Percepciones de cambio de profesionales de una cárcel juvenil en Chile*

Perceptions of Change of Professionals from a Juvenile Prison in Chile

Universitas Psychologica, vol. 17, núm. 2, 2018

Pontificia Universidad Javeriana

Decio Mettifogo Guerrero a

Universidad de Chile, Chile


Marjorie Reyes Rosales

Universidad de Chile, Chile


Valentina Vildósola Soto

Universidad de Chile, Chile


Fecha de recepción: 02 Noviembre 2015

Fecha de aprobación: 09 Septiembre 2017

Resumen: El presente estudio, de carácter exploratorio-descriptivo, tuvo como objetivo conocer las percepciones de cambio de profesionales que intervienen con adolescentes condenados a penas privativas de libertad. La muestra estuvo compuesta por ocho profesionales, quienes a través de una entrevista semiestructurada dieron cuenta de sus apreciaciones respecto a cuatro ejes de análisis. Los principales resultados indican que el cambio es percibido por los profesionales como un proceso excepcional donde confluyen diversos factores, incluidos la intervención penal y la privación de libertad. A modo de conclusión, se puede mencionar la necesidad de especialización en los profesionales para trabajar con población de alta complejidad y el desarrollo de estrategias para que adopten un rol activo en los procesos de cambio de los jóvenes.

Palabras clave desistimiento, adolescentes infractores, percepción de cambio de profesionales, cárcel juvenil.

Abstract: The present investigation was made from a descriptive-explorative approach and its aim was to know the perceptions of change of professionals who work with teenagers under custodial sentences. The sample consisted of eight professionals, who through a semi structured interview gave his findings on four analysis axes. The main results showed that professionals perceive change as an exceptional process in which several factors converge, including criminal action and deprivation of freedom. In conclusion, it can be mentioned the need for specialization in professionals who work with high complexity population and the development of strategies for adopting an active role in the processes of change of adolescents.

Keywords: desistance, youth offenders, changes perception of professionals, youth prison.

En los países occidentales, la delincuencia juvenil es un tema que ha ganado progresivo protagonismo en los ámbitos social y político –donde Chile no ha sido una excepción–, existiendo una discusión constante sobre cuál es la forma más eficiente de disminuir el delito. Sin embargo, este debate ha tendido a centrarse en el método –en términos de ‘qué hay que hacer’–, olvidando un paso previo fundamental: el proceso reflexivo de comprender por qué se produce el abandono de vidas delictivas (McNeill, 2006).

En relación con este fenómeno, dentro del ámbito criminológico de las últimas décadas, se han realizado importantes estudios longitudinales con poblaciones de exdelincuentes, dando origen a lo que hoy se conoce como paradigma del desistimiento. Desde este enfoque, en lugar de responder a cómo reducir el delito, se ha propuesto identificar aquellos factores que promueven estilos de vida convencionales, favoreciendo así el abandono de trayectorias delictivas.

En términos simples, el desistimiento es un proceso voluntario donde los individuos deciden abandonar el delito, lo cual puede expresarse en una disminución gradual de las conductas delictivas que puede desembocar en la ausencia total de ilícitos (Pucci, Rojido, Trajtenberg, & Vigna, 2009). Según resultados de diversas investigaciones, este proceso está asociado a múltiples factores a nivel individual, social y estructural, así como a ciertos cambios fisiológicos y psicológicos que se espera que ocurran en la transición de la adolescencia a la adultez. Los factores individuales aluden principalmente a cambios cognitivos en los sujetos, respecto a las motivaciones y significaciones que tienen sobre su identidad y sobre el mundo que los rodea (Cid & Martí, 2011; Maruna, 1999; McNeill, 2006). Los factores sociales refieren a eventos observables en la vida de los individuos, como la adquisición de un empleo o el matrimonio (Farrall & Calverley, 2006; Laub & Sampson, 2001; Laws & Ward, 2010; LeBel, Burnett, Maruna, & Bushway, 2008). Por su parte, los factores estructurales corresponden a los sistemas sociales donde se encuentran inmersos los individuos, en términos de condiciones y oportunidades que facilitan u obstaculizan el cambio hacia un estilo de vida convencional (MacDonald, Webster, Shildrik, & Simpson, 2011) y aluden principalmente al mercado laboral y las políticas criminales vigentes.

Dado que buena parte de los estudios sobre desistimiento se ha realizado con poblaciones de exreclusos, otra dimensión que ha sido ampliamente estudiada corresponde a los factores transicionales, refiriendo a aquellos elementos presentes durante la condena y que pueden contribuir al abandono del delito (Cid & Martí, 2011). Según Cid y Martí (2011), a su vez estos factores pueden clasificarse en tres categorías: 1) los nuevos aprendizajes y el desarrollo de habilidades personales que pueden ayudar a construir un sentimiento de autoeficacia; 2) vínculos con roles convencionales que pueden influir en el abandono del delito y reforzar la construcción de una identidad distinta a la delictiva; 3) el apoyo social de personas e instituciones que pueden ofrecer soporte material y/o emocional para superar los obstáculos. En una línea similar, también se ha relevado el rol de quienes ejecutan las sanciones penales, en tanto pueden promover el desarrollo de habilidades individuales, facilitar el acceso a oportunidades y brindar apoyo, animando a los individuos a cambiar sus estilos de vida y actuando como verdaderos agentes de cambio (Barry, 2007; Burnett & McNeill, 2005; Dionne & Altamirano, 2012).

El desistimiento es, entonces, un proceso multifactorial y dinámico (Laub & Sampson, 2001; LeBel et al., 2008) que ocurre en la interacción compleja entre el desarrollo vital de los individuos (cambios subjetivos, eventos externos asociados a ciertas transiciones de la vida) y la estructura social que brinda, en mayor o menor medida, las oportunidades para llevar a cabo un proceso de cambio (LeBel et al., 2008; McNeill, 2006; MacDonald et al., 2011). Así, los eventos que ocurren en la vida de los individuos, como hechos, no tendrían un valor predictivo en el éxito del desistimiento, sino que lo realmente importante es el significado que los sujetos atribuyen a estos eventos (McNeill, 2006). De modo similar, cambios subjetivos como la motivación o el desarrollo de autoeficacia pueden hacer que los individuos tomen ventaja de los eventos positivos que ocurren en sus vidas (LeBel et al., 2008). A nivel estructural, el desistimiento como construcción interaccional implica que quien desiste debe aceptar en cierta medida a la sociedad convencional, a la vez que la sociedad convencional también debe aceptarlo a él y confiar en su potencial de cambio (Wexler, 2001); en ese sentido, el desistimiento es un proceso que no pertenece exclusivamente a quien desiste, sino también a la sociedad donde se desenvuelve. Lo anterior da cuenta de diversos elementos que se espera puedan ser percibidos por quienes intervienen con adolescentes infractores de ley, en contextos de privación de libertad.

