En primer lugar, en relación con la reiteración delictiva de los menores, se encuentra el porcentaje mayoritario en aquellos que solamente han tenido un único expediente en el juzgado de menores: 61.43% de los participantes (Figura 1). A continuación, el siguiente porcentaje lo conforman los menores con dos expedientes (14.76%), seguido del grupo que cuenta con tres expedientes que constituye el 7.62% de los participantes. Sucesivamente, a medida que los menores acumulan un mayor número de expedientes, los porcentajes se van reduciendo.

Figura 1 Figura 1 Porcentaje de menores en cada trayectoria delictiva (N = 210).

Se presenta la distribución de los porcentajes en todos los delitos en relación con su reincidencia posterior en los 2 años de seguimiento (línea base) (Tabla 1). Se observa que, en general, el delito o falta cometido es el de lesiones (27.4%); a continuación, el hurto (18.3%) y luego, daños a la propiedad (17.3%). Mientras que los delitos más frecuentes en la población de menores reincidentes son: la estafa que cuenta con el 60% (N = 3), las amenazas, con un porcentaje de alrededor del 55% (N = 6), a continuación, los relacionados con la conducción temeraria (40%, N = 2), seguidos de robo con fuerza (33.3%, N = 8) (chi² (18) = 26.364, p = 0.09). No obstante, las diferencias entre el tipo de delito y la reincidencia no resultan significativas y además es necesario tener en cuenta el bajo número de menores en cada uno de los apartados, por lo tanto, no es posible generalizar los resultados al respecto.

Tabla 1 Tabla 1 Relación del tipo de delito con la reincidencia posterior (N = 208)

Al agrupar los delitos en función de si estos han sido cometidos contra la propiedad o contra las personas, se obtiene que 48.8% son cometidos contra las personas y 51.2%, contra la propiedad. Al relacionar esta distribución con los menores reincidentes, un 42.6% cometió delitos contra las personas y un 57.4%, contra la propiedad; sin embargo, no se encuentran diferencias significativas (chi² (1) = 0.946, p = 0.33).

A continuación, se presenta la tipología de las faltas o delitos en los expedientes de los menores reincidentes a lo largo toda su trayectoria en el juzgado (no únicamente a partir de la línea base). La codificación se divide según que los delitos sean cometidos contra las personas, la propiedad y otros delitos (Tabla 2).

La fila superior hace referencia al orden de los delitos, es decir, el porcentaje mayoritario de los primeros delitos cometidos contra la propiedad fue de 52.1%, en los segundos fue de 46.9% y en los terceros, de 50%. Se observa que a lo largo de las trayectorias delictivas, no existen grandes diferencias en relación con a quién o qué van dirigidos los delitos, aunque parece que los menores tienden a cometerlos, en medida algo mayor, contra la propiedad. Asimismo, aunque al final de las trayectorias quizás sí se refleje un aumento hacia la comisión de delitos contra las personas (75% en el décimo delito), se debe tener en cuenta el bajo número de menores en estas trayectorias tan largas.

Tabla 2 Tabla 2 Evolución de los porcentajes de la tipología de delitos a lo largo de la trayectoria delictiva (N = 49)

Por otra parte, las medidas propuestas por el equipo técnico a todos los participantes (medidas contabilizadas en la línea base) pueden observarse en la Figura 2. El mayor porcentaje corresponde al archivo del expediente (37.62%). Cabe destacar que el hecho de archivar el expediente no es una medida educativa en sí, sino una opción en el procedimiento, cuando se considera que el menor no necesita de ninguna medida educativa, aparte del asesoramiento realizado en la entrevista por el equipo técnico. El siguiente porcentaje corresponde a la libertad vigilada (17.14%); a continuación, a las prestaciones en beneficio a la comunidad (PSBC) (14.76%), a las conciliaciones (12.86%), a las tareas educativas (6.19%), a la amonestación (5.71%) y, por último, a las medidas de internamiento (2.86%).

Figura 2 Figura 2 Porcentaje de menores en cada Medida educativa (N =210).

La Figura 3 muestra la distribución de las medidas propuestas únicamente en los menores reincidentes. La mayoritaria es libertad vigilada (34.69% de los participantes). A continuación, prestaciones en beneficio a la comunidad se propusieron al 22.45% de los menores y archivo del expediente al 18.37%.

Figura 3 Figura 3 Porcentaje de menores reincidentes en cada Medida educativa (N = 49).

