Introducción: ¿Qué participación?, ¿participación para qué?

El término participación, como sucede con otros —sostenibilidad, democracia, gobernanza— ha sufrido un vaciamiento que lo convierte, en la mayoría de las ocasiones, en una muletilla utilizada en el discurso mediático y político en el que, o carece de contenido sustancial o, en el mejor de los casos, hace referencia a cuestiones que poco tienen que ver con un sentido “fuerte”, “radical” (de raíz) de la participación.

El problema reside, quizás, en el concepto mismo de participación y en el sentido que los diversos actores le otorgan a este concepto en un contexto u otro. En la mayoría de las ocasiones, los gobernantes conciben la participación de modo paternalista. La entienden como una concesión graciosa de los que tienen el poder de decisión para con los destinatarios de sus acciones, como un mero procedimiento comunicacional, sin incorporar la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones, que es lo que fundamenta el sentido radical de la participación y que, en consecuencia, favorece el empoderamiento real de la ciudadanía (Escalera y Coca, 2013).

Desde las ciencias políticas, el modelo de participación tiene que ver con el ideario de democracia que prevalece en los grupos que están en el poder. En este marco es posible observar dos tipos. El primero, de carácter liberal, que concibe un modelo de democracia representativa, donde la participación es instrumental y se expresa fundamentalmente en las urnas a través del voto. El rol central aquí lo tienen los partidos y la capacidad de estos para representar y canalizar los intereses ciudadanos. Fuera de los partidos, la participación es más bien un obstáculo para la sana convivencia democrática y la estabilidad del sistema. Este es, a juicio de varios autores, el modelo de participación que ha prevalecido a nivel general en la mayoría de los modelos democráticos, y que prevalece aún en varios países (Schumpeter, 1961).

Una segunda tendencia surge, precisamente, a partir de la crisis del ideario de la democracia representativa y del andamiaje institucional que lo sostiene. El ideario democrático participativo, a diferencia del anterior, plantea un modelo que recupera el ideal de participación y deliberación pública como elemento fundamental de una democracia moderna (Fishkin, 1995; Almond y Verba, 1980; Barber, 1984; Barnes y Kaase, 1979; Blanco y Goma, 2002; Bobbio, 1984). Este modelo de democracia participativa declara un interés genuino por la participación ciudadana, como fundamento último del ejercicio democrático. Tiene que ver, como plantea Subirats (2005), con un cambio de época, con nuevas demandas y transformaciones sociales, asociadas fundamentalmente a la entrada de nuevos actores y temas al escenario de la discusión pública, los cuales cuestionan las bases del ideario liberal.

Bajo este marco se reformula el concepto de “participación”, entendiéndolo desde un sentido “fuerte” (Stringer, 1972). Se comprende por ello, la posibilidad real de que los ciudadanos tomen parte en la toma de las decisiones a través de un proceso dialógico, como resultado de la construcción compartida entre la ciudadanía, los técnicos y los responsables políticos, fundamentando así la corresponsabilidad de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.

Hoy en día, esta última tendencia ha cobrado fuerza en el discurso político, especialmente a partir de la crisis del 2008 y el deterioro de la calidad de vida de las comunidades, producto de la profundización del neoliberalismo (Subirats, 2005). Este cambio ha quedado reflejado en diversas cartas y acuerdos internacionales y nacionales.

En el ámbito europeo pueden citarse los principios recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del año 2000, en el Libro Blanco La Gobernanza Europea, de la Comisión Europea, del 25 de julio de 2001, y en los trabajos que le han dado continuidad; o en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del 6 de diciembre de 2001, sobre la participación ciudadana en la vida pública local.

En Latinoamérica han surgido tendencias similares. En el caso chileno, específicamente, en el año 2011 se formaliza una normativa que regula la participación ciudadana: la ley 20.500. En ella el Estado Chileno reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones, tanto generando asociatividad como participando en la gestión pública. En el primer ámbito se crea un nuevo actor, “los consejos comunales de la sociedad civil”. Estos son un mecanismo de participación ciudadana que tienen como objetivo la representación de organizaciones de la sociedad civil en distintos organismos de la Administración del Estado, incluidos los municipios. En el segundo ámbito, se establece que los distintos órganos de la Administración del Estado deben implementar medidas de participación ciudadana. Cada administración deberá definir cuáles son las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones sociales en el ámbito de su competencia (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2011).

Sin embargo, la propuesta de estas normativas y políticas evidencia los vacíos y complejidades que tiene el desarrollo de una participación ciudadana real y fuerte. Los antecedentes evidencian que los procesos llamados “participativos” en la mayoría de las ocasiones refieren a meros formalismos procedimentales. En el caso chileno, incluir una actividad participativa se ha vuelto una acción formal sin mayor incidencia en el desarrollo de los proyectos públicos. No hay obligación de incluir las observaciones u objeciones que realiza la ciudadanía a iniciativas planteadas por cualquier órgano del Estado, la participación sigue siendo meramente informativa y consultiva (De la Maza y Ochsenius, 2010).

Aun cuando está generalmente a nivel formal, es asumida la necesidad de contar con la gente para la homologación democrática del sistema político-institucional vigente (Few, 2000, 2001, 2002; Brown, 2002). La actitud predominante entre los responsables políticos y los técnicos de las administraciones públicas, en general, y del patrimonio, en particular, es, más bien, el recelo, cuando no una clara animadversión a cualquier forma o expresión de participación o de demanda de la misma procedente “bottom-up” de los ciudadanos, fuera de los marcos, momentos y procedimientos “top-down”³ establecidos formalmente, si es el caso, para ello. Todavía es predominante el concepto paternalista de la participación, entendida como “dar parte a” la ciudadanía, desde la perspectiva y a partir de la iniciativa de los que detentan el poder (Stringer, 1972). En efecto, se entiende a la participación como una concesión graciosa de los que tienen el poder de decisión hacia los destinatarios de sus acciones.

