Introducción. El conflicto original del novísimo continente australiano

Australia es un país y un continente (Australian Government, 2015) colonizado progresivamente desde 1788, desde Nueva Gales del Sur (New South Wales), por expediciones provenientes de Gran Bretaña. El interés por el novísimo continente surgió por considerarse una solución al problema de sobrepoblación penal británico, que empeoraba progresivamente por la pérdida de las colonias del nuevo continente americano a fines del siglo XVIII (Castelló, 1903; Morris y Rothman, 1995). En este contexto, Australia se concibe como un país joven, con un territorio colonizado y un gobierno que es actualmente una monarquía constitucional federal parlamentaria, donde la reina Elizabeth II es la jefa de Estado. De esta manera, a pesar de ser un país soberano, Australia mantiene una importante dependencia política del Reino Unido. Desde 1901 toma el nombre de Mancomunidad de Australia (Commonwealth of Australia), compuesta por seis colonias, y continúa siendo una monarquía dentro de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations). Por lo tanto, el sistema gubernamental australiano integra elementos provenientes del sistema político del Reino Unido (un Ejecutivo fusionado y una monarquía constitucional) y de los Estados Unidos (federalismo, una Constitución escrita y bicameralismo con una Cámara Alta elegida) (Get Parliament, s. f.).

El proceso de invasión y colonización británica en Australia fue extremadamente violento. El continente australiano fue considerado como terra nullius (tierra de nadie), y sus aborígenes comenzaron a ser reprimidos y exterminados (National Museum of Australia [NMA], 2008a). Al comenzar la invasión existían 300.000 aborígenes aproximadamente, quienes habitaron estas tierras por entre 50.000 y 120.000 años, integrando a más de 400 tribus (conocidas como nations), caracterizadas por una capacidad de adaptación y resiliencia notable en el contexto medioambiental de este territorio extremo (Aboriginal Heritage Office [AHO], 2006; Dudgeon et al., 2010; Ortega, 2016). De esta manera, varios autores utilizan el término “genocidio australiano” (Australian genocide), basados en las evidencias de diversas fuentes que prueban que las masacres contra los aborígenes australianos durante el siglo XIX fueron una forma de genocidio (Ørsted-Jensen, 2011). En este contexto, los colonizadores impusieron un nuevo sistema económico, social y religioso, introduciendo también nuevas plantas y enfermedades que afectaron la vida y formas de asentamiento de los aborígenes australianos.

Australia es entonces un territorio construido desde un profundo conflicto, que no solo se traduce en su sistema político e institucionalidad particulares, sino también en la definición de su propia identidad y patrimonio cultural. Durante el proceso de creación de la nueva nación australiana, los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres fueron excluidos de las discusiones, y no aparecen nombrados en la Constitución (Australian Human Rights Commission [AHRC], 2020). Sin embargo, en la historia reciente de Australia ha habido varios acontecimientos que han relevado los derechos de las comunidades indígenas y de los isleños del estrecho de Torres. Por ejemplo, el referéndum constitucional de 1967 aprobó enmiendas para eliminar la discriminación constitucional contra los aborígenes. Por otro lado, en un referéndum realizado en 1967 más del 90 % de los votantes australianos acordaron cambiar la Constitución para dar al Parlamento Federal el poder de promulgar leyes relacionadas con los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres y permitir que fueran incluidos en el censo (AHRC, 2020). Sin embargo, este referéndum no reconoció a los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres como primeros pueblos. Luego, en 1992, las deliberaciones del Tribunal Supremo en el caso Mabo¹ desembocaron como consecuencia en el reconocimiento jurídico del pueblo meriam sobre sus tierras y bajo su propio sistema de normas (Reconciliation Australia, 2014). Estos derechos se incluyeron dentro de la ley australiana junto con el concepto de los títulos nativos en el derecho común aplicable en el territorio. Asimismo, en 2008, el primer ministro emitió una disculpa pública por las “generaciones robadas” (stolengenerations) (NMA, 2008b). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, en Australia permanece el conflicto por el reconocimiento de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres en la Constitución. El cambio en el texto busca construir relaciones de confianza y respeto mutuo entre los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres con el resto de los australianos (AHRC, 2020). Según Larissa Behrendt, este reconocimiento simbólico tendría efectos importantes a largo plazo. Podría transformar la forma en que los australianos perciben su historia y sus perspectivas sobre el tipo de sociedad que les gustaría alcanzar, al mismo tiempo que alteraría los símbolos que usan para expresar su identidad (Behrendt, 2003). Por esta razón la Comisión Australiana de Derechos Humanos (AHRC) trabaja junto al Gobierno australiano a través de un panel de expertos, que incluye una amplia variedad de respetados líderes indígenas, expertos constitucionales y miembros parlamentarios, por el reconocimiento constitucional de los aborígenes australianos e isleños del estrecho de Torres.

