Introducción

Tras la Revolución Mexicana, el país quedó devastado por años de guerra, muerte y destrucción, y no solo en términos materiales y de pérdidas humanas, sino también en cuestiones culturales e identitarias. La lucha armada hizo aún más evidente la falta de cohesión social que había en el país. Ante esto, los gobiernos posrevolucionarios y diversos grupos de intelectuales se propusieron unificar a la población nacional en términos culturales e ideológicos por medio de la transformación social, así se creó una nueva definición de lo que significaba México y ser mexicano.

Muchos elementos que hoy en día se pueden englobar dentro del término de patrimonio cultural –monumentos históricos y arqueológicos, costumbres, artesanías, música, danzas populares, etcétera– tuvieron un papel primordial en la creación de esa identidad. Esta quedó establecida a partir de la figura del mestizo como el arquetipo de lo “auténticamente mexicano”. La mexicanidad, que se había comenzado a gestar desde el siglo anterior, se concibió como el resultado de la mezcla de los aspectos indígena y español por igual.

Con base en lo anterior, las élites gubernamentales e intelectuales de la posrevolución impulsaron una política cultural en la cual la educación tuvo un papel clave, ya que fue una de las mejores herramientas del Estado para implementar este nuevo elemento de unidad en la población. Pero el proyecto educativo no solo se dio en las aulas, sino también por medio del rescate y promoción de diversos elementos que daban cuenta de esa identidad mexicana fincada, en gran medida, en una historia nacional común. Así, a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, José Vasconcelos, como su director, promovió las letras y las artes en general –paralelamente a las labores de alfabetización de las clases populares, rurales e indígenas mediante la creación de escuelas o el establecimiento de misiones culturales–, por ejemplo, impulsó el movimiento muralista, la labor editorial a gran escala o la atención para con algunos edificios históricos que, en formas distintas, promovían la nueva concepción de la identidad y cultura mexicana. Con Vasconcelos “la Revolución dejó de ser un mero teatro de política y de guerra, para convertirse en un espectáculo de cultura” (Valadés, 1987, p. 122).

A partir de esas necesidades se fue estructurando cada vez de mejor manera el marco jurídico e institucional referente a los monumentos ¹ . Al respecto, aunque redactada el año anterior, en 1930 se promulgó la ley que creó, como parte de la SEP, el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos (DMAAH), del que dependía la Oficina de Monumentos Coloniales y de la República (OMCyR) ² . Tal oficina era la instancia encargada de proteger y conservar los monumentos históricos edificados durante el período colonial y el siglo XIX por medio de su vigilancia, estudio y realización de obras de restauración y/o reconstrucción en algunos de los que estaban directamente bajo su cuidado; igualmente, le correspondió promover tales monumentos entre la población nacional como parte del sentido identitario ya mencionado y, también, entre los extranjeros como una de las primeras formas de atraer turismo y generar una nueva imagen de México hacia el exterior. De ahí que nuestro objetivo es acercarnos al funcionamiento de la OMCyR, sobre todo y hasta donde fue posible con las fuentes de archivo a partir de un estudio de caso, el antiguo convento de El Carmen, ya que fue uno de los primeros recintos históricos en estar bajo el cuidado directo del gobierno federal, esto es, desde octubre de 1921. Nos detenemos hasta la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en febrero de 1939, institución de la que desde entonces dependió el antiguo convento.

Las actividades de la OMCyR

Desde finales del siglo XIX, durante el porfiriato, en México se habían comenzado a proteger de manera oficial los monumentos y antigüedades arqueológicas mediante la promulgación de algunas leyes y la creación del cargo de Inspector y Conservador de Monumentos Arqueológicos de la República dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En abril de 1914, durante el gobierno de Victoriano Huerta en plena Revolución, se promulgó la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales, en la cual se creó la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e Históricos. Dicha ley se enfocaba principalmente en normar respecto a la protección de los monumentos históricos, es decir, los edificados después de la Conquista; sin embargo, la ley duró muy poco tiempo vigente, ya que fue derogada en agosto de 1914 al caer el gobierno huertista.

Con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, estas inspecciones que estaban a cargo de los monumentos históricos y arqueológicos pasaron a depender de ella, pero de forma desarticulada y sin un marco legal que garantizara la protección y regulara el uso de los monumentos. Alrededor de esos años, varios inmuebles históricos, especialmente los antiguos conventos coloniales, pasaron a depender de la Inspección de Monumentos Artísticos e Históricos, generalmente por mandatos presidenciales. Entre ellos se encontraban por ejemplo los conventos de Churubusco, Tepotzotlán, Acolman, Huejotzingo y El Carmen de San Ángel ³ .

Para finales de la década de 1920 era patente la falta de una ley moderna y vigente relativa a los monumentos, lo que limitaba las acciones que la SEP realizaba respecto a esa materia, así, en 1929, durante el gobierno de Emilio Portes Gil, se redactó una nueva ley que fue promulgada a finales de enero de 1930. En esta ley se normó sobre la protección y conservación de los monumentos históricos y arqueológicos, bellezas naturales y el aspecto típico y pintoresco de las poblaciones bajo jurisdicción del gobierno federal. Como parte de esa nueva legislación se creó el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos (DMAAH) en el cual se agruparon la Inspección de Monumentos Históricos, la de Monumentos Arqueológicos, el Museo Nacional y otros museos, todos a cargo de la SEP. En 1934 varios aspectos de la ley de 1930 fueron corregidos y simplificados con la promulgación de otra, acompañada por un reglamento.

La legislación de 1930 y el recién creado DMAAH cambiaron notablemente la forma en que el gobierno se involucró en el cuidado, administración y protección de los bienes históricos y arqueológicos del país. Respecto a los inmuebles históricos, en la ley se estableció que para que estos pudieran estar protegidos por ella, primero debían ser declarados monumentos por la Comisión de Monumentos, órgano del DMAAH integrado por funcionarios y académicos. Debido a ello, entre 1931 y 1940 la Comisión de Monumentos declaró 489 monumentos inmuebles, 3 monumentos muebles, 10 bellezas naturales y 8 lugares típicos (Salinas, 2016, p. 85). Aunque fueron muchas las declaratorias logradas, dadas las características de la legislación, la mayoría de los monumentos protegidos se encontraban en el Distrito Federal, y dos terceras partes eran edificios religiosos como conventos, iglesias y capillas novohispanas ⁴ .

