Introducción

Este artículo analiza la llegada al gobierno del Frente de Todos, con la presidencia de Alberto Fernández, en 2019, como parte de un segundo ciclo de gobiernos progresistas o populares en la región. Tras la experiencia neodesarrollista (2002-2015), la Argentina fue gobernada por la alianza Cambiemos (2015-2019) con un evidente sesgo hacia políticas neoliberales, que lo sumieron en una crisis severa. A ella se sumó la generada por la pandemia en 2020, apenas iniciado el nuevo mandato. El gobierno del Frente de Todos debió lidiar con esta situación de doble crisis bajo la promesa de generar un proceso de crecimiento con redistribución progresiva del ingreso, algo que no pudo realizar.

Este artículo, basado en una mirada de economía política, argumenta que la razón de fondo de este fracaso estuvo en el énfasis consensual del gobierno, que buscó eludir intenciones refundacionales propias de una parte de la coalición, a saber, el kirchnerismo. Los procesos políticos de tipo populista construyen su actuación e identidad a partir de la ruptura con el pasado reciente, buscando marcar la diferencia a partir de un intento por refundar la comunidad política (a partir de mitos sobre un pasado fundacional), para compensar los agravios infringidos por una parte de la sociedad (Aboy Carlés, 2005, 2010; Aibar Gaete, 2007; Laclau, 2006b). La intención del Frente de Todos de acordar incluso con los ganadores del período previo limitó las posibilidades de actuar en pro de un proceso redistributivo o de cambio estructural, limitando así sus propios márgenes de acción. Ante la falta de resultados económicos, pero también los sesgos en la gestión de la pandemia, creció en la oposición una crítica de derecha radical, que modificó el escenario político.

La primera sección analiza el contexto regional, en términos económicos y políticos, en el cual llega al gobierno del Frente de Todos. La segunda, por su parte, explica brevemente la historia reciente del proceso político en la Argentina, para explicar las partes que componen a esta nueva coalición, así como sus principales rasgos. La tercera sección presenta el argumento central del texto, sobre el énfasis en la búsqueda de consensos del gobierno. La cuarta sección señala cómo ese sesgo limitó los resultados económicos, y junto a la gestión en la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía, favorecieron una crítica de derecha que creció en el tiempo. Se cierra el trabajo con algunos comentarios finales.

Rasgos básicos del escenario regional

América Latina y el Caribe (en adelante, ALC) es una región de carácter dependiente, que reúne elementos ligados a su trayectoria histórica y su modo de inserción al orden internacional que limitan su capacidad de procesos de desarrollo autónomos y autocentrados (Katz, 2018; Osorio, 2016). Como tal, sus ciclos económicos están fuertemente influidos por las condiciones de acumulación en los países centrales, en especial tras las reformas neoliberales que incrementaron su exposición externa. Con todo, es posible identificar procesos nacionales diferenciados en este marco común, justamente porque las herramientas de política económica y las disputas sociopolíticas moldean la forma específica que adopta el modo de desarrollo (Cantamutto y Costantino, 2019).

ALC inició el siglo XXI beneficiada por los términos de intercambio, que le permitieron acumular saldos comerciales positivos y, mediante ellos, las reservas internacionales, manteniendo un vigoroso proceso de crecimiento económico, que sirvió para la creación de empleo y la puesta en marcha de políticas sociales masivas (Arditi, 2008; Borón, 2012). Las políticas nacionales modularon especialmente los resultados en estos últimos planos, con impactos en términos de mejoras distributivas (Lustig, 2012). Sin embargo, desde 2012, y en parte merced de la reversión de los términos de intercambio, la región ha mostrado un severo estancamiento, al punto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2023) habla de una “segunda década perdida” —como reiteración de los años ochenta—. En este contexto adverso, la región buscó socios comerciales y financieros en el exterior, lo que facilitó mayor presencia de China e implicó a su vez a una mayor tensión con Estados Unidos.¹

Una argumentación similar puede aplicarse a los procesos políticos (Cantamutto, 2019). Las dictaduras de los años setenta, los desafíos de transición a la democracia durante los años ochenta, la doble transición con las reformas neoliberales de los años noventa y su colapso al final del siglo, a lo que siguió el giro a la izquierda o la marea rosa, fueron procesos que atravesaron a muchos países, con sus respectivas particularidades nacionales. En aquel último proceso confluyeron partidos, líderes y proyectos muy diferentes entre sí, pero que compartieron algunos rasgos, como poner al Estado en el centro de la escena, como coordinador del proceso económico (o incluso como productor) y reparador de los daños ocasionados por las políticas neoliberales de los años previos, a los que cuestionaban en el discurso.

Ese momento regional sufrió cierto desgaste, llegando incluso a la reversión con gobiernos de sesgo neoliberal o conservador (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador). Especialmente en el plano del regionalismo, tras haber logrado restituir el imperativo de integración a través de múltiples agendas (no solo la económica), se abandonaron la mayoría de las iniciativas —incluso se cuestionaron mecanismos previos, como el Mercosur—. Con todo, estos nuevos gobiernos no terminaron de estructurar una etapa común, enfrentaron gran resistencia social y no contaron con una propuesta clara.² Aparecieron en los últimos años nuevos cambios de rumbo, en una suerte de segunda ola progresista. A diferencia de la anterior, en esta se sumaron los casos de Colombia y México, además de una nueva fuerza política en Chile por fuera de la alternancia previa —y el regreso de fuerzas progresistas en Argentina, Bolivia y Brasil—. En términos generales, se puede observar un menor ímpetu refundacional, con procesos menos ambiciosos desde el punto de vista político (Muñoz, 2023). El giro a la izquierda de inicios del siglo XXI traía de la mano de la crítica al neoliberalismo (y el daño ocasionado por sus políticas) una intención expresa por volver a representar al verdadero pueblo, populus, atendiendo las demandas de la plebs (Errejón Galván, 2012; Laclau, 2006a). En tal brío, se pretendía volver poner en el centro al pueblo real y fundar nuevamente la nación, y, por lo mismo, debían lidiar con aquellos que desde dentro del campo político lo habían desplazado en primer lugar (Laclau, 2006b). Esto implicaba demarcar un límite antagónico en el interior de la comunidad política, generando una disputa permanente. La segunda ola de gobiernos progresistas, en cambio, parecieron minimizar este sesgo, al buscar reparar daños provocados al pueblo, pero con menor antagonismo con la parte de la sociedad que lo ocasionó.

Aunque estas generalizaciones pueden sobresimplificar, sirven para trazar un escenario regional de aspectos comunes para poder analizar el caso argentino. Marcan una situación común de estancamiento —que refuerza las contradicciones inherentes al proceso económico dependiente—, con la búsqueda —sin éxito— de las fuerzas políticas neoliberales-conservadoras por reorganizar el rumbo, la sucesión de estallidos sociales que limitaron su accionar y el retorno de fuerzas progresistas con proyectos menos ambiciosos. El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos forzó un esquema unilateral, que limitó su agenda en la región, al tiempo que la mayor presencia de China intensificó el peso de la disputa geopolítica en la región (Merino, Bilmes y Barrenengoa, 2021).