Australia, por otro lado, es un país que pesar de haber sido colonizado y estar ubicado al sur del mundo, no pertenece al Tercer Mundo o Sur Global (Hollington et al., 2015). Este último término es utilizado por el Banco Mundial para identificar países ubicados al sur de la división norte-sur global, pero no se refiere a un sur geográfico, ya que la mayor parte del Sur Global se encuentra dentro del hemisferio norte (Hollington et al., 2015). El término se introdujo como una alternativa más amplia al concepto Tercer Mundo o países en desarrollo (Mitlin y Satterthwaite, 2013). Australia es entonces un país considerado como desarrollado debido a su nivel de vida, además de que está estratégicamente ubicado entre Oriente y Occidente (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2018). Sin embargo, su base económica está enfocada en la minería y la agricultura, y la exportación de productos de bajo valor agregado, y es en ese sentido muy similar a la de los países en desarrollo. Por otro lado, el territorio australiano se caracteriza por tener un 91 % (casi 7 millones de km.) cubiertos por vegetación nativa, siendo por ello uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta (Australian Government, 2020a).

Durante decenas de miles de años, la vida y el sentido de identidad cultural de los aborígenes australianos tuvo vínculos intrínsecos con la tierra, en estrecha relación con la flora y fauna. Según el Gobierno australiano, la identidad de todos los nacionales está determinada por su estrecha relación con el medioambiente natural (Australian Government, 2020a). De esta manera, la práctica de la conservación en Australia es una cuestión de política estatal y federal que se ha entendido desde un enfoque medioambiental. El Consejo del Patrimonio Australiano (Australian Heritage Council) es el principal asesor del Gobierno en materia de patrimonio, y evalúa las nominaciones para la Lista del Patrimonio Nacional y la Lista del Patrimonio de la Commonwealth, siendo una dependencia actual del Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Dada la situación intermedia del territorio australiano, y por ser un país colonizado pero desarrollado y ubicado al sur del mundo, su contribución a la discusión sobre el patrimonio cultural ha sido reciente pero profunda y novedosa, tanto en lo teórico como en lo práctico. El análisis de las contribuciones de esta región a la discusión sobre el patrimonio cultural mundial se desarrolla con base en la investigación doctoral llevada a cabo por la autora de este artículo entre 2016 y 2020 en la Universidad de Melbourne. La investigación doctoral integró una profunda revisión bibliográfica en inglés sobre la evolución del concepto de patrimonio en Occidente.

Asimismo, integró un análisis de contenido de una serie de recomendaciones, cartas y otro tipo de documentos publicados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (International Council on Monuments and Sites [Icomos]), en relación con el desarrollo de la categoría de paisaje cultural y sobre el surgimiento de la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico (Unesco, 2011). La investigación doctoral incluyó casos en países latinoamericanos como Chile, Ecuador y México, por lo cual se puso en perspectiva todo el análisis desarrollado, considerando las particularidades de los países de la región. En este marco, las ideas planteadas en este artículo son una síntesis de los resultados de una investigación desarrollada durante cuatro años desde Australia, pero considerando el contexto regional latinoamericano como caso de estudio.

Las contribuciones más importantes de Australia por la conservación y gestión del patrimonio cultural global, y particularmente para Latinoamérica, se pueden resumir en tres ámbitos: una teoría, una carta y una categoría. A continuación, se desarrollan los tres ámbitos mencionados, para luego proyectarlos considerando el escenario latinoamericano.

