Introducción

La elección de Pedro Castillo como primer presidente peruano de izquierda en 2021, candidato del partido político de orientación marxista Perú Libre, fue una sorpresa para la sociedad en general y para la derecha en particular. Sin embargo, una mirada más detallada al desarrollo de las fuerzas de izquierda en el tercer milenio, los escándalos de corrupción relacionados con los sobornos de Odebrecht (2016-2019), la crisis política de la derecha (2017-2020) y los efectos socioeconómicos del coronavirus (2019-2021) ayudan a comprender la victoria de la izquierda. Su triunfo también demuestra que el impacto políticamente negativo de la lucha armada en los años 1980 y 1990 sobre las fuerzas progresistas electorales ha perdido su influencia.

Para este artículo es importante subrayar que desde la dictadura militar progresista de Juan Velasco (1968-1975) la historia política del Perú, y en definitiva la historia de la izquierda, no siguió, en términos generales, el mismo camino como en otros países de América del Sur. La dictadura militar en el periodo 1968-1980 fue totalmente distinta a las dictaduras militares en Uruguay, Argentina y Bolivia, por ejemplo. Mientras que en la mayoría de los países sudamericanos en los años de 1980 la lucha armada era algo del pasado, en el Perú se la reanudó después de las fallidas luchas guerrilleras de los años de 1960. Además, los combates que fueron organizados por el Partido Comunista del Perú, por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui, comúnmente conocido como el Sendero Luminoso, en el período de 1980-1992, no tuvieron precedentes en ideología y brutalidad.

En la década de 1980, varios países sudamericanos implementaron una orientación política, económica y social neoliberal. El Perú, sin embargo, introdujo durante el primer régimen de Alan García (1985-1990), en representación del partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), políticas económicas heterodoxas. Fue recién con la elección de Alberto Fujimori en 1990 como presidente del Perú que se implementaron duras políticas neoliberales. La “caída” de Fujimori en 2000 y la liberalización de la vida política después de una década de represión política de las fuerzas progresistas bajo el paraguas de la democracia parlamentaria abrieron las posibilidades para un aumento de las actividades políticas de la izquierda.

La mayor participación, abierta y pública, de la izquierda en la vida política resultó casi en la victoria del candidato nacionalista Ollanta Humala en las elecciones presidenciales de 2006. La victoria del aprista García sobre Humala permitió que el modelo neoliberal de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales implementado en los años de 1990 continuara, mientras que la marea rosa en el resto de América Latina había “comenzado”. La victoria electoral de Humala en 2011 demostró una mayor aceptación de las propuestas de la izquierda entre la población, aunque el gobierno nacionalista continuó con el modelo económico neoliberal. Fue justamente con la elección de Castillo en 2021 que el Perú “se alineó” al péndulo político latinoamericano.

En este trabajo argumentamos que Castillo no fue una amenaza para el capital porque careció las bases políticas y sociales para atemorizarlo. Además, el autosabotaje económico y social del expresidente del Perú causó que desde el primer día de su gestión sus propuestas políticas plasmadas en el programa de Perú Libre y en el programa elaborado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no tuvieran ninguna posibilidad de materializarse.

Este artículo está estructurado en siete secciones. En la primera sección, presentamos una caracterización del desarrollo económico en los últimos veinte años. En la sección dos, analizamos la victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2021. Elementos fundamentales en esta sección son el desarrollo de la lucha de clases antes del ascenso de Castillo al poder gubernamental y el efecto del cambio de estrategia política de la izquierda desde los años de 1980. La tercera sección examina los gabinetes de Castillo, la posición de clase de la derecha y las políticas de sabotaje económico. Los motivos de la caída de Castillo forman parte de la sección cuatro y en la sección cinco revisamos las movilizaciones de finales de 2022 y de los primeros meses de 2023, como también el surgimiento de un nuevo movimiento social. En la sexta sección analizamos el regreso de la derecha al poder gubernamental. La séptima sección está dedicada a nuestras conclusiones.

La economía de explotación y de desigualdad

Este artículo parte de la hipótesis de que los países en la periferia del capitalismo mundial están subordinados a los intereses políticos y económicos de los países capitalistas avanzados. Estos países se llaman países capitalistas dependientes.

La posición de los países capitalistas dependientes en los procesos productivos organizados globalmente está determinada por el imperialismo. Estos países forman parte integrante del sistema capitalista mundial “porque se forman dentro del contexto de su expansión” (Bambirra, 1985, p. 9). En última instancia, es el desarrollo capitalista mundial el que determina el desarrollo de los países subdesarrollados.

Los países capitalistas dependientes son producto directo de la opresión, explotación y dominación colonial. Las prácticas imperialistas de los países dominantes impidieron un desarrollo político, económico y social “natural” y “homogéneo” de los países dominados (Baran, 1964, pp. 168, 189). Por lo tanto, un desarrollo capitalista como el que ocurrió en los países capitalistas dominantes actuales era, política, económica y socialmente, imposible. En este sentido, Dos Santos (1986, p. 307) explica que la dependencia es “una situación histórica que configura una cierta estructura de la economía mundial que favorece al desarrollo económico de algunos países en detrimento de otros y que determina las posibilidades de desarrollo de las economías internas, constituyéndolas como realidades económico-sociales”. Según Quijano (2007, p. 16), el modo capitalista de producción “no fue nunca trasladado de manera completa, sistemática y homogénea a las regiones y países sometidos a la dominación”. Lo que pasó fue que las estructuras productivas locales “fueron reorganizadas en función de las necesidades de los dominantes del sistema”. La dominación engendró la dependencia estructural de las sociedades periféricas.

Desde su inserción en la economía mundial a través del imperialismo, hoy llamado globalización, las actuales economías capitalistas dependientes han sido proveedoras de recursos naturales (Dos Santos, 1986, pp. 303-304) y de mano de obra barata para el desarrollo económico de los países dominantes. Esta función en la economía mundial, o el papel de los países dependientes en la división internacional del trabajo, es justamente el producto de la relación de dependencia entre los países capitalistas avanzados y la periferia. Como sostiene Dos Santos,

la dependencia es una característica intrínseca del sistema socioeconómico de los países subdesarrollados. La situación internacional se caracteriza por la existencia de una interdependencia creciente entre las economías nacionales a escala mundial bajo la hegemonía de uno o varios centros dominantes que transforman este desarrollo en acumulación de riqueza y poder para ellos en detrimento de las amplias mayorías mundiales. Esta situación tiene una cara interna en los países dominados. Esta cara interna no es, pues, una consecuencia de factores externos, sino que es su propia manera ─el modo dependiente─ de participar de este proceso de desarrollo de la economía mundial capitalista. La dependencia es, pues, el modo específico de la producción capitalista en nuestros países. Es, también la forma en que se estructuran nuestras sociedades. La dependencia es la situación que condiciona nuestro desarrollo y le da una forma específica en el contexto mundial ─la del desarrollo capitalista dependiente─. ¹ Este desarrollo sigue leyes propias, condicionadas por esta situación, que tenemos que descubrir para poder actuar conscientemente sobre nuestra realidad. (1978, p. 49; cursivas propias)