El modelo de participación ciudadana que encontramos de manera más extendida, en el caso de que exista, tiene un carácter consultivo, delegativo y no vinculante, con lo cual las comunidades y poblaciones tienen muy poco que hacer a nivel formal para cambiar ciertos procesos. De hecho, con frecuencia los procedimientos participativos han terminado por cumplir un papel cosmético (Quintero, 2011; Quintero y Sánchez-Carretero, 2017), para ocultar procedimientos de cooptación, o como excusa y justificación para imponer decisiones tomadas previamente.

Por otro lado, surgen algunas voces críticas que cuestionan la operatividad y la eficacia de la implicación activa y directa de las poblaciones locales en la acción política para el logro de una auténtica gobernanza (Cooke y Kothari, 2001). Ello, aunque en ocasiones responde a una actitud de sincera preocupación por las deficiencias que también de manera bastante generalizada presentan los procesos participativos (Cleaver, 1999; Few, 2000, 2001, 2002; Brown, 2002), en otras se hace para impugnar la participación, aprovechando de manera interesada la evidencia del escaso éxito obtenido por muchos de los ejemplos de supuesta gestión participativa desarrollados en diferentes partes del mundo, cuyas deficiencias metodológicas y desviaciones populistas han sido puestas de manifiesto por algunos análisis rigurosos (Agrawal y Gibson, 1999; Navarro, 2000).

Patrimonio, Patrimonialización y Participación

En el terreno específico del Patrimonio Cultural y Natural, tanto la legislación ambiental como la cultural establecen la participación de la ciudadanía como uno de los fundamentos de la conservación, protección y manejo de los bienes culturales y de los espacios naturales.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco consagra el principio de la participación de las “comunidades” y los “grupos” como la clave para la identificación y salvaguardia de este patrimonio, cuya propia definición se hace en relación a la relevancia que tenga para la identidad de las comunidades e individuos que las integran (art. 2), los cuales deben intervenir en los procesos de identificación y definición del mismo (art. 11b), así como en su gestión (art. 15) (Carrera, 2016). En el mismo sentido, se manifiesta el Consejo de Europa en su convención sobre el Valor Patrimonial Cultural para la Sociedad de Faro 2005 (Cimadomo, 2016).

La Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas, adoptada por Icomos (1987), indica: “La participación y el compromiso de los habitantes es imprescindible para lograr la conservación de la población o área urbana histórica y deben ser estimulados. No se debe olvidar que dicha conservación concierne en primer lugar a sus habitantes” (p. 2).

A pesar de los cambios anteriores, desde los niveles locales, regionales, nacionales e internacionales, los marcos para incentivar una gobernanza patrimonial participativa siguen siendo aun fundamentalmente de carácter declarativo y no vinculante. En la práctica hay pocas o ninguna regulación nacional o local que incentive y consagre la participación real y efectiva de la ciudadanía en los distintos procesos de patrimonialización (Arrieta, 2008; Jiménez-Esquinas y Sánchez-Carretero, 2015; Cimadomo, 2016)⁴.

En el caso español, la Ley 16 de 1985 del Patrimonio Histórico Español no incluye a la participación ciudadana. En cuanto a la Ley 10 del 26 de mayo de 2015, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en consonancia con la Unesco, pero de manera aún mucho más reducida, solo se hace referencia a la participación ciudadana en su artículo 3, cuando al tratar de los principios generales de las actuaciones de la salvaguardia de este patrimonio, se establece que:

Las actuaciones de los poderes públicos sobre los bienes del patrimonio cultural inmaterial que sean objeto de salvaguardia por la Administración General del Estado, por las Comunidades Autónomas o por las Corporaciones Locales deberán respetar, en su preparación y desarrollo, los siguientes principios generales: (…)

d) El principio de participación, con el objeto de respetar, mantener e impulsar el protagonismo de los grupos, comunidades portadoras, organizaciones y asociaciones ciudadanas en la recreación, transmisión y difusión del patrimonio cultural inmaterial. (Boletín Oficial del Estado, 2015, art. 3)

En efecto, la ley no define mecanismos concretos que permitan una materialización efectiva de la participación en los ámbitos de patrimonio. Por otra parte, la Ley 14 del 2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía, ni siquiera incorpora esta mínima referencia en la salvaguarda, tutela y gestión del patrimonio.

En Chile, por otro lado, no existen regulaciones específicas en torno al patrimonio, acotadas a las demandas y dinámicas de los territorios. De hecho, la legislación territorial y cultural chilena no incluye el concepto de patrimonio dentro de sus marcos normativos. La única ley que alude al patrimonio cultural y su preservación, aunque no es una categoría formal, es la n.° 17.288, que legisla sobre monumentos y bienes considerados de valor nacional, y data de 1970. Esta ley se orienta a regular 5 tipologías: Monumentos Históricos, Zonas Típicas, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Arqueológicos y Monumentos Públicos. El ente gestor y regulador de estos bienes es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). De acuerdo a las normativas de esta institución, cualquier persona puede solicitarles que un bien sea declarado en una de estas categorías, sin embargo, debe exponer los valores por los cuales postula al bien. Una vez postulado, distintas comisiones, dependiendo de la categoría, evalúan la pertinencia de la declaración y definen si la solicitud es, o no, acogida. Las tres primeras, no obstante, no solo requieren el visado del CMN para ser declaradas, sino también la firma del ministro de la cartera correspondiente. Es decir, si una comunidad quiere que un edificio, casa o espacio sea declarado en unas de estas categorías, —única herramienta para que no sea demolido— debe pasar por todas estas instancias, y finalmente esperar la firma del ministro. Si este último no firma, el proceso queda detenido y no es ley, por lo tanto, queda abierto (Consejo de Monumentos Nacionales, 2018).