Tanto en el plano económico como en el político, la pandemia del COVID-19 fue un evento clave de índole internacional, que condicionó la agenda. Se trató de una auténtica tragedia sanitaria, con repercusiones en otros planos. La desorganización de las cadenas globales de valor y las medidas de protección sanitaria impactaron en la región (Cepal, 2022). ALC fue fuertemente afectada por la recesión global (el PBI cayó un 6,9%), donde se pudieron detectar aumentos de la pobreza y pobreza extrema. La recuperación, si bien relativamente veloz, no ha logrado revertir completamente esta situación, detectándose una creación de empleo precario. La región, además, tuvo limitadas alternativas para sostener los paquetes de estímulo, que indujeron a un incremento del peso de las deudas públicas. En términos políticos, la mayoría de los gobiernos sufrió fuertes críticas, ante la imposibilidad de ofrecer suficientes respuestas ante la emergencia. Por supuesto, hubo situaciones diferenciadas, no solo en relación con la situación del sistema de salud en cada caso, sino con la reacción de cada fuerza política en torno a la pandemia.

Apenas la pandemia comenzaba a controlarse, con la aparición de las vacunas, se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, que produjo un severo impacto internacional. Por un lado, generó un incremento en el riesgo crediticio y una retracción de los flujos de capitales, que afectó negativamente a ALC. Por otro lado, se produjo un incremento en los precios de los alimentos y de los productos energéticos, que aumentó la inflación internacional —ya incrementada por la reorganización de las cadenas de valor—. Las balanzas de pagos de los países se vieron afectadas en diverso grado, según la composición de su canasta exportadora en los bienes antedichos (Bárcena, 2022).

Es en este cambiante contexto internacional que la región vio emerger una nueva oleada de gobiernos progresistas, que intentaron recomponer una agenda común. Sin ser este apartado una revisión exhaustiva, permite contemplar elementos básicos del contexto en el cual se produjo la llegada del gobierno del Frente de Todos. Para poder analizar sus principales rasgos, necesitamos antes tener un mínimo panorama histórico del país.

Un breve recorrido por la Argentina del siglo XXI

El proceso político económico reciente de la Argentina se inscribió en el devenir regional descrito en la sección previa, con sus propias especificidades nacionales. Durante los años noventa, a partir de las presidencias de Carlos Menem (1989-1999), rigió en el país un sistema de tipo de cambio fijo con caja de conversión, a la paridad de 1 peso equivalente a 1 dólar, llamado Convertibilidad. Más allá del régimen cambiario, se trató de un auténtico programa de gobierno, que dio forma concreta a las políticas neoliberales en el país (Basualdo, 2003). Durante esos años, se produjo una veloz apertura comercial y de las cuentas financieras del balance de pagos, lo que aumentó la exposición de la economía nacional a los vaivenes externos, además, se facilitó la inversión extranjera, se privatizaron casi todas las empresas públicas y se reformó el mercado de trabajo (Vitelli, 2004). Sus mayores logros fueron iniciar un proceso de crecimiento del PBI —tras una década de estancamiento— y lograr la estabilidad de precios —que se sostuvo por casi una década—, pero al costo de la severa destrucción de tejido productivo, en especial en la industria; la pérdida de los activos públicos, con una mayor concentración de la producción y extranjerización de la propiedad, y un aumento de la propensión importadora, del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad (Bonnet, 2008; Bonnet y Piva, 2009).

El sistema político argentino orbitó en torno al significante central de la estabilidad, incapaz de cuestionar el resto de los aspectos del régimen económico y social (Fair, 2016). Alrededor de 1999, se produjo en el interior del poder económico un quiebre, entre sectores liderados por la industria —que eran críticos del régimen— y aquellos más vinculados a las finanzas y las empresas privatizadas de servicios —que defendían la continuidad del “modelo” neoliberal— (Gaggero y Wainer, 2006). Estas diferencias se irían intensificando con el correr de la crisis, aunque buscarían preservar la estabilidad económica. Por su parte, las fuerzas sociales desplazadas por “el modelo” se organizaron para resistir y proponer alternativas, en un largo ciclo de protesta que culminó en el estallido de 2001 (Giarracca, 2001; Iñigo y Cotarelo, 2006).

En ese marco se produjo la renuncia de Fernando De la Rúa (1999-2001), la sucesión de tres cortas presidencias hasta la asunción de Eduardo Duhalde (2002-2003), quien recuperó desde el gobierno las políticas demandadas por parte del sector “productivo” del bloque en el poder. Este fue el germen de la nueva etapa neodesarrollista, iniciada en 2002 (Féliz y López, 2012).

Las medidas macroeconómicas del gobierno de Duhalde incluyeron el default de la mitad de la deuda pública, la devaluación del tipo de cambio, la imposición de derechos a las exportaciones de productos primarios, la pesificación de las deudas y las tarifas de servicios públicos, la ampliación masiva de la política social (Graña, Kennedy y Valdez, 2008). Con esto se inauguró una nueva fase de expansión económica, esta vez con un carácter diferente en términos distributivos, al reducir los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo, al menos hasta 2008-2009 (Pérez y Barrera Insua, 2018). El Estado operó redistribuyendo parte de la renta de la tierra —aprovechando los altos precios internacionales— hacia la industria, lo cual sirvió para incentivar su expansión.

El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) guio esta recuperación mediante negociaciones colectivas y aumentos del salario mínimo, sumando la reestructuración de la deuda en default. Su legitimación provino no tanto de la propia elección —ganó con el 22% de los votos, con el abandono en la segunda vuelta del contrincante, Menem—, sino de las acciones y el discurso que organizó desde la presidencia (Muñoz y Retamozo, 2008), buscando recuperar las luchas contra la Convertibilidad y contra la dictadura como una larga secuencia antineoliberal, de la cual se reconocía heredero. Desde allí, proponía reparaciones al pueblo dañado, incluyendo un cambio sustancial en las políticas de Derechos Humanos (Biglieri y Perelló, 2007). Con esto, se completó el proceso que permitió legitimar al neodesarrollismo como proyecto de la fracción industrial del bloque en el poder, un proceso centrado en las demandas de este sector pero con intenciones de construir hegemonía, mediante la realización de concesiones a las clases subalternas (Cantamutto y Costantino, 2022).

Este proceso tuvo un quiebre central en 2008, no tanto por la crisis internacional, sino por el conflicto político que se desató con el empresariado agropecuario, a raíz del intento del gobierno de aumentar los derechos de exportación. A partir de entonces, se constituyó un antagonismo fuerte, con el gobierno abrazando una tradición nacional y popular, consolidando el proceso de identificación política (el kirchnerismo), por un lado, y el poder económico agrario, por el otro. Desde el inicio del conflicto se hizo notable que, a pesar de tratarse de una demanda sectorial, tenía posibilidad de captar otros descontentos sociales (Castro García et al., 2009). Sin embargo, desde este polo político se inició un esfuerzo de convergencia con otros sectores del poder económico, a través de diversos foros y asociaciones (Asociación Empresaria Argentina, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y el Foro de Convergencia Económica), que le permitieron construir lentamente un nuevo programa económico unificado, cuya representación caería desde 2015 en la coalición Cambiemos (Cantamutto y López, 2019).³

El gobierno salió derrotado de ese conflicto —no pudo aprobar el cambio impositivo—, y reaccionó con una veloz secuencia de relevantes políticas de orden político, económico y cultural, como las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, la de servicios audiovisuales, el programa Conectar Igualdad, la reestatización del sistema de seguridad previsional y la creación de la asignación universal por hijo/a. Este amplio espectro de políticas le sirvió para reconstruir capital político de cara a las elecciones presidenciales de 2011 (que ganó con el 54% de los votos en primera vuelta), pero no para reconstruir la alianza social que le dio origen a su programa. Con las fracciones industriales cada vez más tensionadas por el resto del bloque en el poder, este último gobierno neodesarrollista no logró gran dinamismo económico y las mejoras distributivas se ralentizaron, reaparecieron los déficits externo y fiscal, y la inflación escaló su ritmo (Schorr, 2018).