Una teoría. Laurajane Smith y el discurso patrimonial autorizado

El enfoque occidental de la conservación del patrimonio se configuró a principios del siglo XIX en Europa, y evolucionó desde la cultura occidental, estableciendo normas sociales, valores éticos y sistemas políticos originados en Europa (Jokilehto, 1995; Lowenthal, 1995; Smith, 2006; Perry et al., 2015). Desde principios del siglo XX, el concepto de patrimonio ha evolucionado progresivamente más allá de Europa, influyendo o colonizando a otras culturas de América y Australasia, cuyas lenguas y etnias tienen ascendencia europea (Perry et al., 2015; Smith, 2006). De esta manera surge el eurocentrismo como una cosmovisión centrada en la civilización de Europa occidental, junto a un largo debate sobre los enfoques eurocéntricos u occidentales en la conservación del patrimonio en otras partes del mundo (Winter, 2014). Según Poulios, el enfoque tradicional del patrimonio en Occidente surge desde una sensación de insatisfacción con el presente debido a los rápidos cambios en la sociedad. El descontento con el presente cambiante generó la necesidad de experimentar las huellas de un pasado al recuperar ciertos períodos históricos (Poulios, 2010). Por lo tanto, el objetivo de este enfoque tradicional de la conservación del patrimonio ha sido la preservación de los aspectos físicos del pasado de la pérdida y el deterioro en el presente.

Este enfoque tradicional se transfirió a otros lugares o se impuso, visualizando las culturas no occidentales desde una perspectiva occidental como una forma de colonialismo (Byrne, 1991; Winter, 2014). Denis Byrne explica este colonialismo en la conservación del patrimonio en Australia dando un ejemplo en el área de Kimberley, en donde existen refugios de rocas con pinturas de figuras de seres ancestrales (wandjina) de las tribus locales. Los aborígenes locales tradicionalmente vuelven a pintar las figuras, pero esta práctica se vio amenazada luego de que un terrateniente blanco afirmara que las pinturas eran parte del patrimonio de toda la humanidad y que estaban siendo dañadas por los locales (Byrne, 1991). Este caso es una muestra de cómo la hegemonía del enfoque tradicional de la práctica de la conservación del patrimonio en Occidente, basada en la preservación de los aspectos físicos del pasado, se ha impuesto sobre las culturas indígenas de países colonizados como Australia.

Desafiando las definiciones y prácticas tradicionales de patrimonio en Occidente, Laurajane Smith propone que el patrimonio no sea una “cosa”, sino que se comprenda de mejor manera como una práctica cultural que involucre la construcción y regulación de una amplia variedad de valores. La construcción discursiva del patrimonio forma parte de los procesos culturales de una sociedad, y su práctica se define por técnicas y procedimientos de gestión y conservación que establecen los administradores y expertos del patrimonio. En este contexto, Smith propone el establecimiento del discurso patrimonial autorizado (DPA) (authorized heritage discouse [AHD]) constituye un discurso hegemónico que depende de las afirmaciones de poder y del conocimiento de expertos, técnicos y autoridades políticas que decretan o institucionalizan valores estéticos con el apoyo de agencias culturales estatales y privadas (Smith, 2006). El DPA se basa en narrativas grandilocuentes de la nación, por un lado, y en la experiencia técnica y el juicio estético por el otro, privilegiando la monumentalidad, la importancia intrínseca del objeto o sitio vinculada al juicio experto, el consenso social y la construcción de la nación. De esta manera, es este un discurso que promueve la cosificación y monumentalización del patrimonio, y que se ha promovido desde el ámbito internacional, respaldando las políticas definidas por la Unesco basadas en la Convención sobre el Patrimonio Mundial de 1972 (Unesco, 1972; Smith, 2011).