La Comisión de Monumentos realizaba la declaratoria y la OMCyR se encargaba de elaborar los dictámenes y preparar la documentación gráfica e histórica del inmueble para que este pudiera ser presentado ante la comisión. Pero, más allá de esa actividad de la Oficina, los informes sexenales, anuales y mensuales dan cuenta de muchas otras labores que esta realizaba ⁵ . Tales actividades eran muy diversas: respondía a consultas sobre obras o modificaciones a inmuebles declarados monumentos; decidía respecto a las licencias para colocar anuncios en inmuebles declarados en la Ciudad de México; organizaba visitas de inspección a monumentos en distintos lugares del país; elaboraba, recopilaba y catalogaba registros de dibujo, fotográficos y bibliográficos sobre los inmuebles coloniales del país.

Asimismo, la OMCyR era responsable de que se cumpliera lo establecido en la Ley de Monumentos en cuanto a la prohibición y regulación de la exportación de piezas arqueológicas u objetos muebles e inmuebles que estuvieran declarados como monumentos ya fuera por el DMAAH o por los estados, y también aquellos que no contaran con declaratoria pero cuya conservación en el país fuera de interés público por su valor artístico, arqueológico e histórico.

Entre sus actividades cabe destacar el interés educativo, por ello la OMCyR fomentaba la realización de investigaciones tanto de carácter académico como de divulgación en torno a los monumentos y temas diversos relacionados con la historia colonial. Así, por ejemplo, en los informes se señala que se prepararon conferencias para ser transmitidas por radio acerca de las manifestaciones de arte en la época colonial ⁶ ; igualmente se promovían exposiciones nacionales e internacionales, la colocación de placas en sitios de interés histórico, la fundación de sociedades de historia local y de nuevos museos ⁷ . También, en el año de su creación, el DMAAH ordenó que la entrada a los sitios arqueológicos, monumentos, museos y casas históricas fuera gratuita (Enciso, 1930a) ⁸ con el fin de impulsar que tanto la población nacional como los turistas extranjeros visitaran esos recintos culturales.

En este mismo sentido educativo, a la vez que se promocionaba a México internamente y en el extranjero, la Oficina también se preocupó por adquirir nuevas piezas históricas entre las que se incluían documentos, libros, fotografías, planos, pinturas, bustos y hasta bancas. Igualmente los informes hacen referencia a la realización de libros, sobre todo monográficos, que se estaban preparando ⁹ , que ya se habían terminado ¹⁰ , que ya estaban en prensa ¹¹ o que se habían distribuido ¹² . Esto aunado a la repartición de fotografías de monumentos “para propaganda en el país y en el extranjero, utilizadas en libros, artículos de periódicos y guías”, a la par de tomas fotográficas de las que se hacían impresiones, entre ellas postales. Además, se moldeaban piezas y se hacían vaciados ¹³ . Por su parte, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía impartía cursos de investigación, y en 1937 hizo un convenio con el Departamento de Turismo para darles a los guías de turistas conocimientos adecuados para el ejercicio de su profesión. Así, en ese informe de 1937 se dice que, como resultado de esa “propaganda”, el número de visitantes en el conjunto de museos y casas históricas aumentó considerablemente pues pasó de 27 804 visitantes mensuales en 1935, a 36 866 en 1936 y a 47 708 en 1937.

Al respecto cabe recordar que la OMCyR contaba con una serie de inmuebles que dependían directamente de ella, principalmente antiguos conventos novohispanos y casas de héroes nacionales que estaban abiertos al público como museos ¹⁴ . La Oficina se encargaba de la vigilancia de estos inmuebles que contaban con al menos un empleado. Estos vigilantes y mozos generalmente vivían en el inmueble o muy cerca de él, y además eran los responsables de mantener limpio el lugar y de realizar reparaciones menores en él. También solían ser los que atendían al público y turistas que visitaban los monumentos.

Además de estas labores, a lo largo de su existencia, pero especialmente durante los años treinta, la OMCyR llevó a cabo múltiples obras de restauración en varios de estos inmuebles que dependían de ella tanto en el Distrito Federal como en diversos estados de la República. Esto se logró porque tras la creación del DMAAH las iniciativas de mejoramiento de las condiciones de los monumentos históricos se unificaron en la OMCyR. Al respecto caben destacar las obras que llevó a cabo en los que fueran los conventos de Churubusco y El Carmen en el Distrito Federal; Tepotzotlán y Acolman, Estado de México; Huejotzingo, Puebla; Santo Domingo, Oaxaca; y Actopan, Hidalgo; en las casas de José María Morelos en Morelia, en Cuautla y en Ecatepec, en la de Miguel Hidalgo en Dolores y en la de Benito Juárez en Oaxaca; así como en el Museo de Guadalajara (en el edificio del antiguo seminario del Señor San José) y en el Museo Etnográfico de Pátzucaro (en la antigua sede del Colegio de San Nicolás Obispo). A partir de la segunda mitad de la década de 1930 también se comenzaron a realizar obras en los antiguos conventos de Yuriria, en el estado de Guanajuato, y Tepoztlán, en el de Morelos. De hecho, en algunos informes se da cuenta de las listas de raya, las cuales hacían referencia al pago de quienes trabajaban eventualmente en las reparaciones de los inmuebles a cargo de la OMCyR ¹⁵ . Todas estas obras compartían el objetivo de regresar a los inmuebles a su “estado original”, restableciendo su carácter estético y arquitectónico, y a la vez haciéndolos accesibles para ser visitados como museos.

El pintor tapatío Jorge Enciso, quien ya llevaba involucrado en la conservación de los monumentos al menos desde el gobierno carrancista, fue el jefe de la OMCyR durante la mayor parte de su existencia. Él era el encargado de coordinar las labores de la Oficina. Por su parte, el primer director del DMAAH fue el Dr. Atl ¹⁶ , pintor e intelectual también tapatío. Este último impulsó un proyecto para reorganizar el sistema de museos que estaba a cargo del Departamento con la intención de transformar “lo más rápidamente posible nuestros sistemas de museos –agencias funerarias en perpetuo velorio– en un organismo viviente, útil y hasta decoroso” (Anon, 1930). Esto se buscaba realizar con la división de las colecciones y, con ello, generar nuevos museos, además de obtener mayor presupuesto y distribuirlo eficazmente. Su proyecto se enfocaba principalmente en cinco museos, varios de los cuales serían creados a partir de la partición de las colecciones del Museo Nacional. Además, parte del proyecto era crear un Departamento de Museos, lo cual estaba estipulado en la Ley de Monumentos de 1930, cuyo objetivo inmediato era buscar que se hiciera un acuerdo presidencial para que todos los museos del Distrito Federal pasaran a depender del DMAAH (DMAAH, 1930).