La confluencia del poder económico, suturando las divisiones previas entre fracciones, llevaron un programa económico de corte regresivo (Bona, 2019). Por eso mismo, su aplicación en el gobierno de Macri enfrentó fuertes resistencias desde el inicio, lo cual obligó a un camino gradual en las reformas estructurales. No fue igual con la apertura y desregulación de las cuentas externas, a lo cual procedió con celeridad, incentivando un esquema de fuerte dependencia en el uso de deuda pública externa con acreedores privados (Basualdo, 2017). Es importante remarcar que este esquema de políticas no traía grandes novedades en materia de propuestas económicas, sino que se remitía a un retorno atemperado de las políticas neoliberales de los años noventa (Fair, 2021), con un discurso claramente antikirchnerista. Sin embargo, en la campaña electoral de 2015, estas propuestas no fueron explicitadas, de modo que no es posible atribuir la victoria de Cambiemos a un apoyo popular al programa neoliberal de gobierno (Adamovsky, 2016).

La exposición de la economía argentina a los vaivenes del mercado internacional se vio severamente incrementada por las políticas de liberalización, lo cual facilitó el estallido de una crisis cambiaria y financiera en 2018, ante una reversión de los flujos internacionales de capitales. Ante la situación, el gobierno de Macri cerró en junio un acuerdo de tipo stand by con el FMI, para el cual no tenía las atribuciones legales correspondientes, por la cifra récord de 57.100 millones de dólares (Brenta, 2019; Justo, 2021). De ese monto total, se utilizaron 45.000 millones hasta septiembre de 2019, cuando el FMI le retiró el apoyo al gobierno tras sufrir una derrota en las elecciones primarias. En el período de vigencia del acuerdo, el peso se devaluó (pasando de $25 por dólar a $60), duplicando el nivel de inflación previo, lo cual resultó en una severa caída de los salarios (un 17% en promedio diciembre de 2016 y en el mismo mes de 2019, que alcanzó el 25% en el caso de los/as trabajadores/as informales). Esto impactó en aumentos de la pobreza (que pasó de 27,3% en 2018 de las personas al 35,5 en 2019%) y la indigencia (pasó del 4,9% al 8% en el mismo período).⁴

Justamente, el intento de reestructuración neoliberal de Cambiemos no encontró forma de construir un futuro venturoso para amplias mayorías, afectadas por la regresividad de una política macroeconómica basada en la toma masiva de deuda pública y en mayores tasas de inflación y pobreza (Fair, 2021). Esto facilitó la convergencia de amplios sectores de la oposición en una nueva coalición política, el Frente de Todos (en adelante, FdT), que llevó a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como candidatos a presidente y vice, resultando electos en octubre de 2019.

La resistencia popular a los embates del gobierno de Macri facilitó la convergencia entre movimientos sociales antes distanciados según su relación con el gobierno kirchnerista. El Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Patria Libre, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, e incluso algunas organizaciones de izquierda partidaria –—nucleadas en el Frente Piquetero— lograron converger en las calles para resistir el ajuste en la política social (Longa, 2022). Pero además mostraron capacidad propositiva, al lograr la aprobación de la Ley de Emergencia Social en 2016 —que sumaba subsidios a cooperativas y el Salario Social Complementario— y la realización del Registro Nacional de Barrios Populares. Para 2019 lanzaron una herramienta de acción común, con la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP). Una parte mayoritaria de esta fuerza social, junto con el sindicalismo (en especial, de la CGT), se sumaron a la alternativa política del FdT, en un novedoso desafío de coordinación política (Longa, 2022).

Entre las corrientes políticas también se produjo una convergencia de diversos espacios, que ayudó a construir más allá de los límites de la identidad kirchnerista previa. Por un lado, se sumaron dos corrientes internas del peronismo de Buenos Aires, el Grupo Octubre y el Grupo Callao —este último espacio liderado por Alberto Fernández—, ambos con propuestas programáticas destinadas a abordar la crisis nacional, destacando la importancia de la intervención activa del Estado en favor de políticas sociales y de ingresos más inclusivas, el apoyo a la producción y la industria, en consonancia con un enfoque neodesarrollista, que recuperaba —con críticas— las medidas implementadas durante los gobiernos del kirchnerismo.

Por otro lado, se unió al Frente Renovador liderado por Sergio Massa, con un caudal relevante de votos y poder político en el Congreso y en el territorio. Desde la perspectiva programática, el Frente Renovador había desempeñado un papel activo en el Congreso, respaldando diversos proyectos de ley del gobierno de Cambiemos. Este aspecto es significativo, ya que refleja las ambivalencias programáticas asociadas a la ampliación de la coalición política. Finalmente, se sumaron también partidos más pequeños de centroizquierda como la Unidad Popular y el Frente Patria Grande, que no necesariamente aportaban muchos votos o estructura partidaria, pero que desempeñaban un papel en la configuración ideológico-política amplia del FdT.

La capacidad de articular diversos movimientos y sectores partidarios —esencial, pero no únicamente, del peronismo— sirvió para ganar la elección presidencial en primera vuelta, con propuestas claras de poner fin al modelo basado en la especulación financiera propuesto por Cambiemos. En lo que sigue, evaluamos sus alcances.

El FdT: un gobierno de coalición y consensos

El gobierno recién electo se presentó como un espacio de articulación más allá del kirchnerismo, que venía a poner fin al modelo neoliberal tardío de Cambiemos. En el tope de la agenda estaba, por ello mismo, el problema de la deuda pública. La deuda bajo legislación nacional había entrado en cesación de pagos tras las elecciones primarias de 2019, siendo inviable garantizar el pago del resto de la misma: el propio mercado daba por descontada la necesidad de reestructurar. El gobierno de Cambiemos, de hecho, debió reponer los controles a la cuenta capital y financiera del balance de pagos que había quitado al inicio de su mandato para contener parcialmente la crisis.

Apenas asumió, el gobierno se vio en un escenario regional menos afín que en los años de surgimiento del kirchnerismo (Busso, 2022). Desde Brasil, el entonces presidente Jair Bolsonaro había apoyado explícitamente la reelección de Macri (Gosman, 2019), sumándose al apoyo brindado por el gobierno estadounidense a través del FMI hasta que perdiera las elecciones primarias. Por ello, en el primer mes Alberto Fernández inició una gira internacional para buscar apoyos de Alemania, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, acreedores nucleados en el Club de París y a la vez principales accionistas en el FMI. La estrategia trazada por el gobierno, de la mano del ministro de Economía Martín Guzmán, fue realizar una negociación de buena fe. Esto implicó no interrumpir los pagos e incluir a los acreedores en el diseño de la propuesta de reestructuración (Nemiña y Val, 2020).