Pasando a otro ámbito y dirigiendo la mirada hacia el contexto nacional, han pasado ocho años desde que en Chile se implementó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente [LRPA], creándose así un sistema de justicia juvenil especializado sin precedentes en el país, cuyo fin último es la integración social plena de los y las adolescentes que infringen la ley a través de intervenciones penales de carácter fundamentalmente socioeducativo (Ministerio de Justicia, 2005). A diferencia del sistema adulto, la LRPA consta de una amplia gama de sanciones penales alternativas a la reclusión, dados los evidentes efectos negativos del encierro, especialmente para jóvenes en desarrollo. Este lineamiento es coherente con las cifras entregadas por organismos nacionales ligados al ámbito de la justicia juvenil, donde se indica que del total de jóvenes condenados por la LRPA, aquellos privados de libertad no superan el 8 % (Fundación Paz Ciudadana, 2013; Servicio Nacional de Menores [SENAME], 2014).

La institución encargada de la ejecución de sanciones privativas de libertad es el SENAME, que en sus orientaciones técnicas para centros de régimen cerrado [CRC] indica que los adolescentes condenados deben contar con equipos de intervención multidisciplinarios y especializados, capaces de responder a perfiles delictuales y psicosociales de alta complejidad (SENAME, 2011). Dicha complejidad viene dada por una población de mayor edad –65 % mayor de 18 años, según informe del SENAME (2014)–, en comparación con aquellos jóvenes que cumplen sanciones no privativas de libertad, y que además cuenta con al menos un paso previo por el circuito de justicia juvenil. A lo anterior, se suman algunos casos en que los procesos judiciales alcanzan tal extensión que los jóvenes imputados cumplen la mayoría de edad e incluso alcanzan a pasar por el sistema penal adulto, antes de recibir la condena correspondiente a delitos que cometieron siendo menores de 18 años 1 , aumentando así el contacto criminógeno.

En concordancia con lo anterior, el SENAME contempla que cada adolescente privado de libertad disponga de un equipo de intervención directa compuesto por Educadores de Trato Directo [ETD], Profesionales Encargados de Caso [PEC], Profesionales de Intervención Clínica [PIC], profesionales de Apoyo Sicosocial para la Re-escolarización [ASR] y profesionales del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol [SENDA], entre otros (SENAME, 2011). Dentro de los perfiles definidos para cada cargo, se considera que el equipo de trato directo esté compuesto por al menos un psicólogo y otros profesionales de las ciencias sociales, con experiencia en trabajo infanto-juvenil de al menos un año, especialización en trayectorias delictivas, conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia juvenil y normativa nacional e internacional vigente (SENAME, 2017). Todo ello, con el fin de asegurar el carácter integral de la intervención, con miras hacia la disminución del comportamiento delictivo y la consecuente integración social.

De lo anterior, destaca la importancia que se da a la especialización profesional, aspecto respaldado por numerosa evidencia indicativa de que el éxito de los programas para adolescentes infractores depende en buena parte de la calidad profesional de quienes los ejecutan, principalmente de aquellos profesionales que se encuentran en contacto directo con los jóvenes (Alarcón & Vargas, 2012; Dionne & Altamirano, 2012). Así, resulta lógico dirigir la atención hacia aquellos profesionales que ejecutan sanciones privativas de libertad, pues son quienes tienen mayor contacto directo con los jóvenes. En efecto, resulta de especial interés indagar en sus pensamientos y creencias acerca de cómo se produce el abandono del delito en los jóvenes infractores de ley, así como las percepciones acerca de su propio rol como operadores del sistema, dentro de estos procesos.

Considerando todo lo anterior, el presente artículo busca responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las percepciones de cambio de los profesionales que trabajan con adolescentes que cumplen condenas privativas de libertad en el CIP-CRC 2 San Bernardo?

Metodología

Enfoque metodológico

En concordancia con la pregunta de investigación, se escogió realizar este estudio desde un enfoque cualitativo, centrado en comprender y describir en profundidad la perspectiva de los participantes acerca de un fenómeno particular, en el ambiente natural donde ocurre y en relación con el contexto amplio. El diseño de investigación fue exploratorio-descriptivo, en tanto aborda un tema poco explorado –ofreciendo una perspectiva novedosa que centra la atención en los profesionales del sistema de justicia juvenil– y pretende mostrar con precisión las distintas dimensiones de las percepciones de cambio.

Muestreo

La muestra fue intencionada y por conveniencia, seleccionada por el SENAME con base en tres criterios establecidos por las investigadoras: 1) trabajar con adolescentes infractores condenados a penas privativas de libertad; 2) formar parte del equipo de trato directo (ETD, PEC y/o PIC) y 3) llevar al menos un año desempeñándose en el cargo.

Así, la muestra final estuvo compuesta por ocho profesionales; un hombre y siete mujeres, con un promedio de 42 años de edad y 9 años de antigüedad en su cargo. Del total de la muestra, solo tres participantes tenían formación especializada (diplomado) sobre intervención con adolescentes infractores. Los participantes se distribuyeron según se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1
Descripción de la muestra

Descripción de la muestra


Técnica de recolección de datos

La técnica de producción y recolección de información utilizada fue la entrevista individual semiestructurada, ya que esta permite un diálogo directo y fluido entre entrevistador y entrevistado, dirigido a la comprensión del punto de vista de los participantes. Además, el carácter semiestructurado otorga condiciones de flexibilidad y libertad que permiten al entrevistador adecuar las preguntas a los/as participantes, elaborar otras adicionales para precisar conceptos que se presenten confusos y/o ahondar respecto de algunos puntos para obtener mayor información (Gaínza, 2006; Taylor & Bogdan, 2010).