La propuesta teórica de Smith se basa en que existen, al mismo tiempo, patrimonios ocultos o indeseados (Kowaleski, 2006; Smith, 2011; Tunbridge y Ashworth, 1996). El patrimonio es algo que va más allá de los monumentos a las memorias victoriosas de la historia, ya que también existe patrimonio en las resistencias, en los protagonistas anónimos y en los perdedores. Desde esta perspectiva, el patrimonio es en sí un proceso conflictivo y, como tal, en todo proceso de patrimonialización habrá sujetos que buscarán imponer discursos hegemónicos para ocultar otros discursos (Criado-Boado y Barreiro, 2013).

En el escenario latinoamericano, el DPA se manifiesta de diversas formas según los contextos geopolíticos locales. En Chile, por ejemplo, la exposición de las momias atacameñas en el museo de San Pedro de Atacama y su posterior retirada por la presión de comunidades atacameñas representa un conflicto que surgió desde el DPA impuesto por el sacerdote jesuita belga Gustavo Le Paige, quien en 1954 asumió como párroco y representante del poder político del pueblo (Criado-Boado y Barreiro, 2013; Finola, 2016). El afán misionero de Le Paige lo llevó a excavar compulsivamente los cementerios indígenas del entorno, ayudado por atacameños menores de edad que luego trabajaron en el museo. La figura de Le Paige y las excavaciones definen discursos controvertidos. Por un lado, fue destacado como benefactor y modernizador del pueblo, e incluso algunos arqueólogos sostienen que los atacameños “le deben su historia” (Finola, 2016, p. 23). Sin embargo, líderes indigenistas radicales consideran a Le Paige y sus seguidores como “ladrones de su patrimonio”. De esta forma, el DPA promovido por Le Paige se percibe como colonizador, y el museo de San Pedro de Atacama se transforma en un espacio de disputas materiales y de significados culturales con las comunidades atacameñas. Los locales comenzaron a percibir el valor patrimonial de los objetos del museo, apreciación vinculada con la propiedad ancestral de sus tierras, para luego distribuir la administración del recinto, y establecer la restitución de piezas arqueológicas y su nuevo enterramiento.

Siguiendo la teoría de Smith (2011), el ejemplo del museo de San Pedro de Atacama responde a la promoción de un enfoque consensuado de la historia, que buscaba suavizar los conflictos y diferencias culturales. Sin embargo, el proceso de patrimonialización y reivindicación identitaria que surge desde las comunidades atacameñas en relación con las piezas del museo revela la existencia de discursos que compiten y de relaciones que sustentan el poder del DPA (Waterton et al., 2006). En este contexto, la discusión que surge tiene relación con las cuestiones sobre qué es y para quién es el patrimonio cultural. El DPA enfatiza la autoridad y experticia para definir la función de administradores del patrimonio, contribuyendo a lo “bueno” en la construcción de un grupo social (Waterton y Smith, 2010). Junto con la sensación de que los administradores del patrimonio están comprometidos en hacer el bien a través de su compromiso con las comunidades, los problemas de estas relaciones apenas se articulan (Waterton et al., 2006). En este sentido, las instituciones del patrimonio, a través de sus discursos y prácticas, refuerzan lo que es o no es patrimonio legítimo, suprimiendo los conflictos y diferencias que existen en este proceso.