Debe enfatizarse este punto, porque se trató de una matriz sostenida durante el gobierno: no se buscó una estrategia de confrontación con los ganadores de la etapa previa (en particular, los acreedores financieros), sino de diálogo en busca de soluciones consensuadas. En este punto, la estrategia oficial buscaba diferenciarse de la imagen del anterior gobierno kirchnerista, asociado a la confrontación —centralmente, por sus diferencias con el empresariado agropecuario, el multimedios Clarín y los acreedores conocidos como fondos buitres—. El nuevo gobierno, que incluía en la coalición a otras fuerzas políticas, quería demostrar la posibilidad de cambiar las políticas económicas, pero desprovista del sesgo de conflicto.

Ya en los documentos de propuestas previos a la elección presidencial el FdT había destacado la importancia de establecer mecanismos de diálogo y consenso para la formulación de políticas económicas. Esta visión se materializó al convocar la Mesa Argentina contra el Hambre en diciembre de 2019. El propósito último era compartir la responsabilidad del presidente con una amplia gama de fuerzas políticas y sociales, así como de asegurar la continuidad de las políticas acordadas. Con todo, la negociación con actores que habían sido beneficiados por el anterior gobierno hacía que tanto el cambio de rumbo como la reparación parcial de los daños causados por aquel conjunto de políticas fueran más difíciles de lograr. En materia de la deuda, por caso, suponía eximir a los acreedores de sus responsabilidades en los préstamos acordados con el anterior gobierno, poniéndolos como un sector más con el cual consensuar, para luego redistribuir.

El presidente Fernández fue enfático en este sesgo en su discurso de asunción ante el Congreso. Allí fue muy elocuente en las referencias a la continuidad democrática y la necesidad de fortalecer la lógica institucional de respeto a la diferencia.⁵ Sin embargo, la defensa del sistema democrático y el respeto a los disensos, con una ausencia notoria de intenciones refundacionales, transfería esas virtudes de la pluralidad a la búsqueda de dilución de los antagonismos, incluso con quienes hubieran sido antes beneficiados: implícitamente, la promesa de llegar a los que peor estaban se debía realizar con el acuerdo de los que mejor estaban.⁶ Es decir, para cumplir su promesa, nadie debía resultar perjudicado, incluso aquellos que habían contribuido a causar los problemas.

Concretamente, en relación al problema de la deuda, y como quedó demostrado (Basualdo, 2017; BCRA, 2020; Brenta, 2019; Manzanelli y Barrera, 2018; Susani, 2019), la misma no fue utilizada para financiar un proceso de inversiones productivas o en mejorar las condiciones de vida de la población, sino para financiar la fuga de capitales del sector privado. Los acreedores tenían toda la información necesaria para conocer el destino de estos fondos, y su inviable repago al momento de vencimiento, razón que fue considerada oportunamente en las primas de riesgo. Lo mismo puede señalarse respecto del acuerdo con el FMI: tenía conocimiento del destino de los fondos. De modo que resulta ilógico asumir que no deban tener algún tipo de costo, tras haber ganado con el esquema previo de políticas que perjudicó a una amplia mayoría.

Vale resaltar que el costo de confrontar con los acreedores abría un escenario incierto para el gobierno: la posibilidad de que se interrumpan todos los flujos de capital al país, acelerando la cesación de pagos a otros instrumentos de deuda, lo cual no solo incrementaría el costo del crédito, sino que también podría desfinanciar a empresas internacionalizadas, en especial las dedicadas a la exportación. El costo reputacional para el gobierno apareció como muy elevado, frente a lo cual la mejora de la situación económica aparecía como incierta. Con todo, el gobierno podría haber buscado aliados entre países deudores, de la región o fuera de ella, para construir alianzas que mejoraran su posición negociadora.⁷ En el plano interno, se podría haber avanzado con una auditoría integral y participativa, que fortaleciera el apoyo a la gestión de la deuda.⁸ Se podrían haber iniciado pedidos de opinión consultiva en la Corte Internacional (Patricio Ferreira Lima y Marsh, 2022), por ejemplo. Podría haberse explorado la posibilidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento, en la región o fuera de ella, que aliviara la capacidad de presión de los acreedores. El gobierno no exploró ninguna de estas acciones, que podrían mejorar la situación desde la cual se negociaba, sino se orientó en cambio en conseguir el acuerdo de los mismos acreedores que se beneficiaron del proceso de endeudamiento del gobierno anterior. Podría, incluso, haber dejado de pagar la deuda mientras la misma se investigaba o mientras se renegociaba.⁹

La negativa a actuar confrontando con actores ganadores de la etapa previa se presentó en otros planos. Por caso, durante el gobierno de Cambiemos, muchos grupos económicos tomaron deuda —incluso con empresas relacionadas en el exterior— sin que tuviera por contrapartida una operación inversora. El gobierno del FdT entendió que era necesario garantizarle acceso a divisas para no interrumpir la cadena de pagos, lo que hubiera significado perder mercados de exportación, por lo cual pudieron adquirir divisas en el mercado oficial al tipo de cambio comercial (no el financiero, que era más elevado). Es decir, en un contexto de dificultades externas, se les dio prioridad de acceso a divisas.

Uno de estos grupos fue especialmente relevante. Se trata del grupo Vicentín, uno de los principales exportadores de soja del país, que se declaró en cesación de pagos tras haber tomado crédito con el Banco Nación (público) justo antes que asumiera Fernández (Cayón, 2019). En junio de 2020, un sector del gobierno —asociado al kirchnerismo y algunos de los partidos de centro-izquierda de la coalición— propuso la idea de expropiar a la empresa para compensar sus acreencias, lo que desató una serie de protestas alentadas desde la oposición (Wainfeld, 2020; Bertello, 2020). Se recreó la idea de un gobierno que atacaba la iniciativa privada, lo cual rápidamente generó divisiones en el interior de la coalición, como expresó el gobernador de la provincia Santa Fe, donde están ubicadas las plantas principales de la empresa. El presidente anunció la intervención de la empresa,¹⁰ e incluso presentó un proyecto de expropiación (“Proyecto de Ley”, 2020), pero en apenas unos días (menos de una semana) retrocedió con la propuesta (“Confirmado: El gobierno”, 2020). Finalmente, el proceso judicial siguió su camino, sin que el gobierno avanzara sobre el control de la empresa.

Se trató de un momento clave. Esta negativa a avanzar con decisión, incluso ante la prueba del desfalco, fue una clara señal sobre los límites de este nuevo proceso político, que no buscaba confrontar con el poder económico (o cedía ante la menor dificultad, que a los efectos no cambiaba el resultado). No obstante, ante una parte de la sociedad, se pagó un precio político aún mayor, quedando como si hubiera tenido la intención y esta fue detenida por la acción de resistencia social. Se puede decir que desde este momento se profundizó la lógica consensualista, que ya había sido inaugurada con la negociación de la deuda (antes de llegar al acuerdo final).

