Introducción

A finales del mes de junio de 2019, se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos de América cerraba una investigación por corrupción contra Walmart, imponiéndole una multa de 282 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), que prohíbe tanto a empresas como a individuos estadounidenses pagar a funcionarios extranjeros a cambio de la obtención de contratos a través de terceros, en México, Brasil, China e India, para obtener permisos de construcción más rápido y acelerar la apertura de tiendas. Tras este proceso, que tomó al menos cinco años, Walmart aceptó haber violado la ley, lo que conllevó a pagar una multa muy inferior a la que buscó el Departamento de Justicia, de mil millones de dólares, durante la administración de Barack Obama (Pozzi, 2019).

Para el caso de México, esta investigación demostró lo que desde 2004 ya habían señalado activistas en diversos municipios del país, principalmente en San Juan Teotihuacán y Amecameca, en el Estado de México, y en Pátzcuaro, Michoacán, donde se argumentó que la corrupción en los permisos de construcción afectaba directamente a la conservación de sitios culturales, históricos y arqueológicos. Walmart no fue la única empresa de hipermercados en realizar actos de corrupción y violar este tipo de sitios, pues Costco realizó un proceso similar para comprar el terreno y las ruinas del hotel Casino de la Selva, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos.

En todos estos casos, ciudadanos interesados en su patrimonio histórico y arqueológico conformaron frentes ciudadanos para la defensa de lo que consideraban bienes culturales. Así mismo, en los dos casos, los huecos en la normatividad y acciones visiblemente ilegales permitieron la aprobación de los permisos de construcción y la posterior operación de las tiendas. De igual manera, hubo una radicalización de las posturas de los ciudadanos entre quienes aprobaban la modernización de la comunidad con el establecimiento de este tipo de tiendas, y quienes conformaron los frentes cívicos que estaban en contra de la construcción de las tiendas. Esto no es nuevo. Como ya lo ha demostrado el historiador del arte Richard Clay (2012, p. 280), la destrucción del patrimonio es un acto polisémico y polivalente y que, por lo tanto, tiende a dividir en bandos a aquellos que aprueban la destrucción y aquellos que la condenan, dependiendo del fundamento y los conocimientos semióticos que cada uno posea.

A dieciséis años de este conflicto, en donde los argumentos sobre la protección del patrimonio cultural, histórico y arqueológico fueron desestimados y los actos de corrupción negados y disfrazados con posturas legales, este texto tiene el objetivo realizar un recuento de los argumentos y posturas dadas a conocer, sobre todo por la prensa, con lo cual se pretende compilar los testimonios de los actores, como fuente de memoria de hechos, no solo ilegales, sino que presumiblemente también afectaron el patrimonio cultural de diversas comunidades. Si bien, como ya mencionamos, esta situación ha ocurrido en varios municipios en el país, en este texto solo abordaremos los casos de Walmart en San Juan Teotihuacán y el de Costco en Cuernavaca.

Antecedentes

La historia de las tiendas de autoservicio México puede dividirse en un antes y después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), ya que fueron las reformas y políticas impulsadas por ese presidente, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las que permitieron el ingreso de este tipo de empresas a México, las cuales, en las últimas dos décadas no solo han cambiado las reglas de competencia en el sector, sino que también han violado la normatividad en materia de protección a sitios históricos y arqueológicos en su afán de lograr el mayor lucro comercial.

En el recuento histórico del surgimiento y desarrollo de estas empresas, también llamadas supermercados, la primera que se fundó fue Comercial Mexicana, por Antonio González Abascal e hijos en 1930, aunque sería hasta la década de los ochenta cuando iniciaría su proceso de crecimiento. Por su parte, Jerónimo Arango Arias, junto con sus hermanos, fundaron las tiendas Aurrera a finales de la década de los años cincuenta. Posteriormente, la familia Arango crea el Grupo Cifra que controlaría las tiendas Superama, los restaurantes VIPS y El Portón, y el almacén Suburbia.

Walmart ingresó a México en 1991, a través del consorcio Cifra, con la marca Sam’s Club. Al año siguiente, Comercial Mexicana crearía una asociación con la compañía Costco, para que esta abriera la primer tienda Price Club en el municipio de Naucalpan, en el estado de México. En 1997, la familia Arango vendería la mayoría de las acciones de Cifra a Walmart, por lo que en el año 2000 se constituye formalmente Walmart de México, con lo que inicia la expansión de la tienda estadounidense no solo en México, sino también en Centroamérica.

Aunque el primer caso de agresión a un sitio considerado como patrimonio cultural lo realizó Costco al comprar el predio donde se encontraba el famoso hotel Casino de la Selva en Cuernavaca, y cuyo proceso además tuvo acusaciones de irregularidades, fue Walmart la que inició un fuerte crecimiento, al instalar tiendas en donde la reglamentación municipal y la legislación estatal o federal lo prohibía, violando así la normatividad en la materia, sobornando y corrompiendo autoridades, situación que en su momento se ocultó, o negó, pero que posteriormente se documentó en diversos reportajes publicados en el 2017 (“Wal-Mart pagará 300 mdd”, 2017; Lara, 2017; “El caso por el que Walmart”, 2017). Otras violaciones al patrimonio cultural por parte de Walmart también se llevaron a cabo en Amecameca, en el estado de México y en Pátzcuaro, Michoacán (“Arroyo, Montiel y Fox”, 2004; “Oposición contra una tienda”, 2005; “Se manifiestan contra Wal-Mart”, 2005).