Una carta: Carta de Burra, significado cultural y enfoque basado en los valores

La Carta de Burra, publicada en 1979 por Australia Icomos, es un documento que define políticas sobre las mejores prácticas de gestión y conservación del patrimonio en Australia. Con el tiempo, este texto se ha transformado en un estándar internacional para los mencionados procesos (Waterton et al., 2006). Se enfoca en la significación cultural de sitios patrimoniales importantes, definiendo los principios y procedimientos necesarios para su conservación (Australia Icomos, 2013; Walker y Marquis-Kyle, 2004). Aunque fue adoptada por primera vez en 1979, la Carta de Burra se actualiza cada cierto tiempo para reflejar la evolución de la comprensión de la teoría y la práctica de la gestión del patrimonio cultural. Desde fines de siglo XX, el enfoque más frecuente para evaluar la significación atribuida al patrimonio ha estado basado en los valores (value-basedapproach), a partir de la Carta de Burra (Mason, 2002; Poulios, 2010). Desde este enfoque, la importancia de los lugares está determinada por la evaluación de sus valores o por el conjunto de atributos o cualidades positivas que son reconocidos por las partes interesadas (Poulios, 2010). Al mismo tiempo, la Carta de Burra indica que la gestión del patrimonio debe ser realizada en todas las etapas por personas con los conocimientos y habilidades apropiadas, promoviendo la evaluación de la significación de un lugar según los valores atribuidos por todos los grupos de interés, y no solo por los expertos (Australia Icomos, 2013; Unesco, 2014). De acuerdo con esto, desde principios de la década de 1990 el enfoque basado en los valores dominó los discursos académicos y profesionales, que ya venían adoptando un conjunto creciente de categorías de patrimonio (Clavir, 2002; Fredheim y Khalaf, 2016). Instituciones internacionales como la Unesco, Icomos y el Getty Conservation Institute, junto con los Gobiernos nacionales de Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, comenzaron a establecer en sus métodos de gestión el mencionado enfoque.

Los países que utilizan la Carta de Burra y el enfoque basado en los valores para la conservación del patrimonio son cada vez más. Asimismo, los procedimientos de la Unesco para definir un Sitio de Patrimonio Mundial (SPM) están en gran medida basados en el proceso propuesto por este documento. En 2014, la Unesco publicó el manual de referencia Gestión del patrimonio mundial cultural, en donde se indica que los métodos basados en los valores siempre tienen en algún paso la evaluación de la significación. Desde aquí se establece una declaración de significación (statement of signficance), como base para desarrollar estrategias de conservación y gestión (Unesco, 2014). La significación del patrimonio se determina mediante un proceso participativo en el que intervienen todos los interesados en el sitio y, una vez definida la declaración de significación, se toma como base para la elaboración de políticas, estrategias, normas y reglamentos desde las necesidades de las comunidades. De esta manera, la Convención del Patrimonio Mundial se basa en un enfoque basado en los valores, dado que su aplicación identifica el valor universal excepcional (VUE), aquello que determina que un sitio sea significativo para toda la humanidad (Unesco, 2014). Desde esta perspectiva, la gestión de los bienes del patrimonio mundial reside en proteger el VUE de un bien a largo plazo, monitoreando los cambios y reevaluando constantemente su significación.

A diferencia del enfoque monumental eurocéntrico del siglo XIX, el basado en los valores promovido desde la Carta de Burra considera que el patrimonio no tiene un valor inherente ni inmutable, sino que evoluciona en el tiempo y el espacio (Araoz, 2011; Poulios, 2010). Asimismo, dado que la declaración de significación se establece según los valores atribuidos por todos los grupos de interés, ha surgido el reconocimiento de comunidades no incluidas anteriormente en los ámbitos culturales y políticos (Araoz, 2011). A medida que los procesos de gestión del patrimonio se abrieron hacia grupos no especializados, surgió este reconocimiento de comunidades, que ha podido identificar lugares patrimoniales de gran importancia para pequeñas comunidades y minorías, previamente indetectables por las políticas oficiales o grupos dominantes. Según Araoz, este fenómeno de inclusión social en la gestión del patrimonio cultural se manifiesta de manera creciente en el mundo, lo que incluye tanto a grupos minoritarios de sociedades globalizadas como a culturas indígenas tradicionales que viven por elección o circunstancia en un mayor aislamiento.