El papel de la periferia en la división internacional del trabajo explica el carácter estructural de la relación de dependencia. La dependencia se fundamenta en la división internacional del trabajo que permite, en términos generales, el desarrollo industrial de algunos países y limita el mismo desarrollo para otros. Estos últimos países están subyugados por las condiciones de crecimiento inducidas por los centros de dominación mundial (Dos Santos, 1986, p. 305). Por tanto, la dependencia es “una situación condicionante”. Esto significa que el desarrollo económico de un determinado grupo de países está “condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía”. Los países condicionados solo pueden expandirse como reflejo de la expansión de los países que condicionan esta expansión. La expansión misma, “puede actuar positiva y/o negativamente sobre su desarrollo inmediato”. Los países condicionados no pueden crecer por sí solos (Dos Santos, 1986, p. 305).

La economía peruana depende para su crecimiento de la exportación de sus recursos naturales, principalmente de productos mineros, y de la inversión extranjera directa (IED) en los sectores extractivos del país. Los aumentos y las reducciones de precios de commodities del Perú en los mercados internacionales y la evolución de la demanda china de los recursos minerales del país deciden sobre el crecimiento económico, la desaceleración económica e incluso el decrecimiento (Dancourt, 2016; Gonzales de Olarte, 1986). También determinan los ingresos tributarios del gobierno central y el aumento o reducción del gasto social (Lust, 2019a). En la figura 1 se presentan las tasas de crecimiento del producto bruto interno (PBI) real para los años comprendidos entre 2000 y 2022.

Los datos en la figura 1 expresan el carácter dependiente de la economía peruana. Las altas tasas de crecimiento del período 2004-2011 son producto del auge de las materias primas. La reducción del crecimiento económico en 2009 se debe a la crisis financiera internacional. Las reducidas tasas de crecimiento del PBI real a partir de 2011 son en gran parte la consecuencia del menor crecimiento económico de China. El decrecimiento en 2020 es el efecto económico del coronavirus. En el período 2000-2022, los productos mineros contribuyeron entre el 46% y el 63% al valor total de las exportaciones (BCRPData, s. f.a).

La dependencia de la economía peruana, como decimos arriba, se fundamenta en la división internacional del trabajo que permite, en términos generales, el “desarrollo industrial de algunos países y limita este mismo desarrollo en otros, sometiéndolos a las condiciones de crecimiento inducido por los centros de dominación mundial” (Dos Santos, 1986, p. 305). El modelo de desarrollo económico extractivo del Perú no es la consecuencia directa de la función del país en la economía mundial o del hecho de que posea abundantes recursos minerales, sino el resultado político del poder y la hegemonía de clase del capital extractivo en la economía (Lust, 2019b, pp. 119-226) y su alianza con los responsables políticos neoliberales desde los años de 1990.

En términos generales, el papel del Perú en la división internacional del trabajo hace que el capital extractivista se convierta en la fracción hegemónica del capital. El capital extractivo no es necesariamente también la clase gobernante, pero sí es, definitivamente, la clase dirigente.

Las principales empresas del sector extractivista peruano son corporaciones que funcionan a nivel mundial. Según Robinson (2010, pp. 166, 170-171), debido a la creciente importancia política y económica de las corporaciones transnacionales en América Latina, la fracción de la clase dominante en América Latina es la fracción de la clase transnacional. Esta clase está ligada a la economía global y se convirtió, en el transcurso de los años de 1980 y 1990, en la fracción dominante dentro de las clases dominantes de América Latina.

El capital dominante está formado por el capital extractivo, el capital bancario y el capital de la telecomunicación. Las últimas dos fracciones del capital global se benefician del papel hegemónico del capital extractivista y facilitan su desarrollo. Los efectos sobre el ingreso nacional, resultado de las actividades productivas del capital extractivista, permiten la presencia, el desarrollo y la continuidad de los grupos de capital que se juntan con el capital extractivista en el bloque en el poder.

El capital nacional, que consiste en las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, es relativamente muy pequeño en términos de valor, y no está en capacidades de desencadenar un proceso de desarrollo capitalista autónomo. Las corporaciones más grandes del Perú están relacionadas con los sectores extractivistas, de la banca y de la telecomunicación. También son los principales receptores de IED.

En última instancia, el capital extractivista decide sobre las leyes y las políticas que conciernen sus intereses particulares. Por lo tanto, no sorprende que los principales burócratas del Ministerio de Energía y Minería, y muchas veces ni siquiera podemos excluir a los propios ministros, tengan relaciones estrechas con el capital extractivista (Durand, 2016, pp. 58, 66; Quispe y Cárdenas, 2018; Salazar, 2022). Además, en el Congreso el capital extractivista tiene sus representantes. En este contexto, es importante recordar que el único sector económico al que se le permitió, bajo ciertas condiciones, continuar operando durante los confinamientos por covid en 2020 fue el sector minero (Ocmal, 2020, p. 66).

El bloque en el poder garantiza los intereses generales del capital e implementa políticas económicas, comerciales y fiscales que fortalecen los procesos de desarrollo capitalista del país. La permanente búsqueda y firma de acuerdos de libre comercio; los grandes beneficios fiscales o exoneraciones fiscales para el capital (especialmente para el capital minero), y la creación de organismos reguladores y controladores, sin el poder político, técnico y social necesario para enfrentar, por ejemplo, la cartelización, la creación de monopolios y la defensa de los derechos laborales, demuestran cómo el bloque en el poder defiende y promueve, en particular, los intereses del capital.

El papel principal del Perú en el mundo capitalista globalizado como proveedor de recursos minerales para el desarrollo capitalista en el extranjero es solo una parte de la inserción del país en la economía mundial. También es proveedor de mano de obra barata, es decir, la fuerza laboral peruana participa en procesos globales de subcontratación o lo que se llaman cadenas globales de valor. Mientras que la función primaria la “cumplen” las empresas transnacionales, el papel secundario lo cumplen las micro, pequeñas y medianas empresas.

La inserción de la fuerza laboral del país en procesos mundiales de subcontratación implica que su fuerza laboral está participando en una competencia despiadada para vender “su mano de obra barata a las ‘empresas líderes’ del Norte” (Smith, 2016, p. 84). Cabe destacar que los bajos niveles educativos de la fuerza laboral peruana, alrededor del 80% de la población de 25 años y más solo tiene una educación secundaria (Lust, 2023, p. 170), se expresa en que en el período 2000-2019 las exportaciones manufactureras fueron principalmente manufacturas de baja intensidad tecnológica (“Un Comtrade Database”, s. f.; “UN Statistics Wiki”, s. f.). Los flujos de IED se dirigen, principalmente, a los sectores extractivos, las finanzas y las telecomunicaciones (Lust, 2023, p. 85).