En la Tabla 3 se muestran las medidas propuestas a todos los participantes asociadas a la reincidencia posterior de cada menor. En las filas, se indica el tipo de medida y en las columnas, el porcentaje de menores que reincidió en esa medida propuesta por el equipo técnico. Las medidas que cuentan con un porcentaje más alto de reincidencia son: el tratamiento ambulatorio (66.7%, N = 4), las tareas socioeducativas (TSE) (53.8%, N = 7), el internamiento y (50%, N = 3) y la libertad vigilada (47.2%, N = 17). Los resultados muestran diferencias significativas en las medidas educativas y la reincidencia posterior a ellas (chi² (7) = 47.29, p = 0).

Tabla 3 Tabla 3 Relación de la medida educativa propuesta con la reincidencia posterior (N = 210)

El objetivo general de este trabajo fue determinar el perfil de los menores que acuden al juzgado, en función de las características de sus trayectorias delictivas, teniendo en cuenta un periodo de seguimiento de 24 meses. En la primera hipótesis se esperaba que la mayoría de los menores contarán con una trayectoria delictiva puntual, y el tipo de delito mayoritario fuera contra la propiedad. En relación con el número de expedientes con los que cuentan los menores en sus trayectorias penales, se observa que existe un porcentaje muy significativo de menores que poseen con un solo expediente (61.43%) y, por lo tanto, una tasa de reiteración delictiva del 38.57%, frente al grupo de menores con una trayectoria delictiva más larga o persistente, donde van disminuyendo los porcentajes a medida que aumenta la acumulación de expedientes. Estos datos son similares a otros estudios españoles, donde se obtiene el 59.4% de menores con un único expediente en toda su historia judicial, el 17% con dos expedientes, el resto porcentajes decrecientes y una tasa de reiteración delictiva del 40.6% (San Juan & Ocáriz, 2009). En el caso de la reincidencia de todos los participantes, se obtiene el mismo resultado, la mayoría cuenta con un único expediente y a medida que aumenta el número de los mismos decrecen sus porcentajes correspondientes.

En relación con el tipo de delito, esta hipótesis se ve parcialmente apoyada por los resultados, aunque debe aclararse que la diferencia entre delitos es pequeña: el 48.1% son cometidos contra las personas y el 50.5%, contra la propiedad. De la misma manera, los porcentajes para los menores reincidentes son de 56.3% en delitos cometidos contra la propiedad y 41.7% en los cometidos contra las personas, sin encontrarse diferencias significativas. Los delitos o faltas perpetrados que conllevan un mayor porcentaje de reincidencia son: estafa, amenazas, conducción temeraria y robo con fuerza. De la misma forma, al analizar los delitos a lo largo de sus trayectorias y según los datos anteriores, se encuentra una tendencia a ser ejecutados contra las cosas en lugar de las personas y, por lo tanto, podrían considerarse como no violentos, aunque sin notables diferencias. Esta tendencia coincide con los resultados de otros estudios y con la tendencia en España hacia una menor tasa de reincidencia en los delitos violentos (Capdevila et al., 2005; Fernández et al., 2009; Iborra et al., 2011; INE, 2016). Por lo tanto, muy igualados en cuanto a si son cometidos contra las personas o contra la propiedad.

Si se analizan las trayectorias de los menores reincidentes en relación con el orden en que los delitos fueron cometidos, tampoco se puede establecer una trayectoria mayoritaria, debido a la gran disparidad en el tipo de carreras delictivas. Esta tendencia coincide con un estudio similar de Capdevila et al. (2005).

Por lo tanto, respecto a la comisión de delitos, no puede establecerse una tipología común. Es decir, los menores no están especializados en un único tipo de delito, como propusieron Thompson, Brownfield y Sorenson (1996). En este sentido, es más probable que los menores sean más “generalistas” que “especialistas” a la hora de incurrir en delitos.

En la segunda hipótesis, se esperaba obtener tasas de reincidencia más altas para las medidas educativas con más restricción de la libertad. Debe ser tenido en cuenta que la medida educativa se propone en relación con la evaluación del riesgo detectada, no únicamente con base en la gravedad del delito de la acusación de fiscalía. Se parte del principio de intervención mínima por el que se puede proponer el archivo de los expedientes en los casos que se estime necesario, según el último interés del menor.

