebelión social de los estudiantes a través de #Yosoy132, de las fuerzas sindicales —especialmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Méxicano de Electricistas (SME)—, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, del proceso de resistencia de los ejidatarios de San Salvador Atenco, del movimiento feminista, entre otros.

La propuesta programática del gobierno de AMLO se recogió en el documento Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, el cual fue aprobado por el cuarto congreso nacional de Morena, finalizando en el 2017. Se destacan los cinco mandatos del programa: 1) la legalidad y la lucha contra la corrupción, 2) el combate contra a la pobreza, 3) la recuperación de la paz, 4) la viabilidad financiera y 5) la equidad de género y el desarrollo sostenible.

Estos mandatos tranversalizan los ejes que ordenaría la estrategia de acción gubernamental, a saber: 1) política y gobierno (corrupción, rescate del estado, impartición de justicia, sociedad segura y estado de derecho, migración, relaciones exteriores); 2) educación, ciencia, valores y cultura (proyecto nacional de educación, bono educativo, cultura comunitaria, inclusión de jóvenes); 3) economía y desarrollo (política macroeconómica, política industrial y de tecnología, energías renovables y no renovables, infraestructura, teleconunicaciones, turismo, desarrollo agropecuario, política laboral, pesca, medio ambiente, sector financiero); 4) desarrollo social (jóvenes construyendo el futúro, salud, cultura física y deporte).

El proyecto de nación parecería expresar un horizonte progresista con pretensiones de restauración del poder del Estado y del proyecto nacional-desarrollista que este encarnó desde la revolución de 1910, y que se recoge en el denominado cardenismo. Se trataba de una agenda programática robusta que dejeba percibir con claridad la ruta que tomaría AMLO al llegar al poder.

Pese a la amplitud del programa y a la variopinta alianza, ciertos sectores consideraron que este proyecto “alternativo” era más bien una fórmula gatopartista para mantener bajo otros ropajes el orden social vigente. Al respecto, es ilustrativa la crítica de organizaciones indígenas como el Ejército Zapatistas de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena, que acompañaban la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez.

Ahora bien, ad portas de culminar el sexenio, se han planteado diversas elaboraciones sobre el alcance de lo propuesto. En tan solo el primer año de gobierno, Armando Bartra (2019), intelectual orgánico de Morena, destaca algunas acciones:

Menciono las más relevantes: liberación de presos políticos; comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; derogación de la reforma educativa de Peña Nieto; cancelación del aeropuerto en Texcoco; combate efectivo a la corrupción empezando por el saqueo de Pemex; aumento sustancial de los salarios mínimos; disminución de sueldos y prestaciones a la alta burocracia; precios de garantía a pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche; prohibición de la técnica del fracking en la extracción de hidrocarburos; prohibición de las semillas transgénicas; recuperación de nuestra política exterior de auto-determinación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de otros países y solución pacífica y negociada de las controversias […]

La suspensión de las rondas y licitaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Impulso a la prospección, extracción y refinación de petróleo, así como a la generación de electricidad, para de esta manera recuperar nuestra soberanía energética […]. Ni una concesión más a las compañías mineras y exigencia de que las que operan cumplan sus compromisos ambientales, sociales y fiscales. […] Reforma laboral favorable a la democratización de los sindicatos […]. Inclusión de los jóvenes […]. Dignificación de la tercera edad mediante pensiones a ocho millones de adultos mayores. Formalización de las conquistas de los pueblos originarios mediante una Ley que regule el derecho a la consulta previa, libre e informada, y una reforma al artículo segundo de la Constitución para que se les reconozca como sujetos de derecho público. […] Y, por sobre todas las cosas la decisión de López Obrador de ponerle punto final a la guerra contra el narco, a la que habrá de sustituir una política de paz y seguridad para los ciudadanos. (pp. 71-72)

Los elementos señalados indicarían un horizonte de recuperación de la capacidad soberana en renglones estratégicos, como la defensa, la energía, los alimentos, el ambiente y el trabajo. Para amplios sectores populares, especialmente los adultos mayores y jóvenes, los programas sociales se han configurado como un dispositivo fundamental para mejorar sus condiciones de existencia. En el mismo sentido, se destacan las políticas laborales y económicas que permiten que el conflicto redistributivo sea un poco más beneficioso para los sectores populares. Estos elementos han generado resistencia en los sectores más reaccionarios del anterior bloque en el poder.

Ahora bien, pese al balance que ante algunos ojos puede ser altamente alentador, también se han problematizado algunos megaproyectos que han despertado la oposición de sectores sociales por razones de orden ambiental, social y cultural. Entre otros, se destacan el Tren Maya, el Corredor Transístmico, la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto internacional de la base de Santa Lucía.

También es ilustrativa la relación conflictiva con el movimiento feminista, pues AMLO aún no logra impulsar una política que recoja con suficiencia las demandas y las propuestas de las colectivas. De igual manera, el gobierno de la 4T ha sido criticado por ciertas comunidades originarias, que han visto vulnerados sus derechos territoriales con el desarrollo de algunos de los mencionados megaproyectos. Entre otros grupos críticos, se encuentran organizaciones de derechos humanos y de busqueda de desaparecidos, para quienes la estrategia del actual gobierno, aunque importante, en constraste con la administración de Peña Nieto, es insuficiente ante la magnitud del problema humanitario que se enfrenta.