Procedimiento de entrevistas

La muestra fue contactada a través de una solicitud a la Unidad de Estudios del SENAME, la que fue enviada a fines de septiembre de 2014, y luego de dos meses se obtuvo la autorización para realizar las entrevistas en el CIP-CRC San Bernardo, que comenzaron a inicios de diciembre de 2014 y se extendieron durante una semana. La jefa técnica del Centro fue quien seleccionó e invitó a participar a los sujetos entrevistados, con base en los criterios antes mencionados. También se encargó de programar las entrevistas, que finalmente se realizaron en las dependencias del CIP-CRC San Bernardo en horario laboral. Las entrevistas fueron grabadas en formato de audio para su posterior transcripción y análisis.

Análisis de la información

El método de análisis de información usado fue el de la Teoría Fundamentada, principalmente porque este método se basa en los datos obtenidos, generando así conocimientos y aumentando la comprensión del fenómeno estudiado (Strauss & Corbin, 2002). Este análisis consta de etapas sucesivas que van desde la configuración de categorías hasta la generación de un modelo comprensivo general acerca del tema investigado (Andréu, García, & Pérez, 2006; Strauss & Corbin, 2002). El proceso completo contempla tres etapas de codificación de los datos: abierta, axial y selectiva; no obstante, de acuerdo a los objetivos planteados para esta investigación, se realizaron solo la codificación abierta y la axial.

A partir de los datos recolectados, emergieron cuatro ejes o categorías principales de análisis, de las cuales se desprenden subcategorías, según se muestra en la Figura 1.

Categorías de análisis.
Figura 1
Categorías de análisis.


Aspectos éticos

El presente estudio se guió por el artículo 15 del Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de Chile (2008), el cual señala que todo/a investigador/a debe cuidar el bienestar y los derechos de todos/as los/as participantes de la investigación.

Previo a las entrevistas, todos los profesionales firmaron un consentimiento por escrito donde fueron informados sobre los objetivos de la investigación, la metodología, el carácter voluntario y anónimo de la participación, así como el posterior acceso a los resultados.

Resultados

A continuación, se presentan los principales resultados de la investigación, descritos en función de las categorías expuestas anteriormente.

Factores asociados al cambio

Factores individuales

Dentro de los factores individuales, los profesionales indican que la motivación personal constituye un elemento central para facilitar un proceso de cambio, enfatizando que la voluntad y el deseo de cambiar deben surgir de los propios jóvenes. Algunos agregan que, si esta motivación no existe, entonces el cambio no será posible, ya que los jóvenes que no presentan motivación no adhieren a ningún tipo de intervención, independiente del enfoque de la misma.

[…] durante el tiempo que una ya lleva en esta pega, efectivamente va visualizando que el cambio muchas veces, siempre pasa por la opción del chiquillo. Aunque nosotras le ofrezcamos todos los recursos que hayan, la posibilidad de salir del tema delictual siempre va en ellos. (p. 8)

Además, mencionan que para impulsar el cambio, la motivación debe ir acompañada de un sentido de agencia y autoeficacia por parte de los jóvenes, quienes deben sentir que tienen las capacidades y recursos para cambiar. Por otro lado, los profesionales reconocen que la transición a la adultez, significa para los jóvenes una mayor conciencia de sus actos y las consecuencias de los mismos, favoreciendo el cambio.

Factores sociales

La familia de origen es identificada por todos los entrevistados como un factor crucial para el cambio, pues esta acompaña y entrega apoyo a los jóvenes durante y después del cumplimiento de la condena, lo que puede ayudar a iniciar y mantener un proceso de cambio.

[…] yo creo que eso también es importante, que tengan una familia que los soporte, que sea un soporte para ellos mientras están acá, que se comprometan con la intervención, que los visiten y que además puedan apoyarlos afuera. (p. 1)

Sin embargo, muchas veces esta es vista como un obstáculo para los procesos de los jóvenes. Por un lado, porque la mayoría de las familias aceptan y normalizan la conducta delictiva; por otro lado, porque muchas veces los delitos de los jóvenes operan como soporte económico dentro de sus sistemas familiares.

[…] nosotros de repente decimos con un dejo de ironía triste […] de repente el principal factor de riesgo de los chiquillos es su propia familia, irónicamente. (p. 4)

Frente a esta situación familiar, los profesionales proponen recurrir a otros adultos significativos convencionales, que puedan actuar como soporte y guía durante los procesos de cambio. Además, algunos promueven la creación de proyectos de vida independientes de las familias de origen, trabajando la autonomía de los jóvenes.

Por otro lado, el grupo de pares es reconocido como principal referente de los jóvenes, pudiendo influir como un obstáculo o favorecedor de los procesos de cambio, según los estilos de vida que adopten los miembros del grupo.

En cuanto al contexto sociocomunitario, este es descrito por la mayoría de los profesionales como obstaculizador del cambio, dada la presencia de diversos elementos que fomentan la persistencia del delito.

Factores estructurales

De manera general, en lo que respecta a los factores estructurales, los profesionales no identifican elementos que actualmente fomenten y/o promuevan los procesos de cambio en los jóvenes. Sin embargo, ante este panorama, los entrevistados elaboran algunas propuestas con el fin de mejorar esta situación. Uno de los primeros elementos mencionados corresponde a la fuerte estigmatización social que sufren los jóvenes infractores, lo que tendría serias repercusiones en sus oportunidades efectivas de mantener un estilo de vida convencional. En esta línea, los profesionales proponen la creación de redes institucionales estables y constantes en el tiempo, que apoyen los procesos de los jóvenes.

Un aspecto duramente criticado es la LRPA; en primer lugar porque la mayor parte de los adolescentes bajo este régimen alcanza la mayoría de edad durante el cumplimiento de su condena. A esto, agregan que algunos jóvenes del CIP-CRC San Bernardo ya han pasado por cárceles de adultos, lo que aumenta la contaminación criminógena y la complejidad de la intervención. Frente a esta situación, exponen la necesidad urgente de una mayor y mejor preparación profesional para intervenir con jóvenes mayores de edad y con perfiles delictivos complejos.

