Recuperando la clase social en el estudio de la acción colectiva. El caso de un movimiento socioambiental chileno*

Revisiting Social Class in the Study of Collective Action. The Case of a Chilean Socio-Environmental Movement

Universitas Psychologica, vol. 19, 2020

Pontificia Universidad Javeriana

Nicolás Muñoz

Universidad de Chile, Chile


Rodrigo Asún

Universidad de Chile, Chile


Claudia Zúñiga a

Universidad de Chile, Chile


Recibido: 03 Diciembre 2019

Aceptado: 16 Julio 2020

Resumen: El presente trabajo tuvo como objetivo identificar el rol de la clase social en la participación o no participación de las personas en acciones de protesta, en el marco de las movilizaciones socioambientalistas, llevadas a cabo el año 2016 en la Isla de Chiloé, en el sur de Chile. Para esto, se realizó un estudio cuantitativo transversal, aplicándose una encuesta a una muestra aleatoria de 400 personas mayores de 18 años, de las dos principales ciudades de la isla. Se puso a prueba un modelo de ecuaciones estructurales que incluye variables identificadas por la psicología social como predictores de la participación en acciones colectivas, además de la posición de clase de los individuos, la que tradicionalmente no es considerada por la psicología social en la investigación en este campo. Los resultados muestran que el modelo propuesto ajusta adecuadamente a los datos, y que la clase social es un importante predictor de la participación en la acción colectiva, pero en la dirección opuesta a la hipotetizada. Es decir, fueron las personas de clases más altas y de sectores medios quienes tendieron a participar más en las protestas. Se discuten las implicancias de estos resultados en el marco de los movimientos socioambientales.

Palabras clave:acción colectiva, protesta social, clase social, identidad social, movimiento socioambiental.

Abstract: The aim of the present work was to identify the role played by the social class in the participation or non-participation of people in protest actions, in the context of the socio-environmental mobilizations that took place in 2016 on Chiloé Island, in the southern Chile. A quantitative cross-sectional study was carried out, by applying a survey to a random sample of 400 people over the age of 18, from the two main cities of the island. A structural equations model was tested that included variables traditionally identified by social psychology as predictors of participation, in addition to the social class of individuals, variable that is not usually included in social psychology studies in this field. The results show that the proposed model presented an adequate fit and the social class is an important predictor of participation in collective action, although in the opposite direction to that hypothesized. That is, it was the upper and middle class people who tended to participate more in the protests. The implications of these results are discussed in the context of social-environmental movements.

Keywords: collective action, social protests, social class, social identity, socio-environmental movement.

En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento de las protestas sociales en todo el mundo (Akaev et al., 2017). Desde levantamientos en Medio Oriente contra regímenes opresivos a movimientos en distintos países de Europa contra las políticas de austeridad, incluyendo un reciente movimiento de carácter global a favor de los derechos de las mujeres, levantamientos populares en 2019 en varios países de América del Sur y protestas masivas contra el racismo en los Estados Unidos, en medio de la pandemia de Covid-19.

Entre la diversidad de razones por las que las personas se movilizan, las preocupaciones de carácter medioambiental ocupan actualmente un lugar relevante (Poma, 2014), especialmente en América Latina (Svampa, 2013), a partir de la profundización del modelo económico extractivista. Estas protestas destacan no solo por su frecuencia y convocatoria, sino también por concitar a actores tradicionalmente no implicados en acciones colectivas (Poma & Gravante, 2015).

La psicología social ha realizado importantes aportes en la comprensión de los factores que motivan a las personas a involucrarse en la acción colectiva (Klandermans & van Stekelenburg, 2007; van Zomeren et al., 2008), y entre los predictores identificados destacan la identidad con el grupo (e. g., McGarty et al., 2009; Tajfel & Turner, 1979; Thomas et al., 2012), las evaluaciones de injusticia (e. g., Becker & Wright, 2011; Wright & Taylor, 1998), emociones como la rabia o la indignación (e. g., Hayward et al., 2018; Leonard et al., 2011) y la eficacia colectiva, es decir la confianza en que el propio grupo tiene la capacidad de lograr los cambios deseados por medio de la acción colectiva (e. g, Hornsey et al., 2006).