El carácter dependiente de la economía peruana se traduce en la estructura interna de su economía. Tiene enormes sectores no transables con un número abrumador de microempresas y un sector manufacturero relativamente pequeño. Por tanto, el dinamismo económico solo puede provenir de los sectores extractivos, primordialmente de los sectores mineros. La IED fortalece la estructura económica interna nacional.

La problemática de los sectores no transables nos lleva a la estructura empresarial general de la economía peruana. Es importante señalar que la gran mayoría de la fuerza laboral del país está empleada en microempresas. Estas empresas se caracterizan por una baja productividad, la falta de inversiones en tecnología, una fuerza laboral que realiza trabajos manuales y una remuneración justo por encima o por debajo del nivel del salario mínimo oficial (Lust, 2019c, p. 782). En las tabla 1 presentamos el número de empresas privadas formales según ventas para el periodo 2012-2020.

La remuneración justo por encima o por debajo del nivel del salario mínimo oficial es una indicación de superexplotación. Sin embargo, el problema de la superexplotación puede generalizarse.

En el 2022, se definió que la línea de pobreza (la cesta de alimentos básicos y no alimentarios) para una familia de cuatro miembros rondaba los 437 dólares (109 dólares por cada individuo). Según datos del Instituto de Estadística e Informática del Perú (INEI), en el período abril de 2022 - marzo de 2023 el ingreso laboral promedio fue de 412 dólares (“Población ocupada del país”, 2023). El salario mínimo nominal se fijó en 270 dólares.

Aunque parece que el nivel del salario mínimo nominal es suficiente para financiar la canasta básica de alimentos y no alimentos de una persona, no es suficiente para financiar una familia de cuatro. Además, el ingreso laboral promedio no es suficiente. Esta situación obliga a más de un miembro de la familia a trabajar para obtener ingresos. Además, partiendo de que en 2022 más del 70% de la población trabajadora peruana era informal y supuestamente percibía una remuneración cercana al salario mínimo nominal, se podría concluir que una gran mayoría de la población económica activa (PEA) está sobreexplotada.

En el Perú, la superexplotación está institucionalizada. Esto significa que el estado acepta que los individuos reciban una remuneración que no es suficiente para reproducir su fuerza laboral. Los datos del período 2004-2019 muestran que, en las empresas que emplean entre una y diez personas (excluyendo al trabajador independiente), alrededor del 80% al 90% de estos trabajadores ganaban un salario inferior al salario mínimo oficialmente establecido.² Además, se han implementado regímenes laborales de acuerdo, entre otros, con el tamaño de la empresa en la que se trabaja. En términos generales, los trabajadores de microempresas tienen menos derechos que los individuos empleados en empresas grandes o transnacionales (Lust, 2023, pp. 156-157).

El papel del Perú en la división internacional del trabajo, la función clave de la exportación de recursos minerales y la IED en los sectores extractivos para el desarrollo económico, un Estado dominado por el capital extractivista y una clase trabajadora sobreexplotada han estado determinando el panorama económico y social de los últimos veinte años. Dentro de los diferentes sectores de la izquierda, la presidencia de Castillo era considerada una posibilidad para necesaria transformación social. No resultó así. Las siguientes secciones tratan sobre lo sucedido desde la victoria electoral de Castillo.

La victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2021

La victoria de Perú Libre en las elecciones presidenciales causó un shock en las clases dominantes porque el partido se declaró marxista. La organización tenía la declarada intención de contribuir a un proceso que convertiría al Perú en un país socialista. Para entender el shock que causó la victoria de Castillo en las clases dominantes se debe recordar que en los últimos treinta años las organizaciones políticas socialistas y comunistas han sido acusadas de terroristas.

En los últimos quince años, la izquierda ha aumentado su presencia en la sociedad y en elecciones en particular. Ya en 2006, el candidato nacionalista Ollanta Humala logró, con la ayuda de las fuerzas progresistas, participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Alan García, candidato de la antigua organización socialdemócrata APRA, ganó las elecciones. Cinco años después, Humala cumplió sus planes para convertirse en presidente. Respaldado por la izquierda, logró vencer a la candidata de derecha, Keiko Fujimori. Sin una verdadera inserción política y social en la población, expresada en la presencia de comités partidarios en los distritos populares, en las elecciones presidenciales de 2016 la izquierda obtuvo alrededor del 20% de los votos válidos. En 2021, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la izquierda obtuvo el 26% de los votos; el 18,9% correspondió a la candidatura de Castillo.

La victoria de la izquierda en las elecciones no fue producto de un trabajo en los distritos y en los movimientos sociales y sindicales. Es decir, no fue producto de un aumento cualitativo y sostenido de la lucha de clases.

La lucha de clases es la lucha entre clases y fracciones de clases. En este trabajo las clases están definidas como grupos de personas que se diferencian entre sí por su relación con los medios de producción y la fuerza de trabajo, y por su papel político, ideológico, económico y social en la producción y reproducción de un sistema político, económico y social-histórico. Esta definición de clase ha sido elaborada, principalmente, con base en un trabajo de Van Parijs (1989, pp. 215-216) y en la conocida definición de Lenin (1989, p. 228). Según Van Parijs, una definición de clase debería (i) ser relevante para la explicación de la conciencia y la acción; (ii) ser jerárquica, en el sentido de que una clase es “superior” a otra; (iii) ser discreta, en el sentido de que “pertenecer a una clase no es solo una cuestión de grado”, es decir, debe existir un “frontera no arbitraria”; (iv) preocuparse por la distribución de las ventajas y cargas materiales (ingresos, trabajo, ejercicio y sumisión al poder); y (v) estar enraizada en las relaciones de propiedad que caracterizan el modo particular de producción.

La expresión política de la lucha de clases no necesariamente es una lucha entre intereses de clase, considerados como “hipótesis sobre los objetivos de las luchas que ocurrirían si los actores de la lucha tuvieran una comprensión científica correcta de sus situaciones” (Wright, 1993, p. 89). Ollman (1993) consideró la lucha de clases no como una “forma de comportamiento de clase conscientemente escogida”. Todo lo que hace una clase que podría

afectar su poder con respecto a otras clases es la lucha de clases [...]. Lo que hace que la interacción de clases sea una ‘lucha’, sin embargo, no es la conciencia de los actores, ni la intensidad o la evidente naturaleza del choque, sino la incompatibilidad de sus intereses objetivos y caminos de desarrollo, ambos son inherentes a la estructura misma del capitalismo. (p. 91; traducción propia)

Wright (2000, p. 192) describió la lucha de clases como “formas organizadas de prácticas de clases antagónicas, es decir, prácticas que se dirigen unas contra otras”.