Como se observa, la normativa patrimonial en uso regula fundamentalmente el objeto físico, su preservación y gestión, y los criterios bajo los cuales una expresión puede ser considerada en alguna de las categorías que alude a valores arquitectónicos, arqueológicos o históricos. Aunque menciona los valores sociales, no está claro cómo se ponderan y por quiénes.

No obstante, y pese a lo limitado de esta concepción, las normativas existentes son utilizadas como recurso por las comunidades y los gobiernos locales, para proteger y validar expresiones materiales que simbolizan y aglutinan sus demandas de memorias e identidad, aun cuando en muchos casos la formalización de sus expresiones patrimoniales no es el objeto central de las demandas de las comunidades (Guerrero, 2010; Rojas y Bustos, 2015; Dormaels, 2012).

Aun cuando las comunidades locales organizadas poseen una visión bastante crítica sobre la excesiva objetivación del discurso patrimonial institucionalizado, la conservación de algunas expresiones materiales como patrimonio constituye una demanda de las comunidades, porque aglutina y permite canalizar y relatar, como expresa Jelin (1998), las memorias colectivas e individuales, constituyéndose en “lugares de memoria”.

La otra entidad pública a cargo del tema patrimonial en Chile es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Esta entidad pública se encarga principalmente de promover el conocimiento, reconocimiento y difusión del patrimonio nacional, regional, y local, para ello pone a disposición fondos concursables que se abren una vez al año. El fondo para el desarrollo de la cultura y las artes es el principal fondo público de financiamiento de acciones patrimoniales en Chile. A ellos pueden postular organizaciones nacionales regionales y locales sin fines de lucro, y también personas naturales. El que sea un fondo concursable, no obstante, hace que en muchos casos las comunidades compitan entre sí por los fondos, más que generar alianzas o sinergias en torno a temas e intereses comunes. A lo anterior hay que sumar el carácter fuertemente centralizado de la gestión pública en Chile (De la Maza y Ochsenius, 2010; Garretón, 2006).

A nivel de la legislación europea y del estado español, aunque con bastante antelación a lo que sucede con respecto al patrimonio histórico-cultural, la participación de la ciudadanía y las poblaciones locales se establece como una premisa general, pero su implementación ha quedado reducida, en la mayor parte de los casos, al establecimiento de Consejos de Participación Ciudadana o Patronatos en los que, a parte de la composición por cooptación de los miembros representantes, la implicación real y efectiva de la ciudanía en la toma de decisiones está ausente, pues se queda, igualmente, en un nivel meramente informativo, comunicacional o, a lo sumo, consultivo.

En general, el establecimiento de los criterios a partir de los cuales se definen las expresiones o bienes que son considerados con valor patrimonial tiende, pese a los avances, a validar las definiciones realizadas por los grupos expertos, que generalmente son cercanas a las elites políticas y económicas que están en el poder, por lo cual se tiende a reproducir la idea de un patrimonio hegemónico.

Tanto en España como en Chile, los procesos de construcción patrimonial formales, es decir, los que buscan ser definidos bajo algunas de las categorías locales nacionales o internacionales de patrimonio, siguen las mismas lógicas de gobernanza que cualquier otro tema de interés social y político, es decir carecen de procesos de participación ciudadana efectivos. Los principales voceros, en el caso de los procesos de postulación y declaratoria de una expresión como patrimonio cultural o natural, siguen siendo los gobiernos de turno, pues se parte de la premisa de que estos son representativos de los intereses y demandas ciudadanas.

El espacio local como marco estratégico para una gestión patrimonial participativa

En las últimas décadas, las “comunidades” han ido ocupando progresivamente un rol mucho más activo en la protección, gestión y puesta en valor de sus patrimonios. Precisamente, el marcado énfasis comercial del patrimonio, las pocas medidas de regulación de los mercados del turismo patrimonial, el deterioro del patrimonio construido, y la ausencia de procesos de participación efectivos de las comunidades en estos procesos han convertido el patrimonio en un campo de conflicto y disputa de poder entre los actores locales. En este contexto, la construcción patrimonial se ha constituido de manera creciente en un escenario simbólico complejo donde se expresan los diversos conflictos y demandas de los actores del territorio. Las acciones de los actores patrimoniales a través de diversos tipos de organizaciones han surgido como una fuerte crítica al carácter elitista, mercantilizado y conservacionista del discurso patrimonial internacional instalado en nuestros países.

En este contexto, el discurso patrimonial se ha configurado como un proceso de recuperación y definición identitaria fuertemente ligado al territorio y a las dinámicas socioculturales del mismo. La matriz de sentido de estos procesos a nivel general supone un cuestionamiento a la lógica neoliberal que ha definido el desarrollo de los territorios y también el discurso patrimonial.