Otro foco de críticas es la imposibilidad de unificar condenas, lo que se expresa en sanciones que, sumadas, son extremadamente extensas e inadecuadas a las necesidades de los jóvenes. En ese sentido, la sanción penal es vista por algunos profesionales como un impedimento al cambio, aun cuando el fin último de la misma es la reinserción social de los jóvenes. Ante esta problemática, se sugiere una revisión exhaustiva a la ley, en lo que respecta a la idoneidad de las sanciones y su ejecución.

Frente a la escasez de programas de acompañamiento postsanción –a pesar de que la ley lo estipula–, los profesionales proponen la creación de programas en esta línea como una manera de apoyar los procesos de cambio de los jóvenes y hacer un seguimiento de los mismos. Se insiste bastante en este último punto, ya que el seguimiento también serviría como retroalimentación al trabajo realizado por los profesionales, cuestión que actualmente no existe.

Un último aspecto mencionado refiere a la dimensión institucional, ante la cual existe una idea generalizada de poca claridad sobre cómo intervenir, además de una sensación de abandono por parte de la institución. Frente a esto, los profesionales proponen una mayor precisión, coherencia y estabilidad en las orientaciones técnicas que rigen las intervenciones al interior del Centro. Además, se sugiere una selección de personal altamente especializado y un mayor cuidado de los funcionarios, por parte de la institución.

Rol de la intervención

Bases de la intervención

Los profesionales identifican dos aspectos básicos para poder realizar intervenciones adecuadas a los jóvenes al interior del centro. Un primer aspecto consiste en trabajar desde un enfoque centrado en la persona, en un intento por conciliar los lineamientos técnicos del Centro con las necesidades, intereses y motivaciones de cada joven, considerando además el contexto de obligatoriedad. Frente a esto, señalan que se debe mantener una buena disposición y procurar transmitirla a los jóvenes que ellos buscan acompañar durante el período de condena. Un segundo aspecto relevante corresponde al encuadre, donde se explicita el funcionamiento de la institución (en términos de reglas y roles), así como lo que se espera del joven, con el fin de que los adolescentes puedan reconocer y respetar el espacio de intervención.

Vínculo

En relación con lo anterior, el vínculo establecido con el joven emerge como un elemento fundamental para la intervención. Según mencionan, este debe ser estable, permanente y con límites claros.

Es fundamental. O sea, si de verdad quieres hacer un trabajo de intervención tienes que tener vínculo con ellos. Hay que tener un mínimo de confianza, un piso sobre el que poder trabajar, y eso puede demorar mucho o puede demorar poco dependiendo de la vida de los chiquillos. (p. 5)

En cuanto al proceso de formación de este vínculo, el reconocimiento del joven como persona, la confianza y la escucha activa hacia él se identifican como aspectos primordiales, sobre todo teniendo en cuenta las historias de vida de los adolescentes. Así, los profesionales describen diversas estrategias empleadas para la vinculación efectiva con los jóvenes, como demostrarles cariño o rescatar el valor del humor dejando de lado los tecnicismos. Algunos se vinculan desde un rol más maternal y otros destacan en su estrategia el valor de la honestidad y el contacto con las familias de los jóvenes. La importancia del vínculo radica en que los profesionales pasan a ser referentes significativos para los jóvenes durante el tiempo de condena. En ese sentido, el vínculo con el interventor permitiría a los jóvenes visualizar y experimentar nuevos modos de relacionarse, basados en la escucha, la comprensión, la contención y los límites claramente establecidos.

Contenidos de la intervención

Según todos los entrevistados, el principal objetivo de la intervención es la ampliación de los dominios cognitivo, afectivo y conductual de los jóvenes. En palabras de los mismos profesionales es “mostrarles otra vida”, más convencional.

[…] la labor de uno como interventor en este caso, consiste en que uno sea capaz de demostrarle al chiquillo que el mundo no termina en la esquina donde él se junta y que los amigos que tiene ahí donde se vuela y roba no es la única actividad que puede hacer […] mostrarle a los chiquillos que existe mucho más allá de lo que ellos ven cotidianamente. (p. 1)

Las estrategias para lograr este objetivo varían según el cargo que ocupa cada profesional. En el caso de los ETD, la principal herramienta utilizada es la conversación constante con los jóvenes, de manera que estos visualicen los beneficios de llevar una vida convencional. En el caso de las PEC, estas ponen el énfasis en la orientación de los jóvenes para que encuentren alguna motivación por una actividad de carácter prosocial. Una vez presente esta motivación, son ellas quienes generan oportunidades reales de llevar a cabo dichas actividades. En cuanto a las estrategias utilizadas por las PIC, estas apuntan principalmente a la revisión biográfica, con el fin de promover la reflexividad y toma de decisiones en los jóvenes, lo cual les permitiría reparar experiencias dolorosas y recuperar el sentido de agencia sobre sus vidas.

Factores transicionales

Los profesionales señalan que durante la condena existen dos elementos que pueden apoyar un proceso de cambio. Primero, la escuela, ya que permite la nivelación de estudios; segundo, los talleres prelaborales y las capacitaciones, pues estos facilitan una posterior inserción laboral. No obstante, ambas actividades son valoradas negativamente, en tanto no cumplen con las condiciones básicas para conformar una herramienta que efectivamente contribuya al cambio.

[…] creo que nos falta, por ejemplo, en generar reales y efectivos procesos de capacitación pa' los chiquillos […] es que los tenemos con suerte dos veces al año, o una vez al año y mantenemos muchos talleres que se supone que son prelaborales, pero que no cumplen efectivamente con el potencial y la calidad profesional y técnica. (p. 5)

Frente a esto, los profesionales expresan que la oferta programática debe adecuarse al medio y, sobre todo, a las características de los jóvenes.

Trabajo multidisciplinario

Todos los entrevistados reconocen que el trabajo en equipo es fundamental para la intervención. Sin embargo, señalan que al interior del Centro existe poca comunicación y una permanente descoordinación entre los distintos actores que intervienen con cada joven, lo que a la vez dificulta la coherencia de la intervención en su globalidad. En otras palabras, existe una idea de sobreintervención de los jóvenes, como consecuencia de un trabajo excesivamente parcelado.