El hecho, al mismo tiempo, sirvió de excusa para la acción explícita de parte de la oposición, que forzaba la imagen de un gobierno controlado por un sector específico de la coalición, a saber, el liderado por la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Lo llamativo del caso es que se fortalecía esta interpretación, pero sin la acción consumada: no se expropió Vicentín, como no se negoció de manera dura contra los acreedores ni contra otros grupos económicos que tomaron deuda de manera especulativa. Pero en parte de la opinión pública quedó como si hubiera sido así. Todo este proceso se dio en el marco de un hecho central, que es la gestión de la pandemia, la cual analizamos en la siguiente sección como parte de un quiebre.

Pandemia y deuda como catalizadores de la tensión

El contexto de creciente rechazo social es indisociable del temprano desgaste sufrido por el manejo de la pandemia del COVID-19. Las tempranas medidas adoptadas por el gobierno, incluyendo el llamado al diálogo con parte de la oposición —por caso, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue un claro interlocutor— le sirvieron para granjearse un fuerte apoyo en la opinión pública (Garay y Simison, 2023). El gobierno debió recomponer el rango de Ministerio de Salud, degradado a secretaría en el mandato de Cambiemos. Para lidiar con las urgencias de un sistema sin recursos, se procedió a una temprana medida de aislamiento social preventivo. Lo que fue considerado un acierto inicial, terminaría siendo un lastre ante la opinión pública, debido a su extensión. No se pretende aquí valorar la efectividad de la medida sanitaria, sino ligarla a su efecto en términos de la opinión pública y la construcción de la oposición.¹¹

La sensación de agobio ante la extensión indefinida de las medidas de aislamiento se traducía en efectos concretos respecto de la dinámica laboral y de ingresos.¹² Para un sector amplio de la población que trabaja en condiciones de informalidad, estas medidas implicaban la imposibilidad de salir y obtener ingresos. El gobierno implementó el llamado Ingreso Familiar de Emergencia a lo largo de 2020 para atender a estos sectores, realizando tres pagos de $10.000 en cada caso —equivalentes al 59,3% del salario mínimo— que llegaron a casi nueve millones de personas (Kaplan y Delfino, 2023). Esta política, que se complementó con las asignaciones ya existentes en el país (como la asignación universal por hijo/a), tuvo un impacto especialmente positivo en términos de género: la mayor parte de las personas beneficiarias fueron mujeres.

Las empresas privadas y ciertos sectores en especial recibieron apoyo por parte del Estado en la forma de créditos a tasas subsidiadas, eximición de impuestos e incluso pago parcial de los salarios de sus trabajadores/as, mediante el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Quienes se desempeñan en el sector público tuvieron continuidad laboral, y, al igual que en el sector privado, tuvieron que afrontar un proceso de migración al teletrabajo con diversas heterogeneidades (Schteingart, Kejsefman y Pesce, 2021). Vale señalar que esto produjo una sobrecarga de tareas, al combinar el trabajo formal con cuidados y tareas domésticas, en especial debido a la no presencialidad en las instituciones educativas. La gestión de reapertura o cierre de las diversas actividades a lo largo de la pandemia impactaba en la organización de la vida en los hogares, y esto ocasionó diversas críticas y malestar —sin discutir aquí su importancia sanitaria—.

De hecho, este proceso parece indisociable del crecimiento de la crítica libertariana al papel del Estado. En línea con lo ocurrido en otros países (Stefanoni, 2021), sectores de derecha plantearon objeciones a la intervención estatal como una obstrucción a la libertad personal —llegando incluso a cuestionar la mortandad de la enfermedad o la efectividad de las vacunas—. Para amplios sectores jóvenes, impedidos de vincularse en espacios culturales, educativos o de entretenimientos, esta interpretación pareció atinada (Vázquez, 2023), pero también para sectores con trabajos informales o precarizados que vieron interrumpida la posibilidad de obtener un ingreso y recibieron limitada ayuda de parte del Estado. El impacto de esta interpretación se acrecentó en 2021 cuando se hizo pública la fotografía sobre una fiesta celebrada en la residencia presidencial de Olivos durante las medidas de aislamiento, que ponían a los representantes políticos al margen de los padecimientos de la mayoría.

Este núcleo de ideas se promovió con otros argumentos. En relación a la gestión de la pandemia, la compra de vacunas resultó en una serie de críticas, no solo de la derecha libertariana, sino también de la oposición nucleada en Juntos por el Cambio (que reemplazó a la previa alianza Cambiemos). La acelerada carrera por lograr vacunas efectivas para el COVID puso los países a atender sus propias necesidades, exacerbando los nacionalismos incluso en Estados Unidos —entonces bajo la presidencia de Donald Trump— (Busso, 2022). La Argentina negoció con todos los laboratorios para garantizarse acceso, y eso incluyó a las desarrolladas en Rusia y China, en un significativo esfuerzo de multilateralismo —validado también por su activa participación en la iniciativa Covax de la Organización Mundial de la Salud— (Busso, 2022; D’agrosa, 2022). La crítica en este caso fue puesta sobre la mesa por la falta de alineamiento internacional con los laboratorios estadounidenses y británicos. La interpretación sugerida era que se privilegiaba un teórico alineamiento exterior ideológico que marginaba opciones de supuesta mayor efectividad, lo cual no estaba respaldado por pruebas.

En el antedicho marco, el gobierno impulsó la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que logró su aprobación a fines de diciembre de 2020 (Ley 27.610). Si bien esto respondía a la base de movilización de las organizaciones de mujeres y de feministas (Muñoz, 2023), al mismo tiempo servía de excusa para los sectores de derecha que lo interpretaban como una subversión de prioridades: atender a una agenda diferente a la prioritaria.

Es decir, por diferentes vías, la crítica de las derechas socavó la autoridad presidencial y del conjunto de la alianza de gobierno, lo cual terminó expresándose en un crecimiento en las urnas en las elecciones legislativas de 2021, que indicaron un revés para el FdT.¹³ Esto incluyó la irrupción como fuerza política del libertarianismo, con figuras mediáticas como Javier Milei. Su discurso, conceptualizado como de nuevas derechas (al respecto, ver Delfino y Eissa [2023]), coliga las críticas libertarianas a la acción del Estado con una reacción conservadora ante los avances de los feminismos, en una defensa combinada de la familia y la propiedad como principales instituciones, apelando a un pasado glorioso que a fines del siglo XIX (aunque reivindica a su vez las políticas neoliberales de los años 90). La crítica creció en especial en relación a la responsabilización del Estado y la política como raíz de los problemas sociales, bajo el significante de casta como un segmento social diferenciado del resto de la sociedad, que vive con privilegios más allá de la cotidianidad del resto del pueblo. Esta idea de casta, centrada en la representación de las fuerzas políticas y ajena a los privilegios del poder económico, se vio alentada por algunos eventos clave, como el escándalo público conocido como “vacunatorio VIP”, por el cual se supo de personalidades afines al gobierno que recibieron dosis de vacunas antes que el resto de la población, sin ningún justificativo.