El gran poder explicativo de estas variables ha implicado que los modelos psicosociales que pretenden explicar la participación de los individuos en acciones colectivas, no consideren las condiciones materiales de vida de los participantes. Esto es comprensible ya que, por un lado, las teorías de agravios (grievances), que asumían que era la existencia de privaciones materiales la que motivaba a las personas a involucrarse en acciones colectivas, demostraron no ser adecuadas, o al menos no ser suficientes, para explicar el comportamiento de protesta (Tyler & Smith, 1998; Van Zomeren et al., 2008); y por otro, la investigación empírica ha mostrado también que quienes tienden a protestar más son quienes poseen mayores recursos para hacerlo, ya sean recursos económicos (Dalton, 2017; Verba et al., 1995) o condiciones biográficas que facilitan el tiempo para ello (Wiltfang & McAdam, 1991). En consecuencia, la evidencia parece indicar que la participación es asunto de privilegiados y no de las clases más carenciadas.

Sin embargo, la mayor parte de la investigación sobre la participación en acciones colectivas se ha realizado en Europa occidental, Norteamérica o Australia (Ayanian & Tausch, 2016), es decir, en países que se caracterizan por una cierta abundancia material, en circunstancias en las que existe evidencia de contextos de crisis o carencias materiales la participación de los más afectados se hace más relevante (Galais & Lorenzini, 2017), y se sabe que es la población con menores ingresos y trabajos más dependientes de los recursos ecosistémicos la que tiene mayor vulnerabilidad ante los desastres medioambientales (Carter et al., 2007).

Por estas razones, cabe preguntarse si en un contexto de crisis medioambiental, mayores carencias socioeconómicas y profundas desigualdades, como América Latina, es posible que las condiciones materiales de vida, expresadas en la clase social, tengan un rol relevante en la predicción de la participación en acciones colectivas. Para responder a esta pregunta, el presente estudio tiene por objetivo identificar los predictores de la participación en el caso de un conjunto de protestas de carácter medioambiental, llevadas a cabo en la Isla de Chiloé, en el sur de Chile, durante el mes de mayo del 2016.

Predictores psicosociales de la participación en acciones colectivas

De acuerdo con Wright et al. (1990), un miembro de un grupo se involucra en una acción colectiva cada vez que él o ella actúa en nombre de ese grupo y la acción se dirige a mejorar las condiciones de todos los miembros. Esta acción suele tener como objetivo desafiar la discriminación o la desventaja grupal o terminar o prevenir una injusticia.

Los modelos psicosociales actualmente más reconocidos para explicar la participación de las personas en acciones colectivas, son el Modelo de Identidad Social de la Acción Colectiva (SIMCA, por sus siglas en inglés) de van Zomeren et al. (2008) y el Modelo Motivacional de la Acción Colectiva de van Stekelenburg et al. (2011). Ambos modelos (cuyas representaciones gráficas y comparación pueden encontrarse en Chan, 2016) incluyen entre los predictores de la participación, la identidad social de las personas, la percepción de que se está sufriendo una injusticia y la percepción de que las protestas pueden ser un medio eficaz para lograr los objetivos deseados.

Otras variables que han mostrado estar asociadas a la participación en acciones colectivas son el grado de legitimidad que se asigna a la conducta de protesta (Simon & Klandermans, 2001) y la identidad social politizada (Sabucedo et al., 2010). Esta última se refiere a una forma de identidad colectiva que motiva a los sujetos a implicarse en la lucha por el poder, y se caracterizaría por que los miembros del grupo perciben que sufren agravios e injusticias debido a su pertenencia grupal y atribuyen a un exogrupo de la responsabilidad por esos agravios (Sabucedo et al., 2010). Por todo lo anterior, incluiremos en nuestro modelo las más relevantes de estas predictoras psicosociales de la participación colectiva.

Medición de la clase social

La posición de los sujetos en el sistema productivo ha demostrado una alta capacidad de explicar las luchas sociales del pasado (De la Garza, 2016), incluso en momentos cuando no es explícito el conflicto de clases (Schmidt, 2011). No obstante, dada la evolución y complejización de la sociedad, una noción tradicional de clase social no permite comprender la actual estructura social, sino que se requiere recurrir a una perspectiva que incorpore el crecimiento de las clases medias de la población. En este sentido, la propuesta neomarxista de Olin Wright (1994, 2000) permite esta complejización, y al mismo tiempo respeta la noción tradicional de clase social ligada a la posición en la estructura productiva.