Todo el mundo interviene con el cabro; el ACHNU, el Ágora, nosotros, la PEC, la PIC, el colegio... pero no tenemos el sentido común de comunicar eso […] todos mascamos un poco al cabro ¿ya? y está mordido por todos lados, pero muy mal mordido, a lo mejor un puro tarascón ¿ya? bien hecho, andaría mejor el cabrito. Pero ese es uno de los problemas de acá. Llámele coordinación, llámele falta de información, falta de comunicación. (p. 7)

Rol del interventor en el proceso de cambio

Respecto a la influencia de los profesionales en los procesos de cambio de los jóvenes, las posiciones son variadas; mientras algunos se ven como orientadores o meros facilitadores dentro de un proceso que depende mayormente del joven, otros se ven a sí mismos como agentes de cambio, en tanto pasan a ser un referente significativo para los jóvenes mientras estos cumplen condena.

Efectos de la privación de libertad

Para una mayor comprensión de los efectos de la privación de libertad, este eje se divide en dos subcategorías: la de los profesionales y la de los jóvenes.

Subcategoría de los profesionales

Entre los principales efectos de la privación de libertad en los profesionales se identifica, en primer lugar, la adopción de dinámicas carcelarias expresadas a través del lenguaje, así como en la formación de relaciones hostiles y falta de cooperación entre los mismos. Esto, sumado a la violencia existente al interior del recinto, implica un fuerte impacto y desgaste emocional que muchas veces repercute en su disposición y, por ende, en los procesos de los jóvenes. Otro aspecto que, según los profesionales, dificulta los procesos de cambio, es la falta de infraestructura y espacios adecuados para hacer una buena intervención, además del exceso de trabajo administrativo que muchos describen como inútil y que finalmente les impide poder estar más tiempo con los jóvenes.

Subcategoría de los jóvenes

La privación de libertad, según algunos interventores, implica ciertos beneficios para los procesos de cambio de los jóvenes, como son permitirles el acceso a servicios básicos, contar con apoyo profesional multidisciplinario y ofrecerles un espacio donde pueden aprender a vivir en comunidad respetando reglas y normas. A esto, agregan que el encierro y la extensión de las condenas hacen posible una intervención constante y permanente durante ese tiempo. Algunos profesionales incluso señalan que la reclusión significa una pausa en la vida de los jóvenes, donde estos pueden reflexionar y evaluar los costos de una vida delictual, lo que puede llevarlos a considerar cambiar su estilo de vida.

[…] en definitiva hay jóvenes que están, que viven la vida tan loca de alguna manera, que esto significa que tiene que necesariamente frenar, que se tiene que detener y ahí es donde uno aprovecha de meterse y de que ellos piensen y que reflexionen, y que se proyecten también en esto, que sean capaces de evaluar los costos y beneficios. (p.1)

Por contraparte, los profesionales también identifican una serie de obstáculos derivados de la privación de libertad, entre los que mencionan la contaminación criminógena y expansión de redes delictuales, la desesperanza de los jóvenes respecto a sus posibilidades de cambiar y, por último, la progresiva dependencia que van generando con la institución, que muchas veces se expresa como ansiedad a medida que se acerca el término de la condena, pues ya no contarán con el apoyo y recursos otorgados por la institución.

Posibilidades de cambio

Si bien todos los profesionales indican que sí creen en que los jóvenes pueden cambiar, la mayoría distingue dos tipos de jóvenes: aquellos que sí pueden cambiar y aquellos que no. Los primeros, son aquellos que de manera circunstancial cometieron un delito y llegaron a cumplir una condena privativa de libertad, pero nunca se identificaron con el mundo delictual, cuentan con recursos, apoyo y, por lo tanto, no vuelven a delinquir. Los segundos, son los jóvenes muy involucrados en el mundo delictivo, que muchas veces provienen de familias donde la delincuencia es generacional o funcional a la dinámica familiar y, por lo tanto, no contarían con la motivación ni el apoyo necesario para hacer un cambio en sus vidas.

[…] probablemente no todos pueden cambiar […] hay algunos jóvenes que están muy deteriorados, que vienen de familias donde la delincuencia es generacional, […] y es muy difícil de alguna manera promover un cambio en jóvenes como esos. No así en jóvenes que tienen otro tipo de vivencias o que tienen recursos familiares donde sí se puede instalar una motivación de cambio. (p. 1)

Pese a lo anterior, los profesionales logran identificar elementos que pueden dar cuenta de un potencial proceso de cambio. Entre ellos mencionan la problematización del delito y visualización del daño derivado del mismo; el desarrollo de empatía y respeto, ligados a la adopción de nuevos estilos relacionales; la elaboración de proyectos de vida convencionales y realistas y la reducción del daño, entendida como una disminución en la gravedad de los delitos que los jóvenes cometen después de cumplir esta condena. Englobando lo anterior, es la congruencia entre los planos cognitivo, afectivo y conductual lo que permite un buen pronóstico respecto a las posibilidades de cambio de los jóvenes.

Por otro lado, cabe mencionar que la mayoría de los profesionales tiene la creencia de que la mayor parte de los adolescentes logrará hacer el cambio en algún momento de su vida, aunque esto ocurra muy en el largo plazo. En ese sentido, un objetivo de la intervención sería acelerar este proceso para que los jóvenes hagan el cambio lo antes posible.

Para finalizar, cuando se pregunta a los profesionales cuántos jóvenes de los que pasan por este recinto logran efectivamente iniciar y mantener un cambio, las respuestas se centran entre el 5 % y 10 % de los jóvenes. Resulta llamativo que la mayoría de ellos, en primera instancia responde que no sabe, ya que no cuentan con cifras oficiales de parte de la institución u otro organismo. Respecto a esta falta de información y de retroalimentación sobre el trabajo realizado, varios profesionales manifiestan insatisfacción y una sensación de que su trabajo no es efectivo, pues no se estaría logrando que los adolescentes abandonen el delito.

Discusión

El último resultado, señalado en el apartado anterior, respecto de la baja estimación de cambio que visualizan los profesionales respecto de los adolescentes infractores de la ley penal que cumplen su condena privativa de libertad en el CIP-CRC de San Bernardo, constituye un hallazgo significativo del presente estudio y le otorga a la posibilidad de cambio el carácter de excepcional.