La lucha de clases puede ser conceptualizada al nivel económico y al nivel político. Mientras que al nivel económico la lucha tiene que ver, principalmente, con los intereses directos; al nivel político, es una lucha para promover los intereses de clase y, en el proceso, por el poder. Conceptualizar la lucha de clases a dos niveles diferentes hace que, por un lado, sea comprensible que las clases solo puedan visualizarse políticamente cuando la lucha de clases se convierta en política, y por otro lado nos permite comprender el posible desarrollo de la conciencia de clase desde una conciencia economista de clase a una conciencia política de clase.

La conciencia de clase es un proceso subjetivo (Wright, 2000, p. 195). Existe o no existe. Como explicó Ollman (1993), la conciencia de clase es

(1) una conciencia de grupo, una forma de pensar y un contenido de pensamiento, que se desarrolla a través de los individuos en la interactuación grupal entre sí y con grupos opuestos en situaciones que son peculiares a la clase; (2) una conciencia que tiene su principal punto de referencia en la situación y los intereses objetivos de una clase, visto funcionalmente, y no en los intereses subjetivos declarados de los miembros individuales de la clase [...]; y (3) en su esencia un proceso, un movimiento desde donde un grupo comienza en su conciencia de sí mismo a la conciencia apropiada para su situación”. (pp. 32-33; traducción propia)

La conciencia de clase surge, primero, en la lucha de clases, sobre la base de experiencias en la lucha por intereses sociales y económicos directos. Segundo, se puede alcanzar la conciencia de clase mediante el trabajo intelectual o através de la clarificación política de las organizaciones de trabajadores y la izquierda socialista. La diferencia entre estos dos momentos en el surgimiento de la conciencia de clase reside en el nivel de conciencia de clase alcanzado. Mientras que el primer nivel podría considerarse como una conciencia de clase economista, el segundo es la conciencia de clase política. Sin embargo, este proceso es muy complicado y no se puede ignorar una variedad de factores que impiden su desarrollo. Estos factores pueden encontrarse al nivel de infraestructura de la sociedad como también al nivel de superestructura (Callinicos, 2004, p. 176; Wachtel, 1974, p. 12; Giddens, 2000, p. 134; Wolpe, 1970, p. 260).

La izquierda ganó las elecciones, pero no las mentes de la población (la conciencia de clase). El pequeño avance electoral de las fuerzas progresistas desde 2016 ya indica el débil apoyo social a las propuestas e intenciones políticas de Castillo y de Perú Libre. En la tabla 2 se presentan datos sobre el número de huelgas, el número de trabajadores involucrados en estas huelgas y las horas-hombre perdidas debido a estas huelgas en el período 2001-2020.

Los datos de la tabla 2 muestran que, en los cinco años previos a la victoria electoral de Castillo, el número de huelgas no aumentó. Sin embargo, el número de personas involucradas en estas huelgas en 2019 y 2020 creció sustancialmente. Las horas-hombre perdidas en estos años son las mismas que en 2014, 2016 y 2017. En la figura 2 se presentan datos sobre el número de conflictos sociales, o de las expresiones de lucha de clases, registrados mensualmente en el período enero de 2018 - julio de 2021. Se concluye que no se puede determinar un aumento estructural de los conflictos sociales antes de la elección de Pedro Castillo.

El hecho de que la izquierda haya logrado ganar el poder gubernamental como resultado de una victoria electoral y no de un triunfo social es la consecuencia de un cambio en las concepciones estratégicas de lo que podría llamarse la izquierda socialista. Estos cambios se remontan a principios de los años 1980, con el regreso de la democracia parlamentaria después de doce años de dictadura militar.

Desde los años de 1980, la izquierda socialista se había convertido en una izquierda electoral. En vez de llegar al poder a través de la lucha de clases en las calles y en las organizaciones públicas y privadas, consideraba que la vía electoral era la más adecuada. Esto significa que, en lugar de desarrollar un trabajo político en relación directa con las organizaciones sociales de base, urbanas y rurales, movimientos sociales y otro tipo de organizaciones sociales, la izquierda comenzó a desarrollar su relación con las masas a través de su participación electoral (Lust, 2019b, pp. 172-173).

La participación de la izquierda en las elecciones presidenciales y municipales de 1980 ayudó a determinar cambios en las concepciones sobre cómo avanzar en la lucha por una sociedad socialista. Mientras que en los años anteriores la izquierda había trabajado en la clandestinidad, ahora algunos de sus representantes habían sido elegidos para formar parte del Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, en lugar de luchar contra el sistema político burgués, la izquierda empezó a formar parte del sistema. Roberts (1996) escribe que el éxito electoral de la alianza electoral de la Izquierda Unida (IU) obligó a la organización

a considerar la posibilidad de asumir responsabilidad gubernamental a nivel nacional dentro de los confines institucionales del Estado ‘burgués’. Esta perspectiva resultó ser muy divisiva. El éxito también requirió que partidos de izquierda que se habían especializado en la organización conspirativa, protesta social y demandas, asumieran posiciones de autoridad e implementan políticas públicas bajo severas restricciones fiscales y administrativas”.(p. 84; traducción propia)

Durante la década de 1980, quedó claro que la izquierda no era plenamente capaz de

combinar el trabajo parlamentario con la lucha de clases fuera de los edificios de la democracia. Si bien participó en la lucha de los sindicatos y del movimiento popular en general, no logró unir adecuadamente ambos terrenos de la lucha de clases. Las responsabilidades en los municipios y las cuestiones relacionadas con las campañas electorales absorbieron toda la energía, sin dejar tiempo para articular la lucha dentro y fuera de las instituciones parlamentarias, nacionales, regionales y locales. (Lust, 2019b, p. 173; traducción propia)

El regreso de la democracia hizo que el trabajo político en los municipios fuera más importante que el trabajo sindical. Las células o unidades de los partidos de izquierda ya no estaban realmente preocupadas por trabajar en los sindicatos, sino que comenzaron a interesarse más por la vida municipal (Lust, 2019b, p. 173). Según Roberts (1998, p. 247),

la política parlamentaria reforzó las jerarquías partidistas y desplazó el foco del trabajo organizativo del terreno social a la esfera electoral. […] Debido a que sus líderes y cuadros estaban preocupados por las tareas del Congreso y las campañas electorales, los partidos se desvincularon cada vez más de las luchas populares en la esfera social.

Junto con el debilitamiento social de la izquierda, comenzaron procesos que difundieron y consolidaron la ideología neoliberal y el culto al espíritu empresarial en la sociedad. Estos procesos contribuyeron a una reducción de la conciencia de la clase en los sectores populares. Como explicamos en otro trabajo,

difundida a través de los medios masivos de comunicación, esta ideología ayudó a crear la idea dentro del proletariado, el campesinado y la fracción proletaria de la clase intermedia independiente de que la solución a sus problemas económicos era el desarrollo del capitalismo mismo basado en el libre y desregulado funcionamiento de los mercados. (Lust, 2019b, p. 258; traducción propia)

Los trabajadores independientes, por ejemplo, empezaron a verse a sí mismos como empresarios.