Las críticas externas se conjugaron con los roces internos de la coalición. En algunos casos se solapaban los problemas: la derecha apuntaba contra la política social asistencialista —por desincentivar la “cultura del trabajo”— y esto tensionaba la relación interna de los movimientos sociales con el gobierno. Si bien algunas organizaciones ganaron presencia, no solo por cantidad, sino por áreas de influencia, otras crecieron en conflictividad, debido a la falta de avances en materia distributiva y ciertos hechos de represión (Longa, 2022). El manejo de los programas sociales se tensaba en el interior de la coalición con intendentes municipales, que buscaban con este instrumento tener mayor visibilidad en sus territorios (Garay y Simison, 2023). La prioridad de los últimos frente a los ganadores del ciclo previo no estaba del todo clara.

Con todo, quizás el aspecto que implicó mayores tensiones fue la negociación de la deuda. Si la estrategia del gobierno fue negociar de buena fe y lograr “ganar tiempo” con los acreedores, la situación de pandemia —con la emergencia sanitaria y la mayor crisis económica mundial en un siglo— no implicó un cambio de rumbo (Nemiña y Val, 2020). En agosto de 2020 se logró cerrar la negociación con acreedores privados —tanto bajo legislación extranjera como nacional—, extendiendo los plazos de pago con una reducción de la tasa de interés (Fernández, 2023). Aunque esto generaba cierto alivio en la presión inmediata de los servicios, en rigor los acreedores no aceptaron quitas ni suspensión de los pagos, a pesar de haber prestado en condiciones de probable impago (es decir, de haber cargado en las condiciones iniciales el riesgo de problemas) y a pesar también del evento extraordinario de emergencia. Es importante considerar este hecho, ya que la deuda defaulteada por el gobierno anterior implicó el cierre de los mercados internacionales de crédito, lo que dificultó el financiamiento del paquete de estímulo ante la pandemia. Además, los servicios de la deuda, durante la negociación e inmediatamente después, se llevaron recursos que eran necesarios en otros usos urgentes.

Si bien esto tensó a la coalición, en febrero de 2020 se logró aprobar en el Congreso —con el apoyo del oficialismo y la oposición, excepto la izquierda trotskista— la Ley N.° 27.544 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que orientó la renegociación realizada por el gobierno. El apoyo del FMI fue relevante en este punto para facilitar el acuerdo, en línea con sus propuestas a escala internacional, coordinadas con el Banco Mundial y el G20. El entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, se orientó a lograr un nuevo acuerdo con el FMI, para reemplazar el stand by de 2018. Para avanzar en el mismo, logró que se apruebe en febrero de 2021 la Ley N.° 27.612 de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que obligaba a que el Congreso aprobase cualquier nuevo acuerdo. Nuevamente, se buscaba consolidar un consenso general, que en los hechos implicaba anular la responsabilidad de lo actuado previamente, no solo entre sectores del empresariado y los acreedores, sino también de representantes políticos. Recién en marzo de 2022 llegaría el nuevo acuerdo, avalado a su vez por la Ley N.° 27.668. En este caso, una parte del bloque oficialista se negó a apoyar, por lo que renunció el jefe de la bancada en Diputados por diferencias con respecto del acuerdo (Garay y Simison, 2023).

El nuevo acuerdo firmado fue uno de tipo facilidades extendidas, que implica plazos de maduración más extensos (una década) que el stand by. Aunque normalmente asociado a mayores condicionalidades estructurales, el mismo fue presentado como laxo en este sentido: no incluía pedidos de reformas, y, en lugar de un ajuste por la vía del shock, se proponía un sendero de consolidación fiscal a tres años, reduciendo el déficit y su financiamiento monetario, así como impulsando la acumulación de reservas mediante el aumento de las exportaciones (Aronskind, 2022). Al mismo tiempo, sus desembolsos se ejecutarían durante la vigencia del stand by, lo cual implicaba la revisión trimestral de las cuentas fiscales y las políticas económicas del gobierno por parte del FMI, y le otorgaba un fuerte poder de presión, constituyéndose en un factor de incertidumbre en el tiempo.

El gobierno se veía obligado a ser vigilado para recibir fondos para pagar al mismo acreedor, y no estaba claro que el auditor-acreedor contemplara con la debida diligencia procesos que afectasen a la macroeconomía argentina: por caso, los impactos sobre la inflación y la balanza comercial de la guerra en Ucrania durante 2022 o la severa sequía de 2023 debieron ser negociados con extensos tiempos de dilación. Estos hechos —que efectivamente ocurrieron luego de la firma del acuerdo— son muy significativos para explicar la crisis económica, incluyendo la inestabilidad macroeconómica y, con ello, el impacto político sobre el FdT.

Asimismo, el FMI no cedió en el acuerdo a ninguno de los pedidos y sugerencias de la Argentina, a pesar del crítico informe de su propia Oficina de Evaluación Independiente publicado a fines de 2021. El organismo podría haberse responsabilizado por su actuación en 2018 y considerado la situación de pandemia, concediendo un alivio, una extensión anormal de la maduración a 20 años, la eliminación de los sobrecargos o la posibilidad de canjes por inversiones climáticas. Nada de esto ocurrió. De modo que los apoyos políticos provinieron más desde la oposición —que así pretendía dar por cerrado el tema— que desde el oficialismo.

La propuesta de impulsar las exportaciones no estuvo exenta de tensiones, debido a las concesiones que fue necesario otorgar a los polos exportadores existentes, como el cerealero-oleaginoso.¹⁴ Aquí queremos enfatizar otro punto: este mandato exportador fue presentado por parte de la coalición de gobierno como condición sine qua non para poder estabilizar la economía, crecer y redistribuir.¹⁵ Por ello mismo, cualquier objeción a la expansión exportadora era visto como un escollo a los objetivos de la coalición. Esto favoreció críticas públicas a movimientos y organizaciones ambientalistas de diverso tipo, ridiculizadas por su oposición a la exploración de hidrocarburos en aguas profundas o de minerales en la provincia de Chubut, de los resguardos por el agua ante los proyectos de litio en Catamarca y Jujuy, o incluso por la prohibición de la cría de salmones en aguas abiertas en Tierra del Fuego. En términos políticos, esto generó un desgaste frente a sectores progresistas y entre jóvenes por la falta de consideración ante los reparos ambientales.¹⁶

El acuerdo con el FMI demandaba la suba de tarifas de servicios públicos y la energía, así como devaluaciones que pusieran el tipo de cambio en un nivel más competitivo, todo lo cual era inflacionario. Junto a la inercia previa, la inflación internacional —por la reestructuración de las cadenas productivas y la guerra en Ucrania— y los efectos del paquete de estímulo, la inflación efectivamente se recrudeció desde 2022 (pasando del 51% en diciembre de 2021 al 95% del mismo mes en 2022, al 138% en septiembre de 2023), lo cual acrecentó las tensiones internas. El ministro Guzmán, buscando cumplir con el acuerdo, intentó elevar las tarifas —para reducir los subsidios del Estado— y se enfrentó a crecientes tensiones internas en el gobierno, especialmente desde sectores críticos del acuerdo, lo que terminó en su renuncia en julio de 2022 —que se sumó a otras renuncias de peso el mes previo, como la del ministro de Producción, Matías Kulfas—.