En conjunto, destacaba en la iniciativa la posibilidad educativa y la exaltación de la unidad nacional basada en una historia común fincada en el mestizaje. En este sentido, además de darle mayor impulso a la enseñanza de “las ciencias históricas” dentro del Museo Nacional, el Dr. Atl destacó que en el Palacio Nacional se podrían ver, en orden cronológico,

[…] los escasos restos que quedan de los grandes señores aztecas, los retratos y los recuerdos de los misioneros y conquistadores españoles, los retratos y los muebles de los virreyes, los retratos y los recuerdos de los hombres de la Independencia, las efigies de los presidentes de la República, las banderas quitadas a los invasores y las banderas de nuestros regimientos y de nuestros ejércitos que han peleado por la libertad. (Anon, 1930).

Sin embargo, este proyecto para reestructurar los museos se enfocaba más en los grandes museos del país, el Museo Nacional y el de la Academia de San Carlos, y ponía especial interés en cómo dividir y organizar mejor sus colecciones. Los pequeños museos dependientes de la Oficina de Monumentos Coloniales y de la República, la mayoría situados en antiguos conventos virreinales como Tepotzotlán, San Ángel y Churubusco, no figuraban dentro del amplio proyecto del Dr. Atl. No obstante, el “Decreto de organización de la Dirección General de Museos”, promulgado en octubre de 1930, estableció que tal Dirección tendría jurisdicción sobre los templos pertenecientes a la Nación, conforme al artículo 130 de la Constitución Federal, mismos que a partir de ese momento serían considerados como museos “para el efecto de conocer, catalogar y cuidar de la conservación de todos los objetos muebles que en ellos existan y que deban ser considerados por sí mismos en toda su integridad como monumentos”. Los sacerdotes encargados de los templos a los que se les daba la condición de museos, serían sus directores, aunque su relación con la Dirección General de Museos sería meramente administrativa (DMAAH, 1930).

En ese mismo tenor se hizo una suerte de instructivo para los encargados de los templos. En él se afirmaba que las construcciones religiosas, especialmente los templos, “constituyen la manifestación artística más poderosa que se ha producido en nuestro país”. De ahí que, si bien eran de propiedad federal, su uso correspondía a los fieles a cambio de conservarlos. Para ello se pidió que no les hicieran cambios sin autorización, que se mantuvieran limpios, que se plantaran árboles para hacerlos lugares agradables, que no se instalaran anuncios ni puestos. Igualmente, se estipulaba que era necesaria su cuidadosa vigilancia para evitar robos (Mancera, 1930).

En conjunto, quedó establecido que tanto los bienes raíces como los bienes muebles que debían ser conservados eran los que servían para “el conocimiento y el estudio de las fuerzas económicas, de los elementos étnicos y de las actividades orgánicas, que van determinando el desarrollo evolutivo de la población nacional” (DMAAH, 1930). Pero pese a estos esfuerzos, el proyecto de reestructuración de los museos y la creación del Departamento de Museos dentro de la SEP no se realizó debido a diversos factores, uno de los principales fue que el Dr. Atl dejó la dirección del DMAAH alrededor de 1931.

Para 1937 hubo otra propuesta. El director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Luis Castillo Ledón, planteó un nuevo “Plan de reorganización de los museos dependiente de la Secretaría de Educación Pública”. Más que la reorganización y reagrupación de los museos en distintos segmentos, nos interesa destacar algunos elementos. En la perspectiva del director, la SEP estaba realizando una intensa y extensa labor de alfabetización e instrucción de las masas; no obstante, señaló que, si bien lo primero eran las escuelas, también debían ser atendidos los museos pues tenían una función educativa de la mayor importancia pues complementaban al resto de los planteles al ser “la mejor de las enseñanzas: la objetiva”. Además, afirmaba que una colección de vestigios arqueológicos, un lote de reliquias o una obra de arte decían más al alumno que muchos libros o le ampliaban el conocimiento adquirido en ellos.

Resulta igualmente interesante que el director se refiriera a programas de diversas partes del mundo haciendo alusión a la salvaguarda que Rusia y España estaban realizado de “los testimonios de su tradición histórica”. Con base en esos ejemplos promovió la construcción propia de identidad nacional a partir del uso de los museos: “México puede preciarse de poseer museos, aunque imperfectos, verdaderamente nacionales”, los cuales debían de adscribirse al concepto moderno “que tiende a transformarlos de cuerpos muertos en organismos vivientes”, animando la exhibición con variados recursos plásticos y visuales. Estos debían además estar preparados para los visitantes nacionales y extranjeros, con una cuidadosa organización que no los confundiera (Castillo, 1937).

Como se ve, para ese momento los museos eran espacios educativos en donde el público en general, fuese local o foráneo, aprendía sobre el pasado de México, sobre las “raíces comunes” de la cultura nacional que tanto promovían los gobiernos de la posrevolución. Pero no solo se trataba de las piezas en su interior, sino también de los edificios que las albergaban. Paralelamente, esos recintos tenían un papel turístico pues eran destinos que los viajeros podían visitar y así conocer la riqueza artística e histórica de México de primera mano, más allá de la desdibujada imagen de caos dejada por la Revolución. De ahí que otra información que recopilaba la OMCyR era el número de visitantes de las casas y museos abiertas al público, por lo que –como ya se señaló– podemos ver esas cifras en los informes, aunque no se distingue si los visitantes eran nacionales o extranjeros. A partir de este panorama general, podemos puntualizar la actividad de la Oficina en el antiguo convento de El Carmen de San Ángel.

El antiguo convento de El Carmen

Los carmelitas descalzos fundaron el colegio-convento de El Carmen de San Ángel –antes llamado de Santa Ana– en los principios del siglo XVII y habitaron en él hasta el XIX. En este emplazamiento los carmelitas alcanzaron gran auge económico y una fuerte presencia social y simbólica, más allá de la atención que generó su enorme y próspera huerta con sus recursos acuíferos (Ramírez, 2015). A lo largo de su existencia, el edificio ha sido considerado una obra de valor histórico, arquitectónico y artístico, en la que se destacan sus cúpulas revestidas de azulejo. De hecho, desde el siglo XVII se había considerado al pueblo de San Ángel como un lugar saludable, con magnífica naturaleza, lo cual atraía a habitantes de la ciudad de México –personas pudientes, artistas e intelectuales principalmente– y extranjeros, ya fuera para realizar visitas o establecer residencias veraniegas. El interés en la zona se evidencia en la expansión de la ciudad y su anexión a la capital a principios del siglo XX, así como el establecimiento del ferrocarril y su rápida urbanización.