La ideología neoliberal de los mercados desregulados, de la privatización de las empresas estatales y de la reducida presencia del Estado en la economía logró afianzarse en los barrios populares. El hecho de que estas políticas fueron introducidas por un gobierno que también convirtió el clientelismo en una política social (el régimen de Fujimori de la década de 1990) contribuyó al apoyo inicial de las masas oprimidas y explotadas a políticas que aumentaron su propia opresión y explotación. En este contexto, cabe recordar que la conciencia de clase contribuye a la formación de clases, pero la falta de conciencia de clase contribuye a desclasar la clase.

El gobierno de Castillo, la posición de clase de la derecha y el sabotaje económico

La falta de una visión clara de lo que Castillo y Perú Libre querían hacer con el poder gubernamental afectó las políticas que fueron desarrolladas e implementadas durante la presidencia de Castillo. El programa de Perú Libre y el programa gubernamental eran documentos contradictorios. Por ejemplo, por un lado Castillo y Perú Libre buscaban una mayor intervención estatal en la economía y, por otro lado, propusieron mantener los mercados funcionando sin participación estatal.

El hecho de que no se desarrollaron propuestas políticas ni se iniciaron debates que pudieron haber comenzado procesos que hubieron conducido a ciertas transformaciones políticas, económicas y sociales, tiene que ver i) con la imposibilidad de gobernar debido a los continuos procesos de censura contra los ministros de Castillo (70 ministros fueron reemplazados en 500 días que duró la presidencia de Castillo); ii) con los procesos que estaban en marcha para encontrar los votos en el Congreso para vacar al propio Castillo (ya en noviembre de 2021 la derecha presentó su primera moción de vacancia contra Castillo); y iii) con los procesos para reunir apoyo político y social, nacional e internacional, para la vacancia de Castillo (Caballero, 2023, pp. 80, 141-146). A principios de agosto de 2021, una semana después del inicio de la presidencia de Castillo, los congresistas ya estaban hablando sobre la posibilidad y necesidad de vacar a Castillo (Caballero, 2023, p. 77).

A pesar del carácter radical de las propuestas de Castillo en su primer discurso presidencial, especialmente en lo que respecta a la Asamblea Constituyente, en el terreno económico Castillo buscaba la paz social. En vez de elevar la lucha de clases al nivel de gobierno o profundizar la lucha de clases, buscó una convivencia entre las clases antagónicas. Por ello, no solo eligió al socialdemócrata Pedro Francke como su ministro de Economía y Finanzas, sino que también ratificó al neoliberal Julio Velarde como presidente del banco central del país. Velarde es una figura destacada de la derecha política. No solo es el jefe del banco central desde el comienzo del tercer milenio, sino que también fue su director entre 1990 y 1992. Ambos están en contra de un cambio constitucional. Según Francke, la implementación de las propuestas de Castillo no requiere un cambio de la constitución (Cuadros, 2021).

La búsqueda de una paz social podría haber sido motivada por intereses políticos de corto plazo; es decir, para ganar tiempo con el objetivo de prepararse para las batallas que estaban inminentes. Eso no fue así porque en realidad Castillo buscaba mantener y ampliar las inversiones privadas nacionales y extranjeras en el país. Trató de convencer, continuamente, a las corporaciones de que invierten en el país. Casi al final de su presidencia, el presidente del banco central aseguró que las empresas ya no le tenían miedo al gobierno, pero aún existía la desconfianza (Cuadros, 2022).

En contraste con los esfuerzos para convencer al capital de las buenas intenciones de sus gabinetes, las propuestas relacionadas a las cuestiones laborales tuvieron un carácter más radical. En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo surgieron propuestas que apuntaron a eliminar los contratos laborales especiales y temporales, y reinstalar la negociación colectiva en el sector público (Cuadros, 2022).

La principal medida que se elaboró durante el gobierno de Castillo estuvo relacionada con el tema de la subcontratación. El gobierno la consideró un ataque a los derechos laborales. Por lo tanto, propuso que no se permitiera la subcontratación de las principales actividades de una empresa (“Empresas no podrán”, 2022). Esta propuesta estaba en línea con los requisitos para formar parte de la organización de países capitalistas avanzados, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (“5 claves de la nueva norma”, 2022).

Perú Libre consideró la minería muy importante para el progreso del país. En concordancia con algunas de las políticas implementadas por los ex presidentes Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia, quería utilizar los impuestos y regalías que se obtengan de la exportación de los recursos minerales para aumentar el bienestar social. En otras palabras, buscó cambiar el extractivismo neoliberal por un extractivismo progresista.

Los puntos de vista del partido respecto al extractivismo estaban acordes con lo que se considera el neoextractivismo productivista (Svampa, 2013, pp. 34-35; Svampa, 2019). Por esta razón, los gabinetes de Castillo no modificaron la política minera a favor de las comunidades campesinas o que iniciaron una discusión pública sobre la planificación económica y social del territorio peruano. Solo pretendían aumentar los impuestos a la minería.

La idea de aumentar el pago de impuestos por parte de las empresas mineras formó parte de la reforma tributaria integral que presentó, en 2021, el ministro de Economía y Finanzas. El objetivo era incrementar la presión fiscal y los ingresos fiscales. No solo las empresas mineras verían aumentar sus impuestos, sino también la población en general. Quien ganara más tendría que pagar más (Alcala, 2021). Las propuestas elaboradas en cooperación con el Banco Mundial no prosperaron en el Congreso (“El Ministerio de Economía y Finanzas alista”, 2021; Alcala, 2021).

Al inicio de su período de gobierno, Castillo anunció una Segunda Reforma Agraria.³ Este plan proponía mejorar la productividad y los ingresos a través de la asistencia técnica; la creación de cooperativas y un banco para el desarrollo agrícola, y la industrialización, entre otros (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021; “Banca de fomento”, 2021). Como cabe recordar, la estructura agrícola se caracteriza por una enorme cantidad de agricultores de subsistencia y la concentración de la tierra en unas pocas manos (Lust, 2019b, p. 141). No se implementó ninguna Segunda Reforma Agraria ni se desarrollaron medidas concretas que pudieron proporcionar las condiciones para la reforma.

La designación de Castillo como el nuevo presidente del Perú hacia aumentar el valor del dólar. Fue una subida esperada porque su elección generó inseguridad económica para el capital. Además, el programa electoral de Perú Libre hacía referencia a aumentos de impuestos para las empresas mineras, la revisión de los tratados de libre comercio y una nueva constitución, entre otros. El aumento del valor del dólar incrementó la inflación.

El triunfo de Castillo también provocó el sabotaje económico en el sentido de que el capital huyó del país. Según el presidente del Banco Central del Perú, la fuga de capitales en 2021 fue la mayor fuga en cincuenta años. Alrededor de 15.000 millones de dólares abandonaron el país. Sin embargo, si incluimos la cuenta “Errores y Omisiones Netos” de la Balanza de Pagos, la fuga en los tres primeros trimestres de 2021 fue de más de 20.000 millones de dólares.