Esta renuncia incrementó la inestabilidad política interna. Tras un breve paso de Silvina Batakis como ministra de Economía, terminó asumiendo quien hasta entonces fuera el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Su papel en el Congreso estuvo centrado en lograr los consensos para aprobar el acuerdo de Facilidades Extendidas y desde el ministerio se encargó de cumplirlo, reduciendo los subsidios, alineando el tipo de cambio con niveles competitivos y multiplicando regímenes de promoción a las exportaciones tradicionales (complejo oleaginoso-cerealero) como no tradicionales (economía del conocimiento, hidrocarburos no convencionales, litio). A pesar de ello, se buscó evitar una devaluación súbita y la unificación del régimen cambiario: por el contrario, multiplicaron los tipos de cambio efectivos. La inflación se recrudeció, alcanzando el 113% anual en julio de 2023, un nivel récord en tres décadas.¹⁷

Los salarios no pudieron seguir el ritmo: desde el inicio del gobierno del FdT a junio de 2023 cayeron en promedio un 5,2%, llegando al 17,5% en el caso de quienes trabajan en situación de informalidad. Los salarios en el sector privado, bajo condiciones de formalidad, apenas perdieron 2% en promedio, aunque hay una significativa heterogeneidad entre sectores. Considerando hasta mayo de 2023, el salario mínimo perdió un 15%, el haber jubilatorio mínimo un 12% y la asignación universal por hijo/a un 16%. Por ello no llama la atención que la pobreza haya aumentado de alcanzar al 35,5% de las personas a finales de 2019 a afectar al 39,2% a finales de 2022. Si bien el desempleo se redujo significativamente, la ocupación efectiva no permitió necesariamente ganarle a la inflación.

Este hecho es significativo, porque, como ocurrió otras veces en la historia (Piva, 2007), la inflación elevada es utilizada como argumento para mostrar la supuesta ineficacia de la acción del Estado, culpándolo como responsable (Dvoskin, 2023). La crítica de la derecha —y de la extrema derecha— lo utilizó como argumento para mostrar por otra vía su argumento sobre la necesidad de limitar la acción estatal. No se visualizan en esta crítica otras responsabilidades, como lo señalado respecto de que el acuerdo con el FMI fuera un factor de impulso de la inflación. Tampoco el hecho de que durante todo el gobierno del FdT dos tercios del superávit comercial externo se haya destinado al pago de la deuda especulativa tomada en el gobierno anterior, generando una falta relativa de divisas que, a su vez, desestabilizó el tipo de cambio (Schorr y Wainer, 2023). Ni que los principales grupos económicos hayan aprovechado la coyuntura de inflación para mejorar sus márgenes de ganancia (Manzanelli y Amoretti, 2022). La crítica está exclusivamente puesta en la acción de la política como origen de los problemas del país.

La violencia de la crítica de ciertos sectores de la derecha es inescindible de cierto cuadro de situación social y política, cuyo epítome se presentó con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022. El mismo se dio en un marco ya enardecido por una condena por corrupción, que incentivó manifestaciones contrarias y en defensa de la ex presidenta (Garay y Simison, 2023). Si el juicio y el intento de asesinato sirvieron para suturar diferencias entre sectores de la coalición oficialista, desde la oposición hubo reacciones diversas, aunque la más significativa fue la falta de condena por parte del dirigente libertariano Milei. El escenario de alta inflación se conjugó así con un nuevo clima de inestabilidad social y política, cuyos alcances no están claros.

Comentarios finales

El FdT llegó al gobierno validado por su crítica explícita a las políticas del presidente Mauricio Macri, prometiendo poner freno al modelo de especulación, tratando de promover una salida productiva que redistribuyera en favor de aquellas personas que peor se encontraban. Sin embargo, buscando diferenciarse de una de las partes de la coalición, del kirchnerismo que gobernó hasta 2015, el FdT intentó validar sus políticas a través de la búsqueda de amplios consensos. A pesar del viso democrático que esto pueda tener, ponía límites a la hora de poner en marcha políticas que afectaran a los beneficiarios de las políticas económicas de Cambiemos. Es decir, la nueva coalición llegó con una promesa redistributiva, pero sin ánimos refundacionales, es decir, sin oponer al pueblo dañado con la parte de la sociedad antes favorecida. Una especie de reparación ilusoria donde todos los actores ganarían.

Esto buscó fungir como una propuesta de sutura de la llamada grieta, es decir, la oposición política entre el kirchnerismo (ahora integrado al FdT) y el antikirchnerismo (Cambiemos, Juntos por el Cambio). Sin embargo, sus alcances limitados se hicieron rápidamente notorios ante eventos clave, como la negociación de la deuda o la gestión de la pandemia. En este artículo no procedimos a una evaluación de resultados en este respecto, sino que nos enfocamos en sus impactos políticos, y en la configuración de un nuevo escenario de conflicto donde se expandieron las ideas de derecha y derecha extrema. El gobierno sufrió divisiones internas por la falta de determinación ante estos eventos y la formulación de ciertas políticas, aunque vale resaltar que aun así no se dividió, y llegó hasta el final del mandato unificado. La tensión, más allá de ambiciones partidarias o liderazgos, estaba en los límites para redistribuir el ingreso sin afectar intereses concretos. La coalición oficialista, a pesar de las diferencias internas, logró completar el mandato y presentar como candidato a las elecciones presidenciales de 2023 al ministro de Economía, Massa.

Desde la oposición se buscó presentar a la coalición oficialista como una mera extensión del kirchnerismo, presentando a los demás sectores del frente como incapaces de torcer el rumbo, o directamente títeres de Cristina Kirchner. Si bien la oposición mayoritaria (Juntos por el Cambio) apoyó en el Congreso las leyes más importantes del oficialismo,¹⁸ abonó a la crítica de ineficacia del gobierno, en especial en relación a variables económicas que se habían deteriorado durante el gobierno previo: inflación y deuda, por ejemplo. Sin embargo, un hecho interesante es que la lectura realizada por una parte de esta oposición, la liderada por Macri, entiende que el error de gestión cuando eran gobierno fue el gradualismo: deberían de haber ido más a fondo con las reformas, incluso contra la opinión pública y la resistencia social. Si en la campaña presidencial de 2015 Cambiemos hacía promesas esquivas sobre el futuro, en 2023 se lanzó a la ofensiva, llamando a completar las tareas por la vía del shock. El problema sería que buscaron demasiados consensos y se avanzó demasiado poco en el rumbo neoliberal.¹⁹

La diferencia con aquel momento es que desde 2021 apareció en escena una nueva fuerza política ubicada más a la derecha, con una crítica más radical, expresiva de un hartazgo social más amplio. Las fuerzas libertarias, lideradas por Milei, de La Libertad Avanza, lograron el primer lugar en las elecciones primarias de agosto de 2023, encuadrando el debate desde sus críticas al Estado y la “casta” política. Sus propuestas programáticas no esconden que para su aplicación requieren varias “generaciones”, pasando por alto elecciones democráticas, así como controles republicanos —la posibilidad de no tener acuerdo en el Congreso, por ejemplo—. La candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, se hizo conocida como defensora pública de la represión ilegal del Estado durante la última dictadura. Es decir, no se trata solo del rumbo, sino la intensión de pasar por encima de cualquier oposición o consenso entre partes. Esta fuerza retuvo su caudal en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, quedando en segundo lugar ante el candidato oficialista, pasando así a la segunda vuelta (sin definir al momento de escribir este artículo). El ala más de derecha del PRO se inclinó abiertamente por la ultraderecha ante este escenario, orientación que no compartió el resto de la coalición.