A pesar del aporte metodológico de la Carta de Burra a la gestión del patrimonio mundial, los investigadores australianos Emma Waterton, Laurajane Smith y Gary Campbell (2006) han sido críticos con este documento, argumentando que establece un DPA con sentido de autoridad autorreferencial. La Carta de Burra se basa en el “buen sentido”, y por esta razón se ha considerado que puede aplicarse en otros contextos (Domicelj, 1992). De esta manera, se ha convertido en parte integral del “sentido común” de la gestión y conservación del patrimonio mundial (Waterton et al., 2006, p. 341). Desde la Carta de Burra la importancia o los valores fundamentales del patrimonio son definidos por expertos que tienen el conocimiento y las habilidades para abarcar las opiniones de las principales partes interesadas y las comunidades (Poulios, 2010). Las revisiones consecutivas realizadas a la Carta han sido una respuesta más amplia a la crítica activa de una serie de actores que han cuestionado el DPA. Las actualizaciones han redefinido el patrimonio más como algo significativo y valorable que como objeto material. Sin embargo, según Waterton et al. (2006), a pesar de que las revisiones a la Carta han intentado incorporar la dinámica del patrimonio cambiante, los procesos de participación y consulta a las comunidades continúan teniendo poco éxito. De esta manera, a pesar de sus apropiadas actualizaciones, la Carta de Burra aún mantendría en su discurso vestigios heredados de la Carta de Venecia (Icomos, 1964), privilegiando los valores estéticos desde un enfoque experto.

Una categoría: Paisajes culturales asociativos

Australia, y particularmente Australasia², ha sido escenario de la evolución de la discusión sobre las categorías de paisajes culturales de la Unesco. La primera categoría de paisaje cultural incluye a aquellos diseñados y creados intencionalmente, que incluyen jardines y parques construidos por causas estéticas, y que frecuentemente se asocian con edificios religiosos u otros monumentos. La segunda categoría es el paisaje evolutivo fósil o continuo, que es el resultado de un proceso desarrollado por la asociación con su entorno natural. Y la tercera categoría es el paisaje cultural asociativo, aquel reconocible por las connotaciones religiosas, artísticas o culturales de un elemento natural, más allá de la evidencia cultural material, que puede ser insignificante o incluso ausente (Unesco, 2008a, 2008b). Esta última categoría surgió por el hecho de que, históricamente, los pueblos primitivos han mantenido una relación espiritual con la naturaleza, otorgando distintos significados sobrenaturales a los elementos geográficos, al clima y a los animales (Unesco, 2009). En el mundo, los paisajes asociativos se encuentran en los sitios ceremoniales o de culto de ciertas etnias o grupos sociales y en sus alrededores. El primer paisaje cultural asociativo declarado por la Unesco como SPM es el de las montañas sagradas maoríes del parque nacional de Tongariro, en Nueva Zelanda, inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993 (Unesco, 1993). Se trata de un complejo volcánico de 1978 metros de altura en la isla Norte, el cual contiene volcanes activos e inactivos, con una amplia diversidad de ecosistemas y paisajes de excepcional belleza. Las comunidades maoríes habitantes del área definida como SPM vinculan este territorio con sus orígenes y sus procesos de adaptación, por lo cual este paisaje refleja un profundo significado cultural y religioso que expresa los vínculos espirituales entre esta comunidad y su medio natural (Unesco, 2009). En Australia, en 1994 se declaró como SPM el paisaje cultural asociativo del parque nacional Uluru-Kata Tjuta, conocido como Ayers Rock (Unesco, 1994). Uluru y Kata Tjuta son formaciones geológicas, monolitos naturales espectaculares emplazados en la árida planicie del territorio del centro de Australia (northern territory).Estos monolitos forman parte del sistema de creencias tradicionales de una de las más antiguas y reconocidas sociedades de Australia: los anangú (Unesco, 1994, 2009; figura 1). Uno de los rasgos más significativos de la enorme formación rocosa de Uluru es que el color de las rocas cambia de acuerdo con los diferentes momentos del día, lo cual tiene gran significado cultural para los aborígenes que vinculan estos elementos con la creación (Unesco, 2009).