Dormaels (2012) llama “ecopatrimonios”, a los patrimonios construidos, protegidos y explotados por una comunidad, que contribuye a su desarrollo y calidad de vida, y cuyo fin es transmitir y preservar su cultura viva, aunque no esté legalmente reconocido.

No obstante, el rol que las comunidades pueden tener en una construcción sostenible de sus patrimonios se ve fuertemente determinado por los modelos de gobernanza local y la importancia que otorgan los gobiernos locales a una gestión más integral del patrimonio, al interés por la incorporación de la ciudadanía y a los desafíos que esto implica.

El patrimonio se construye y materializa localmente, no hay patrimonio sin comunidad que desarrolle un proceso de valorización patrimonial, y no hay comunidad sin contexto o territorio (Prats, 2005). Esto dota de importancia fundamental al ámbito local, tanto en su expresión político-administrativa (municipal), como en las formas de organización y la ciudadanía patrimonial organizada, particularmente de cara a una gobernanza participativa del patrimonio.

Como veremos en los casos analizados, el espacio local pareciera constituirse en la escala donde se dirimen las posibilidades participativas de las comunidades y su validación como actores patrimoniales por parte de las entidades gubernamentales. En este marco, el perfil (características e idearios) de los actores patrimoniales respecto a la participación en materia patrimonial parece ser central para solucionar o agudizar conflictos: los gobiernos locales y la ciudadanía organizada.

Los gobiernos locales, como expresa Ziccardi (1998), son la expresión territorial más cercana a las demandas e intereses ciudadanos, por ello, más allá de la normativa existente en materia patrimonial, son actores que pueden establecer cambios en los modelos de participación. La normativa no crea la práctica, si bien es cierto que se establecen regulaciones para incluir la participación ciudadana, finalmente la voluntad política de los actores gubernamentales, el ideario democrático que posee el gobierno de turno, orienta la actuación que estos tienen en materia de participación. En el caso del patrimonio local, como veremos en los casos analizados, un gobierno local proclive al diálogo, con una concepción no esencialista del patrimonio, ni de marcada orientación turística del mismo, sino constructivista, pareciera ser central para la construcción de una gobernanza participativa. Por otro lado, una ciudadanía patrimonial, de actores locales sensibilizados e interesados por a sus valores patrimoniales, con líderes con capacidad de dialogo y con una base organizacional validada, es el otro eslabón central para generar una gobernanza participativa.

Patrimonialización conflictiva vs. Patrimonialización colaborativa, las deudas y nudos de la participación ciudadana en la gestión local del patrimonio

En base a los casos analizados, es posible describir dos polos o tendencias de participación ciudadana en los procesos de patrimonialización:

a) Patrimonialización conflictiva, en la cual los actores locales elaboran sus propias interpretaciones y definiciones patrimoniales, y definen, asimismo, los objetivos y formas de gestión del patrimonio, que contrastan y se oponen a las definiciones formales generalmente reguladas por los gobiernos locales (Berá y Lamy, 2003; Davallon, 2014; Sánchez, 2012). Esta conflictividad puede tener matices complejos, que dan forma a diversos conflictos que pueden derivar en consensos, transformaciones forzosas de ciertos marcos regulatorios formales para asegurar la participación comunitaria y sus representaciones, o bien cambios simbólicos.

Estas formas de participación se vinculan más a reivindicaciones presentes y a los efectos de la profundización y desregulación del modelo de mercado, que a una demanda por la memoria. Las movilizaciones de los actores buscan, a través del patrimonio, detener el embate neoliberal en los contextos urbanos y rurales. La memoria y apropiación del discurso patrimonial es una demanda por el pasado que surge subordinada a la impugnación del modelo de sociedad del presente (Guerrero, 2012; Hertz, 2015; Dormaels, 2012). El caso de la plaza Pumarejo expresa los diversos conflictos y complejidades de un proceso de patrimonialización local en pugna.

b) Patrimonialización colaborativa, donde los gobiernos locales lideran el proceso, en colaboración con las comunidades, generando procesos de rescate, preservación y puesta en valor con fuerte vinculación con el territorio. En este marco, el gobierno local se constituye en un mediador y decodificador, que busca que las expresiones patrimoniales se constituyan en elementos vinculados a la preservación de la memoria, cohesión social e identidad de un territorio. Se asume a las comunidades como las portadoras de los referentes y marcos de significados, que permiten conocer, preservar y dar valor a los patrimonios locales. Es una tendencia que busca democratizar el patrimonio, precisamente buscando reducir el carácter hegemónico, vertical y mercantil que ha tenido la construcción patrimonial históricamente. Esta tendencia, aun cuando es poco frecuente, por la complejidad que implica hoy el problema patrimonial y por los desafíos, deficiencias y problemáticas que presentan los gobiernos locales, ha sido observada en algunos casos, por lo menos parcialmente (Guzmán, 2003; Carrión, 2000; Sánchez, 2012), pero sigue siendo un desafío. El caso de Chillan, no obstante, nos entrega algunas variables y elementos en esta orientación.

Patrimonialización conflictiva: el caso de la Casa-Palacio Pumarejo (Sevilla)

La Casa-Palacio Pumarejo es un edificio de finales del siglo XVIII, enclavado en el corazón de la zona noreste del Casco Antiguo de la ciudad de Sevilla, dentro de la que, tras una primera etapa como vivienda palaciega, ha desempeñado muy diferentes funciones, desde hospicio, a escuela, pasando por cárcel y, desde finales del siglo XIX, como casa de vecindad, ocupada por familias obreras de condición humilde (Asociación Casa Pumarejo, 2009; Plataforma por la Casa del Pumarejo, 2010).