Pero al finalizar la Revolución Mexicana, el convento de El Carmen se encontraba prácticamente abandonado y en mal estado. Debido a la importancia artística e histórica del inmueble, por medio de un decreto presidencial del 20 de junio de 1921, Álvaro Obregón entregó el convento y la iglesia a la Inspección General de Monumentos Artísticos e Históricos, antecedente del DMAAH, hecho que sucedió el 24 de octubre de 1921. Desde ese entonces, el recinto estuvo bajo el cuidado y administración del gobierno federal.

Poco sabemos de la vida del inmueble entre 1922 y 1926 cuando, debido a la Guerra Cristera (1926-1929) diversos templos fueron cerrados y El Carmen no fue le excepción. Más allá de ello, el lugar cobró popularidad cuando el presidente electo, Álvaro Obregón, fue asesinado el 17 de julio de 1928 en el restaurante de la Bombilla, ubicado en San Ángel, muy cerca del antiguo convento. A ello se sumó que su asesino, José de León Toral, y la madre Conchita, a quien se consideró la autora intelectual del crimen, fueron llevados a la cárcel municipal de San Ángel, instalada en la parte poniente del convento (Prieto, 1981).

Entonces, aunque el templo estaba cerrado al culto, parece que fieles y visitantes siguieron acudiendo al lugar. De hecho, en abril de 1929 había una tensa situación entre los encargados de los dos espacios que componían El Carmen. Por un lado, el convento dependía de la Inspección General de Monumentos Artísticos e Históricos, y esta había nombrado al señor Alberto E. Montiel como responsable del inmueble; por el otro, el templo, situado al norte del convento, era propiedad de la Nación, pero estaba bajo el cuidado de una junta vecinal y un encargado del templo, el señor José Izurieta (DDF, 1929).

En 1929 se presentaron algunos problemas a causa de los accesos a esos dos espacios. Según las declaraciones, Alberto Montiel invitaba a la gente que asistía a la iglesia a que visitaran también el antiguo convento y, junto con su hija, vendían postales para juntar fondos para su cuidado, haciéndose pasar por miembro de la junta vecinal. Esto causó inconformidad en José Izurieta pues ocasionaba molestias a los fieles que asistían al templo (Gamboa y Fortunat, 1929a). Ante ello, hubo que definir las áreas de actuación de cada uno de ellos, además de los bienes muebles de los que eran responsables ya que, por ejemplo, algunos que estaban inventariados como parte del templo se encontraban en el antiguo convento (Gamboa y Fortunat, 1929b). Queda la sensación que, más allá del problema entre los dos encargados, esto podría ser parte del clima político del momento en el que los fieles, representados en la junta vecinal, estaban en contra de la intromisión del gobierno en un espacio que consideraban propio. Sin más datos al respecto, lo cierto es que esos problemas parecieron resolverse paralelamente con la decisión de la Secretaría de Gobernación de reanudar el culto en diversos templos pues la Guerra Cristera había llegado a su fin en junio de 1929.

A partir de esa resolución, las iglesias volvieron a estar como antes de la suspensión de cultos, es decir, fueron consideradas como museos de arte cristiano que se facilitaban para las prácticas religiosas, pero quedaron al cuidado inmediato de la SEP. Los objetos muebles propios de la iglesia, al ser considerados como de gran interés artístico o histórico, estaban a cargo de la Inspección pero eran facilitados a los sacerdotes para que los emplearan en las ceremonias religiosas. La Inspección de Monumentos era la única que podía entregar los muebles al párroco, para lo cual levantaba un acta y formaba un inventario; de hecho, la junta vecinal no estaba autorizada para entregar nada (Benítez, 1929a y Uruchurtu, 1929).

Así, el 4 de julio de 1929 el ingeniero José R. Benítez, Inspector General de Monumentos Artísticos e Históricos, entregó el templo para ser abierto nuevamente al culto y algunos anexos (principalmente la sacristía) al carmelita fray Rodolfo de los Sagrados Corazones –Rodolfo Fernisa–, designado por el Arzobispado de México. Se levantó un acta en donde se establecieron las cláusulas bajo las cuales se hizo la entrega del recinto y los objetos muebles necesarios para el culto, los cuales seguirían estando a cargo de la Inspección de Monumentos (Benítez y Fernisa, 1929). A grandes rasgos, las cláusulas eran las siguientes: se podía reanudar el culto en el templo y disponer del mismo, de la sacristía y de los ornamentos y objetos necesarios para este fin, aunque de estos dos últimos tendría que entregarse un recibo. Se designaron las celdas que el presbítero podía usar como habitación, así como el cuarto que usaría el encargado de la sacristía. Se les dio autorización para utilizar los servicios del edificio para sus necesidades; no obstante, el sacerdote no podía hacer ninguna modificación al templo o sacristía sin previa autorización.

Tras la promulgación de la Ley de Monumentos de 1930 y con la creación del Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos (DMAAH) en sustitución de la Inspección de Monumentos, la documentación relacionada con el antiguo convento de El Carmen comenzó a ser más constante. Existe mucha información en torno a las obras que se estaban llevando a cabo en el inmueble como, por ejemplo, reparación de goteras, sustitución de puertas, ventanas y pisos, también se demolieron piezas y muros modernos, se reconstruyeron techos, se arreglaron desagües y se restauraron las criptas (Enciso, 1934a). Igualmente, a partir de este periodo comenzó a registrarse de manera más constante el número de personas que visitaban esta edificación.

Aunque regresó a sus funciones de culto, como ya señalamos, el templo siguió siendo considerado por el gobierno como un museo de arte cristiano. Esto generó ciertas tensiones entre las autoridades y el presbítero, ya que hubo quejas sobre el trato que este último daba a empleados de la Inspección de Monumentos y a visitantes (Benítez, 1929b). Aunque la OMCyR intentaba mediar, los roces entre los encargados del templo y del convento fueron una constante. Para 1932 había fallecido fray Rodolfo y, en sustitución, se nombró al diocesano Francisco Mateos, pero pese al cambio los problemas no cesaron.