Ello puede analizarse al menos en dos dimensiones. La primera surge al considerar la importancia que tienen los factores transicionales, esto es, los elementos presentes durante la condena y que pueden contribuir al abandono del delito (Cid & Martí, 2011), particularmente, los relacionados con el apoyo social de personas e instituciones que pueden ofrecer soporte material y/o emocional para superar los obstáculos, entre los que la literatura destaca aquellos que promueven habilidades individuales, facilitan oportunidades, animan al cambio de estilos de vida (Barry, 2007; Burnett & McNeill, 2005; Dionne & Altamirano, 2012). Según Cid y Martí (2011), si los profesionales tienen una estimación de cambio verdaderamente paupérrima, es probable que este rol de agentes de cambio sea muy difícil de cumplir y cabe preguntarse si esta transformación excepcional puede realmente asociarse a la intervención penal o si es un evento que ocurre más bien por azar. En definitiva, la posibilidad de cambio de los adolescentes pudiera no tener que ver con la intervención de los profesionales, es decir, no estarían operando como factores transicionales sinérgicos del desistimiento delictivo. El hecho de verse como meros facilitadores podría constituir un mecanismo de defensa que permite a los profesionales preservar su integridad personal y profesional (Segovia, 2001), ya que al no involucrarse en los procesos de los jóvenes, se reduciría el impacto negativo cuando los objetivos de la intervención no se logran. En sentido inverso, si los profesionales creyeran que el cambio es multifactorial o se asocia a elementos como los contextos en que viven los sujetos, entonces sí podrían operar como agentes de cambio, lo que involucraría cambios en los modelos de intervención de las cárceles juveniles en Chile.

Una segunda dimensión de análisis se relaciona con la percepción de los profesionales respecto de las condiciones del propio Centro, a las posibilidades reales de intervención en el mismo o a la existencia de programas de intervención eficaces, lo que tampoco es mencionado como un aspecto relevante, lo que podría dar cuenta de cierta precariedad en las intervenciones al interior de este Centro, por parte de los profesionales que trabajan en ellos. Ciertamente, no puede responsabilizarse de ello a quienes trabajan allí, y esta percepción del escaso margen de cambio visualizado, en cierto modo, da cuenta de una evaluación de su parte respecto del conjunto del trabajo realizado por el sistema de justicia juvenil. Probablemente, este resultado no sea muy distinto en otros centros privativos de libertad, en condiciones similares. Ambas dimensiones señaladas ayudan a entender esta baja percepción de la posibilidad de cambio de los adolescentes, al no sentirse parte como agentes de cambio efectivos, en un contexto institucional que no otorga las condiciones para ello.

Particularmente interesante resulta la atribución del cambio en los adolescentes, el que se centra en aspectos casi exclusivamente personales, con escasa consideración de elementos vinculados a factores comunitarios y/o familiares. Se atribuye a la motivación personal el peso de factor único y suficiente para que los jóvenes puedan hacer un cambio. Si bien en la literatura aparece como un aspecto central (especialmente al inicio del proceso), también se menciona que esta debe ir acompañada de otros elementos que resultan fundamentales para mantener el proceso de cambio (Laub & Sampson, 2003 en LeBel et al., 2008), como los de familia y comunidad; aquello pudiera dar cuenta más bien de un trabajo inexistente en esas dimensiones y se transmite de ese modo una sensación de sentido común de que el entorno de los sujetos determina su comportamiento transgresor, dejando solo a aspectos personales la posibilidad de modificación. De cualquier modo, aún la referencia a lo individual resulta parcial por cuanto no se menciona la identidad, aun cuando esta conforma un aspecto central dentro del paradigma del desistimiento y que, según la misma teoría, es una dimensión que cobra especial relevancia al trabajar con población adolescente (Maruna, 1999; Murray, 2009 en Blasco, 2012). Lo anterior podría deberse a que el modelo de trabajo propuesto por SENAME tampoco contempla la identidad como una dimensión de la intervención; esto es relevante, considerando la importancia que los profesionales le otorgan como elementos orientadores de su quehacer a los aspectos normativos e institucionales, cuestión no considerada en las teorías de cambio. En suma, se puede afirmar que en los profesionales existe una percepción cargada hacia las posturas denominadas “fuertemente subjetivas” (LeBel et al., 2008), donde los factores individuales son lo fundamental para generar un proceso de cambio.

Cabe discutir la categorización que los profesionales hacen respecto a los jóvenes que sí pueden cambiar y aquellos que no. En primer lugar porque, según la literatura especializada, quienes son mencionados como los que sí pueden cambiar, se enmarcarían en un perfil de delincuencia propia de la adolescencia, de carácter exploratoria, donde el comportamiento delictual tiende a desaparecer con el paso a la adultez y en la mayor parte de los casos sin necesidad de intervención penal (Pérez-Luco, Lagos, & Báez, 2012). Por otro lado, aquellos jóvenes catalogados como los que no pueden cambiar corresponden a casos de mayor complejidad delictual, siendo precisamente ellos a quienes van dirigidas las intervenciones de alta intensidad como la privación de libertad (Pérez-Luco et al., 2012). Esto da la impresión de poca claridad respecto a las características de la población objetivo de este tipo de sanción en general, y de este Centro en particular.

En relación con la intervención y los procesos de cambio, los profesionales mencionan varios elementos que coinciden con la literatura, destacando el rol del vínculo (Burnett & McNeill, 2005) y la ampliación de dominios (Zambrano & Pérez-Luco, 2004) como aspectos centrales de la intervención. Es posible observar diferencias en el énfasis que cada profesional otorga a los distintos dominios, lo que puede asociarse a la profesión de cada uno o al perfil que la misma institución busca para cada cargo. Por otra parte, si bien todos los profesionales reconocen el vínculo como un aspecto poderoso e influyente en la intervención, surge la interrogante sobre si recurren a este como una estrategia para promover el cambio o más bien para mantener el buen comportamiento de los jóvenes durante el tiempo de condena.