Wright (2000) plantea que el marxismo clásico se equivocó al limitar el problema de las clases sociales a la dicotomía entre la burguesía y el proletariado (como reflejo de la dialéctica capital-trabajo), argumentando que actualmente entre ambos polos es posible encontrar una serie de posiciones contradictorias, puesto que la posición de gerentes y supervisores, así como la de la pequeña burguesía, no se condice necesariamente con la propiedad sobre los medios de producción, el control de las inversiones de capital y los procesos de trabajo (Wright, 1994). A partir de ello, el autor vuelve a elaborar el modelo de clases sociales pasando a un modelo tridimensional que considera la apropiación y explotación de diversos tipos de bienes: a) propiedad sobre los medios de producción; b) jerarquía ocupada en los procesos productivos y c) dominio de certificaciones educacionales credencializadas.

La estructura de clases que surge de este modelo se puede observar en la Figura 1, donde se presentan 12 clases sociales, ordenadas primero por poseer o no medios de producción (categoría que divide a la burguesía, pequeños empleadores y pequeña burguesía, del resto), luego por disponer de habilidades credencializadas y, finalmente, por su dominio de bienes de organización (habilidades y capacidades directivas). Dada la capacidad que tiene este modelo de clases para discriminar posiciones intermedias entre la burguesía y el proletariado, será el que incluiremos en nuestro modelo.

Modelo de 12 clases de Wright
Figura 1.
Modelo de 12 clases de Wright


El caso estudiado: protestas socioambientales en la isla de Chiloé

Los movimientos socioambientales han sido entendidos como parte de los nuevos movimientos sociales, que se caracterizarían por acciones de movilización y organización política fuera de los márgenes habituales del conflicto social. Es decir, se trataría de un tipo de movimientos que construyen demandas que exceden las clásicas reivindicaciones laborales o sindicales, convocan a personas más diversas que los militantes tradicionales y, además, generan formas organizativas usualmente más horizontales y democráticas (Berrio, 2006).

Sin embargo, algunos autores discuten tanto el carácter novedoso de estos movimientos (Pichardo, 1997) como su carácter democratizador y no “clasista” (Gledhill, 1990). Apoyados en esas críticas y en la evidencia que señala que son los sectores menos poseedores de capitales los más afectados por los desastres medioambientales (Carter et al., 2007), es que proponemos incorporar la clase social a la explicación del movimiento ocurrido en la isla de Chiloé.

Este movimiento se enmarca en una larga serie de conflictos socioambientales ocurridos en la historia de Chile (Folchi, 2001). Sin embargo, hasta hace poco estos se caracterizaron por movilizar a solo pequeños sectores de la población, ocurriendo en territorios muy específicos y localizados (Aliste & Urquiza, 2010). Esta situación ha tendido a cambiar en los últimos años, identificándose más de 100 conflictos medioambientales en Chile entre 2005 y 2014. En la mayoría de los casos, estos conflictos están asociados al modelo extractivista centralizado dominante en el país, que tiende a explotar los recursos naturales de las regiones, sin dejar en ellas una proporción equivalente de los beneficios de dicha extracción (Delamaza et al., 2017).

La isla de Chiloé, en el sur de Chile, constituye un caso típico de este tipo de modelo de desarrollo: ha experimentado grandes cambios en los últimos 40 años, integrándose una creciente industria extractivo-exportadora (Barton & Román, 2016), entre la que destaca, por su importancia social, ecológica y económica, la industria salmonera (Bustos-Gallardo & Prieto, 2019). Con la industria del salmón se inicia en la isla un proceso de modernización acelerada, inserción en dinámicas globales y encadenamientos productivos, bajo los imperativos económicos de las ventajas comparativas y la especialización territorial (Román et al., 2015). Este proceso, iniciado en el gobierno militar, se profundiza luego de la recuperación de la democracia, y a la continua expansión de las concesiones acuícolas se suman acusaciones en torno al manejo y preservación del medioambiente marino, imputaciones de dumping1, sobremedicación de los salmones, gestión ambiental deficiente y una crisis por la difusión incontrolada de un virus que enfermó a millones de salmones (Barton & Fløysand, 2010; Bustos, 2012; Fløysand, 2015).