Los anteriores elementos han perfilado diversas interpretaciones, aquí queremos recuperar una lectura acompasada elaborada por el grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), liderado por Lucio Óliver, que han dicho lo siguiente:

Podemos caracterizar el proyecto del gobierno de López Obrador como progresista restaurador, modernizador, desarrollista y democratizador del Estado, que busca recuperar la dirección estatal de la política nacional […]. Hay en curso la creación de un bloque dominante en el poder actual que entrelaza varios componentes: un sector de la clase capitalista financiera empresarial transnacionalizada que apoya el nacionalismo desarrollista y ve una ventaja en la regulación de la economía por parte del retorno a un cierto capitalismo de estado (y en aprovechar para su beneficio los vínculos con el presidente); una burocracia política emergente que incluye tecnócratas, políticos históricos, nuevos líderes juveniles, que aspira a presentarse como renovación de la clase general del Estado, que mantiene la representación mayoritaria en las cámaras a partir del partido Morena y sus aliados y cuenta con el apoyo de sectores de trabajadores organizados en algunos sindicatos nacionales que todavía tienen peso e incidencia, una gran masa popular urbana y rural con segmentos amplios relativamente despolitizados que son un sostén del proyecto, en un difícil y disputado proceso de agrupamiento y organización política contradictoria en el partido-movimiento Morena. Ello, con la ausencia significativa de la mayoría de las clases medias e intelectuales cuyos integrantes no se han adherido al proyecto o están en la oposición. En una situación similar se encuentran algunas organizaciones de los pueblos indígenas originarios que han establecido distinta relación con el gobierno. (Óliver, 2023)

El mapa descrito parecería indicar que el sexenio de AMLO ha logrado sentar los cimientos para avanzar en la transformación social. No se trataría simplemente de una lógica gatopardista, como ciertos críticos han indicado, sino del impulso de un conjunto de reformas sociales que permitirían mejorar las condiciones de existencia de las amplias capas populares, democratizar el estado y resituar el proyecto soberano. Ahora bien, es claro que lo avanzado es insuficiente, aún hay mucho camino que recorrer, los sectores dominantes, aunque ya no controlan el poder político en su extensión, siguen siendo factores reales de poder en la definición del patrón de acumulación. De ahí la importancia de la contienda electoral en curso que definirá la continuidad de la cuarta transformación (4T) y que recientemente eligió a Claudia Sheinbaum como la llamada a liderar este proceso.

La Casa Común de la Argentina: límites e incumplimiento del proyecto del Frente de Todos (2019-2023)

La coalición Frente de Todos (FdT), que articula a las fuerzas sociales y políticas lideradas principalmente por Cristina Fernández de Kichner, Sergio Massa y el propio Alberto Fernández —junto con otros partidos políticos, centrales sindicales y procesos sociales organizativos—, ganó las elecciones presidenciales en octubre de 2019 con una votación de casi 13 millones de votos (48%), tal y como lo destacan Martín Amil, Damián Corral y Joaquín Foresti:

La constitución del Frente de Todos (FDT) reflejó la culminación de un largo proceso de acercamiento y articulación de diferentes sectores del peronismo que habían estado distanciados durante el tramo final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y al inicio de la presidencia de la alianza Cambiemos. (2022, p. 74)

El FdT también refleja la disputa no resuelta entre progresismos y derechas que se vive en la región desde hace un lustro y que justamente representó, después de un largo período de hegemonía kichnerista,⁶ el triunfo de Mauricio Macri a través de la coalición de Cambiemos.

El gobierno de Macri remplazó el proyecto neodesarrollista del capitalismo serio, inaugurado por Néstor Kichner,⁷ por uno que profundizó la ortodoxia neoliberal.⁸ De ahí el desmonte de los programas sociales que generaban condiciones un poco más favorables en el conflicto redistributivo, el ajuste y el embargo económico a través del acuerdo alcanzado con el FMI en el 2018⁹ y el incremento de la represión estatal contra la protesta en una medida clara de disciplinamiento de la clase obrera.¹⁰

El desastroso balance del gobierno de Macri fue el eje sobre el que Alberto Fernández construyó su campaña:

Es tiempo de unir a todas las argentinas y argentinos para poder enfrentar juntos las complejidades de una crisis estructural. Creciente pobreza; destrucción y precarización del mercado de trabajo; marcada caída del poder de compra de salarios en un contexto de aceleramiento inflacionario; esquema tarifario que desconfiguró la economía; políticas de ajuste impuestas sobre el Estado; y endeudamiento externo que condiciona el accionar de una futura administración gubernamental, son solo algunas de las características del presente de nuestro país. (Partido Justicialista de Mendoza, 2019)

De ahí que el triunfo de Fernández se explique más por la crítica al Macrismo que por la existencia misma de un proyecto político para resolverla.

El plan de gobierno del FdT se estructuró en torno a diesciseis ejes: 1) Estado; 2) desarrollo económico; 3) desarrollo social; 4) personas mayores, jubiladas y jubilados; 5) educación; 6) dalud; 7) ciencia, tecnología e innovación; 8) ambiente y desarrollo sustentable; 9) justicia; 10) seguridad; 11) derechos humanos; 12) equidad de género; 13) transparencia; 14) cultura y comunicación; 15) política exterior e integración latinoamericana; 16) defensa. En cada uno de estos se describe la magnitud del problema, pero no se presenta con claridad un horizonte programático para la transformación.

La carencia de horizontes transformadores se puede explicar por el propósito central que perseguiría el gobierno del FdT: estabilizar el régimen de acumulación y dominación a través de resituar, bajo un ropaje más moderado, la estrategia neodesarrollista impulsada durante la hegemonía kichnerista. Esto es, aliviar la crisis, recomponiendo el pacto de clases y resituando al Estado como campo ordenador del proceso.¹¹

Para avanzar en esta dirección, propone, entre otros, 4 ejes de acción.

1. Programa macroeconómico para la generación de excedente. Se propone un “programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garantizar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de deuda externa” (Partido Justicialista de Mendoza, 2019).

2. Clúster del crecimiento. Se impulsaría e incentivaría el desarrollo industrial (industrialización de la minería y del agro), mineroenergético (vaca muerta y litio) y agroindustrial (soya).

3. Política Social. Impulso de un conjunto de programas sociales asistenciales, con énfasis en la infancia, las juventudes y los adultos mayores, que permita aliviar el deterioro de sus condiciones de existencia.

4. Seguridad y defensa. Cambio en la estrategia de seguridad por un enfoque más humano y respetuoso de los Derechos humanos, el cual, en todo caso, se articularía con una política de defensa que propenda por “un modelo de Fuerzas Armadas compactas y ágiles, profesionalizadas, tecnológicamente actualizadas, y sustentables logística y presupuestariamente” (Partido Justicialista de Mendoza, 2019).

