Todo proceso de conflicto y violencia marca una fragmentación social que conlleva dinámicas de ruptura de lo público que rebasan los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos. Por ende, la etapa de posconflicto debe ser contenida por una propuesta de política pública de reconciliación
social que garantice la efectividad de los procesos conducentes a la convivencia y coexistencia, fundados en principios de ética pública.

Desde esta perspectiva, la dinámica suscitada en Colombia desde la iniciativa gubernamental dela Ley de Justicia y Paz (2005), con sus consecuentes avances en materia de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011) y el llamado “Marco Jurídico para la Paz” (2012) constituyen
una aproximación normativa e institucional que debería consolidarse en una política pública, fundada en principios de ética pública para que sea efectiva. Para confrontar esta urgente necesidad de avanzar más allá de mecanismos alternativos y marcos jurídicos, la revisión de los casos de Sudáfrica y Centroamérica (El Salvador y Nicaragua) ofrecen herramientas de reflexión para contemplar lo acertado que puede ser la instauración de una política de Estado conducente a la reconfiguración social después
de largos peroodos de conflicto y violencia. La configuración de un reconciliation framework puede ofrecer garantías para esta labor.