Aunque cada caso tuvo en su momento una importante difusión en medios de comunicación, llama la atención que no hubo un interés en la temática desde la investigación académica, pues si bien no es inexistente, en su momento no hubo una explicación teórica sobre la formación y mecanismos utilizados por los frentes cívicos que se crearon, para protestar por lo que consideraron como una violación al patrimonio cultural local, regional y de la humanidad (en el caso de Teotihuacán). Tampoco se logró motivar una discusión conceptual que explicara la radicalización social en torno a la destrucción del patrimonio cultural, ni una protesta de académicos sobre los casos, a excepción de un reducido grupo de intelectuales, mientras que quienes cubrieron los acontecimientos fueron en gran medida los medios impresos, sobre todo el diario La Jornada. No obstante, esto no es sorprendente. En la mayoría de los casos, como la destrucción ocurrida en Cuernavaca y Teotihuacán, donde el patrimonio cultural fue afectado por la expansión de ciertas industrias y negocios, la mejor fuente para poder conocer más sobre el problema proviene precisamente de los medios de comunicación (Viejo-Rose y Stig Sørensen, 2015, p. 294). Esto se debe, en gran parte, a que las disciplinas que estudian la destrucción del patrimonio cultural todavía no han desarrollado, en gran medida, métodos establecidos para poder analizar e interpretar los actos de destrucción. Por lo tanto, la mayoría de los expertos académicos se dedican a ofrecer interpretaciones que puedan explicar este fenómeno de manera holística. Así mismo, también examinan los pormenores presenciados en cada caso para poder comparar con otros casos y proveer una interpretación más robusta.

A continuación, se definirá brevemente el concepto de patrimonio cultural, para después contrastar los argumentos vertidos por las empresas y las autoridades gubernamentales con la postura de los frentes. Así mismo, se realizará una breve discusión conceptual acerca de la democracia, la participación que autodefinió a estos movimientos sociales y su relación con el llamado Estado de derecho.

El concepto de patrimonio cultural

Retomaremos la definición emitida por la Unesco, a través de su Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Unesco, 1972), por dos razones. Por una parte, porque es una definición que los países miembros, incluido México, han ratificado al firmar la Convención, por lo que detenta un supuesto carácter universal. Así mismo, expertos concuerdan en dotar a esta definición de un carácter conciliatorio que agrupa bajo una misma definición, muchas de las características que anteriormente varios documentos (como la Carta de Atenas o la de Venecia) no incluían como parte de la definición de patrimonio cultural (Ahmad, 2006, p. 295).

De acuerdo con la Convención, se considera como patrimonio cultural:

1. Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

2. Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

3. Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico (Unesco, 1972).

La definición de patrimonio cultural está fuertemente arraigada a la condición de valor que sitios, tradiciones o monumentos tienen, y que deben ser protegidos. Estos valores, ya sean de corte estético, histórico, social o espiritual, temporal o de autenticidad, son atribuidos al patrimonio de diferentes maneras, lo que conlleva a que un sitio en particular tenga uno o varios valores adscritos por diferentes grupos (a nivel local, nacional o internacional). Aunque la definición de patrimonio cultural de la Unesco es generalmente aceptada debido a su carácter universal, también ha sido criticada en las últimas décadas por varios académicos (véanse, por ejemplo, Harvey, 2001; Smith, 2004, 2006; Francioni, 2008; Meskell, 2013), quienes han cuestionado que el concepto de patrimonio cultural está fuertemente arraigado en una tradición europea, y por lo tanto excluye a diversas tradiciones, sitios u objetos que no cumplen con las características que la Convención establece. En particular, a la Convención de 1972 se le ha criticado el carácter universal con el que busca valorizar el patrimonio cultural de cada país, sin tomar en cuenta las perspectivas locales, reforzando de manera hegemónica nociones occidentales de patrimonio en países donde estas no son particularmente valoradas.

Por ejemplo, si el valor social que un sitio tiene para una comunidad en particular es desplazado, y actores externos le imponen al lugar un valor que tal vez no refleje los sentimientos de la comunidad hacia el sitio, al no considerar el valor social como un elemento fundamental en la construcción del sitio como culturalmente significativo, el concepto de patrimonio cultural como tal no es suficiente para poder dotar de un valor simbólico a dicho sitio. Así mismo, muchas tradiciones que anteriormente no eran consideradas como parte del patrimonio cultural de un grupo se vieron por fin reconocidas cuando la Unesco implementó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2003. Se considera como patrimonio inmaterial cultural a los: “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” (Unesco, 2003).

Una de las herramientas más criticadas por los académicos (Meskell, 2013) en los últimos años es la llamada Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad que la Unesco promueve, pues es responsable de ella. Cada año, durante la asamblea general del organismo internacional, se dictaminan los sitios, monumentos y tradiciones que los gobiernos de cada país postulan para su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad. México es, sin duda, uno de los países que más cuenta con propiedades en esta lista (35), solo después de Italia (54), China (53), España (47), Francia (44), Alemania (44) e India (37) (Unesco, s. f.).

Críticos del concepto de patrimonio cultural avalado por la Unesco se han dedicado en los últimos años a desgranar los mecanismos que permiten que un sitio, monumento o tradición sea considerado patrimonio, sin necesidad de que una figura de autoridad denomine qué es y cómo se puede considerar como tal. Así mismo, han señalado que lo que un grupo cultural puede considerar como patrimonio, para otro grupo no lo será, debido a que este término se define en cuestión de quién y cómo lo utilice.