En el año 2000, ante la compra de la mitad de la Casa Palacio de Pumarejo a algunos de los propietarios por parte de una empresa, con el fin de dedicarlo a albergar un hotel de lujo y el consiguiente intento de expulsión de las 12 vecinas y 10 comerciantes que en aquel momento continuaban en la Casa, se crea la Plataforma en Defensa de la misma. En esta época, el barrio estaba padeciendo un acelerado proceso de transformación urbanística generado a partir del Plan Urban (1994-1999), implementado utilizando fondos europeos para la rehabilitación de zonas degradadas, cuyo efecto fue activar el proceso de la ruina forzada de edificios históricos, la expulsión del vecindario tradicional y la especulación (Cantero, Escalera, García del Villar y Hernández, 1999).

La operación de la venta del Palacio provocó una movilización de las vecinas y entidades barriales de defensa del patrimonio, integradas dentro de la Plataforma por la Casa del Pumarejo. La acción de esta se centró en la defensa del edificio, de las familias que lo habitaban y el mantenimiento de la variedad de usos que se venían haciendo de él. La diversidad de acciones culturales, de denuncias, jornadas, estudios, etc., sirvieron para dar a conocer esta problemática, y se consiguió que la Casa de Pumarejo fuese inscrita en el 2003 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, con la categoría de Monumento. Su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), que establece la protección tanto de lo arquitectónico como de su valor etnológico, bloqueó así su privatización.

Tras esta declaración que valorizaba la diversidad de usos y la necesidad de reutilizar espacios para realizar actividades e impulsar otras nuevas, el colectivo vecinal de la Casa decidió rehabilitar algunos espacios abandonados del edificio. Así, en 2004 se abrió un espacio de encuentro y trabajo ciudadano en la planta baja llamado “Centro Vecinal”. Dicho espacio de uso y gestión colectiva permitió acoger y promover infinidad de actividades y actos, como reuniones de asociaciones y colectivos, charlas, mesas redondas, exposiciones, talleres, cursos, encuentros vecinales, fiestas, entre otros. Más tarde, con la idea de seguir revitalizando la Casa, y para posibilitar la acogida de más grupos, la Asociación decidió abrir dos dependencias, El “Bajo 5” en el año 2005, como local para diferentes grupos (liga de Inquilinos “La Corriente”, Taller de costura, etc.), y el espacio “Rosa Moreno” en el 2009 (compartido por la Biblio-Puma y el Mercadillo Cultural Pumarejo).

En el 2009, el Ayuntamiento de Sevilla adquiere la propiedad de la totalidad del edificio, y la Casa de Pumarejo se convierte en un “equipamiento público”.

Todos estos espacios están organizados a través de una Asamblea que se reúne mensualmente, donde se trata la globalidad de la Casa, se hace seguimiento de las actividades planteadas, las negociaciones con la administración, etc. Con el aumento de las actividades y la incapacidad por parte de la Asamblea de resolver todas las problemáticas, se han ido creando varias Comisiones de Trabajo más específicas (Comisión Casa, Equipo de Acogida, Equipo de Mantenimiento y Equipo de Comunicación).

Durante quince años, la tónica de las relaciones con las Administraciones, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, han sido profundamente infructuosas. Se ha pasado por el gobierno de los cuatro partidos existentes en la ciudad hasta 2015 (Partido Andalucista, Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Popular). Ninguno de ellos ha asumido la participación, todo ha sido una constante lucha para conseguir reuniones y llegar a mínimos acuerdos o trabajos conjuntos.

No obstante, en el año 2011, ante la proximidad de unas elecciones municipales en las que la coalición “de izquierdas” gobernante (PSOE-IU) preveía la debacle electoral que daría el gobierno al PP, la recientemente creada Asociación Casa de Pumarejo firmó un Convenio de cesión del uso de algunos de los espacios recuperados para el desarrollo de las actividades de diferentes colectivos por 15 años.

A pesar del documento, el cambio en el poder municipal no supuso ninguna modificación en la relación con el ayuntamiento. Esta situación llevó al colectivo a dar un salto para la búsqueda de interlocutores en instituciones de ámbito superior y también del extranjero. Así mismo, ante el abandono de los deberes de conservación, mantenimiento, tutela y difusión del Palacio de Pumarejo por parte de sus responsables públicos, considerado por el colectivo como un auténtico expolio institucional que impide que el bien protegido cumpla sus funciones para la ciudad y sus habitantes, se impulsó a la Asociación a tomar la iniciativa para hacer frente al proceso de deterioro del edificio con la realización de obras de mantenimiento y conservación en la Casa, con acciones como la denominada “Lo hacemos nosotras”, con los fondos obtenidos mediante una campaña de donaciones de la ciudadanía.

Desde 2015, en el marco de un nuevo gobierno municipal, se abre por primera vez la posibilidad, no sin muchas resistencias, de un diálogo y trabajo colaborativo con las instituciones (ayuntamiento y consejería de cultura) a través de la posibilidad de realizar el proceso de rehabilitación física del edificio de forma respetuosa con los usos y funciones que le dan valor patrimonial. Se ha constituido una comisión mixta ayuntamiento, expertos y vecinos para la realización de las obras de rehabilitación y para la definición de los usos y el modelo de gestión que garantice el respeto y fomento de lo que constituye el valor patrimonial del monumento hasta ahora.