En junio de 1933 Jorge Enciso comentó al jefe del DMAAH que sería conveniente separar la responsabilidad de las áreas del inmueble para evitar dificultades entre el guardián y los administradores del culto. Se propuso entonces que uno de los locales del interior de la iglesia se acondicionara como sacristía y que el templo se comunicara directamente con el coro por una escalera de caracol, para que así todos los servicios del culto pudieran atenderse sin usar otras dependencias del convento y se evitaran problemas. Pero los inconvenientes eran inevitables, pues un inmueble que compartía una historia y un espacio había sido dividido simbólicamente; mientras en el templo se promovía el culto, en el convento, acondicionado como museo, se pretendía impartir una educación laica, volcada en el sentimiento nacional. Al respecto, por lo que pudimos rastrear en nuestras fuentes de archivo, la denominación de museos de arte cristiano a ciertos templos como sucedió con El Carmen fue empleada principalmente a finales de la década de 1920 y en 1930 cuando el Dr. Atl fungía como director del DMAAH. Más adelante parece que dejó de emplearse dicho término, ya que no encontramos ejemplos en donde se considerara al templo de El Carmen como un museo.

El museo que ya en la década de 1930 se instaló dentro del antiguo convento de El Carmen es algo diferente, pues comenzó a acoger un discurso nacionalista acorde con lo señalado en la introducción. Ese era un espacio con un carácter principalmente educativo y nacionalista creado y administrado por la OMCyR, el cual, a partir de mediados de la década de 1930, comenzó a ser nombrado en la documentación como Museo Colonial de El Carmen o de Villa Álvaro Obregón. De hecho, sabemos por algunas fotografías que se han conservado, que a principios de los años treinta, El Carmen comenzó a albergar banderas, grabados, documentos y hasta retratos de próceres de la patria como el de Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y Costilla (Abundis, 2007, p. 1007 y Tinoco, 2013, p. 157). Al respecto, en el informe de labores de la OMCyR de 1935-1936 se señaló que, en diversos museos ¹⁷ , como en el de El Carmen, no solo se había estado atendiendo su mejoramiento material sino también su amueblamiento y organización de exhibiciones de objetos de carácter histórico (Enciso, 1936). Otro ejemplo de ese sentido educativo y secularizador podría ser que en diciembre de 1933 Jorge Enciso visitó el convento junto con el francés Jacques Soutelle para explorar la posibilidad de instalar en él una “Casa de Francia” en la cual se hospedaría a los estudiantes pensionados por el gobierno francés y que debía ser adecuada con una pequeña biblioteca y archivo. Aunque desconocemos las razones, este proyecto no se llevó a cabo.

Como parte de este interés por conservar las muestras de la identidad nacional de los años treinta, el 8 de abril de 1932 el antiguo convento de El Carmen de San Ángel fue declarado monumento por la Comisión de Monumentos y pasó a estar bajo la protección federal que se estipulaba en la Ley de Monumentos vigente. Esta declaratoria no fue aislada, sino que se sumó a otros inmuebles igualmente acreedores a tal distinción en San Ángel, sitio al que se le dio gran impulso no solo por ser un elemento aglutinador al representar el carácter de lo “mexicano”, sino al ser un producto atractivo para los turistas, por esta razón fue declarado zona típica y pintoresca en abril de 1934 (CM, 1934) ¹⁸ . La declaratoria del convento se basó en el dictamen elaborado por la OMCyR, escrito por su entonces director Jorge Enciso el 6 de abril de 1932. En dicho dictamen se hizo una pequeña reseña histórica del convento y se destacaron las principales características arquitectónicas y artísticas del inmueble, como el conjunto de cúpulas revestidas de azulejos, las espadañas, la cripta y sus momias, así como varios de los bienes muebles del interior (altares, bancas, biblioteca, pinturas, etc.).

Aunque existía la declaratoria y el interés por la conservación, los recursos del DMAAH no eran muchos. De hecho, en ese mismo mes y año, el doctor Adrián de Garay, especialista en embalsamamientos, escribió al Departamento proponiendo realizar un profundo estudio sobre las 12 momias del antiguo convento de El Carmen con el fin de tomar medidas para su conservación. Sin embargo, debido a carencia económica, dicho estudio no pudo llevarse a cabo (Garay, 1932).

En ese mismo tenor, en junio de 1934 Luis M. Tovar presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el saqueo y mal estado de las antiguas bibliotecas conventuales del país, mencionando entre ellas la del convento de El Carmen. Sobre ella comentaba que no era atendida adecuadamente pues a su cargo estaba un mozo y ni siquiera estaba inventariada, además sugirió que debería estar en poder de la Dirección de Bienes Nacionales y no del DMAAH. Ante estas acusaciones, Jorge Enciso respondió que el saqueo que sufrió la biblioteca de El Carmen fue previo a que el inmueble pasara a estar bajo cuidado de la Inspección General de Monumentos en 1921, y que desde entonces no se había registrado pérdida de libros. Era cierto que, por falta de vigilancia, la biblioteca casi siempre se encontraba cerrada; sin embargo, el proceso de clasificación ya se estaba llevando a cabo por José Rivera Rosas, quien lo hacía de manera voluntaria y por lo tanto el proceso avanzaba lentamente. Enciso, en su respuesta, indicó que sería conveniente tener un empleado del Departamento de Bibliotecas que se dedicara exclusivamente a esa labor (Enciso, 1934b).

Resulta evidente que las aspiraciones de las declaratorias rebasaban las posibilidades del DMAAH. Aun con los diversos intentos de mantenimiento y vigilancia, ocurrieron algunos accidentes en esos años. Por ejemplo, en agosto de 1934, uno de los candiles de la capilla del Señor de Contreras se desplomó al romperse el lazo que lo sostenía en su lugar (Rodríguez, 1934). A ello se sumó el inicio de la afluencia de visitantes que los encargados no podían vigilar. De hecho, en 1935, un grupo de ellos rompió una pintura situada en la escalera principal del antiguo convento, lo que llevó a que fueran consignados a las autoridades de la delegación por el encargado del momento, Francisco Rodríguez (Rodríguez, 1935).