Por ello, algunos teóricos del patrimonio (Florescano, 1993; García Canclini, 2010) no conciben este concepto sin tomar en cuenta las fricciones, los choques, los intereses y los conflictos que se suscitan debido precisamente a que está constantemente en disputa, lo que Tunbridge y Ashworth (1996) luego llamaron “patrimonio disonante”. Por lo tanto, solo es posible definir lo que es patrimonio cuando se considera la comunidad en donde el monumento, sitio o tradición se practica, sin que antropólogos o arqueólogos interfieran en el proceso. Aunque en muchos países es una norma el que se dictamine qué es y qué no es patrimonio con base en investigaciones de tipo etnográfico, estético e histórico, en el caso de México es el Estado quien toma ese tipo de decisiones respecto al patrimonio cultural.¹ A continuación, se describirán los casos del Casino de la Selva, y el de San Juan Teotihuacán.

Costco Casino de la Selva

El hotel Casino de la Selva no solo fue famoso porque en él vivieron personajes como el escritor inglés Malcolm Lowry y el mexicano Carlos Monsiváis, sino también porque el predio contaba con una superficie de 90 mil metros cuadrados, lo que lo convertía en una verdadera selva artificial dentro de la capital morelense. En manos del empresario español emigrado a México, Manuel Suárez y Suárez, el hotel se convirtió, en la década de los años cincuenta, en un lugar donde políticos, empresarios, artistas y prensa se codeaban, junto con figuras de la farándula nacional e internacional (Hesles Bernal, 2008). Suárez reclutó al arquitecto español Félix Candela, también emigrado a México, para que diseñara cascarones para el inmueble (comedor, capilla y búngalos) usando su marca distinguida, los paraboloides hiperbólicos (Alarcón Azuela, 2011). El prestigio del lugar comenzó a declinar en la década de los años sesenta, y posteriormente decayó tras la crisis económica de 1994-1995. El hotel fue tomado por la Secretaría de Hacienda de la República, hasta que en una licitación pública en 2001 fue vendido, como terreno, a la operadora de la empresa Price-Costco.

Los objetivos de la firma trasnacional fueron convertir ese sitio en una plaza comercial, con las tiendas ancla Costco y Comercial Mexicana, así como un restaurante. Ciudadanos respondieron organizándose en un Frente Cívico para defender lo que consideraban como parte del patrimonio histórico y cultural del estado de Morelos, pues consideraban que el lugar tenía valor histórico, arquitectónico, cultural, artístico, social y ecológico (La destrucción del Casino de la Selva, 2002). Así mismo, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), que se recuperase y restaurase el edificio, ya que este databa del siglo XIX y el estilo del antiguo comedor era art déco, único en su tipo en Cuernavaca (Vargas, 2002a).

En su momento, el hotel albergó en sus paredes y techos varios murales pintados por diversos pintores mexicanos y españoles quienes dotaron al inmueble de un valor estético excepcional. Uno de los murales, titulado España hacia América, de gran tamaño (420×300 cm), fue comisionado por Suárez, y pintado entre 1946 y 1950 por el artista valenciano José Renau, asistido por su esposa, la pintora española Manuela Ballester (Cabañas Bravo, 2013; Gaitán Salinas, 2018). Si bien la convivencia y las relaciones entre los artistas españoles refugiados en México y sus contrapartes mexicanos no fueron del todo óptimas, y en muchos casos adversas (Cabañas Bravo, 2014), la construcción y el diseño del hotel, no obstante, fueron testigos de la cooperación y el trabajo que la comunidad artística española refugiada en México realizó en su país de adopción (Cabañas Bravo, 2014, p. 56), en una de las etapas más fructíferas en la reciente historia moderna intelectual de México y, sin duda alguna, parte importante del patrimonio inmaterial del país. Otras secciones del hotel contenían murales pintados por Francisco Icaza, Jorge Flores, José Reyes Meza, y el Dr. Atl, entre otros artistas, mientras que los jardines resguardaban esculturas del artista español Antonio Ballester. En suma, el inmueble tenía un inmenso valor estético, arquitectónico e histórico que fue olvidado una vez que el inmueble cayó en desuso.

Los expertos en materia cultural aseveraron que la autorización que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (antecesor de la actual Secretaría de Cultura federal), a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), había otorgado a Costco, fue el principal indicio que demostró el nulo interés de la administración federal por el lugar histórico, ya que se estaban privilegiando los intereses económicos por sobre el valor histórico y patrimonial. En este sentido, el significado y el valor del patrimonio cultural se vieron afectados por las decisiones que se tomaron para renovar y restaurar el inmueble sin tomar en cuenta los valores y los significados que se le adscribían al mismo.

El Congreso del estado de Morelos trató de emprender un decreto de expropiación, pero el valor comercial exigido por Costco ascendía a quince millones de dólares (equivalentes a más de 142 millones de pesos en ese momento), suma con la que no contaba el gobierno estatal para tal operación, por lo que entonces se interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría, de tal forma que se declarara nula la acción de compra-venta por las “irregularidades y faltas cometidas en el proceso de avalúo y licitación”, pues se había vendido como terreno sin tomar en cuenta el valor histórico del inmueble, su estilo arquitectónico, y los murales de su salón comedor (Vargas, 2002b).