Patrimonialización colaborativa: la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán (Chile)

La Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillan, fue creada el año 2012. El programa se inserta dentro del Plan de Desarrollo Comunal, el cual estableció la riqueza histórica, cultural y patrimonial de la comuna como uno de los ejes del desarrollo de esta. El programa, desde sus inicios, definió la participación ciudadana y las estrategias innovadoras como dos de las metodologías centrales para el desarrollo de programas y acciones.

La Unidad de Patrimonio Municipal es uno de los pocos programas municipales de este tipo existentes en Chile a nivel regional y nacional. Pero, además, a diferencia de otras entidades que desarrollan acciones en el tema, tiene como característica que aglutina todas las acciones locales en torno al patrimonio y asesora a los demás departamentos municipales en este ámbito. Ello ha implicado una mejor coordinación entre todos los departamentos municipales y actores vinculados al patrimonio, generando asimismo una mayor eficacia y abordaje de los temas con él relacionados.

Otra de las características relevantes de esta unidad es que ha desarrollado un modelo de gestión propio, el cual tiene como una de sus particularidades centrales recoger, recuperar y difundir el patrimonio local con un fuerte apego a las memorias e identidades colectivas del territorio. Ello ha implicado una metodología de trabajo fuertemente participativa y vinculante.

El programa ha construido un modelo de trabajo que tiene tres dimensiones o etapas centrales: rescatar, reconocer, difundir. Estas dimensiones tienen como metodología un trabajo directo con las comunidades como componente central del rescate, reconocimiento y difusión del patrimonio de la comuna.

Rescatar, el primer componente, es básicamente un proceso que involucra la recopilación de información sobre elementos y prácticas considerados con valor patrimonial por parte de la comunidad de los distintos barrios y lugares que componen la comuna. En este marco se han levantado procesos de recuperación de la memoria de barrios y de íconos expresivos de la historia y memoria de los mismos. Es el caso del rescate de las historias de barrios tradicionales emblemáticos de la comuna, como el barrio Santa Elvira y Ultraestación, proceso que ha implicado un trabajo etnográfico con la comunidad y una fuerte vinculación con la misma.

Como parte de esta actividad se han desarrollado talleres de memoria, mapeos del territorio, actividades de convivencia, recorridos por los barrios, recuperación y difusión de elementos de memoria familiares para compartir con la comunidad (fotos, objetos), y revisión de documentos, todo ello con el fin de activar la memoria colectiva sobre los lugares para identificar los elementos centrales de la identidad de los diversos grupos que construyen el territorio. Como resultado de esta dimensión se han generado como productos libros sobre cada uno de los barrios, archivos fotográficos, exposiciones, seminarios, y diversas actividades barriales que expresan la historia e identidad de los barrios, sus memorias, actores y prácticas tradicionales.

Reconocer, una segunda etapa o área de trabajo del programa, busca sensibilizar a la comunidad sobre su patrimonio y los elementos que lo componen, recogidos en la dimensión anterior. Tiene como objetivo que la comunidad se reconozca en su patrimonio. Para ello se han desarrollado diversas actividades para que los habitantes de los distintos barrios participen e identifiquen con sus expresiones patrimoniales, y con la memoria e historia asociada a las mismas, entre ellas, las fiestas barriales, la recuperación de hitos identitarios deteriorados, el desarrollo de talleres de discusión y educación. A partir de esto se busca que los habitantes se reconozcan como miembros de una comunidad, se apropien de su historia y sean partícipes y promotores de la preservación y recuperación del patrimonio de su lugar. En este marco han surgido diversas iniciativas, una de ellas, es, por ejemplo, el proyecto “Recuperación de la vertiente del Barrio Santa Elvira”.

La vertiente del barrio Santa Elvira fue destacada por los vecinos como uno de los elementos centrales de la historia e identidad del barrio. Es entendido como un lugar de memoria, en tanto que aglutina aspectos significativos de la historia del lugar. La vertiente era un recurso de agua que dio origen al barrio, y que históricamente marcaba la identidad de la comunidad, puesto que allí se desarrollaban actividades laborales familiares (lavado de ropa) y de esparcimiento comunitario (balneario). Asimismo, el lugar es un hito también para la ciudad, pues fue uno de los cursos de agua que abasteció a la ciudad con posterioridad al terremoto del año 1939, suceso que la dejó en ruinas. Actualmente la vertiente se encuentra abandonada y con notable deterioro. La campaña impulsada por el programa buscaba que los vecinos se involucraran en la recuperación de la vertiente como “lugar de memoria” del barrio y la ciudad.

En esta misma dimensión se han desarrollado acciones a nivel comunal para que la comunidad reconozca y se apropie de los elementos patrimoniales que son representativos de la historia e identidad de la ciudad, como el terremoto de 1939 y el mercado local.

La recuperación de la memoria barrial y la definición de los sitios, prácticas, actores, elementos y lugares con valor patrimonial para los habitantes de los distintos barrios han sido centrales para dar reconocimiento y legitimidad a las acciones desarrolladas para el programa.

Difundir, una tercera dimensión de trabajo, busca que los habitantes de la comuna conozcan su patrimonio y el de las comunidades distintas a la suya. En este marco, se ha hecho difusión a través de distintas actividades de las iniciativas llevadas a cabo en los barrios, ya sea a través de recorridos por los mismos, o también a partir de fiestas comunales, exposiciones, concursos etc. Una de las actividades que ha expresado lo anterior es la celebración del día del patrimonio, actividad definida a nivel nacional para el día 29 de mayo, día en el cual se abre la mayoría de los edificios públicos con valor patrimonial a lo largo de Chile, y en el cual se realizan actividades tradicionales en las comunidades.