Otro aspecto relevante es el posible efecto de la privación de libertad en los procesos de cambio de los jóvenes, resultando especialmente llamativa la descripción de la cárcel, por parte de algunos interventores, como un espacio donde los jóvenes pueden aprender a vivir en comunidad. Esto resulta paradójico, ya que si bien los individuos efectivamente pueden adaptarse a vivir en el contexto carcelario, este suele constituir una comunidad bastante particular, y aprender a vivir en ella puede resultar desadaptativo para la inserción en la sociedad convencional (Goffman, 1994; Manzanos, 1992).

En cuanto a los efectos del contexto de privación de libertad en el trabajo profesional, llama la atención la descoordinación profesional y precariedad de los recintos, referida por los entrevistados. Además, se desprende del discurso de los profesionales, una pérdida de la capacidad crítica hacia la institución carcelaria y el propio trabajo realizado. Según lo planteado por Segovia (2001), esto puede entenderse como un mecanismo de defensa que permite a los interventores preservar su autoestima e integridad personal. Esto se aprecia claramente cuando hacen referencia a factores estructurales, normativos e institucionales, a modo de explicación de porqué el cambio muchas veces no se logra; sin embargo, cuando el cambio sí se produce, lo atribuyen en buena parte a la intervención en el contexto carcelario, aun cuando este ocurra muchos años después de la sanción. La discusión de los elementos señalados, permite comprender de mejor forma los resultados obtenidos en relación con las posibilidades de cambio en adolescentes infractores de la ley penal, las que en la actualidad se visualizan muy escasas.

Conclusiones finales

En términos generales, las percepciones de los profesionales del CIP-CRC San Bernardo, dan cuenta de una comprensión multifactorial de los procesos de cambio de los jóvenes con quienes intervienen. Se observa que identifican varios de los factores involucrados en los procesos de cambio, que coinciden con lo señalado por la literatura especializada; sin embargo, se aprecia poca claridad respecto a cómo estos factores se relacionan entre sí. En función de esto, resulta pertinente una mayor capacitación y especialización, que permita a los profesionales articular sus conocimientos sobre el cambio e integrarlos en un marco teórico y comprensivo más amplio. En la misma línea, sería provechoso desarrollar instancias de discusión y reflexión entre los interventores, acerca de su rol como operarios del sistema de justicia juvenil, dentro de los procesos de cambio de los jóvenes.

Todos los profesionales entrevistados afirman creer en el cambio, sin embargo, sus estimaciones del mismo, en términos porcentuales, son muy bajas. Frente a esta evidente contradicción, sería interesante generar una reflexión más profunda, respecto a cómo las propias expectativas pueden incidir en la visión que cada joven tiene sobre sus capacidades y posibilidades reales de cambio. El trabajo en esta dimensión podría contribuir a que cada interventor se posicione como agente activo, entre los distintos factores asociados al cambio.

Por otro lado, se aprecia una sensación de resentimiento, por parte de los profesionales hacia la institución, pues sienten escaso apoyo por parte del SENAME, para trabajar con una población altamente compleja. Frente a esto, surge la necesidad de mayor claridad por parte de la institución, respecto a lo que se espera de la intervención al interior de la cárcel, así como cuáles son los parámetros de éxito versus fracaso; desde el paradigma del desistimiento, el abandono del delito es un proceso gradual, por lo que establecer objetivos intermedios entre la comisión de delitos y el abandono total de estas conductas podría aliviar a los interventores de la presión profesional, institucional y social, respecto de su labor. Al mismo tiempo, resulta imperiosa la realización de estudios de seguimiento posteriores a la sanción privativa de libertad, que permitan retroalimentar a los profesionales respecto del trabajo realizado y al sistema de justicia juvenil respecto de su funcionamiento más global.

Por último, pese a que existen diferentes cargos al interior de cada equipo de trato directo, se aprecia un cierto grado de traslape y confusión respecto a las tareas y funciones que cada uno debe cumplir. En ese sentido, resulta necesaria una mayor diferenciación en las funciones de cada cargo, explicitar qué competencias son transversales a todos los operarios del sistema y cuál es el fin último del trabajo interdisciplinario. Esto, con el fin de comprender cómo cada miembro del equipo, desde su área de experticia, contribuye al fin último de la no reincidencia y, eventualmente, el desistimiento delictivo.

Limitaciones e investigaciones futuras

Dentro de las principales dificultades de este estudio se encontró que, durante las entrevistas, gran parte de los profesionales tuvo dificultades para hablar sobre el cambio, desviándose con frecuencia hacia explicaciones sobre la delincuencia y la reincidencia. En ese sentido, fue posible apreciar la capacidad de los entrevistados para identificar los factores que contribuyen al problema de la delincuencia y las barreras que impiden su abandono, pero una escasa habilidad para visualizar qué es lo que finalmente favorece el desarrollo de una vida convencional. Otra dificultad observada corresponde a una visión del cambio limitada al tiempo de permanencia de los jóvenes al interior del Centro y no desde una perspectiva más amplia donde este sea considerado un proceso que puede trascender el período de condena.

Respecto a las limitaciones de esta investigación, cabe señalar que el proceso de recolección de datos estuvo coordinado en su totalidad por la institución, quienes definieron los tiempos y espacios que se iban a utilizar, además de seleccionar a los profesionales que participaron de ella. Otro aspecto relevante alude a la imposibilidad de realizar entrevistas posteriores que permitieran aclarar y/o profundizar algunas temáticas.

En futuras investigaciones relacionadas con este estudio, sería interesante extender los objetivos de esta investigación a nivel nacional, quizá a través de instrumentos tipo encuesta que permitan estudiar una muestra representativa de los distintos actores del sistema de justicia juvenil. También sería relevante incorporar la mirada de profesionales que se desempeñen en sanciones alternativas a la reclusión o que trabajen con población adolescente de sexo femenino. Por último, sería importante investigar las percepciones de cambio de la misma población adolescente que recibe la sanción penal.