5. Deuda y acuerdo FMI. De manera especial, se destaca el compromiso de revisión de acuerdos con los acreedores para garantizar un manejo de la deuda que no castigue la inversión hacia los sectores propulares. Situación que fundamentalmente hace referencia al acuerdo firmado por Macri con el FMI en el 2018.¹²

Ad portas de culminar el cuatrienio de Fernández, el balance resulta desalentador. El gobierno no logró revertir las condiciones de precarización social que golpeaban a millones de famiias en la Argentina. La política social terminó reducida a un conjunto de iniciativas asistencialistas¹³ y el programa macroeconómico favoreció fundamentalemente a los dueños del gran capital.¹⁴

Entre las políticas organizadoras de su gobierno se destacan las siguientes:

1. Control de la inflación. Uno de los problemas más acuciantes de su gobierno esta referido a los elevados niveles de inflación y al consecuente deterioro de los salarios de la clase trabajadora. De ahí que entre las medidas se encuentran los esquemas de control del tipo de cambio, el congelamiento de las tarifas y el control de los precios.

2. Abaratamiento del crédito. En una apuesta por aliviar el endeudamiento de las familias y de las PYMES, y de este modo incentivar el consumo y la producción, se impulsaron medidas de reducción de las tasas de interés que permitieron el abataramiento del crédito.

El enfásis en estas dos medidas ha sido valorado como una expresión de los acomodamientos en el interior del bloque de poder:

Este retraso de las tarifas y las tasas de interés señaló un principio de reversión de los precios relativos vigentes durante el gobierno de Cambiemos, lo que expresa cierto cambio en las prioridades al interior del bloque dominante, dando mayor lugar a fracciones vinculadas a la producción en detrimento de las ligadas al negocio financiero y la prestación de servicios. El presidente se reunió públicamente con grandes empresarios, inaugurando plantas de producción, dándoles un lugar relevante en su estrategia de comunicación. (Cantamutto y Schorr, 2022, p. 75)

También, se destacan una serie de beneficios e incentivos económicos (tipos de cambio favorables) para los sectores vinculados al eje primario exportador, a saber, el mineroenergético (vaca muerta, litio y oro) y los agroindustriales (sojeros, principalmente).

Quizá la acción política que núcleo la segunda mitad del período de gobierno de Alberto Fernández está referida a las negociaciones con el FMI y al plan de estabilización firmado en febrero de 2022. Pese a las dificiles condiciones, profundizadas con la pandemia, que atravesaban millones de hogares en la Argentina, Fernández entró en una negociación sin proponer un alivio de la deuda y unas nuevas condiciones para su abordaje. Al decir de varios analistas, se trató más de un acuerdo para la extensión de los plazos de devolución (Katz, 2022a).

El acuerdo alcanzado fue ampliamente rechazado.¹⁵ Desde distintos frentes se denunció la estafa y la condena a la que se había sometido al pueblo argentino, pues, bajo esas condiciones, se trataba de una deuda impagable que claramente afectaría las condiciones de existencia de los sectores populares:

Como todo plan de ajuste en tiempos de alta inflación —y en Argentina tenemos mucha experiencia sobre eso—, la premisa fundamental es reducir el déficit fiscal primario y por lo tanto, reducir también la emisión monetaria, que por otra parte son dos de las pautas impuestas en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, el eje central de eso tiene que ver con el gasto público y dentro del gasto público más del 60% corresponde a jubilaciones, pensiones y la AUH, entonces eso es lo primero que se está viendo. La segunda cuestión son los salarios públicos y las universidades nacionales. El tercer punto son las transferencias a las provincias […]. Pero digamos, dentro de esto está todo el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno nacional para ubicarse dentro de las pautas que impone el acuerdo con el FMI […]. Incluso podría ser que la pauta de llevar el déficit primario al 2,5 se vaya a sobrecumplir, o sea, van a reducir más de lo que está establecido en el acuerdo, entre otras cosas porque el proceso inflacionario está haciendo su trabajo licuando los gastos del estado. (Contrahegemonía, 2022)

El acuerdo con el FMI y la crisis de gobierno generada condujo al ascenso del superministro Massa (hoy candidato presidencial). quien impulsó una agenda que reforzó la austeridad:

La batalla democrática en curso coexiste con un brutal recorte de los ingresos populares, implementado por el gobierno y monitoreado por el FMI. Desde el desembarco de Massa, ese ajuste se procesa a un paso redoblado. Ya sancionó una poda de 128.000 millones de pesos del presupuesto de vivienda, educación y salud, congeló los ingresos al estado, licúa las jubilaciones, achica los planes sociales y en vez de auditar la deuda externa inspecciona las cooperativas. Massa efectiviza la cirugía que pospusieron Guzmán y Batakis. Puso en marcha un tarifazo que es la antítesis de la redistribución de ingresos, reavivó el negocio especulativo de la deuda pública en pesos y sin definir una devaluación en regla, ya empujó la inflación cerca de los tres dígitos. Hay una tremenda pérdida del salario, mientras toda la recuperación económica del 2021 fue embolsada por los capitalistas. Las ganancias récord de las grandes empresas contrastan con el millón de niños que debió renunciar a la ingestión de una comida. (Katz, 2022b).

Así las cosas, el mapa que deja Fernández es desolador: alza de precios, crecimiento del empleo informal, deterioro del sistema de bienestar, prolongación de la pérdida de soberanía económica, reprimarización, despojo de tierras para el despliegue de los megaproyectos mineroenergéticos, entre otros asuntos. Como lo advirtió desde su inicio, fue un gobierno descafeinado en su progresismo y mucho más moderado que sus antecesores kichneristas.

Este escenario configuró un mapa político complejo y un escenario electoral riesgoso. Los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto advierten sobre el afianzamiento de la derecha más reaccionara (30% a Milei, de La Libertad Avanza; 17% a Patricia Bullrich y 11% a Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio; 21% a Sergio Massa y 6% a Juan Grabois, de la Unión por la Patria). La lectura elaborada por Julio Gambina (2023) de estos resultados electorales indican que esto podría indicar una ruptura del esquema que ha acompañado a todos los gobiernos constitucionales posdictadura y es el rechazo y la condena a la dictadura. Las declaraciones de la fórmula vicepresidencial de Milei y de la misma Bulrich son indicativas de estas cuestiones.

Así las cosas, un progresismo de segunda generación, con mucho menos iniciativa política y con una negociación por lo bajo con los sectores dominantes, es en buena parte responsable del dificil momento que atraviesa la Argentina.