Pero sin duda alguna, la peor tragedia que le sucedió a El Carmen fue el incendio que se produjo dentro del templo la tarde del 13 de agosto de 1936. Al parecer la causa fue accidental; el encargado, Bartolomé Montes de Oca, tras cerrar el templo a mediodía dejó encendido un farol de aceite, el cual siempre se le dejaba prendido al Santísimo. Más tarde, alrededor de las 14 horas se produjo el incendio dentro de la iglesia que afectó principalmente la capilla del Señor de Contreras, situada al norte del templo. El encargado del lugar, Agustín Rodríguez Juárez, junto con otros empleados y vecinos trataron de sofocar las llamas con cubetas de agua. Alrededor de las 14:30 llegaron los bomberos y lograron apagar el incendio, sin embargo, gran cantidad de obras de arte y mobiliario se perdieron o fueron severamente dañados, al igual que los interiores de la capilla del Señor de Contreras (PGJDTF, 1936).

El incendio nuevamente sacó a relucir los conflictos que había entre las dos instancias encargadas de El Carmen, por un lado, la junta vecinal y el presbítero, y por otro, las autoridades gubernamentales, específicamente el DMAAH. Debido a que el daño y la destrucción de bienes de la nación estaban penados por ley, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió una investigación. El mismo día del siniestro, tanto el encargado del convento en ese momento, Agustín Rodríguez Juárez, como el presidente de la junta vecinal, Rafael Vallejo Sánchez, y el encargado del templo, Bartolomé Montes de Oca Tenorio, ante esa instancia explicaron su situación respecto al inmueble y lo que hicieron antes y durante el incendio. Al estar el templo bajo su cuidado, Montes de Oca fue detenido como presunto responsable por el incendio.

Pocos días después de la tragedia, el 17 de agosto, restauradores del DMAAH y oficiales de la SEP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Bienes Nacionales levantaron un inventario de las piezas que se perdieron en el incendio, que en total fueron 79, entre las cuales figuraban óleos, esculturas de bulto, retablos y muebles, valuadas en un total de $28 456,50 (DDF, 1936) ¹⁹ .

Después del incendio se revisaron los inventarios que se tenían previamente y se levantaron los nuevos, además del registro de lo que se perdió en este. En este proceso salieron a la luz algunas inconsistencias respecto a objetos que no aparecían, principalmente un gran número (201) de piezas y objetos utilizados para el culto (ornamentos, ropajes, manteles, etc.) que pertenecían a la sacristía y que al parecer no se destruyeron en el incendio, pero aun así faltaban. Se inició una investigación para tratar de localizar esos objetos, el encargado del antiguo convento, Agustín Rodríguez, empleado de la OMCyR, se deslindó al comentar que esos objetos no eran su responsabilidad sino del presbítero, Francisco Mateos; este, a su vez, sostuvo que él nunca tuvo una copia de la llave del templo, pese a que la había solicitado, y por lo tanto no podía ser responsable de la desaparición de lo faltante (DBN, 1936).

Estudios posteriores han manejado diversas hipótesis en torno a las causas del incendio; la más aceptada es que se debió a un problema en la instalación eléctrica, pero también se ha propuesto que el incendio fue provocado en un intento por disimular el robo de pinturas, y otros aún más aventurados afirmaron que se debía a “la primitiva barbarie de un grupo de comunistas” ²⁰ . Lo cierto es que tal pérdida demostraba la incipiente organización entre la OMCyR y la junta vecinal junto con el presbítero para el resguardo de los bienes.

El templo se cerró para ser reparado y en el edificio del convento se siguió prestando el servicio de museo mientras continuaban las obras para su mantenimiento. Al respecto se obtuvieron diversos informes de mejoras; por ejemplo, en diciembre de 1936 se desencalaron y limpiaron muros en el lado oriente, acciones con las que se descubrió una pintura mural, parte de ella eran seis escudos que estaban arriba de las puertas; esta limpieza de los muros también se estaba llevando a cabo en el lado poniente donde igualmente se había detectado pintura mural (Enciso, 1937a).

El convento no estuvo libre de pérdidas, aunque estas se dieron en general por hurto. De hecho, a un mes de elegirse a un nuevo responsable del convento, Jesús Alvarado Morales, se robaron una pintura de la capilla doméstica (Alvarado, 1939a) ²¹ y, de hecho, en los dos años siguientes, continuó la extracción de pinturas y otros objetos reportándose por lo menos un par al año ²² .

Pero, más allá de tales avatares, la Oficina estaba cumpliendo su cometido de atraer visitantes al museo. Al respecto cabe destacar que entre septiembre de 1929 y agosto de 1930 los visitantes a El Carmen fueron 4 305 (Enciso, 1930a). Prácticamente cinco años después (entre septiembre de 1935 al 31 de agosto de 1936), el mismo recinto tuvo un total de 50 340 visitantes, y ocupó el cuarto lugar entre los 15 que se mencionaban en el informe anual (Enciso, 1936). Solo en diciembre de 1936, el Museo Colonial de El Carmen reportó 4 465 visitantes (Enciso, 1937a); es decir, la afluencia de solo un mes representaba el número de visitantes anuales que había tenido en el lustro anterior. Esto en parte debido a que en aquellos años la parte antigua de San Ángel se había convertido en uno de los lugares turísticos más importantes de la ciudad de México. Varias guías turísticas promocionaban su carácter pintoresco y la belleza de sus edificios coloniales, entre los cuales resaltaba el antiguo convento de El Carmen como “la mejor pieza de arquitectura y el sitio más interesante del pueblo”, entre sus elementos más notables destacaban sus cúpulas revestidas de azulejos, la cripta y sus momias, los retablos del templo y las pinturas de Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera (Terry, 1923, pp. 412-416 y México. Guía ilustrada de turismo, 1934, p. 49). La presencia de turistas y población de los alrededores seguramente se incrementó en los años posteriores.

Ya como parte de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el templo reabrió sus puertas al culto en abril de 1939 y tres años después la capilla del Señor de Contreras quedó lista para ser utilizada. Más allá de las obras de mantenimiento, en este periodo de transición entre 1939 y 1940, destaca la atracción que generó el espacio para la filmación de películas. Así, se grabaron escenas de “Con los dorados de Villa” o “El insurgente”, que valdrían la pena ser analizadas a la luz del significado del inmueble y la promoción que se hacía del mismo; no obstante, esta es otra veta de análisis aún pendiente, sobre todo porque esos permisos estuvieron igualmente a cargo de la OMCyR (Caso, 1939 y Enciso, 1940).