El Frente Cívico convocó a un mitin para el 27 de agosto de 2002, al que respondieron quince mil morelenses, quienes exigieron la revocación de licencia de construcción para la tienda; y, al mismo tiempo, un plebiscito sobre el destino del Casino de la Selva (Jiménez, 2002). No obstante, otro grupo de ciudadanos no compartía las mismas posturas, como fue el caso del autodenominado Movimiento Ciudadano Unidos por Morelos, el cual reunió, durante el siguiente mes, dieciocho mil firmas en apoyo a la empresa, polarizando así a la sociedad en Cuernavaca.

Sin embargo, al indagar más sobre este movimiento, no hay información al respecto, ni en la prensa ni en otras investigaciones, lo que nos lleva a hipotetizar si realmente se trató de un movimiento conformado por ciudadanos o si fue una estrategia de la empresa o de sus cabilderos para legitimar la aprobación de la construcción.

El inmueble funciona no solo como una metáfora material de las relaciones entre los artistas mexicanos y los artistas refugiados españoles en México (en su condición de artistas transterrados, como los acuñó el filósofo español José Gaos) ⸻quienes buscaban dejar una huella, imponiendo ciertos códigos visuales de la tradición europea en un género pictórico (el muralismo) por el que pintores mexicanos eran especialmente celebrados alrededor del mundo⸻, sino también como un inmueble de carácter patrimonial disonante porque conjuga, en un mismo sitio, los diversos significados que un lugar como este, así como su destrucción, posee, debido a su condición polisémica y polivalente. Por un lado, miembros de la comunidad local estaban a favor de su demolición, mientras que otros promulgaban su conservación.

Como una manera de bajar la tensión, Costco declaró que no se destruirían los murales, sino que se restaurarían y se construiría un espacio para su exhibición, ya que el edificio que los albergaba originalmente estaba en el proyecto de demolición, tanto por su deterioro, como por no estar contemplado en el diseño arquitectónico de la nueva plaza comercial. De esta manera, se anunció una inversión proveniente cien por ciento de la iniciativa privada, en este caso de los inversionistas de Costco, como un “regalo” para el pueblo de Cuernavaca (Suárez, 2004).

El procedimiento se llevó a cabo con la técnica italiana denominada strappo, con la cual se retiraron los 640 metros cuadrados de murales, los cuales tenían cerca de un 40% de daño (Solís, 2004). La demolición de la mayor parte del antiguo edificio se llevó a cabo en junio de 2003 y las tiendas y el restaurante abrieron sus puertas al público en septiembre. El Centro Cultural Muros, que albergaría los murales y se convertiría además en un recinto para otras colecciones, no satisfizo a los integrantes del Frente Cívico, quienes argumentaban que los murales habían sido dañados a propósito con el pretexto de retirarlos del hotel en lugar de preservarlos (Solís, 2004). Por esta razón, el recinto se inauguró “casi a escondidas”, el 25 de mayo de 2004 (“A escondidas”, 2004).

Flora Guerrero, integrante de Frente Cívico, señaló que este no estaba en contra del museo: “Lo que no podemos aceptar es que se trate con ello de encubrir la destrucción de los murales del Casino de la Selva” (Solís, 2004). Así mismo, artistas mexicanos, entre ellos Francisco Toledo, Sergio Hernández y Graciela Iturbide, manifestaron su rechazo al proyecto del Centro Cultural Muros. De esta manera, el recinto nacía no solo en medio de la polémica sobre la destrucción del patrimonio, sino incluso bajo la acusación de falsificación de los murales (Solís, 2004). Mientras que los empresarios se jactaban del rescate cultural y la voluntad para la creación del espacio, el Frente argumentó que era

un engaño a los ciudadanos y muestra fehaciente de los procedimientos antiéticos con que los grandes capitales compran la complicidad de las autoridades en detrimento del patrimonio, el medio ambiente y el bienestar de las futuras generaciones. Se trata simplemente de una maniobra política y mediática. (“A escondidas”, 2004)

De cierta manera, el tiempo le daría la razón al Frente, pues en el año 2008, el Centro Cultural Muros se convirtió en una sucursal del museo infantil Papalote, sin ninguna justificación, o al menos sin su difusión pública. Los murales, que fueron el objetivo de la construcción de ese espacio, sean originales o réplicas, pasaron a un segundo plano, con respecto a la actual museografía y elementos interactivos del nuevo museo.² En una maniobra que buscaba satisfacer a todas las partes involucradas, la destrucción del inmueble y la posterior construcción de un museo se presenta como una oportunidad de rescatar el pasado mientras se construye el futuro, en el presente, a través de prácticas patrimoniales que buscan conciliar, más que ahondar en las fricciones y choques que existen en este tipo de situaciones cuando intereses varios compiten entre sí. El caso de los vestigios arqueológicos descubiertos en Teotihuacán, en donde se instaló una tienda de Walmart, no tuvieron la misma suerte, como se describirá a continuación.

Bodega Aurrera, San Juan Teotihuacán

El segundo caso es el de San Juan Teotihuacán, estado de México, en 2004, donde el proyecto de construcción de una tienda Bodega Aurrera, filial de Walmart, ocasionó una polémica que terminó por radicalizar entre quienes veían con beneplácito la instalación de un centro comercial de este tipo y aquellos que lo vieron como una violación al patrimonio cultural y al sitio arqueológico de la llamada “Ciudad de los Dioses”, ya que Teotihuacán no solo es reconocido como uno de los sitios arqueológicos más grandes de México, sino que además la zona está inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, desde 1987.