La unidad del patrimonio de Chillan se ha destacado por desarrollar acciones de mayor alcance temporal y social. Es así, que para el año 2016 se celebró no solo un día, sino el mes del patrimonio, para ello se desarrollaron, previamente al evento oficial, una serie de actividades de celebración del patrimonio en los barrios de la comuna. Estas actividades tenían como eje sensibilizar a la comunidad en torno al tema, pero destacando que los componentes centrales del patrimonio de la ciudad eran la historia, las tradiciones y las memorias de las comunidades que la conforman. Finalmente, la celebración del día del patrimonio fue el cierre de las actividades desarrolladas durante todo el mes, a las que se les dio el nombre “la fiesta del barrio se toma la ciudad”, entendiendo que la ciudad y la comuna eran simbólicamente un mismo barrio. La actividad dio pie a que las distintas comunidades barriales de la comuna participaran compartiendo con los otros habitantes su identidad y sus historias, a través de la demostración de oficios tradicionales, comidas, música y bailes populares, recuerdos familiares, testimonios sobre la historia de la ciudad, etc. La celebración obtuvo una gran respuesta de convocatoria.

Comentarios finales: Los desafíos de la gobernanza participativa del patrimonio local

Los casos presentados nos plantean la reflexión sobre las potencialidades y problemáticas asociadas a la participación ciudadana en los procesos de patrimonialización local y las potencialidades y obstáculos que representa para los actores locales gubernamentales y no gubernamentales. Por un lado, la patrimonialización se ha constituido en una estrategia para la cohesión y acción social, como es el caso de Chillán, y por otro, el patrimonialismo y el régimen patrimonial (Bendix, Eggert y Peselmann, 2012) y sus discursos “autorizados” (Smith, 2006) se erigen en un obstáculo para una autentica participación ciudadana. La participación, a la luz de lo analizado, para que sea real y efectiva, debería ser entendida como previa al patrimonio y los elementos patrimonializables.

En el ejemplo sevillano, el concepto de patrimonio aparece profundamente lastrado por su origen, desarrollo, institucionalización e instrumentalización, de modo que cuando la lógica sobre la que se sustenta la “maquinaria patrimonial” (Jeudy, 2001) se establece como marco, la participación de la ciudadanía cabe, como mucho, en sus niveles de información y consulta (con frecuencia, además, con una finalidad meramente instrumental y legitimadora de la actuación de los agentes técnicos y políticos), impidiendo el desarrollo de una participación real y efectiva. Solo la lucha y la constancia en la defensa de los valores y usos de elementos y espacios significativos para determinados colectivos, en contra de la ignorancia y la desvalorización de estas acciones por parte de los responsables políticos y técnicos de las administraciones “competentes”, ha permitido defender un bien patrimonial, finalmente reconocido como tal y, lo que es más importante, ha conseguido, con muchas reticencias, que desde las instituciones responsables se tomen medidas que permitan no solo la conservación de dicho bien, sino su conversión en un “recurso” que pueda contribuir al desarrollo social, cultural e incluso económico del barrio y la ciudad en los que se enclava. Ello solo ha sido posible a expensas de un gran coste de tiempo y energías en movilizaciones, pleitos, discusiones, enredos burocráticos por parte de las personas comprometidas que podrían haberse dedicado a la reactivación del edificio patrimonializado como monumento.

El caso de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillan nos demuestra que pese a existir, al igual que en España, una política de participación ciudadana meramente consultiva y desregulada, es posible que los gobiernos locales, incentiven procesos de participación ciudadana efectivos y vinculantes. El marco normativo de la participación ciudadana es orientativo, no impositivo.

El programa de patrimonio de la Municipalidad de Chillan ha entendido la participación ciudadana, no como un componente pasivo de validación de proyectos e iniciativas gubernamentales —que es la tendencia general—, sino como un elemento central en el proceso de construcción, recuperación, reconocimiento y difusión del patrimonio de la ciudad. Se expone una concepción del patrimonio local como una mixtura de identidades donde conviven tradiciones, valores y saberes del mundo campesino con las prácticas urbanas propias de una ciudad. Un patrimonio vivo, presente en las actividades cotidianas de los actores. El programa de patrimonio se erige como un actor facilitador, clave de la recuperación, reconocimiento y difusión de los elementos más representativos de las diversas identidades del territorio que están presentes en la memoria colectiva de sus comunidades.

La metodología participativa y comunitaria que identifica al programa ha generado que este sea ampliamente legitimado por la comunidad, ello se ha expresado en que las diversas actividades desarrolladas en el marco del mismo hayan tenido una amplia convocatoria a nivel comunitario, así como el apoyo y participación de la comunidad. Asimismo, la Unidad ha obtenido diversos premios nacionales por su gestión y resultados, y reconocimiento con invitaciones a diversos seminarios para exponer los resultados y la metodología de trabajo del proyecto.

Un elemento destacable del programa respecto a la tendencia general del abordaje del tema a nivel de otros municipios es que no se vincula como eje del programa la relación patrimonio- turismo. Aun cuando se desarrollan actividades orientadas al turismo local, se entiende que este es uno más de los espacios para difundir las expresiones patrimoniales locales, no el único. Con ello se ha quitado el peso que tiene para muchos procesos de patrimonialización, el que los elementos patrimoniales deban ser “atractivos” para los visitantes o “rentables” para ser sostenibles en el tiempo.