El gobierno del FdT fracasó en el intento de generar consensos para poder estabilizar la economía, crecer, distribuir e incluso financiar el cambio estructural, aunque logró una recuperación respecto de la crisis heredada y la generada con la pandemia. El crecimiento no se tradujo en mejoras distributivas, ni en un cambio estructural, sino por el contrario, en una consolidación de la matriz productiva y en la inserción externa previa. Justamente, no hay en este punto una divergencia absoluta entre fuerzas políticas (Schorr y Wainer, 2023). La apuesta central para lograr la estabilización económica, de hecho, está puesta en la generación de divisas desde el complejo oleaginoso-cerealero, junto a los nuevos negocios vinculados a la transición energética global —gas en yacimientos no convencionales y litio—. La diferencia con las fuerzas de derecha está en que el gobierno pretende hacerlo con cierta intervención del Estado, redistribuyendo parte de la renta generada por tales negocios. Más allá de si esto sea suficiente para movilizar pasiones, hay un problema de economía política en torno a la posibilidad real de realizarlo, a la luz de los resultados ya obtenidos. Parece que buscar consensuar con todos, más que suturar la grieta política, deja a la mayoría insatisfecha.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica

¹ A su vez, se tensionaron los proyectos de integración regionales, con la fuerte presencia de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) fomentando el libre comercio y el alineamiento externo con Estados Unidos (Estay, 2016; Silva, Noyola y Kan, 2018).

² Por estos motivos, García Delgado y Gradin (2017) hablan de neoliberalismo tardío para referir a estos procesos.

³ Esta coalición se conformó en el proceso electoral de 2015 y reunió a tres principales partidos —la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el partido de derecha PRO—, cuyo principal referente era Mauricio Macri, hasta entonces alcalde de la ciudad de Buenos Aires. La configuración del programa económico es previa, y excede a su representación política.

⁴ Todos los datos para estos cálculos provienen de fuentes oficiales, como el Instituto de Estadísticas y Censos, el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina.

⁵ “El 10 de diciembre de cada año no es un día cualquiera en nuestra memoria colectiva, ese día celebramos el momento en que la Argentina, toda, sepultó la más cruel de las dictaduras que hemos debido soportar. Ese día, hace 36 años, Raúl Alfonsín asumía la presidencia, nos abría una puerta hacia el respeto, hacia la pluralidad de ideas, y nos devolvía la institucionalidad que habíamos perdido. […] Por eso hoy, por eso hoy quiero iniciar estas palabras reivindicando mi compromiso democrático que garantice entre todos los argentinos, más allá de sus ideologías, la convivencia en el respeto a los disensos. […] Lo expreso desde el alma tanto a quienes me votaron, como a quienes no lo hicieron, no cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro” (“Palabras del presidente”, 2019).

⁶ “Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra patria, apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando, actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo. […] El sueño de una Argentina unida no necesita unanimidad, mucho menos necesita uniformidad. Para lograr el sueño de una convivencia positiva entre los argentinos, partimos de que toda verdad es relativa. […] Al decir esto, no ignoro que los conflictos que enfrentamos expresan intereses y pujas distributivas pero también soy consciente de que si actuamos de buena fe, podemos ser capaces de identificar prioridades urgentísimas y compartidas para acordar después mecanismos superen aquellas contradicciones. Más allá de las diferencias, estoy seguro de que todos y todas coincidimos en que empezar a superar el muro de las fracturas de la Argentina, implica crear una ética de las prioridades y las emergencias, eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos” (“Palabras del presidente”, 2019).

⁷ Existe un valioso antecedente en este sentido construido en los años 80 a partir de la crisis de la deuda, en lo que se conoció como Consenso de Cartagena, que logró condicionar el accionar de los acreedores (O’Connell, 1988; Tussie, 1988).

⁸ El gobierno moderó el avance de causas relativas a la deuda, a pesar de la existencia de diversas denuncias desde 2019. Recién en 2021 el gobierno nacional instruyó al Procurador del Tesoro de la Nación a interponer una acción penal contra el expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en relación con la deuda, basándose en un informe de la Sindicatura General de la Nación. El informe de la Auditoría General de la Nación llegó recién a inicios de 2023. En ningún caso se articuló una estrategia con organizaciones interesadas ni se lo sometió a consulta pública, a pesar de existir antecedentes como los de Ecuador y Grecia.

⁹ Un giro más radical hubiera sido el desconocimiento total de la deuda.

¹⁰ Se dispuso oficialmente mediante el Decreto 522/2020. Véase Bertello (2020).

¹¹ Argentina presentó bajo valor comparado en términos regionales de exceso de mortalidad asociada a la pandemia. Véase el comunicado de prensa del Ministerio de Salud (“Salud presentó los datos”, 2023).

¹² En esta misma línea se expresó Pablo Semán, en una entrevista para La Nación (Vázquez, 2023).

¹³ La alianza Juntos por el Cambio obtuvo el primer lugar con el 42,7% de los votos, dejando segundo al gobierno —con el 34,6% de los votos—. Las fuerzas libertarianas (La Libertad Avanza y Avanza Libertad) quedaron en cuarto lugar, con el 5,55% de los votos (un virtual empate con las fuerzas ubicadas en tercer y quinto lugar).

¹⁴ Por ejemplo, la puesta en marcha de tres ediciones de un tipo de cambio especial para exportadores de soja, más alto que el oficial comercial, el llamado Programa de Incremento Exportador. Por liquidar sus existencias, mejoraron su rentabilidad. En total, este programa representó el equivalente a cinco años de salarios más aguinaldos para los trabajadores de ese sector, saldo que fue apropiado por unas pocas compañías (Selén, 2023).

15 Véase, por ejemplo, el artículo de Daniel Schteingart e Igal Kejesfman (2021).

¹⁶ Como ejemplo, expresado en las movilizaciones contra la explotación offshore de hidrocarburos en la costa argentina, se puede ver la protesta conocida como atlanticazo. Véase el artículo llamado “Atlanticazo: acción territorial para un mar libre de petroleras” (2023).

¹⁷ Todas las cifras referidas provienen de fuentes oficiales, a saber, el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

¹⁸ Una de las resistencias más relevantes quizás haya sido la negativa a apoyar la ley N.° 27.605, de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, aprobada a fines de 2020.

¹⁹ Tales fueron los ejes de la campaña para la elección de candidatos en agosto de 2023 en el interior de Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta como expresión del intento de conciliar el rumbo con acuerdos, y Patricia Bullrich —con el apoyo de Macri— como representante de la vía del shock (anunciando en spots que decían “Poner fin al kirchnerismo, para siempre”). En tal interna, se impuso esta segunda línea.

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: franciscojcantamutto@gmail.com

Información adicional

Cómo citar: Cantamutto, F. (2024). El gobierno del Frente de Todos, o el fracaso de la búsqueda del consenso imposible. Papel Político, 29.

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