Arrendadora y Centros Comerciales S. de R. L. de C. V., que operaba Walmart en México, solicitó en marzo de 2004, al centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de México, la autorización del proyecto arquitectónico para una tienda de autoservicio en el predio ubicado en la calle Cruz de la Misión s/n Fraccionamiento La Parroquia, también conocido como campo de Alfalfa Elda Pineda, en ese municipio mexiquense, dentro del polígono C, como puede verse en la figura 2.

Con base en estudios realizados en la década de los años setenta, y posteriormente en 1984, el Instituto Nacional de Antropología e Historia afirmó que en ese predio había ausencia de arquitectura prehispánica, lo cual publicó en su página de Internet.³ Bajo esta justificación, el Centro INAH del Estado de México otorgó, el 19 de mayo de 2004, el permiso de construcción a la trasnacional. Sorpresivamente, la titular de este Centro, Maribel Miró, después de haber autorizado también el permiso de instalación de otra tienda Walmart en el municipio de Amecameca, el 25 de junio, presentó su renuncia el 15 de julio, aduciendo razones personales (Fernández, 2004).

La construcción de la tienda en Teotihuacán inició a principios de julio, y fue clausurada el día 16 de julio, al no contar con un arqueólogo “que supervisara las obras in situ”, aunque se reanudaron al contratar al arqueólogo Demetrio Ramírez del INAH, tres días después (“Un autoservicio”, 2004). Sin embargo, la supuesta ausencia de arquitectura prehispánica se puso en entredicho cuando en el sitio se ubicó un área de 120 metros cuadrados con vestigios de ocupación, restos de piso de una plaza, un basamento de 25 centímetros de alto por 80 centímetros por sus cuatro lados, con ofrendas en miniatura, así como cinco entierros. No obstante, las autoridades del INAH se apresuraron a señalar que no se trataba de personajes importantes al ser ofrendas conformadas por elementos de uso doméstico (Vargas y Salinas, 2004). Bajo esta justificación, el INAH permitiría que el basamento quedara enterrado bajo lo que hoy es el estacionamiento del centro comercial (Ibarra y Carrillo, 2005, p. 25).

Debido a la opacidad gubernamental, similar al caso anterior, los habitantes comenzaron a protestar. La primera movilización fue un plantón en la entrada del predio a inicios de agosto, con la cual se impidió durante 24 horas el acceso a los trabajadores, pero Walmart interpuso una demanda penal por daño en propiedad privada contra seis ciudadanos, entre ellos Emmanuel D’Herrera y Emma Ortega Moreno, quienes posteriormente crearían el Frente de Defensa del Valle de Teotihuacán, junto con las organizaciones Itze Teotihuacán, Solidaridad Teotihuacana, Organización de las Naciones Indígenas Unidas, Frente Defensor del Patrimonio Cultural del Valle de Teotihuacán, Unión de Comerciantes del Mercado Ignacio M. Beteta de Otumba y El Barzón Teotihuacán.

A finales de agosto, el Frente de Defensa del Valle de Teotihuacán inició una demanda por la construcción de la tienda ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PJEM), y a principios de septiembre efectuaron un mitin-plantón en la alcaldía teotihuacana para exigir a la presidencia municipal copias de la licencia del uso de suelo y el permiso de construcción. En el mes de octubre el Frente de Defensa del Valle de Teotihuacán recibió la respuesta de la PJEM sobre la denuncia contra el consorcio, la cual no procedía, ya que el mismo gobierno del estado de México y el INAH habían probado que la obra contaba con todas las autorizaciones correspondientes, además de que, según investigaciones de la propia procuraduría, la tienda se construía fuera del polígono arqueológico de Teotihuacán, el cual está gestionado por el INAH. Por lo que, para esa instancia, el caso estaba cerrado.

El Frente de Defensa del Valle de Teotihuacán no quedó conforme con la respuesta de la PJEM, y continuó con los mítines y plantones, situación que llevó a una confrontación directa con un grupo de vecinos del barrio La Purificación, comunidad donde se construía la tienda, quienes además de estar molestos por verse “invadidos” por manifestantes de otros lugares que acudían a apoyar las protestas del Frente, estaban a favor de la construcción del supermercado, argumentando que la creación de empleos por parte del centro comercial les beneficiaba directamente. El altercado provocó la intervención de la policía. Al respecto, D’Herrera señaló: “No queremos caer en provocaciones, nos vamos a ir, pero seguiremos con nuestra huelga de hambre porque estamos defendiendo ideales y no intereses” (Walmart de Teotihuacán, 2013).

Por otro lado, si bien la PJEM había cerrado el caso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México⁴ había considerado la acción legal del Frente de Defensa del Valle de Teotihuacán, ordenando al alcalde de Teotihuacán, en el mes de octubre, entregar el expediente con los documentos que autorizaron la licencia de construcción a Walmart. Al mismo tiempo, los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de corte centroizquierda, habían solicitado a la Contraloría de la Legislatura de ese estado, abrir una investigación sobre la autorización de la tienda.

El Frente de Defensa del Valle de Teotihuacán también denunció los hechos ante la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo que aconseja a la Unesco sobre el valor cultural de monumentos y sitios, además de iniciar un proceso jurídico contra autoridades de los tres niveles de gobierno por permitir dicha construcción y dañar con ello el patrimonio histórico y cultural. A pesar de la presión social, ninguna autoridad gubernamental secundó al Frente de Defensa del Valle de Teotihuacán. Por su parte, el INAH continuó avalando la apertura de la tienda, e incluso, el entonces presidente de México, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), respondió a una misiva enviada por intelectuales y artistas, señalando que la tienda debía abrirse, pues había cumplido con todos los requisitos de ley.