Colombia potencia mundial de la vida y el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026)

El 19 de junio de 2022, el Pacto Histórico ganó las elecciones de la segunda vuelta presidencial con una votación de 11.291.986 (51%). Esta coalición se conformó por diferentes fuerzas políticas y sociales, entre las que se destacan la Colombia Humana (cuyo líder natural es Gustavo Petro), Soy Porque Somos (que recoge luchas que representa Francia Márquez), el Congreso de los Pueblos (que articula diversos procesos populares), el Polo Democrático Alternativo (partido político de vertientes liberales-democráticas y algunas de izquierda), el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Esta es una variopinta coalición de fuerzas democráticas que abrigaba sectores de izquierda, especialmente los que participan del movimiento popular; de fuerzas de centro, vinculadas con algunos partidos políticos, y de fuerzas liberales afines a un ajuste heterodoxo al neoliberalismo y que se recogen en el denominado santismo.

Se han elaborado diversas interpretaciones sobre el significado del triunfo del primer gobierno progresista en la historia política reciente de Colombia. Entre las lecturas, se destaca la ruptura que este representa frente al neoliberalismo en armas que había signado las dos primeras décadas del siglo XXI y la generación de condiciones para transitar de modo efectivo hacia la construcción de un nuevo orden social:

El triunfo de la fórmula Gustavo Petro–Francia Márquez en la elección presidencial representa un hito en la historia de las contiendas electorales que se han celebrado en Colombia. […] Su importancia es indiscutible si se considera que se quiebra el dominio secular impuesto por los partidos políticos de las clases dominantes en el imperante régimen de democracia de excepción; asimismo si se tienen en cuenta las implicaciones sobre las configuraciones geopolíticas de Nuestra América. Más allá de los evidentes límites que posee el proyecto político progresista social-liberal del Pacto Histórico, desde el punto de vista cultural se está frente a la posibilidad de consolidar una línea de continuidad hacia el cambio político, inaugurada con la firma del Acuerdo de paz celebrado con las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, y expresada luego con mayor profundidad -dados sus alcances antisistémicos- en la rebelión social de los meses posteriores al paro del 28A de 2021. (Estrada, 2022, p. 11)

En el mismo sentido, se han propuesto una serie de elementos de análisis que permiten entender los factores explicativos del triunfo, entre los cuales se resaltan los siguientes: 1) la crisis social, profundizada por la pandemia, que se expresaba en el deterioro y precarización de las condiciones de existencia de millones de familias colombianas y en un gobierno de derecha incapaz de asumir una agenda social para su resolución; 2) un proceso de rebeldía social que se había gestado durante la última década, pero con expresiones muy significativas en el último lustro con el paro nacional de 2019, con las protestas juveniles en contra de la violencia policial en 2020 y finalmente con el denominado estallido social de abril de 2021; 3) la firma del acuerdo final de paz de 2016, que, si bien había sido sujeto de un sistemático incumplimiento, desató una importante comprensión social sobre el significado de la guerra, sus responsables y la posibilidad de transitar hacia una sociedad en paz.

La alegría colectiva por el triunfo del Pacto se reflejó con masividad el día de la posesión presidencial. Este acto estuvo signado por una serie de simbolismos, quizá el más significativo fue el referido a la primera orden presidencial “que traigan la espada de Bolívar”, como expresión de la apertura de la segunda independencia nacional. En su discurso, el presidente destacó cinco ejes que permitirían volver a Colombia una potencia mundial de la vida: 1) la paz total y el fin del conflicto armado; 2) la política contra las drogas: el paso de la guerra a la prevención; 3) una justicia social e igualdad de género; 4) el cambio climático, la transición energética y la integración latinoamericana; 5) el desarrollo de la industria nacional a través de la sociedad del conocimiento y la tecnología. En síntesis, en palabras el mismo Gustavo Petro, se trataría de construir “un capitalismo democrático, productivo y no especulador”.

Transcurrido un poco más de un año de su gobierno se advierten distintos asuntos, como la formulación de políticas públicas que son estratégicas para la materialización de su mandato; las rigideces, lentitudes e improvisaciones institucionales para el despliegue de ciertas acciones; las reticencias de las clases económicas dominantes para el despliegue de un conjunto de reformas que generen condiciones mínimas para una vida en democracia; entre otros asuntos.

Un mapeo general de las políticas más destacadas nos arroja un caleidoscopio de estilos:

1. Reforma Tributaria. Pese a los recortes sufridos en el Congreso de la República, esta permite avanzar en ciertos componentes de progresividad y de justicia tributaria, pues aumenta, aunque moderadamente, la tributación a las personas naturales con más capital. Entre las críticas más relevantes se encuentran: una baja tributación del margen de ganancias de las multinacionales del sector de hidrocarburos, la no afectación del patrimonio de las personas jurídicas y el mantenimiento de algunas exenciones tributarias (Libreros, 2022).

2. Paz Total. Desde el inicio de su mandato, Petro ha manifestado que entre los propósitos centrales de su gobierno es alcanzar la paz total. Para avanzar en este camino, se promulgó la Ley de Paz Total (2272 de 2022) y el Plan Nacional de Desarrollo. Estos instrumentos normativos recogen, entre otros, tres asuntos: 1) cumplimiento del acuerdo final de paz (AFP) firmado con las FARC-EP; 2) negociación con insurgencias, destacándose la mesa de negociaciones con el ELN y las exploraciones con las disidencias y con la segunda Marquetalia; y 3) conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (Jiménez, 2023b). Pese a la importancia de estos asuntos, los avances son escasos. Recientemente, se conoció la hoja de ruta para reorientar la implementación del AFP, pero sin el alcance que reclama este proceso. La única negociación que avanza tímidamente es la del ELN, los acercamientos con grupos paramilitares como el Clan del Golfo han sido funestos y las negociaciones con el Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC comandadas por Iván Mordisco, se opacan ante los ataques que estas han proferido contra firmantes del acuerdo de paz.