El Parque Nacional Uluru-Kata fue devuelto a sus propietarios tradicionales a través de un título de propiedad inalienable en 1985 y está en manos del Fideicomiso de Tierras Aborígenes Uluru-Kata Tjuta (Australian Government, 2020b; figuras 2 y 3). El parque está arrendado al director de Parques Nacionales y se administra de manera coordinada con una junta que cuenta con una mayoría de aborígenes representantes de los propietarios tradicionales. La administración la ejecuta Parks Australia, una división del Departamento de Medio Ambiente, Agua, Patrimonio y Artes del Gobierno de Australia. Esta gestión conjunta entre los propietarios aborígenes tradicionales (nguraritja) y el director de Parques Nacionales como arrendatario del parque se basa en el título de propiedad de la tierra aborigen, respaldado por un marco legal establecido en la ley Environment Protection and Biodiversity Conservation Act (EPBC) de 1999. El conocimiento ecológico tradicional de los anangú ha sido fundamental para el manejo científico continuo de las especies encontradas en estos hábitats. Además, con la inclusión de los valores culturales del parque, realizado por Australia Icomos (1999), fue posible el reconocimiento desde el Consejo del Patrimonio Mundial de la Unesco y su declaración como SPM. En esta situación se define que la filosofía religiosa que vincula a los anangú con su entorno (tjukurpa) es al mismo tiempo la base de la gestión conjunta del parque (Australian Government, 2010). El parque fue uno de los primeros administrados conjuntamente entre el Estado y las comunidades indígenas en Australia. A este respecto, autoridades de la administración de tierras y áreas protegidas y otros grupos interesados visitan regularmente el parque para comprender mejor cómo funcionan los acuerdos de gestión conjunta. Asimismo, el turismo es la base de la economía regional del centro de Australia, particularmente en términos de empleo, y se ha trabajado para que el desarrollo turístico en el parque sea compatible con otros planes para el desarrollo regional. Para un acceso directo al parque, el cual se encuentra en las lejanas tierras del northern territory, se instaló un aeropuerto (Ayers Rock Airport), y las instalaciones que Parks Australia desarrolla para visitantes son de alto estándar, lo cual mantiene el parque y, en gran medida, determina la calidad de la experiencia de los turistas.

Considerando el modelo de gestión desarrollado en Uluru, desde Australia también se ha venido discutiendo la manera en que el mundo puede avanzar en los procesos de gestión de los paisajes culturales asociativos. Entre el 27 y 29 de abril de 1995, en Sídney, se desarrolló el Taller de Asia y el Pacífico sobre el Paisaje Cultural Asociativo, en el cual se revisó la definición de asociatividad cultural, los criterios de evaluación específicos y demás asuntos relacionados con la autenticidad, integridad y dificultades en la definición de límites en lugares considerados sagrados (Icomos, 1995). Al mismo tiempo, la discusión sobre la gestión de los paisajes incluyó consideraciones sobre el monitoreo y la importancia de la participación comunitaria (Icomos, 1995; Rössler, 2006). Los valores asociativos también se discutieron en la reunión temática de expertos sobre las montañas sagradas de Asia y el Pacífico, en Wakayama, Japón, del 5 al 10 de septiembre de 2001 (Unesco, 2001). En este reporte se presentaron recomendaciones sobre la identificación del carácter y la asociatividad de las montañas sagradas, integrando los valores asociados al patrimonio cultural y natural, valores del patrimonio intangible, y asuntos sobre la autenticidad y entereza de las montañas sagradas. De esta manera, los SPM de Tongariro, en Nueva Zelanda, y Uluru-Kata Tjuta, en Australia, se incorporan como centros aborígenes de gran importancia simbólica y religiosa, lo que demuestra un cambio esencial en la interpretación de los paisajes. Entre los VUE de Tongariro y Uluru-Kata Tjuta se consideraron los valores culturales más allá del enfoque eurocéntrico tradicional, reconociéndose el carácter no monumental del patrimonio de los paisajes culturales, el vínculo entre la diversidad cultural y ecológica, y el uso sostenible de la tierra (Mitchell et al., 2009). Antes de las nominaciones de Tongariro y Uluru-Kata Tjuta, la evaluación del VUE en los paisajes se asociaba frecuentemente con valores estéticos (Mitchell et al., 2009). En estas circunstancias, Australasia impulsó la importancia de los paisajes culturales asociativos, considerando los valores significativos del patrimonio más allá del DPA monumentalista proveniente de Europa.