Como respuesta bastante tardía, se supo que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México, a petición del entonces gobernador del estado de México, Arturo Montiel del PRI, “revisó junto con el Titular del INAH, la posibilidad de reubicar la construcción de la tienda, pero esta no logró ser frenada” (Walmart de Teotihuacán, 2013). Finalmente, la tienda abrió sus puertas el día 5 de noviembre de 2004, bajo el resguardo de la Policía Estatal y de la exigencia de su apertura por parte de miembros de la propia comunidad (Salinas y Camacho, 2004).

Ocho años después se daría a conocer, gracias al reportaje de Alejandra Xanic y David Barstow (2012a), publicado en el New York Times en abril y diciembre de 2012, con el cual ganaron el Premio Pulitzer, que Walmart sobornó a diversos funcionarios al desembolsar 221 mil dólares, para lograr la instalación de tiendas no solo en Teotihuacán, sino en otros cuatro municipios del país. Como demuestra el reportaje, en el caso de Teotihuacán, lo primero que la trasnacional debía superar era la clasificación del uso del suelo, la cual no le era favorable debido a la nueva zonificación realizada y votada por el ayuntamiento el 6 de agosto de 2003. Sin embargo, un soborno de 52 mil pesos evitó esta situación:

El plan era simple. El mapa de zonificación no se convierte en ley hasta que se publica en la Gaceta del Gobierno del estado de México. Así que Wal-Mart de México estaba dispuesta a sobornar a un funcionario para cambiar el mapa antes de que fuera enviado a la prensa. Efectivamente, cuando el mapa se publicó, la zonificación para el campo de Elda Pineda fue rediseñado para permitir la tienda Wal-Mart. (Barstow y Xanic, 2012b)

Barstow y Xanic describen cómo el mapa fue cambiado por un funcionario de la oficina regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano antes de su envío para su publicación en la Gaceta del Gobierno, el día 20 de agosto. En el mapa original solo se le permitía al campo de Alfalfa Elda Pineda (parcela H500A) la construcción de casas habitacionales, pero con la modificación se permitía la construcción del centro comercial (Barstow y Xanic, 2012b).

Además de esta artimaña, Walmart necesitaba de otros permisos y autorizaciones. Testimonios con actores clave probaron que desde 2005 se habían descubierto violaciones a la normatividad. Vicente de la Rosa Herrera, quien en 2004 era el coordinador nacional de Centros INAH, admitió en un documento hecho público durante la sesión del 5 de enero de 2005 en la Cámara de Diputados, “que la exploración arqueológica efectuada en el predio en cuestión inició el 20 de julio de 2004” (Mateos-Vega, 2013a), pero Walmart había obtenido el permiso de construcción un mes antes de esta fecha. Así mismo, cuando el geólogo José Ortega Ramírez arribó al lugar para explorar el terreno con el georradar, la tienda ya estaba construida. “El georradar detectó las tuberías recién colocadas, entre otras estructuras de las instalaciones de la Bodega Aurrera”. Las anomalías detectadas, se dijo, pudieron ser un depósito de arena y pedazos de ladrillo (Mateos-Vega, 2013a).

Por su parte, el Congreso de los Estados Unidos también investigó a Walmart. En informes enviados al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental y al Comité de Energía y Comercio, se señaló que tanto Michael T. Duke, presidente ejecutivo de Walmart Stores, como otros altos ejecutivos de la firma habían recibido, durante el trimestre de 2005, información directa de las acusaciones de pagos de soborno de su filial en México.

Entre los beneficiarios de estos pagos se señalaron, el 11 de enero de 2013, a los representantes de los regidores del PRI y del PRD, por un monto de 1,2 millones de pesos, además de un “donativo” directo al Barrio de la Purificación por 600 mil pesos y “un regalo personal irregular” de 400 mil al director del INAH, quien negó la acusación (Mateos-Vega, 2013b). A pesar de todo lo anterior, no hubo ninguna sanción ni consecuencia para ningún funcionario mexicano ni ejecutivo nacional o estadounidense.

Reflexiones finales

La intención de este texto no solamente fue hacer el recuento de dos casos donde empresas trasnacionales de tiendas de autoservicio ⸻que además de violar el patrimonio cultural local, regional y nacional⸻ cometieron infracciones al uso de suelo y otras reglamentaciones municipales, sino también reconocer que el interés lucrativo ha sido y sigue siendo más fuerte que la salvaguarda de estos sitios históricos y arqueológicos. Por ello, resaltamos nuestras conclusiones en dos ejes: sobre el patrimonio cultural y sobre la sociedad civil.

Sobre el patrimonio cultural

Más que ser piedras, como algunos de estos empresarios han denominado al patrimonio cultural ⸻utilizando la misma retórica que usó el líder de los Talibanes cuando fueron acusados de haber destruido las estatuas de Buda en Afganistán en el año 2001⸻, estos lugares tienen un alto valor histórico, estético y arqueológico, cuya perturbación causó ingobernabilidad al radicalizar las posturas entre los grupos sociales que rechazaban y aceptaban la instalación de los supermercados.

En una entrevista concedida al diario La Jornada, el 9 de octubre de 2004, mes en el que todos estos conflictos estaban en su máximo nivel, Sergio Raúl Arroyo, entonces director del INAH, comentó que, aunque se había hecho uso de todas las atribuciones legales al autorizar la tienda de Walmart en Teotihuacán, se había soslayado una vertiente “simbólico-política”, en donde faltó considerar los aspectos extrarqueológicos y extrajurídicos. Estos aspectos son los significados que para la comunidad local tienen los sitios y que fueron desechados por las autoridades.