Durante el mes de mayo del año 2016, se vivió en la zona una aguda crisis ambiental y social tras el decreto de cierre de las operaciones pesqueras y acuícolas a raíz de la llamada “marea roja”2, lo que amenazó el sustento de cientos de familias al impactar directamente el desarrollo de las actividades económicas de pescadores artesanales de la isla. Estos últimos atribuyeron la responsabilidad de tales problemas a la mala gestión residual de la industria salmonera de la zona, y por tanto, al Gobierno, por la falta de fiscalización, iniciándose un debate científico no resuelto hasta el día de hoy (Valdebenito, 2018).

Como respuesta a esta situación se produjeron masivas protestas de pescadores y otros sectores de la ciudadanía, paralizando la zona por casi tres semanas, en lo que fue llamado el “mayo chilote” por sus protagonistas, convirtiéndose en una de las más importantes movilizaciones en la historia de esta región y posicionando el problema socioambiental en el debate público. Entre las reivindicaciones de esta movilización se levantaron demandas que iban desde compensaciones económicas a las familias afectadas por la suspensión de sus fuentes de ingresos, hasta transformaciones profundas al modelo de desarrollo extractivista (Cabello et al., 2018).

En forma paralela a las movilizaciones por parte de los propios habitantes de Chiloé, se generó una campaña mediática, organizada por grupos ambientalistas, bajo el hashtag de #ChiloeResiste. Junto a ello, se observa la introducción de nuevos actores en las discusiones, como grupos ambientalistas y estudiantes universitarios, quienes organizaron manifestaciones de apoyo a los pescadores y rechazo a la gestión del Gobierno en el conflicto en distintas regiones del país (Valdebenito, 2018).

Las movilizaciones concluyeron tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de pescadores y comerciantes, dejando como consecuencia una profunda discusión acerca de las causas naturales y humanas del desastre y una cierta división entre las dos vertientes del movimiento: el movimiento de los pescadores y gente de mar y el movimiento ambientalista conformado por organizaciones y colectivos de diverso tipo (Cabello et al., 2018).

Modelo propuesto

Con base en los antecedentes expuestos, se decidió estudiar la participación de las personas en las protestas socioambientales de Chiloé del año 2016, poniendo a prueba un modelo que considera las variables psicosociales con mayor evidencia de asociación con la participación en la acción colectiva y agrega una variable olvidada por la psicología social: la clase social.

Tal como se observa en la Figura 2, este modelo asigna un rol exógeno central pero indirecto a la identidad social y propone que entre esta y la participación en las protestas median: la percepción de que el grupo sufre agravios importantes, que el responsable de esa situación es el exogrupo; que el grupo tiene la capacidad de lograr los cambios esperados (eficacia colectiva), y el grado de legitimidad que se asigna a la conducta de protesta. Además, se propone que la clase social opera al mismo nivel que la identidad social, es decir, como una variable exógena que incide indirectamente en la participación a través de los mismos mediadores. Se hipotetiza una mayor participación de las clases poseedoras de menos capitales, que fueron quienes vieron sus medios de subsistencia amenazados por la marea roja.

Modelo propuesto para explicar la participación en protestas
Figura 2.
Modelo propuesto para explicar la participación en protestas


En la Figura 2, la posición de clase se grafica con un rectángulo, a diferencia del resto de las variables para las que se utilizan óvalos, debido a que esta se ha medido como una variable observada, mientras las otras se han considerado variables latentes, tal como se explica en la sección de Método.

Método

Participantes

Durante los meses de mayo y junio del año 2017, se aplicó una encuesta a 400 personas mayores de 18 años, de las dos principales ciudades de la Isla Grande de Chiloé: Ancud y Castro, que contaban ese año con 61 500 habitantes entre las dos (Instituto Nacional de Estadística, 2017). El proceso de muestreo fue aleatorio, con un diseño polietápico por conglomerados y un margen de error muestral de 5 %, con un 95 % de confianza. El 50.2 % de los participantes fueron hombres y el 49.8 %, mujeres. El rango de edad fue de 18 a 94, la media fue 49.8 años y la desviación estándar 16.8 años. Desde el punto de vista educativo, se obtuvo una muestra muy heterogénea, donde el 33 % de la muestra tenía solo educación básica (8 años de estudio o menos), el 14 % siguiente, entre 8 y 11 años de estudios (no llegando a los 12 años de educación obligatoria del sistema chileno), mientras que el 26 %, educación secundaria completa y el 27 % tenía estudios superiores técnicos o universitarios. Desde el punto de vista socioeconómico, la media de ingresos de la muestra era de aproximadamente USD 800, pero con alta heterogeneidad, pues la desviación estándar fue de USD 864.