3. Reforma agraria. Se destacan avances significativos, como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la consagración del derecho a la alimentación, la creación de la jurisdicción agraria, las garantías para la movilización campesina, las medidas para la compra de tierras a los hacendatarios y la titulación al campesinado y los avances en el catastro multipropósito. Aunque estos elementos son importantes, han resultado tímidos si la pretensión es revertir el elevado nivel de concentración de la tierra del país y quebrar el poder político y económico de la clase terrateniente. De ahí que, hasta el momento, resulta en una reforma concertada, la expresión clara de la conciliación de clases.

4. Reforma a la salud. Esta quizá ha sido la política más disruptiva frente a los poderes económicos por su amplio alcance social y democratizador. Esta pretendía recuperar la salud como derecho y en consecuencia desmercantilizar su prestación y avanzar en un horizonte de justicia territorial frente a su acceso. La férrea oposición de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) (empresas del sector financiero) y su capacidad de injerencia en el Congreso condujo a su hundimiento. El gobierno ha insistido en que mantendrá la iniciativa en las próximas legislaturas.

5. Plan Nacional de Desarrollo. La ley del plan situó pilares importantes como ejes de navegación del actual gobierno, estos son: 1) el ordenamiento territorial alrededor del agua; 2) la seguridad humana y la justicia social; 3) el derecho humano a la alimentación; 4) la transformación productiva, la internacionalización y la acción climática; 5) la convergencia regional. Estos elementos indican una lectura multidimensional sobre el territorio y los principales problemas que aquejan a la sociedad colombiana y el horizonte democratizador que la acompaña. No obstante las precisiones gubernamentales referidas al mantenimiento de una política fiscal ajustada a la regla fiscal maniata la capacidad de financiación de la agenda propuesta.

6. Reforma pensional. La propuesta, que mantiene a la fecha su curso en el Congreso, sugiere unas bases de solidaridad social, al proponer un ingreso pensional mínimo para todas las personas en edad de jubilación, especialmente las de los sectores populares que no lograron cotizar durante su vida laboral informal. Ahora bien, entre los elementos críticos, se destaca el rescate que de facto representa a los fondos de pensiones privados.

7. Reforma laboral. Pese a su hundimiento en la pasada legislatura, cursa de nuevo una iniciativa en el Congreso de la República, y busca generar condiciones para la formalización, garantías de estabilidad laboral, armonización con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros asuntos. Esta ha sido ampliamente criticada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

8. Transición energética y el capitalismo verde. Petro ha insistido en la necesidad de limitar el uso y exploración de combustibles fósiles para mover la economía. Para esto, ha participado de la discusión sobre la descarbonización y la promoción de energías alternativas. Ahora bien, en sus planteamientos no ha logrado elaborar una crítica robusta al capitalismo verde, que encuentra en la transición un emergente y boyante renglón económico (Jiménez, 2023b).

9. Educación como derecho fundamental y la reforma de la ley 30. El Ministerio de Educación Nacional ha propuesto una reforma en los siguientes términos: 1) garantizar el derecho fundamental a la educación, especialmente en la educación superior; 2) ampliaciones presupuestales para resolver las crisis financieras de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUS); 3) aumento del porcentaje destinado a bienestar de las comunidades educativas; 4) respeto a la autonomía universitaria, entre otros asuntos. Pese a la centralidad de estos elementos, las propuestas carecen de idearios y herramientas efectivas que permitan situar el lugar de la educación en la materialización del proyecto de nación impulsado por el actual gobierno.

10. Apertura de las relaciones exteriores y una agenda amplia de la política exterior. El presidente ha situado asuntos centrales en sus diferentes intervenciones internacionales, de manera especial se destaca la lucha contra el cambio climático (cambio de deuda por acción climática), la necesidad de avanzar hacia una transición energética y el cambio del paradigma de la guerra contra las drogas. También se destaca la reactivación de las relaciones con Venezuela y Cuba, pero, a su vez, el mantenimiento de las buenas relaciones con EE. UU., especialmente en el campo de la seguridad; los diálogos y los acuerdos con el comando sur son ilustrativos de estas cuestiones.

Esta agenda de reformas intenta lograr un equilibrio inestable entre clase trabajadora y los propietarios del capital. De este modo, pretende alivianar las condiciones de precarización que padecen millones de familias colombianas, sin poner en cuestión las condiciones ordenadoras de la concentración de la riqueza en Colombia. De ahí que, pese a la elaboración crítica que tiene el mandatario sobre el orden social capitalista, sostenga la necesidad de su desarrollo en perspectiva de su democratización.

Esta estrategia parecería indicar una lectura gubernamental sobre los límites que debe sortear para garantizar la gobernabilidad, pero, a la vez, destaca la necesidad de avanzar lo más ampliamente en un proyecto reformista que permita dar cumplimiento, aunque parcial, a su apuesta programática. De esta manera, Petro parecería estar atrapado en el pacto de clases que, al decir de algunos, permitió su triunfo electoral.¹⁶

Para el presidente Gustavo Petro, más que atrapado o un entrampamiento, las dificultades se explicarían en dos asuntos nucleares, a saber, los factores reales de poder y la debilidad del movimiento popular:

El poder todavía lo tienen otros. […] Los estados han sido vaciados de poder, y hay poderes de facto, muchísimos más grandes que el estado mismo […]. El congreso es un condensador, no es el espacio único, es el espacio que al final resuelve a través de la ley, pero antes la sociedad tiene que coserse un acuerdo, si eso se hace el congreso responde, si eso no se hace el congreso se divide, lo que me preocupa a mi no es tanto el congreso, sino si hay una disposición en la sociedad para hacer un acuerdo nacional y aquí en este año que ha pasado he tenido mis dudas porque dentro de la sociedad están los factores de poder, que son de facto, no son elegidos, ellos tienen una manera de comportarse en el país […]. Se necesita una sociedad más viva, hay un reflujo, esperemos que el gobierno haga y nosotros nos quedamos en la casa, pero así no es posible hacer un cambio […]. Se necesita el pueblo, ese es el protagonista que tiene que aparecer. (Duzán, 2023)

Esta lógica dicotómica, si bien permite situar a dos fuerzas estratégicas del proceso del cambio, también hace necesario elaborar una lectura que permita identificar las debilidades mismas del actual gobierno. Los desaciertos son importantes: la falta de una narrativa que potencie la movilización popular, la ausencia de estrategia para recuperar las soberanías (energética, monetaria, alimentaria, tecnológico-científica, militar), las prácticas clientelares de los gabinetes y la designación en altos cargos de personas con desconocimiento de los procesos, la improvisación en ciertas carteras, el cuidado por el pacto de clases que ha conducido a abrirle importantes espacios a fuerzas ajenas al horizonte político, entre otros asuntos, explican también los sinsabores que deja este año de gobierno (Jiménez, 2023b).