La construcción patrimonial a escala local requiere entrelazar los diversos sentidos, intereses, recursos, e identidades existentes en el territorio, por lo cual debe unir las dimensiones materiales e inmateriales del mismo para lograr que los actores definan, conozcan, reconozcan y protejan los elementos que constituyen sus patrimonios.

La Unidad patrimonial de la Municipalidad de Chillán es un interesante ejemplo de cómo el gobierno local, a diferencia del caso sevillano, puede articular las diversas dimensiones y sentidos que presenta el discurso patrimonial a nivel local. El municipio ha delegado en el programa la coordinación de todas las actividades vinculadas con el patrimonio: turismo, cultura, educación, desarrollo urbano, desarrollo rural, etc. Esto ha permitido al programa ampliar su espectro de acciones e iniciativas y tener una mirada general de las acciones que se están desarrollando en torno al tema en la comuna.

La voluntad política o ideario positivo respecto a la participación ciudadana y una definición no esencialista del patrimonio han sido factores claves que han permitido que exista el programa y que los actores que lo gestionan tengan las facilidades para desarrollar procesos participativos.

La capacidad de articulación institucional y la cercanía con la comunidad han posibilitado que existan canales más expeditos y claros para la generación de acciones comunitarias en torno al patrimonio. Es así, que el programa desarrolla iniciativas con el amplio espectro de organizaciones sociales de la comuna: comunidad escolar, juntas de vecinos, organizaciones campesinas, empresarios locales, iglesias, comunidad académica, etc. Esta amplitud y coordinación ha generado, probablemente, que, a diferencia de otras comunas, el tema patrimonial no sea un elemento de conflicto social, sino de cohesión y articulación colectiva.

En el caso de Chillán, no tenemos actores que se disputen porque sus patrimonios sean más visibilizados o rentables que otros, no se entiende el patrimonio como un producto a comercializar, sino como elementos que otorgan una identidad como comunidad.

Los casos estudiados nos ponen de manifiesto la importancia que para el desarrollo de formas colaborativas de patrimonialización tiene la actitud de los técnicos o gestores patrimoniales. Más allá de las dificultades para la participación ciudadana que presenta el marco institucional y normativo ya expuestos, y de que exista la imprescindible voluntad por parte de la ciudadanía, resulta capital la existencia en el seno de la administración gubernamental local, de agentes concienciados positivamente en torno a la necesidad de la implicación ciudadana en la gestión patrimonial, superando creativamente las trabas del “régimen patrimonial”, cuyos fundamentos suponen, en sus mismos términos, una contradicción insalvable para su desarrollo real y efectivo: la existencia de lo que Reason (1994) denomina cosmovisión participativa, entendida como una intención desde la cual se puede implementar una metodología participativa, y aparece como una condición sine qua non.

Como demuestran las experiencias presentadas, ya sea de carácter conflictivo, ya colaborativo, incluso más allá del efecto positivo que la implicación de la ciudadanía tiene en la salvaguarda y protección del patrimonio, lo más importante es el empoderamiento generado por los procesos de patrimonialización en colectivos y poblaciones situadas.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación
Los resultados y antecedentes sobre este caso son producto del proyecto Fondecyt n.º 11130335, “Patrimonio Cultural, Territorio y Desarrollo Local: Identificación y análisis de procesos de territorialización del discurso patrimonial, su articulación con políticas públicas y efectos en las dinámicas de desarrollo local en tres regiones del sur de Chile (2013-2016)”, financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, Conicyt.

¹ Los materiales que nos sirven de base para el análisis de este caso proceden de un trabajo colaborativo llevado a cabo por parte del Grupo de Investigación Social y Acción Participativa GISAP, SEJ218, con sede en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el marco del proyecto internacional “People Participating”, liderado por Javier Escalera entre los años 2010 y 2011, financiado por el Programa Intereg IV C de la Unión Europea, y continuado hasta la actualidad gracias al apoyo de la Ayuda de la consejería de Economía y conocimiento de la Junta de Andalucía.

² The materials used as the basis for analyzing this case come from a collaboration work by the Social and Participatory Action Research Group (GISAP), SEJ218, at the college Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, developed under the international project “People Participating” led by Javier Escalera between 2010 and 2011, financed by the Programme Intereg IV C of the European Union, and operating nowadays thanks to the support by the Economy and Knowledge Advisors of the Andalusia Board.

³ En contraposición, por “top-down” se entienden las iniciativas, decisiones y actuaciones implementadas “de arriba abajo” por parte de los agentes políticos, los técnicos o los expertos sobre los temas y las cuestiones que les afectan, sin tener en cuenta sus condiciones e intereses.

⁴ Si entendemos el patrimonio como los elementos materiales e inmateriales que permiten el establecimiento del nexo entre generaciones y el vínculo entre pasado y presente de una colectividad para el futuro, la patrimonialización o los procesos de patrimonialización vendrían a ser las acciones de carácter sociopolítico tendentes al logro del reconocimiento público de un elemento cultural o natural, como parte del patrimonio de una determinada comunidad, con base en los significados que posee como parte de la identidad de dicho grupo, con el fin de proteger y conservar dicho elemento como herencia y legado para las futuras generaciones.

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: fjescrey@upo.es

Información adicional

Cómo citar este artículo:: Escalera Reyes, J., y Guerrero Valdebenito, R. M. (2019). Conflictos y oportunidades de la participación ciudadana en procesos de patrimonialización local: estudio de casos en España y Chile. Apuntes, 32(2). https://doi.org/10.11144/Javeriana.apc32-2.copc

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