La fuga de capitales, en combinación con un aumento mundial del dólar, depreció la moneda peruana. De hecho, el ataque a la moneda peruana fue un instrumento en la lucha de clases, es decir, en la batalla contra la posibilidad de una transformación social estructural y radical (Lust y Cypher, 2021, p. 26).

En el 2022, el tipo de cambio comenzó a estabilizarse en los niveles previos al ascenso de Castillo al poder gubernamental. Una cada vez mayor confianza en los responsables de la economía, como el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central, y una convicción cada vez mayor de que Castillo y Perú Libre no cambiarían el rumbo político y económico de la sociedad peruana explica la estabilización del tipo de cambio de la moneda peruana.

La caída de Castillo y la debilidad de la izquierda

Después de 17 meses de acoso por la derecha a través de permanentes procedimientos de censura contra sus ministros y procesos de vacancia contra él mismo, las constantes acusaciones de corrupción y los ataques a sus familiares, Castillo tomó la iniciativa en la lucha de clases. Aunque sus gabinetes no habían representado ninguna amenaza real contra los intereses del capital, fue la posibilidad de convertirse en una amenaza lo que hizo que la derecha temiera a Castillo en el poder. El poder gubernamental puede convertirse en poder político, económico y social, en un instrumento en la lucha de clases a favor de las clases explotadas y oprimidas, cuando es capaz de movilizar a las masas. El poder político gubernamental proporciona mayores posibilidades para lograr este objetivo porque las organizaciones políticas con poder estatal pueden determinar la agenda política y social, y tienen enormes y múltiples posibilidades para comunicarse con la población. Por ello, no sorprende que las grandes empresas ayudaron a organizar y financiar protestas sociales contra el gobierno de Castillo (Caballero, 2023, pp. 170-171).

La permanente crisis política impidió a Castillo cumplir ni siquiera las mínimas promesas electorales trazadas en el plan de gobierno. El 7 de diciembre de 2022 anunció que disolvería el Congreso y que convocaría a nuevas elecciones parlamentarias. Este nuevo Congreso tendría la tarea de elaborar una nueva constitución. Sin embargo, el Congreso consideró la acción de Castillo un autogolpe. Después de que congresistas de derecha e izquierda, incluso miembros de Perú Libre, lo destituyeron, fue arrestado y encarcelado.

Aunque se podría atribuir la caída de Castillo al sabotaje de la derecha, fueron Castillo y toda la izquierda quienes no lograron enfrentar la derecha. De hecho, desde su primer día en el palacio de gobierno, Castillo se autosaboteó económica y socialmente. Es decir, en vez de implementar su programa económico y empezar a crear las bases sociales para el apoyo popular para este programa, creó las condiciones que impidió la implementación del programa y se concentraba solamente en el trabajo parlamentario con el objetivo de obtener mayorías para sus diferentes gabinetes.

Castillo se autosaboteó económicamente cuando mantuvo a un economista neoliberal como presidente del Banco Central y a un economista keynesiano como ministro de Economía y Finanzas. El expresidente se autosaboteó socialmente cuando no estableció una alianza política duradera con las fuerzas políticas fuera de Perú Libre y no creó comités políticos a nivel nacional para construir el apoyo popular para su presidencia. En relación a la cuestión del autosabotaje social, se debe recordar que Perú Libre, o su candidato presidencial Pedro Castillo, solo acumuló el 18,9% del voto válido y la alianza izquierdista Juntos por el Perú, el 7,9%. Esto significa que alrededor del 75% de los votos válidos no fueron a favor de un candidato de izquierda. Estos resultados deberían haber formado la base para una discusión dentro de los círculos gubernamentales sobre cómo aumentar las bases políticas y sociales del gobierno.

Se puede argumentar que fue una decisión correcta de mantener a los economistas convencionales a cargo de la economía con el fin de ganar tiempo para el desarrollo de las fuerzas políticas y sociales para poder combatir a la derecha y al capital. Sin embargo, Castillo no logró evitar el autosabotaje social porque no solo Perú Libre no quería compartir el poder gubernamental con otras organizaciones de izquierda, sino que además sus asesores y personas a su alrededor no tenían el poder político, los contactos y la visión para ampliar su base política. Esto nos lleva a la debilidad de la izquierda.

El hecho de que Perú Libre y las personas alrededor de Castillo no estuvieran realmente interesados en desarrollar un frente político de izquierda para defender la presidencia de Castillo y no crearon los comités populares que pudieron apoyar al gobierno, no se puede atribuir solo a ellos. Es la izquierda en general que es culpable de la debilidad política y social de los gabinetes de Castillo. Como se argumentó en la sección dos, desde la década de 1980 la mayor parte de la izquierda peruana se convirtió en una izquierda electoral. Y así, cuando la izquierda se vio obligada a abandonar los municipios porque había perdido las elecciones, también perdió su trabajo político con las masas y dejó el campo libre para la influencia de la derecha sobre la conciencia de clase de las masas.

Los resultados de las elecciones regionales y municipales de 2022 han demostrado la falta de bases políticas y sociales de la izquierda en general y de Perú Libre en particular. Confirma el carácter electoral de las fuerzas progresistas peruanas. Desaparecieron por completo ya un año después del inicio de la presidencia de Castillo. Estos resultados son principalmente producto del autosabotaje económica de Castillo o la falta de políticas gubernamentales claras de izquierda, expresadas en la incapacidad de los diferentes gabinetes de Castillo para implementar el programa gubernamental, y del autosabotaje social del expresidente o el hecho de que la izquierda no desarrolló ni implementó una estrategia para ganar la mayoría de la población para sus propuestas después de la victoria electoral.

Cuando comparamos los resultados de las elecciones regionales y municipales con las presidenciales, se puede concluir que Castillo perdió casi 2,2 millones de votos (elecciones presidenciales: 2.724.752 votos) y Verónica Mendoza 300.000 (elecciones presidenciales: 1.132.577 votos). En el caso de las elecciones al Congreso, Juntos por el Perú no perdió mucho. Perú Libre perdió 1,2 millones de votos (elecciones al Congreso: 1.724.303 votos).

Protestas sociales y el nuevo movimiento social

La destitución y el encarcelamiento de Castillo dieron lugar a protestas masivas contra el gobierno de la primera mujer presidenta en la historia peruana, Dina Boluarte. Boluarte había sido su vicepresidente y al igual a Castillo un exmiembro de Perú Libre. Mientras Castillo había renunciado al partido, Boluarte había sido expulsado de la organización, ya antes de los sucesos de diciembre de 2022.

Los manifestantes exigieron nuevas elecciones generales y una Asamblea Nacional Constituyente. Una parte exigía también la liberación y la restitución de Castillo. Las protestas fueron una lucha por el poder en lugar de una batalla para demandas económicas y sociales.