Progresismos de segunda generación: tensiones entre el gatopardismo y un horizonte transformador

El 11 de septiembre de 2023, se conmemoraron los cincuenta años del golpe militar que puso fin al gobierno democrático-socialista de la Unidad Popular en Chile. La dictadura cívico militar liderada por Augusto Pinochet persiguió la “refundación del orden” bajo el nuevo ropaje del neoliberalismo. De esta manera, y soportados en el ejercicio puro de la violencia, se inauguro una nueva fase en la región que implicó la destrucción del movimiento obrero y popular y la instauración de un nuevo modo de acumulación y dominación capitalista (Encina, 2023).

Los derroteros sufridos por nuestra América durante estas cinco décadas son dolorosos. Las dictaduras y los gobiernos cívico-militares instalaron una doctrina de terrorismo de Estado que implicó la criminalización de cualquier expresión de rebelión social y la producción de un orden que impulsó la lógica individualista, la destrucción de lo social y la transformación de los ciudadanos en consumidores, rompiendo con lógicas de solidaridad y del cuidado de lo común.

Justamente, las rebeliones de principios de este siglo, así como las más recientes del último lustro, han puesto en cuestión, aunque con límites, esta forma de organización de la vida. Los progresismos que emergieron de la mano de estas luchas tenían entre sus haberes abrir un nuevo momento político que impulsara un conjunto de transformaciones que hicieran posible el fin del neoliberalismo.

Sin embargo, diferentes estudios develan los limites transformadores de estas experiencias políticas. Los progresismos de primera generación, aunque con diferencias en su interior, si bien impulsaron una agenda social a toda luz inaplazable ante el desasociego de millones de familias, no lograron sostenerla y romper la lógica asistencial que la acompaña. Las dificultades para impulsar transformaciones antineoliberales limitaron el alcance de sus políticas. De ahí los retrocesos en momentos de crisis y la vuelta de la derecha a varios gobiernos de la región.

El último lustro, tal como lo hemos advertido a lo largo de este escrito, abrió un nuevo momento progresista en la región. En distintos países o bien se asisitió por primera vez al triunfo de estos proyectos o se logró su regreso, después de un período gubernamental de la derecha.

Aún son escasas las valoraciones construidas sobre este denominado segundo ciclo, esto se explica, entre otras razones porque es un proceso en curso. Existe bibliografía importante para estudiar de modo individual las experiencias de México y Argentina y en menor medida del gobierno de Luis Arce en Bolivia. Los estudios sobre los gobiernos de Boric (Chile), Castillo (Perú), Petro (Colombia) y Lula (Brasil) apenas están empezando a emerger, con las precauciones que tiene proponer caracterizaciones generales de gobiernos que están en sus inicios.

Pese a lo anterior, es posible ir hilvanando ciertos elementos que advierten sobre sus trayectorias y desafíos. Las miradas generales propuestas en este texto nos indican lo siguiente:

1. Coaliaciones variopintas. Los gobiernos de la segunda oleada han ganado la contienda electoral apoyados en coaliciones muy variopintas, que en términos ideológicos implican ciertas tensiones para definir un horizonte político. El alcance de esas tensiones se determina según el peso de la fuerza política de las entrañas del candidato electo. En México, la preeminencia de Morena posibilita que su agenda programática sea asumida de manera hegemónica por las otras fuerzas que acompañan, esto no implica que sean ajenas a negociaciones en asuntos puntuales. En el caso colombiano, la negociación es más compleja y la presencia, aunque en la sombra, de fuerzas santistas limitan el horizonte político de trasnformación. Y, finalmente, en la Argentina es posible afirmar que, aunque las tres grandes fuerzas que constitutuyen el FdT coinciden en la contención de cambiemos y en la restitución de un orden burgués un poco más democrático, tienen matices en los estilos y en el alcance del proceso.

2. Triunfos electorales en contextos de crisis hegemónica. Estas tres experiencias emergen en contextos de crisis hegemónica. En los casos de México y de Colombia, la crisis hace referencia a la ruptura entre las fracciones del bloque neoliberal en el poder. En el proceso argentino, se refieeren a la posibilidad de restituir la hegemonía kichnerista con nuevos matices. Estas crisis encajan con la profundización de la crisis del capitalismo mundial.

3. Poder de estado y agendas programáticas con un horizonte trasnformador. Las tres agendas programáticas sitúan, aunque con alcances diferenciados, la centralidad del Estado para impulsar el proceso político de cambio. Si bien el caso mexicano es el más significativo, pues instala desde el inicio la narrativa de lo nacional-popular y un Estado voyante para materializar la cuarta transformación, en Colombia la realización de la potencia mundial de la vida pasaría por una nueva relación del estado con los sectores populares. Estas dos propuestas plantean un horizonte político de transformación frente al orden social vigente. La experiencia argentina es mucho más limitada en su alcance programático, de ahí que su narrativa se centre más en contener y resolver el desastre que dejó Cambiemos que en indicar las bases de un nuevo proyecto de nación.

4. Políticas públicas: entre el gatopardismo y los cimientos de la transformación. Los lineamientos de la agenda programática advertían el alcance trasnformador o el espíritu gatopardista que signarían las políticas de estos gobiernos. Aunque finalizando el 2023 aún no han culminado los períodos gubernamentales de Andrés Manuel López Obrador y de Alberto Fernández, y el de Gustavo Petro lleva tan solo un poco más de un año de ejercicio, es posible indicar ciertos asuntos. En el caso de la 4T, diferentes académicos coinciden en el alcance transformador de su gobierno, destacan reformas significativas en la conducción del estado, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora y en el golpe a ciertos ejes del neoliberalismo mexicano. Por su parte, el gobierno del Frente de Todos ha sido ampliamente criticado: connotadas voces han problematizado su incapacidad para resolver los asuntos más sensibles que aquejan a los sectores populares y han denunciado el embargo al que sometió al país con el FMI. Finalmente, en el caso del gobierno del Pacto Histórico se advierten las ambivalencias de su agenda política, con reformas que buscan golpear el modelo, entre las que se destacan la de la salud y el horizonte de paz total, y otras que dan un margen de sostenibilidad a las elites económicas, con reformas como la pensional, moviéndose entre el gatopardismo y la transformación.