De hecho, un gran porcentaje de expedientes que llegan al juzgado se archivan (el 37.6%), debido al gran número de menores con un nivel detectado de riesgo bajo. En estos casos, si se observa que el menor no requiere de ninguna medida educativa más, aparte del asesoramiento realizado por el equipo técnico en el momento de su evaluación, se procede al archivo del expediente, es decir, no se continuaría con su tramitación y sería el final del proceso judicial. Sin tener en cuenta estos expedientes archivados y en relación con los menores reincidentes, las medidas que se propusieron en mayor proporción fueron libertad vigilada, prestaciones a la comunidad, conciliaciones y tareas educativas, que coincide con las de otros estudios en una clara tendencia a favor de la aplicación de medidas en medio abierto (el 80%), respondiendo así a la filosofía y principios educativos de la Ley del Menor (Bravo et al., 2009; Capdevila et al., 2005; Jara, García-Gomis, & Villanueva, 2016).

Con respecto a las medidas y sus respectivas tasas de reincidencia, si se analizan los resultados en relación con cuál medida conlleva un mayor porcentaje de reincidencia posterior, se encuentra que las medidas que cuentan con un porcentaje más alto de reincidencia son: el tratamiento ambulatorio, las tareas socioeducativas, el internamiento y la libertad vigilada. Cabe destacar que los menores que participaron en una mediación/conciliación no reincidieron, su porcentaje de reincidencia fue de 0%. Sin embargo, a medida que va aumentando la restricción de la medida, aumenta la dispersión de los porcentajes hacia una mayor reincidencia. Por lo tanto, según va aumentando la restricción de la medida educativa, parece haber una tendencia hacia una mayor reincidencia.

Al comparar estos porcentajes de reincidencia con otros estudios, se concluye que la tendencia es la misma, tasas menores para las medidas de mediación y mayores para la libertad vigilada y el internamiento (Bechtel, Lowenkamp, & Latessa, 2007; Capdevila et al., 2005; San Juan & Ocáriz, 2009).

Por tanto, en la distribución de los porcentajes aparecería un efecto de progresión hacia los menores con mayor número de expedientes, al ir aumentando la restricción de libertad de la medida propuesta. Parece ser, que la mínima intervención en los menores con poca o nula reincidencia y bajo riesgo, resulta adecuada. Mientras que los peores resultados se obtienen en las medidas de mayor restricción. Por ejemplo, una de las consecuencias de la intervención con el menor que se encuentra cumpliendo una medida de internamiento es la sustitución de su entorno social (amigos, instituto, etc.) por el centro de reforma, con las consecuencias positivas o negativas que esto supone. El centro cumple el papel de sustituir a los factores que le influyeron de forma negativa hacia la comisión del delito, pero una vez que finaliza la medida, el menor retomaría el entorno y los hábitos que le llevaron a delinquir (Morente & Domínguez, 2009).

Una posible mejoría en relación con los peores resultados de las medidas más restrictivas, sería la de intervenir de un modo diferente o en un ámbito más amplio. Por ejemplo, sobre el contexto familiar y comunitario, en lugar de centrarse principalmente en las habilidades personales del menor y en sus propios comportamientos. De esta forma, la intervención en el contexto social y familiar serviría como apoyo y como factor protector en su futura relación con la delincuencia (Bravo et al., 2009; Contreras, Molina, & Cano, 2010; Luzón & Domínguez, 2014; Rodríguez, Mirón, & Rial, 2012). Otro aspecto que es necesario tener en cuenta, sería el de intervenir en el menor tiempo posible. Esto iría en consonancia con el hecho de que los programas que se centran en intervenir con los menores que reinciden en un periodo corto de tiempo, reducen más la reincidencia y la delincuencia en general (Carcach & Leverett, 1999).

Ante esta constatación (menores con trayectorias puntuales mayoritarias, delitos más comunes contra la propiedad y un gran porcentaje de desestimación del expediente disciplinario o archivo), las creencias sobre la peligrosidad de los menores infractores y las demandas del endurecimiento hacia las leyes penales de menores no se basan en la realidad social, y ante esta perspectiva no tendrían mucho sentido. Como opinan Morente y Domínguez:

Sería oportuno revisar y poner al día los dispositivos institucionales de reforma juvenil mediante una política penal que mire la realidad no tanto desde la gestión del control ante el «miedo al delito» como desde las causas que fuerzan su existencia. (2009, p. 102)

Las modificaciones no deben dirigirse hacia el planteamiento de la ley, sino hacia su adecuación para la efectiva intervención en el pequeño porcentaje de menores que protagonizan los hechos de mayor gravedad (Bravo et al., 2009). Por tanto, las reformas deberían encauzarse hacia la focalización de la atención a estos menores con trayectorias delictivas persistentes, actuando de una forma preventiva desde la raíz del problema y cambiando su situación en lugar de intentar endurecer la ley a un nivel más punitivo.