Instrumentos

Escala de Identidad Regional (RIS-2). Se utilizó una versión de 17 ítems de esta escala tipo Likert, adaptada para Chiloé, que tiene cinco categorías de respuesta, desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, con la categoría intermedia ni de acuerdo ni en desacuerdo. La RIS-2 ha demostrado muy buenas propiedades psicométricas en población chilena. Alfa para datos ordinales = 0.95 (McDonald, 1985), muy buen ajuste al modelo propuesto (χ2116 = 664.51; RMSEA = 0.07; TLI = 0.98; CFI = 0.99; SRMR = 0.04) y evidencias de validez convergente (para más detalles ver Asún et al., 2018). Ejemplos de ítems son: “Me siento orgulloso/a de ser parte de Chiloé” y “Con sus cosas buenas y malas, este es el lugar y la cultura a la que pertenezco”.

Participación en acciones colectivas. Se utilizó una versión adaptada del índice de participación en acciones colectivas desarrollado por Asún y Zúñiga (2013a). Con base en un análisis de prensa en el que se identificó el tipo de acciones de protesta realizadas durante las manifestaciones estudiadas, se seleccionó un conjunto de 15 ítems, cada uno de los cuales hace referencia a una de las tácticas de protesta utilizadas en este movimiento. Se preguntó a los encuestados si habían participado en estas acciones y las alternativas de respuesta fueron nunca, una vez o más de una vez. Ejemplos de ítems son: Marchas, Manifestaciones, Recolección de firmas y/o dinero, Apoyo a los manifestantes, Huelga, Ocupación de edificios o espacios públicos, Barricadas o bloque de rutas y Enfrentamiento con la policía.

Además, se construyó un conjunto de escalas ad hoc, cuyas características se describen a continuación. Dado que se trata de instrumentos sin evidencias previas de validez, en la primera parte de la sección de resultados se analizan sus propiedades psicométricas.

Percepción de identidad agraviada. Para medir este constructo se construyeron cuatro ítems tipo Likert a partir del concepto de identidad movilizada de Simon y Klandermans (2001) y Sabucedo et al. (2010). Se mide el grado en que se percibe que la vida en Chiloé es más difícil que en otros lugares del país y las alternativas de respuesta fueron cinco, desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Un ejemplo de ítem es: “Los habitantes de Chiloé tenemos que enfrentar muchos problemas solo por el hecho de vivir acá”.

Atribución exogrupal del agravio. También siguiendo el concepto de identidad politizada de Simon y Klandermans (2001) y Sabucedo et al. (2010) se construyeron seis ítems tipo Likert, con cinco categorías de respuesta desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, que miden el grado en que se percibe que actores externos, en este caso el Gobierno central, son los responsables de las carencias de Chiloé. Un ejemplo de ítem es: “El Gobierno es el responsable de la mayoría de los problemas que tiene Chiloé”.

Eficacia colectiva. Apoyándonos en la discusión respecto del concepto de eficacia de Hornsey et al. (2006) se construyeron seis ítems tipo Likert, con cinco categorías de respuesta, que van desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, que miden el grado en que se percibe que era posible lograr los objetivos deseados a través de las protestas. Un ejemplo de ítem es: “Los habitantes de Chiloé teníamos la capacidad de organizarnos para lograr nuestros objetivos”.

Legitimidad atribuida a protestas. Apoyándonos en la conceptualización de Simon y Klandermans (2001) respecto de la importancia de que las personas vean las protestas como legítimas, se construyeron cuatro ítems tipo Likert, con cinco categorías de respuesta, que van desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, que miden el grado en que se percibe que las protestas son una herramienta de presión legítima para lograr objetivos político-sociales. Un ejemplo de ítem es: “Los movimientos sociales son una forma válida de influir en las autoridades”.