Estos asuntos muestran la complejidad de los tiempos vividos, en todo caso ante la magnitud de la crisis padecida, en los que se reclama un amplio debate y una movilización de pensamiento y de fuerzas sociales y políticas que les demande a los gobiernos progresistas de esta segunda ola el impulso de los cambios requeridos. Al respecto, es ilustrativa la lectura propuesta por el expresidente boliviano Álvaro García Linera:

El nuevo progresismo afronta no solo las consecuencias sociales del gran encierro planetario que 2020 desplomó la economía mundial sino, en medio de ello, el agotamiento de las reformas progresistas de primera generación. Esto conlleva una situación paradojal de unos liderazgos progresistas para una gestión de rutina en tiempos de crisis económicas, médicas y sociales extraordinarias. Pero, además, globalmente se está en momentos de horizontes minimalistas o estancados: ni el neoliberalismo en su versión autoritaria logra superar sus contradicciones para irradiarse nuevamente ni los diversos progresismos logran consolidarse hegemónicamente. Esto hace prever un tiempo caótico de victorias y derrotas temporales de cada una de estas u otras opciones. Sin embargo, la sociedad no puede vivir indefinidamente en la indefinición de horizontes predictivos duraderos. Más pronto que tarde, de una u otra manera, las sociedades apostarán por una salida, la que sea. Y para que el porvenir no sea el desastre o un oscurantismo planetario con clases medias rezando por orden a la puerta de los cuarteles como en Bolivia, el progresismo debe apostar a producir un nuevo programa de reformas de segunda generación que, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, propugne una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos. Pero, además, con ello, ayudar a impulsar un nuevo momento histórico de reforma moral e intelectual de lo nacional-popular, de hegemonía cultural y movilización colectiva, hoy ausentes, sin los cuales es imposible imaginar triunfos políticos duraderos. (García, 2021)

Los desafíos son enormes, pero las necesidades son apremiantes. Así pues, esta entrada a la tercera década del siglo XXI, la crisis mundial que se vive y el grito por el “Nunca más” que los y las chilenas corearon en la conmemoración de los cincuenta años del golpe nos ubican en un momento político que reclama la vitalidad de las luchas sociales y de la movilización de las ideas.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica.

¹ Posiciones heterodoxas, recogidas en el Foro Económico Mundial de Dávos de 2023, “advierten sobre la ‘policrisis’ que enfrenta el mundo y los distintos riesgos globales que de esta se desprende. Las respuestas para gestionar la policrisis serían: un papel activo de los bancos centrales para la estabilización de los precios y el manejo de la deuda; el estimulo a la competencia de las tecnologías de energía renovable; promoción de la transición digital; estímulos fiscales para la inversión en las áreas de IA y descarbonización; aceleración de los subsidios a las empresas privadas que desarrollen la industria del hidrogeno, semiconductores, paneles solares, energía nuclear y renovables, entre otros asuntos” (Jiménez, 2023a)

² Este texto se terminó de escribir en septiembre de 2023. De ahí que a la fecha de su publicación ciertos asuntos que aquí solo se enuncian ya tendrán desarrollos mucho más precisos, en especial lo referido al cierre de los gobiernos de México y Argentina y los desenlaces electorales; así como el desarrollo legislativo de ciertos proyectos de ley que se discuten actualmente en el Congreso de la República de Colombia.

3 Jaime Osorio (2018) problematiza ciertas interpretaciones que promulgan el fin del Estado o la pérdida de la capacidad organizadora de la sociedad: “Es común señalar que nos encontramos en un periodo de crisis estatal, y se han multiplicado las nociones que buscan dar cuenta de dicha crisis: ‘fragmentación’ o ‘desintegración’ del Estado (Roux, 2010), ‘disolución’ del Estado (Ávalos, 2010), a la que este agrega recientemente la de ‘crisis de la estatalidad’, como resultado del quiebre del principio del Estado Leviatán y del Estado Res pública (Ávalos, 2015a, pp. 237- 238), lo que pondría en discusión la autoridad del Estado, y su capacidad de expresión de las decisiones ciudadanas, en una vuelta de tuerca a la supuesta capacidad estatal de expresar esas decisiones. En el seno del capitalismo no es posible que la vida en común se pueda desarrollar sin Estado. […] Simplemente poner de manifiesto que las nociones empleadas, como ‘fragmentación’ del Estado, y peor aún, ‘disolución’ del Estado, conducen a serios equívocos teóricos y políticos. […] El Estado capitalista es un poder altamente centralizado, lo que impide que se le pueda destruir y reemplazar por partes por un nuevo poder. Por otro lado los Estados capitalistas no se ‘disuelven’. De esta forma serían innecesarias las revoluciones. Por ello es que su fin pasa justamente por la destrucción de sus relaciones, en procesos de revolución” (p. 78).

⁴ “En 2018, Andrés Manuel López Obrador participó por tercera ocasión en un proceso electoral para ganar la presidencia; esta vez, como candidato de la coalición JHH, manteniendo una postura moderada, y colocando el combate a la corrupción como columna vertebral de su programa. A su candidatura se unieron empresarios y políticos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, en menor medida, al Partido Acción Nacional (PAN). López Obrador presentó, asimismo, una propuesta de gabinete moderado. […] Con la integración de este gabinete se lanzaron mensajes a los grupos de poder con la intención de apaciguar las inquietudes de los grandes capitales y de la clase política tradicional. La razón por la que López Obrador dio a conocer la lista de personas que lo integrarían fue justamente para generar confianza entre los distintos grupos sociales, objetivo que logró.” (Bolívar, 2019, pp. 62, 71). En todo caso, es importante señalar que también se sumaron distintos movimientos sociales y organizaciones populares que buscaron que algunos elementos de sus agendas fueran incorporados al proyecto alternativo de nación; entre otros se destacan el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Esta articulación tan variopinta da cuenta de la complejidad que acompañaría al naciente gobierno.