Referencias

Alarcón, M., & Vargas, M. (2012). Evaluación de competencias psicoeducativas a partir de un programa de formación especializada para profesionales de intervención directa con adolescentes infractores y no infractores. Universitas Psychologica, 11(4), 1115-1123. http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/1115

Andréu, J., García-Nieto, A., & Pérez, A. (2006). Evolución de la teoría fundamentada como técnica de análisis cualitativo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Barry, M. (2007). Listening and learning: The reciprocal relationship between worker and client. Probation Journal, 54(4), 407-422. http://dx.doi.org/10.1177/0264550507083539

Blasco, C. (2012). Descripción y análisis de los factores protectores de los adolescentes en la prevención del delito: el perfil del adolescente desistente y las competencias emocionales asociadas. Barcelona: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Recuperado de http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/200095/factors_proteccio_adolescents_casrt.pdf?sequence=1

Burnett, R., & McNeill, F. (2005).The place of the officer-offender relationship in assisting offenders to desist from crime. Probation Journal, 52(3), 221-242. http://dx.doi.org/10.1177/0264550505055112

Chile, Ley 20084 de 2005 [Ministerio de Justicia]. Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Noviembre 28 de 2005. Recuperado de http://www.leychile.cl/N?i=244803&f=2011-08-13&p=

Cid, J., & Martí, J. (2011). El proceso de desistimiento de las personas encarceladas. Obstáculos y apoyos. Barcelona: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Recuperado de http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/sc_3_175_11_cast.pdf

Colegio de Psicólogos de Chile. (2008). Código de ética profesional. Santiago de Chile: Comisión de Ética.

Dionne, J., & Altamirano, C. (2012). Los desafíos de un verdadero sistema de justicia juvenil: una visión psicoeducativa. Universitas Psychologica, 11(4), 1055-1064. http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/1055/3337

Farrall, S., & Calverley, A. (2006).Understanding desistance from crime. Theoretical directions in resettlement and rehabilitation. Maidenhead/Berkshire, EN: Open University Press.

Fundación Paz Ciudadana. (2013). Balance de la delincuencia 2012. Recuperado de http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/07/2013-05-13_balance-de-la-delincuencia-2012.pdf

Gaínza, A. (2006). La entrevista en profundidad individual. En M. Canales (Ed.), Metodologías de investigación social. Introducción a los oficios (pp. 219-251). Santiago de Chile: LOM.

Goffman, E. (1994). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires: Amorrortu.

Laub, J., & Sampson, R. (2001).Understanding desistance from crime. Crime and Justice, 28, 1-69. http://dx.doi.org/10.1086/652208

Laws, R., & Wards, T. (2010). Desistance from sex Offending. Alternatives to throwing away the keys. Nueva York: Guilford Press.

LeBel, T., Burnett, R., Maruna, S., & Bushway, S. (2008). The “Chicken and Egg” of subjective and social factors in desistance from crime. European Journal of Criminology, 5, 131-160. http://dx.doi.org/10.1177/1477370807087640

Macdonald, R., Webster, T., Shildrick, C., & Simpson, M. (2011). Paths of exclusion, inclusion and desistance: Understanding marginalized young people’s criminal careers. En Escape routes. Contemporary perspectives in life after punishment (pp. 134-157). Londres: Routledge.

Manzanos, C. (1992). Cárcel y marginación social. Contribución crítica e investigación aplicada a la sociedad vasca. San Sebastián, ES: Gakoa.

Maruna, S. (1999). Desistance and development: The psychosocial process of going straight. The British Criminological Conferences: Selected Proceedings. British Society of Criminology Proceedings, 2, 1-25. http://dx.doi.org/10.1.1.576.1647

McNeill, F. (2006).A desistance paradigm for offender management. Criminology and Criminal Justice, 6(1), 39-62. http://dx.doi.org/10.1177/1748895806060666

Pérez-Luco, R., Lagos, L., & Báez, C. (2012). Reincidencia y desistimiento en adolescentes infractores: análisis de trayectorias delictivas a partir de autorreporte de delitos, consumo de sustancias y juicio profesional. Universitas Psychologica, 11(4), 1209-1225. http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/1209/3351

Pucci, F., Rojido, E., Trajtenberg, N., & Vigna, A. (2009). Explicaciones de la no reincidencia delictiva. En El Uruguay desde la sociología VII (pp. 295-310). Montevideo: CBA.

Segovia, J. (2001). Consecuencias de la prisionización. Cuadernos de Derecho Penitenciario, 8, 1-27. Recuperado de http://web.icam.es/bucket/1390164532_200404130003_6_08.pdf

Servicio Nacional de Menores. (2011). Orientaciones técnicas para la intervención. Centros de cumplimiento de condena régimen cerrado con programa de reinserción social. Recuperado de http://www.sename.cl/wsename/otros/Orientaciones_Tecnicas_para_Intervencion_Centros_Cerrados_2011.pdf

Servicio Nacional de Menores. (2014). Boletín estadístico niños/as y adolescentes cuarto trimestre 2013 infractores. Recuperado de http://www.sename.cl/wsename/otros/bestnacionales/4/BE_INFRACTORES_201312.pdf

Servicio Nacional de Menores. (2017). Bases de postulación proceso de selección externo N.° 022. Recuperado de http://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2017/01/PSE_022_bases_18-05-2017.pdf

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Bogotá: Editorial Universidad de Antioquia.

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (2010). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós.

Wexler, D. (2001). Robes and rehabilitation: How judges can help offenders “make good”. Court review: The journal of the American judges association, 38(1), 18-23. Recuperado de http://aja.ncsc.dni.us/publications/courtrv/cr38-1/cr38-1.pdf

Zambrano, A., & Pérez-Luco, R. (2004). Construcción de identidad en jóvenes infractores de ley, una mirada desde la psicología cultural. Revista de Psicología Universidad de Chile, 13(1), 115-132. http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2012.17491

Notas

* Artículo de investigación.

1 Por esta razón la gran mayoría de quienes cumplen sanciones privativas de libertad, por delitos cometidos siendo menores de edad, tiene más de 18 años.

2 CIP-CRC: Sigla que se usa para denominar aquellos centros privativos de libertad donde se encuentran jóvenes imputados y condenados (CIP: Centro de Internación Provisoria; CRC: Centro de Régimen Cerrado).

Notas de autor

a Autor de correspondencia. Correo electrónico: deciomettifogo@gmail.com

Información adicional

Para citar este artículo: Mettifogo Guerrero, D., Reyes Rosales, M., & Vildósola Soto, V. (2018). Percepciones de cambio de profesionales de una cárcel juvenil en Chile. Universitas Psychologica, 17(2). doi: https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-2.pcpc

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