Conclusiones

Australia ha experimentado en los últimos años un proceso gradual de reconocimiento y reconstrucción de su identidad nacional, buscando de distintas maneras el justo reconocimiento de sus pueblos aborígenes como parte de su patrimonio cultural, a pesar de que aún permanece allí el conflicto sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres. Para garantizar la no discriminación y la garantía de derechos para todos los australianos, es importante reconocer las contribuciones teóricas y metodológicas recientes sobre el concepto de patrimonio cultural y su gestión, considerando la relación y los conflictos existentes entre las comunidades indígenas y no indígenas en el mundo.

El concepto de DPA acuñado por Laurajane Smith ha influido significativamente en la compresión del patrimonio cultural global. Se entiende no solo como un proceso cultural, sino también político, determinado por quienes tienen el poder de definirlo. De esta manera, el DPA incluso cuestiona las buenas intenciones de la propia Carta de Burra elaborada por Australia Icomos, la cual se ha transformado en un instrumento fundamental para determinar el enfoque basado en los valores y la significación cultural que considera la Unesco para determinar el VUE de los SPM. El DPA debate la manera como los instrumentos definidos desde instituciones poderosas como la Unesco y los Estados nacionales establecen discursos autorreferentes, que buscan disminuir el perfil a los conflictos existentes entre las distintas culturas. Sin embargo, la significación cultural y de los valores atribuidos por todos los grupos de interés, y no solo por los expertos, constituye un aporte metodológico importante que ha sido reconocido más allá de Australia. Al mismo tiempo, resulta decisivo también el hecho de que la Carta de Burra es un instrumento cuyo contenido se ha actualizado constantemente, lo cual demuestra que no es posible entenderlo como un documento con un discurso detenido en el tiempo.

La categoría de paisajes culturales asociativos de la Unesco refleja claramente la evolución de las discusiones sobre el patrimonio cultural mundial y la forma como Australasia ha influido en el proceso de revertir el enfoque monumentalista y eurocéntrico del patrimonio. Esta categoría puede entenderse también en la discusión sobre qué es el patrimonio y para quién es, y aplicarse a las circunstancias latinoamericanas, considerando que el subcontinente también ha sido colonizado y construido culturalmente desde un conflicto original que aún no supera el enfoque monumentalista y eurocéntrico del patrimonio cultural. En efecto, el modelo de gestión establecido en el parque Uluru-Kata Tjuta podría ser un referente para la gestión de SPM en territorios indígenas en el contexto latinoamericano, porque contempla la cosmovisión y las tradiciones de los pueblos originarios, e incluye el trabajo conjunto con un ente administrador representativo del Estado nacional. Sin embargo, es importante no entender este modelo como un ideal, ya que el DPA de todas maneras está presente a través de prácticas que no son manifestadas de manera tan evidente. La gestión del parque Uluru-Kata Tjuta está en constante revisión debido a los crecientes conflictos generados por el turismo y también por los progresivos efectos del cambio climático en el territorio, lo cual ha permitido una mayor intervención del Estado. De esta manera, es posible que en algún momento el pueblo anangú se levante y rechace la mediación estatal en la gestión del parque Uluru-Kata Tjuta, revelando la existencia de un DPA que ha buscado generar consensos históricos, pero que permanece sustentando el poder del discurso de los australianos blancos sobre el derecho consuetudinario de los pueblos aborígenes.

Agradecimientos

ANID/CONICYT PFCHA/DOCTORADO BECAS CHILE/2015 – 72160202, por financiar mi investigación doctoral realizada en la Universidad de Melbourne.

Referencias

Notas

* Artículo de investigación científica.

¹ La decisión Mabo lleva este nombre por Eddie Mabo, quien desafió al sistema jurídico australiano a fin de lograr el reconocimiento de los derechos de los aborígenes como los propietarios tradicionales de su tierra.

² Región del oeste de Oceanía, que incluye Australia, Melanesia y Nueva Zelanda.

Notas de autor

^a Autora de correspondencia. Correo electrónico: aaortegaesquivel@uc.cl

Información adicional

Cómo citar este artículo: Ortega, A. (2021). Australia y su contribución a la discusión sobre el Patrimonio Cultural Mundial: una teoría, una carta y una categoría. Apuntes, 34. https://doi.org/10.11144/Javeriana.apu34.acdp

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