⁵ Sigla utilizada por Batres (2017) para hacer referencia a la unión no declarada de los dos partidos tradicionales de México: el PRI y el PAN.

⁶ Es importante destacar, siguiendo lo planteado por Bonnet, que el “kirchnerismo consiste en que expresa el ciclo de ascenso de las luchas sociales contra el neoliberalismo que se inicia a mediados de la década de los noventa y culmina en la insurrección de masas de fines de 2001, aunque lo expresa en la forma de una restauración del orden burgués” (Varela, 2016, pp. 9-10).

⁷ “Después de la rebelión popular de 2001, llegaron los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) con una propuesta de cambio del rumbo económico en el sentido de retornar a cierto proteccionismo de las industrias locales y de fortalecer el mercado interno. […] Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia anunció que pretendía reconstruir la gobernabilidad política reconstruyendo un ‘capitalismo nacional y serio’” (Rofinelli, 2023).

⁸ Las distancias entre kichnerismo y el macrismo no representan rupturas fundamentales frente al ajuste estructural que se abrió con la dictadura Argentina. Los dos gobiernos mantienen el modelo que dio origen y que consolidó el capitalismo trasnacional y financiarizado, claro está que con acentos progresistas o reaccionarios, lo cual no resulta un rasgo menor para los sectores populares y democráticos.

⁹ Christine Lagarde, directora del FMI para la firma del acuerdo, lo caracterizó en los siguientes términos: “Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han alcanzado un acuerdo sobre un Acuerdo Stand-By de 36 meses que asciende a USD 50.000 millones […]. El plan económico del gobierno gira en torno a un reequilibramiento de la posición fiscal. Avalamos plenamente esa prioridad y celebramos la intención de las autoridades de acelerar el ritmo de reducción del déficit del gobierno federal, restableciendo el balance primario para 2020. Esta medida tendrá en última instancia el efecto de reducir las necesidades de financiamiento del gobierno, encauzar la deuda pública por una trayectoria descendente y, como lo ha señalado el Presidente Macri, aliviar una carga que lleva a cuestas Argentina. Asimismo, respaldamos enérgicamente los redoblados esfuerzos por reducir la inflación, que, como sabemos, carcome los cimientos de la prosperidad económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más vulnerables de la sociedad. En ese sentido, avalamos la decisión del banco central de adoptar metas de inflación realistas y significativas, así como su compromiso por mantener un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado” (Lagarde, 2018).

¹⁰ Una de las expresiones más dolorosas de estas prácticas represivas es la muerte de Santiago Maldonado en 2017 en el marco de una acción de protesta, un corte de ruta, por la defensa de las tierras ancestrales del pueblo mapuche, que fue dispersada a la fuerza por la Gendarmería Nacional.

¹¹ Al respecto, es importante mencionar que Alberto Fernández planteó desde el inicio que su gobierno sería uno de conciliación. De ahí que dio amplios espacios de incidencia a la elite económica, incluso a los sectores que acompañaron al Macrismo: “Este punto es relevante no solo en relación con la dinámica política, sino con el diseño del programa económico. En los documentos de propuestas ya se había enfatizado la necesidad de construir mecanismos de diálogo y consenso para elaborar políticas económicas […]. Esta lógica, que se repetiría en diversos temas, permitía al mismo tiempo diluir la responsabilidad del propio presidente en un conjunto más amplio de fuerzas políticas y sociales, y garantizar la posible continuidad de las políticas acordadas. Esto último no solo opera hacia el futuro, tratando de elaborar lo que se suele llamar ‘políticas de Estado’ (como aquellas que continúan con cierta independencia del gobierno de turno), sino hacia el pasado: la inclusión de actores ganadores del esquema previo de políticas dificulta tanto el cambio de rumbo como la reparación siquiera parcial del daño causado por aquel. La imposible promesa de que sea ‘con todos’ supone que nadie pierda, ni siquiera quienes ocasionaron el daño” (Cantamutto y Schorr, 2022, p. 72). Lo anterior explica que el gobierno del FdT no impulsó medidas de redistribución significativas, la única acción, aunque pírrica, que se destaca es que la “contribución extraordinaria” sería pagada por única vez por aquellas personas que detentaran fortunas extremadamente altas.

¹² “Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas, pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente […]. Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina” (Lammertyn, 2019).

¹³ “Dispusimos en marzo el congelamiento de los precios de alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. […] Decretamos la creación del Ingreso Familiar de Emergencia que consistió en tres pagos de $10.000 que alcanzó a más de 9 millones de personas. Nunca en la historia argentina se había creado una política de ese alcance. […] Suspendimos los cortes de los servicios públicos por falta de pago en los segmentos vulnerables de la población” (“El discurso completo de Alberto Fernández”, 2021).

¹⁴ “Todo el informe del CEPA va a marcar eso, que los empresarios están ganando más en este gobierno que en el gobierno anterior. Y esto contrasta fuertemente con la realidad de les trabajadores quienes han perdido en porcentajes muy elevados la capacidad adquisitiva de sus salarios” (Contrahegemonía, 2022).

¹⁵ En el interior de su gobierno, la vicepresidenta Cristina denunció el acuerdo y a varios parlamentarios que se distanciaron del gobierno, esto generó una importante crisis de gobierno.

¹⁶ Al respecto, es ilustrativa la reflexión propuesta por Héctor León Moncayó, quien dice que “para Petro, la gobernabilidad, en cierta forma, no es un medio sino un fin. Da la impresión de que, para el Pacto Histórico, mantenerse en el gobierno, sobrevivir, es ya un triunfo aceptable. No sería, por supuesto, algo que esté fuera de toda racionalidad sino, por el contrario algo fundado en consideraciones valederas. En riesgos verosímiles. En efecto, al problema general del reformismo […] debe agregarse el del golpe de Estado” (Jiménez, 2023c).

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: carolinajimenezm@gmail.com

Información adicional

Cómo citar: Jimenez, C. (2024). Progresimos de segunda generación: entre el gatopardismo y las reformas sociales como cimientos de la transformación. Miradas a los gobiernos de México, Argentina y Colombia. Papel Político, 29.

Descargar