Reflexiones finales

El proyecto cultural iniciado por Vasconcelos en 1921 fue cobrando cada vez mayor forma con los secretarios de educación subsecuentes entre los que se destacan José Manuel Puig Casauranc, Moisés Sáenz y Narciso Bassols. Bajo su liderazgo se intentó unificar a la población mediante una transformación educativa, la creación de buenos hábitos en la sociedad y la búsqueda de extirpar vicios como el alcoholismo o la drogadicción. Se promovió una educación laica y nacionalista que, para la década de 1930, por impulso de Bassols, también tomó un fuerte tinte socialista, fue “una educación racionalista y antirreligiosa que proponía desarrollar en las conciencias el concepto de la preeminencia de los intereses de la colectividad sobre los intereses privados” (Lajous, citada por Ortiz, 1992, p. 201).

En el panorama educativo y cultural de los gobiernos posrevolucionarios figuraba la protección, estudio y conservación de los monumentos históricos y arqueológicos de la Nación. A partir de ello se perseguía un fortalecimiento del sentimiento nacionalista en la población, ya que en muchos círculos intelectuales y de poder de la época se consideraba que entre más arraigado estuviera el nacionalismo en el pueblo de un Estado, más fuerte sería este. Como “el pasado histórico […] era uno de los lazos que más fuertemente ligaba a los hombres” (Cottom, 2008, p. 203), por muy diversas vías el Estado había construido un discurso sobre la historia nacional que debía impregnar y, en esa medida, unificar a todos los mexicanos. De esta manera esa historia era utilizada como una herramienta de cohesión social.

En ese programa, una forma de materializar esa historia fueron los monumentos arqueológicos e históricos, testimonios tangibles del pasado del país. Así, esos inmuebles pasaron a ser un contenido de esa nueva identidad nacionalista mexicana que funcionaron como una herramienta del gobierno para ejemplificarla y a la vez generarla. En este sentido, no solo museos como el Nacional funcionaron para la generación de esa nueva imagen de lo mexicano, también lo hicieron inmuebles como el antiguo convento de El Carmen que en ningún sentido pretendía exaltar el elemento religioso, sino las obras plásticas del “genio mexicano” y la historia nacional en la que la Iglesia había formado parte, sobre todo en la época virreinal. Esta identidad nacional quedaba representada en el inmueble, así como en las diversas piezas que lo conformaban. Muestra de ello es el escrito dado a los encargados de los templos en 1930 para su mejor conservación. Al respecto se asentó que tales recintos no solo tenían gran valor artístico, sino que:

[…] son característicos de nuestra nacionalidad y que, al conservarlos, se conserva también lo que es propio y distintivo de ella. Frente a influencias y tendencias extrañas, hay que vigorizar el sentimiento nacional, y la mejor manera de lograr este propósito consiste en evitar la destrucción de lo que es propio de México (Mancera, 1930).

Pero llevar este programa a la práctica no fue sencillo. El Carmen, como muchos otros conjuntos conventuales, tenía sus propios usos y cargas simbólicas. Debido a ello fue necesario dividir el espacio –el templo a cargo del párroco y la junta vecinal, y el antiguo convento en manos de un empleado de la OMCyR­–. Ello ocasionó una serie de fricciones y problemas que llegaron a entorpecer la conservación y salvaguarda del inmueble en situaciones como el incendio de agosto de 1936.

De igual manera, esa separación y los usos que se le dieron a cada una de esas dos edificaciones causaron que cada una de ellas tuviera un significado diferente: mientras que el templo continuó siendo principalmente un lugar de culto, el convento pasó a tener un carácter principalmente laico y nacionalista en manos del gobierno. Al respecto, si bien a finales de los años veinte, tras la Guerra Cristera, el gobierno intentó impregnar con nuevos valores al templo al denominarlo Museo de Arte Cristiano, lo cierto es que en poco tiempo tuvo que admitir que seguía siendo, sobre todo, un espacio religioso. Ante lo cual intentó promover en el convento los nuevos valores nacionales con la exposición de objetos como armas, una bandera o retratos de aquellos a quienes la nueva historia nacional había consagrado en el altar de los héroes patrios, pero parece que sin mucho éxito pues pronto se perdió el rastro de esa exposición. Al final ambos espacios se consagraron como representantes de una etapa de la historia nacional donde había nacido el mestizaje: la colonial. En este sentido, el convento pasó a denominarse como Museo Colonial desde mediados de la década de 1930, representando esa etapa de la historia. En consonancia con lo anterior, en el plano de la promoción turística, El Carmen se presentó unificado, templo y convento. Al respecto las guías exaltaron sus elementos arquitectónicos, artísticos e históricos pues representaban el periodo colonial de la historia “mexicana”.

En conjunto, el estudio sobre la gestión realizada por la OMCyR en torno al antiguo convento de El Carmen durante la década de 1930 es un ejemplo de cómo un inmueble histórico fue empleado por el gobierno para formar parte de su programa educativo y cultural, y también de los problemas que enfrentó para llevarlo a cabo. Para ello no solo lo restauró e intentó regresarlo a su estructura original, sino que, mediante la figura del museo, fue ensayando formas de transmitir la identidad mexicana mestiza tan impulsada por los gobiernos posrevolucionario. Para ello pretendió transformar su significado, ilustrar y enseñar la historia nacional construida por el Estado a través de exposiciones, una nomenclatura distinta, la división del conjunto conventual, etcétera, pero, al final, fue principalmente el inmueble, con su templo y antiguo convento, al erigirse como el representante de esa identidad en una de las etapas históricas de la nación mexicana, la colonial.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación

¹ Para más sobre los antecedentes consultar por ejemplo Lombardo (1993), Olivé (1995), Cottom (2008) y Mercado (2016).

² En la década de los treinta, a la OMCyR se le denomina de distintas formas: “Oficina”, “Dirección” o “Subjefatura” de Monumentos Coloniales y de la República. De estos tres nombres el más común es el de “Oficina”. La denominación de “Dirección” también es recurrente, más en los primeros años de existencia del DMAAH, mientras que la de “Subjefatura” solo se encuentra en algunos pocos documentos. Por este motivo, y para evitar confusiones, en este artículo en todo momento emplearemos el término “Oficina de Monumentos Coloniales y de la República”. Tras la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939, la dependencia pasó a denominarse, ahora sí, de manera uniforme, Dirección de Monumentos Coloniales y de la República.