Las exigencias para nuevas elecciones y de una Asamblea Nacional Constituyente no son muy extrañas si se toma en consideración que el modelo económico y la constitución neoliberal de 1993 no han respondido a las perspectivas socioeconómicas de la gran mayoría de la población. El capitalismo no logra resolver la desigualdad estructural. En el tabla 3 se presenta la distribución de ingresos durante el periodo 2000-2020 y en la tabla 4 la distribución de la riqueza personal en el mismo periodo.

Las protestas se iniciaron y fueron lideradas por la población de las regiones del sur del país (Puno, Ayacucho, Andahuaylas y Cusco). Las principales bases electorales de la izquierda y de Castillo estaban exactamente ubicadas en estas regiones (“Presentación de resultados”, 2021). El liderazgo de las regiones en las protestas contra el gobierno de Boluarte parece deberse a la identificación de estas poblaciones con Castillo, un maestro de escuela rural, y a la actitud abiertamente racista de los líderes del Congreso durante el año y medio de la presidencia de Castillo (Béjar, 2023, pp. 46-47; Quiroz y Beraun, 2023, pp. 176-177).

En los meses de diciembre de 2022 hasta marzo de 2023 se organizaron protestas masivas, semana tras semana. Estas movilizaciones se desarrollaron principalmente en las regiones e incluyeron bloqueos de carreteras y huelgas. Incluso, en un día hubo 146 cortes de carreteras (Motta Villegas, 2023, p. 78). La represión contra las protestas provocó la muerte de más de sesenta ciudadanos, varios de ellos ni siquiera participaron en las protestas. Sin embargo, la represión no pudo detener las protestas.

El punto de acumulación de las manifestaciones masivas fue Lima, la capital del Perú. A finales de marzo, las protestas empezaron a disminuir. No solo en Lima, sino también en las regiones. El gobierno no se movió y los manifestantes tuvieron que volver a trabajar.

La organización descentralizada de las protestas y el hecho de que no se pudo identificar un liderazgo claro favoreció a la organización de las protestas y la participación de la población de todas las regiones. Sin embargo, obligó, periódicamente, la organización de reuniones centralizadas con todos los movimientos regionales. Una de las reuniones más importantes tuvo lugar en julio de 2023 con 700 representantes de todo el país (Santos, 2021).

A pesar de las actividades de coordinación, la organización descentralizada de las protestas hizo relativamente difícil que personas que no participaban en la organización, que no estaban relacionadas con aquellas personas o grupos que organizaron las movilizaciones o que no estaban muy activos en las redes sociales supieran exactamente cuándo y dónde comenzaron las manifestaciones. Las redes sociales fueron el principal medio de difusión.

Las incesantes protestas contra el gobierno, consecuencia de la falta de voluntad del régimen y del Congreso para trasladar las elecciones generales a la primera mitad de 2023, y su negativa a organizar un referéndum sobre la cuestión de una nueva constitución contribuyeron negativamente al desarrollo económico. Para el 2023, se prevé un crecimiento económico entre 0,1% y 0,3%.

Cabe destacar que no fueron los partidos políticos de izquierda los principales organizadores de las protestas, sino las comunidades campesinas e indígenas de las regiones. De hecho, el movimiento social contra Boluarte y el Congreso estaba salvando a los partidos de la izquierda electoral, comunistas, socialistas y socialdemócratas.

Durante unas tres décadas, la izquierda electoral ha sido incapaz de organizar las masas. Por esta razón, se podría argumentar que, si las comunidades de las regiones no hubieran comenzado a protestar, no habría protesta alguna. Según el exministro de Relaciones Internacionales del gobierno de Castillo, Héctor Béjar, “es un movimiento popular, de base, mucho más amplio que la izquierda política. También es cierto que la mayoría de militantes de las distintas izquierdas existentes en el Perú, están plenamente volcados al apoyo a este movimiento popular”.

Las protestas organizadas por los movimientos sociales de las regiones no reconocieron un liderazgo específico, sino una multitud (Quiroz y Beraun, 2023, p. 136). Parece que estamos al inicio de un proceso que puede conducir a una segunda independencia, es decir, la independencia de las regiones de Lima, el fin del colonialismo interno y la creación de un Estado popular plurinacional (Béjar, 2023, p. 47).

El regreso de la derecha

El régimen de Boluarte es un gobierno autoritario de derecha. La represión masiva y las decenas de muertos provocaron que la población en pie de lucha estaba empezando a acusar la presidenta de asesina (“Deterioro letal”, 2023; CIDH y OEA, 2023).

Además de las protestas sociales brutalmente reprimidas, el régimen introdujo también mecanismos represivos preventivos. La detención de los integrantes del Frente de Defensa Popular de Ayacucho sobre la base de la acusación de terrorismo, la detención de personas de las regiones que fueron alojadas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para participar en las manifestaciones nacionales que se realizaron en Lima y la prohibición de manifestaciones en el centro histórico de Lima son algunos ejemplos de estos mecanismos. Asimismo, la politización de la policía nacional al organizar las llamadas manifestaciones por la paz en Lima, y la demostración pública de fuerza por parte de las fuerzas represivas justo antes de las manifestaciones nacionales contra el régimen en Lima (Quispe, 2023), demuestran las intenciones del régimen, en cooperación con el Congreso, para resolver problemas sociopolíticos mediante el uso de la violencia estatal.

Los gabinetes de Boluarte están integrados por personas que forman parte del conjunto de las fuerzas de la derecha. En el momento de escribir este artículo (diciembre de 2023), el régimen gobierna con el pleno apoyo del Congreso, dominado por la derecha. Sin embargo, las encuestas, ya a principios de enero de 2023, un mes después de que Boluarte reemplazó a Castillo, muestran que la gran mayoría de la población quiere que el presidente y el Congreso se retiren y que se celebren nuevas elecciones lo antes posible (IEP, 2023). En todo el mundo, los peruanos se están manifestando contra el régimen (“Todas las encuestas IEP”, s. f.; “Al grito de ‘asesina’”, 2023).

La destitución de Castillo y la reducción del ex partido gubernamental Perú Libre al papel de un pequeño partido de oposición en el Congreso fueron, naturalmente, del interés de los principales grupos empresariales. Por supuesto, el capital no tenía nada que temer de la presidencia de Castillo, pero aun así persistía cierta inseguridad. La inseguridad sobre el rumbo económico del gobierno desapareció inmediatamente cuando Boluarte reemplazó a Castillo. Ya al inicio de su presidencia expresó su confianza en el nuevo presidente (“Gremios empresariales”, 2022). Además, la propuesta de prohibir la subcontratación de las actividades principales de las empresas fue descartada.

En la figura 3 se presenta el índice mensual de expectativas empresariales de corto plazo (3 meses) en la economía para el periodo enero 2018 - septiembre de 2023. Estas expectativas durante el actual gobierno de la presidenta Boluarte es un poco más alto que durante el gobierno de Castillo. Sin embargo, las expectativas en la economía eran mucho más altas antes del inicio del periodo del covid-19 (marzo de 2020). Esta situación confirma que la presidencia de Bolaurte aún no ha generado mucha confianza. Es un régimen inestable.