En los casos que arriba analizamos, el discurso de patrimonio cultural se problematiza desde una perspectiva legal, pues en México, zonas denominadas como patrimonio están protegidas por el Estado. No obstante, en ambos casos, desarrollo no significa un avance en materia de protección del patrimonio, sino todo lo contrario: un desinterés total por el patrimonio cultural en aras del desarrollo comercial. Así mismo, lo que se asocia como desarrollo económico en materia de comercialización (Castells, 1999) es en realidad la destrucción del pasado para dar entrada a una modernidad que muchas veces se confunde con un consumismo desenfrenado.

A la par que el concepto de patrimonio cultural ha ido cambiando, varios países se han ido modernizando, y una explosión demográfica y urbana ha visto desaparecer comunidades rurales junto con la destrucción del patrimonio. Lo que era un concepto que denotaba una serie de objetos y monumentos que tenían un valor simbólico ha pasado a ser un proceso por el cual autoridades, expertos y académicos seleccionan y valoran cuidadosamente ciertos elementos de la cultura para mostrarlas como historia y pasan a formar parte del patrimonio cultural a nivel internacional, nacional o local. Es dentro de este marco donde debemos interpretar la destrucción del patrimonio para producir un análisis subjetivo de los hechos. De otra manera, destrucciones como las ocurridas en Cuernavaca y Teotihuacán serían caracterizadas simplemente como una lucha entre modernidad y patrimonio.

La definición de patrimonio cultural como un proceso, más que un adjetivo, ha sido ampliada en los últimos años, a tal grado que hoy en día se afirma que no existe el patrimonio como tal (Smith, 2006, p. 13). En cambio, lo que existe es una serie de procesos y/o prácticas discursivas por las cuales diferentes grupos de poder escogen selectivamente ciertas prácticas culturales, así como sitios y lugares, que tienen un valor simbólico dentro del imaginario político, histórico y cultural de una nación y las constituyen como patrimonio (Florescano, 1993). Por esta razón, el concepto de patrimonio está fuertemente asociado a la idea de identidad nacional y colectiva. Al seleccionar ciertas narrativas, conocimientos e imágenes como patrimonio —dejando de lado a otras narrativas, conocimientos e imágenes—, se construye una relación de poder entre diferentes actores que conduce a un estado de gobernabilidad (Smith, 2004), el cual conlleva a lo que Smith (2006) denominó como el Discurso Autorizado del Patrimonio (DAP): aquel patrimonio que está construido a través del lenguaje del experto que cataloga, designa y confiere significado.

El patrimonio cultural de México ha servido, entre otras cosas, para que los mexicanos se sientan identificados como tales, aun cuando existan diferentes culturas con diferentes usos de la misma. Teotihuacán, en este sentido, es un patrimonio que todos los mexicanos identifican como parte de las culturas prehispánicas que habitaron el territorio mesoamericano antes de la conquista de América por los españoles. Es un sitio que todos los mexicanos fácilmente identifican como una de las tantas partes que conforman su identidad como ciudadanos mexicanos, producto del mestizaje. En el caso del Casino de la Selva, tal vez no todos los mexicanos reconozcan el lugar como parte de su patrimonio. Sin embargo, a nivel local, el lugar poseía un significado y un valor que lo hacía destacar entre otros hoteles, así como el contenido de varias obras de arte le confería al espacio un aura estética que otros lugares no tenían.

El conflicto entre una empresa extranjera que destruye el patrimonio cultural de México y el desarrollo simbolizado por el consumo de productos en un supermercado de origen estadounidense está en el centro del debate que estos dos casos de destrucción del patrimonio representan. La resistencia al cambio, el misoneísmo y la permanencia de las tradiciones son idiosincrasias que generalmente se le han atribuido al mexicano de manera regular en la cultura popular, donde resalta la resistencia cultural que ofrece en cuanto su patrimonio cultural, que se ve afectada, sobre todo por compañías extranjeras, en una continuación de los traumas que dejó la conquista española y los despojos que llevó a cabo. Sobre todo, en el caso de la defensa de un inmueble arquitectónico prehispánico como lo es Teotihuacán, se pone de manifiesto una lucha en la que se conjugan varios aspectos. Por un lado, se puede caracterizar como una pugna para salvar de las garras extranjeras el patrimonio de una cultura que por muchos años ha sido una de las más representativas en el imaginario cultural mexicano. De nuevo, se usan viejas estrategias para dotar de significado a una lucha entre los mexicanos y los extranjeros.

Pero no solo es una empresa extranjera la que pone en riesgo el patrimonio de los mexicanos, sino que también representa una nueva cultura que está dominando los mercados internacionales y se ha convertido en un referente global de desarrollo y progreso (Brunn, 2006). Cuando el Estado avala nuevas formas de consumo, permitiendo la destrucción de patrimonio cultural para dar paso al desarrollo de la iniciativa privada, se vuelve ambivalente, por lo que la defensa del patrimonio en riesgo recae precisamente en los movimientos sociales (García Canclini, 1999, pp. 20-21). No es sorprendente, por lo tanto, que en ambos casos se formaran frentes cívicos que ofrecían una resistencia a la destrucción del patrimonio cultural mexicano.