³ Fueron 13 los inmuebles que entre 1917 y 1923 pasaron a depender directamente de la Inspección de Monumentos Artísticos e Históricos, así comenzó su protección y administración por parte del gobierno. Aunque falta estudiarlos más a fondo, podría pensarse que se puso atención a estos inmuebles debido a su importancia histórica, monumentalidad, buen estado de conservación y excepcionalidad artística y arquitectónica.

⁴ La legislación de 1930 normó sobre los monumentos, bellezas naturales y aspecto típico y pintoresco de las poblaciones bajo jurisdicción del gobierno federal; es decir, era aplicable exclusivamente al Distrito y territorios federales (en ese momento Baja California y Quintana Roo), así como a los inmuebles de propiedad nacional, entre los cuales desde las Leyes de Reforma se encontraban todas las iglesias y edificios religiosos del país (Gertz, 1976).

⁵ Ver por ejemplo el informe sexenal (Toro, 1937) o el informe anual (Enciso, 1937b).

⁶ Por ejemplo, en el reporte de actividades correspondiente al año entre septiembre de 1929 y agosto de 1930 se nombraron las siguientes conferencias de radio: “Estadística de las iglesias de la república”, “Cronología de las iglesias coloniales de la ciudad de México”, “Casas coloniales en el Distrito Federal”, “Museos de la república”, “Historia del periodismo en Nueva España”, “Historia de los caminos en la Nueva España” (Enciso, 1930a). Para mostrar la continuidad de la actividad podemos ver igualmente el reporte del 5 de enero de 1937, en el que se hizo alusión a la conferencia “Arquitectura colonial del siglo XVI” (Enciso, 1937a).

⁷ Por ejemplo, se enviaron algunos objetos a Estados Unidos para una exposición de arte mexicano (Enciso, 1930a).

⁸ No obstante, por datos posteriores sabemos que esa gratuidad no duró y que paulatinamente se cobró en la mayoría de los recintos.

⁹ Se señalan, por ejemplo: Monografía de Morelia, Cartografía de la Ciudad de México, Guía monográfica de la ciudad de México, Breve guía de la ciudad de México, Guía del Museo Histórico de Churubusco y Monografía de Acolman. Asimismo, se anuncia que se está preparando La familia de Morelos y su casa en Valladolid (Toro, 1937).

¹⁰ Maravillas de Altepepam, Hierros forjados, Tenayuca, Clasificación de las ciencias fundamentales, Crónica de Nueva España, Trayectoria, Producción literaria de los aztecas, Epistolario, Michoacán histórico y legendario, La conquista de la Nueva Galicia, etcétera (Toro, 1937).

¹¹ Iconografía colonial, La revolución agraria de México, Boletín del Museo Nacional y los Anales del Museo Nacional (Toro, 1937).

¹² Destacan las monografías de Xochimilco, Oaxaca, Morelia, Churubusco, Huejotzingo, así como el libro Tres siglos de arquitectura colonial (Secretaría de Educación Pública, 1933).

¹³ Ejemplificamos con algunos números: 729 tomas fotográficas, de las que se hicieron 4 714 impresiones y, con ello, 7 959 postales. Además, se moldearon 93 piezas y se vaciaron 800 (Toro, 1937).

¹⁴ De los que ya se hacía cargo en agosto de 1930 eran: los antiguos conventos de Churubusco, D.F.; Tepotzotlán, Estado de México; Guadalupe, Zacatecas; Acolman, Estado de México; El Carmen, D.F.; Huejotzingo, Puebla y Yuriria, Guanajuato. Además, estaba el Museo de Guadalajara, la casa de Hidalgo en Dolores, Guanajuato, la Casa de Morelos en Ecatepec, Estado de México y la Capilla del Cerro de las Campanas, Querétaro. La OMCyR se encargaba directamente de ellos porque en su mayor parte estos inmuebles habían sido puestos bajo cuidado del gobierno por mandatos presidenciales (Enciso, 1930b).

¹⁵ Por ejemplo, en el informe de diciembre de 1936 se especificaron las obras que se estaban llevando a cabo en el museo colonial de Acolman, el museo colonial de Actopan, el museo colonial de Villa Álvaro Obregón y el Museo histórico de Churubusco (Enciso, 1937a).

¹⁶ Pseudónimo de Gerardo Murillo Cornado.

¹⁷ Museo de Guadalajara, Churubusco, Tepotzotlán, Acolman, Actopan y Santo Domingo de Oaxaca, Casa de Morelos en Morelia, Casa de Juárez en Oaxaca y la Casa de Morelos en Ecatepec.

¹⁸ Entre los otros inmuebles declarados monumentos en San Ángel se encuentran la Casa del Risco (3 noviembre 1931), la capilla de San Antonio Panzacola (10 octubre 1932) y la capilla de San Sebastián Chimalistac (8 septiembre 1932).

¹⁹ Por fortuna, a finales del siglo anterior y a principios del XX se habían tomado algunas fotografías que pueden verse en Castillo (1923).

²⁰ Véanse Ruiz (1983) y Abundis (2007, pp. 990-992).

²¹ La pintura robada fue la de Santo Tomás y dos carmelitas (Alvarado, 1938).

²² Tenemos los informes de robo de un rifle en diciembre de 1939 (Alvarado, 1939b), y en 1940, el intento de robo de un candelero en febrero (Alvarado, 1940a), el robo de un libro de música sagrada en abril (Alvarado, 1940b) y de una pintura de san Hilarión en agosto (Alvarado, 1940c). ..

²² Por fortuna, a finales del siglo anterior y a principios del XX se habían tomado algunas fotografías que pueden verse en Castillo (1923).

²² Véanse Ruiz (1983) y Abundis (2007, pp. 990-992).

²² La pintura robada fue la de Santo Tomás y dos carmelitas (Alvarado, 1938).

²² Tenemos los informes de robo de un rifle en diciembre de 1939 (Alvarado, 1939b), y en 1940, el intento de robo de un candelero en febrero (Alvarado, 1940a), el robo de un libro de música sagrada en abril (Alvarado, 1940b) y de una pintura de san Hilarión en agosto (Alvarado, 1940c).

Notas de autor:

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: jess179@hotmail.com

Información adicional:

Cómo citar este artículo: Ramírez, J. y Salinas, D. (2018). El antiguo convento de El Carmen a la luz del trabajo de la Oficina de Monumentos Coloniales y de la República, 1929-1939. Apuntes, 31(2). http://doi.org/10.11144/Javeriana.apc31-2.acct

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