La represión policial y militar de las protestas sociales, la detención masiva de manifestantes, la detención arbitraria de supuestos líderes de las protestas, los ataques a la prensa independiente y el despliegue masivo de fuerzas policiales, solo visto en Estados policiales, ha comenzado a aislar el régimen al nivel internacional. Las críticas al manejo de la crisis y la violación de los derechos humanos denunciadas por los presidentes de Colombia (Santaeulalia y Morán, 2022), México (“AMLO vuelve a referirse al Perú”, 2023) y Chile (Montes, 2023) crearon tensiones diplomáticas. Los presidentes Petro de Colombia y AMLO de México, incluso, han sido llamados personas no gratas, el embajador del Perú ha sido retirado de Bogotá y el embajador de México ha sido expulsado de Lima (“Perú y Colombia”, 2023; Mossburg, 2023; Sorto, 2023; Santaeulalia y Morán, 2022). También el embajador del Perú en Honduras regresó a causa de las declaraciones de su presidenta Xiomara Castro en favor del expresidente Pedro Castillo (“Perú retira a embajador”, 2023).

Además de los presidentes latinoamericanos mencionados, también las Naciones Unidas comenzaron a preocuparse por lo que estaba pasando en el Perú y exigieron un informe sobre la cuestión de las violaciones de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya visitó el Perú en diciembre de 2022. Asimismo, aunque los Estados Unidos expresó su apoyo al régimen de Boluarte, su Departamento de Estado declaró que había impunidad respecto a los abusos contra los derechos humanos. En el resumen ejecutivo de su informe nacional sobre las prácticas de los derechos humanos en el Perú se lee lo siguiente:

Cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios; restricciones a la libertad de expresión y de medios de comunicación, incluida la existencia de leyes penales en relación a la difamación y violencia o amenazas de violencia contra periodistas; grave corrupción gubernamental; y falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género. (United States Department of State, 2022, p. 1; traducción propia)

Conclusiones

La primera presidencia de izquierda en el Perú ha sido un desastre. No solo no logró poner en práctica su programa, sino que también contribuyó al regreso de la derecha al poder gubernamental. El actual régimen de Boluarte forma parte de la tendencia autoritaria en la política latinoamericana. Parece que el Perú está volviendo a los episodios más oscuros de los años noventa del siglo pasado. La policía y las fuerzas armadas se encuentran en permanente estado de alerta.

Si bien la presidencia de Castillo nunca ha sido una amenaza para los intereses económicos del capital nacional y transnacional porque no reemplazó el modelo económico y no inició procesos que pudieron cambiar el papel del Perú en la división internacional de trabajo, su “caída” acabó con la posibilidad de un comienzo hacia una transformación estructural y radical en términos políticos, económicos, sociales y culturales. Castillo podría haberse convertido en una amenaza en caso que la izquierda revolucionaria hubiera podido determinar el rumbo político de los diferentes gabinetes de Castillo o que sí hubiera tenido una influencia importante sobre el presidente Castillo.

La izquierda revolucionaria no tuvo acceso a Castillo ni a sus gabinetes. La izquierda socialdemócrata o, en particular, las organizaciones en nombre comunistas o marxistas, por otro lado, no tenían la capacidad política para iniciar reformas sociales como la Segunda Reforma Agraria. Tampoco tenían la intención de movilizar la población para estas reformas.

El cambio de la estrategia política por la izquierda para alcanzar el poder estatal —es decir, el cambio de la estrategia basada en la lucha de clases afuera del Congreso y en conjunto con los movimiento sociales y organizaciones de base por la lucha clases dentro del Congreso y de los órganos parlamentarios de las regiones y municipios, conceptualizado e implementado en la década de 1980— puede considerarse como la base subjetiva del fracaso de las fuerzas progresistas a la hora de tener una influencia decisiva en el gobierno de Castillo. En consecuencia, Castillo no buscó el apoyo popular, sino el apoyo del Congreso.

Cuando Castillo inició su presidencia, alrededor del 75% del electorado no estaba a favor de un gobierno de izquierda. Sin embargo, en lugar de desarrollar e implementar políticas y acciones que hubieran ayudado a obtener el apoyo de la mayoría de la población (“incrementando” la conciencia de clase), intentó continuamente llevarse bien con el Congreso o apaciguar a la derecha y al capital para obtener el necesario oxígeno político para gobernar. La derecha política no le dejó gobernar.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente —de hecho, la propuesta más radical de Castillo— tampoco prosperó. Esto era de esperarse porque, en primer lugar, el cambio de la estrategia política de la izquierda en la década de los años ochenta implicó que no confiara en la movilización de las masas (o en la lucha de clases) para la reforma social. En segundo lugar, no tenía la mayoría en el Congreso.

El retorno de la derecha al poder gubernamental era solo cuestión de tiempo. La decisión de Castillo de tomar la iniciativa en la lucha de clases estaba condenada al fracaso, ya que no había creado las bases políticas y sociales para esta decisión. Esto también era imposible debido a su estrategia política de paz social en vez de una estrategia de la lucha de clases.

En el corto plazo, el futuro democrático y social del Perú parece sombrío. El gobierno autoritario de Boluarte encarna el ataque a las instituciones democráticas. La masacre de manifestantes es la única respuesta de un régimen, acompañado por un Congreso dominado por la derecha, para mantenerse en el poder. La gran mayoría de la población exige nuevas elecciones.

Aunque la situación política no favorece a las fuerzas progresistas, en el mediano plazo el nuevo movimiento social que está emergiendo puede cambiarla. De hecho, la “caída” de Castillo ha dado lugar a un movimiento social liderado por las comunidades de las regiones.

Por su carácter descentralizado, el nuevo movimiento social aún es débil. Sin embargo, tiene mucho potencial para crecer y convertirse hegemónico. Depende de este movimiento y de los partidos políticos revolucionarios con bases políticas y sociales reales en las regiones, si la segunda independencia se hace realidad.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica.

¹ Las condiciones de subdesarrollo “solo se pueden comprender desde el punto de vista del desarrollo global del sistema” (Dos Santos, 1986, p. 308).

² Todos estos datos fueron tomados de los informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta de Hogares del Perú, 2004-2019.

³ La Segunda Reforma Agraria supone una Primera Reforma Agraria. Se considera que la Primera Reforma Agraria se implementó durante el Gobierno militar del general Juan Velasco (1968-1975). Durante este Gobierno se expropiaron a los grandes terratenientes y se promovieron empresas estatales y cooperativas agrícolas.

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: jan.lust@urp.edu.pe

Información adicional

Cómo citar: Lust, J. (2024). La lucha de clases en el Perú. El surgimiento y la caída de un presidente de izquierda, 2021-2023. Papel Político, 29.

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