Sobre la sociedad civil

En este contexto, la organización y la denuncia social a través de los frentes que se conformaron, tanto en Cuernavaca como en Teotihuacán, demostraba lo que algunos años antes se teorizaba sobre la participación ciudadana y la democracia deliberativa. Cohen señaló que la idea fundamental de la legitimidad democrática era que el otorgamiento de la autoridad para ejercer el poder del Estado debía emerger de las decisiones colectivas de los miembros de una sociedad gobernada por tal poder. Esa legitimidad debía emerger de las discusiones de los miembros de la sociedad, en tanto estas se llevan a cabo y se expresan al interior de instituciones sociales y políticas diseñadas para reconocer dicha autoridad colectiva (Cohen, 1997).

Los instrumentos de participación en las decisiones públicas, en este caso el uso de suelo y la autorización de permisos a empresas transnacionales en esas comunidades, podrían considerarse como la búsqueda de los mecanismos que describe Bohman (1997) para la democracia deliberativa, ya que de esta depende la creación de condiciones sociales y arreglos institucionales que propiciasen el uso público de la razón, pues la deliberación es pública en la medida en que estos arreglos permiten el diálogo libre y abierto entre ciudadanos capaces de formar juicios informados y razonados, en torno a la forma de resolver situaciones problemáticas.

Sin embargo, contrariamente, esos procesos llevaron a los incidentes sociales ya descritos: la inauguración del Centro Cultural Muros, en Cuernavaca, casi a escondidas y con autoridades que “huyeron” del lugar después del corte de listón, o el bloqueo a la zona arqueológica de Teotihuacán, el día de la apertura de la Bodega Aurrera, y el arresto y encarcelamiento de Emmanuel D’Herrera, por detonar fuego pirotécnico al interior de esa tienda en mayo de 2009. Cabe destacar que D’Herrera además falleció como preso político el 10 de abril de 2010 (Viento de Libertad, 2010).

Dentro de la ley mexicana que protege a las zonas arqueológicas, históricas y artísticas, como el Casino de la Selva y Teotihuacán, se puede apreciar que, en el papel, estos son ampliamente reconocidos por su valor, y por lo tanto deben ser protegidos. No obstante, también es importante tomar en cuenta a los grupos locales, que estaban de acuerdo en que la construcción de ambos supermercados se llevara a cabo. En una sociedad democrática, la voluntad de la mayoría decide, pero la democracia no solo se entiende como una fuerza política, sino que también ha contribuido a polarizar a algunas sociedades en donde discursos como el de patrimonio cultural se pueden significar de diferentes maneras, dependiendo del contexto.

Entender al patrimonio cultural desde una perspectiva global nos obliga a contabilizar las ventajas que la construcción de un McDonald’s, Walmart o Amazon conlleva para la población local. Así mismo, la resignificación del patrimonio cultural dentro de una perspectiva global conlleva a considerar los grandes beneficios económicos que la población local quisiera ver reflejados en su comunidad (Paredes Gudiño, 2007, p. 55), sobre todo si el sitio es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Algunos estudiosos (véase por ejemplo Lara, 2005, pp. 63-66) afirman que uno de los orígenes de la destrucción del patrimonio en México por parte de empresas extranjeras está en la firma, en 1994, del Tratado de Libre Comercio (TLC) con sus vecinos del norte: Estados Unidos de América y Canadá. Sin duda alguna, la firma de este tratado ha transformado la manera en la que el patrimonio cultural mexicano es visto y es protegido, ya sea por las autoridades federales, estatales o regionales, así como por empresas extranjeras que buscan expandir sus beneficios económicos. Entre otros aspectos, la decisión de permitir el libre acceso de empresas extranjeras a México privilegia los intereses económicos, mientras que relega los valores y significados del patrimonio cultural a un segundo plano.

Por último, cabe señalar que la combinación de una pobre legislación en la materia con la corrupción es el elemento que ha permeado la mayoría de los casos similares en México. En este rubro seguiremos con este problema, pues en octubre de 2017 se presentó la Iniciativa de Ley para la protección del patrimonio cultural de México, pero fue desechada un año después, por lo que la exigencia de la protección continuará recayendo en la sociedad civil.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación

1 De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 1972), el patrimonio cultural de México está definido de la siguiente manera: monumentos arqueológicos (aquellos muebles e inmuebles que datan antes de la conquista española en territorio mexicano); monumentos históricos (muebles o inmuebles que datan de los siglos XVI y XIX) y monumentos artísticos (muebles e inmuebles que tengan un valor estético relevante). Institutos como el Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y el Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, la Filmoteca y Fonoteca Nacional, son las organizaciones encargadas de gestionar y proteger los diferentes tipos de patrimonio en México (Pérez, s. f.).

2 Como muestra se pueden ver las imágenes que ilustran las notas periodísticas de Hernández (2019), “DIF Cuernavaca” (2017) y Cerdio (2015).

3 Esta información se publicó en la página de Protección Teotihuacán del INAH, aunque a la fecha ya no está disponible, el Diario La Jornada hace referencia a ello en su edición del 9 de enero de 2013 (La Jornada, 2013).

4 Los tribunales de lo contencioso y administrativo son órganos autónomos para emitir sus fallos, que resuelven controversias entre la administración pública de las entidades federativas y los particulares. Su denominación y facultades pueden variar de una entidad federativa a otra.

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: tonatiuh_lay@suv.udg.mx

Información adicional

Cómo citar este artículo: Lay Arellano, I. T., y González Zarandona, J. A. (2020). Violación al patrimonio cultural en Teotihuacán y Cuernavaca, México. Apuntes, 33. https://doi.org/10.11144/Javeriana.apu33.vpct

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