Posición de clase. Se consultó la profesión u oficio de la persona que aporta el mayor ingreso al hogar, el nivel educativo y el número de trabajadores que tiene a su cargo esa persona. Para la clasificación de esta información se utilizó una combinación de tres sistemas de categorización de actividades económicas: la Clasificación de Actividades Económicas (CAE) elaborada por el Servicio de Impuestos Internos chileno; el Clasificador Chileno de Actividades Económicas, en su cuarta versión (CIIU4.CL) y 3) el Clasificador Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88) elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La razón de considerar estos tres criterios de clasificación se basa en la precaución que hace Wright (1994) sobre la operacionalización de su propuesta, dado que existen distintos criterios en torno a los límites teóricos entre la pequeña burguesía y el proletariado. Por ejemplo, el autor propone que tradicionalmente las actividades extractivas y tradicionales, como la pesca artesanal, corresponden a posiciones de clase proletarias, a pesar de que estos puedan disponer ―o no― una embarcación propia. Distinto es el caso de los armadores y dueños de embarcaciones de mayor envergadura dada su capacidad de contratar mano de obra.

Análisis de datos

Para determinar la consistencia interna de las variables medidas, se calculó su fiabilidad por medio del índice Omega ([para adaptarse a la naturaleza ordinal de los ítems tipo Likert]; McDonald, 1999) y se aplicó una serie de análisis factoriales confirmatorios a los ítems que medían cada constructo, salvo los de posición de clase, que no fue tratada como variable latente sino observada. Respecto de esta última, se realizó una evaluación de la posibilidad de atribuir una posición de clase a cada sujeto encuestado y su distribución de frecuencia, es decir, describir la estructura de clase de la muestra.

Luego de la estimación de las propiedades psicométricas de los instrumentos utilizados, se puso a prueba el modelo propuesto, empleando un Modelo de Ecuaciones Estructurales, dado que esta técnica busca establecer relaciones de causalidad entre variables latentes y observadas (Rdz-Navarro & Asún, 2016). Como procedimiento de estimación se utilizaron los mínimos cuadrados ponderados (WLSMV, por sus siglas en inglés), que ha demostrado ser un muy buen procedimiento para estimar la relación entre variables medidas con ítems ordinales (Asún et al., 2016). Todos los análisis estadísticos se realizaron empleando el software Mplus (Muthén & Muthén, 2011).

Resultados

Propiedades psicométricas de los instrumentos

Para evaluar las propiedades psicométricas de la versión adaptada a Chiloé, de la Escala de Identidad Regional (RIS-2), se puso a prueba un modelo unidimensional con sus 17 ítems. Los resultados indicaron un buen ajuste (χ2119 = 352.71; RMSEA = 0.07; CFI = 0.978; TLI = 0.974), con casi todos los ítems con cargas factoriales superiores a 0.5. Solo un ítem tuvo un funcionamiento deficiente (carga factorial -0.43), por lo que fue eliminado. El índice Omega con los 16 ítems restantes fue muy adecuado (ω = 0.962).

Dado que la Percepción de identidad agraviada y la Atribución exogrupal del agravio conforman conjuntamente el constructo de identidad politizada (Sabucedo et al., 2010), se decidió poner a prueba un modelo factorial bidimensional de dos constructos correlacionados. Este modelo mostró un muy buen ajuste (χ219 = 48.95; RMSEA = 0.063; CFI = 0.991; TLI = 0.986), con todos los ítems del primer instrumento con cargas factoriales superiores a 0.6 y con cuatro de los ítems de los seis de la atribución exogrupal del agravio con cargas mayores a 0.5. Los dos ítems que no tuvieron buen ajuste fueron eliminados. Finalmente, es de señalar que la relación entre ambos instrumentos fue bastante alta (r = 0.865) lo que indica que aquellos participantes que consideran que las personas en Chiloé viven vidas más difíciles que los habitantes de otras regiones, tienden a atribuir la causa de dichos problemas al Gobierno central. El Omega para la percepción de identidad agraviada fue 0.82, mientras que para el instrumento de atribución exogrupal del agravio fue de 0.647, lo que se considera una fiabilidad adecuada.

Respecto a la Eficacia colectiva, el ajuste del modelo unidimensional original de siete ítems no fue bueno, por lo que se eliminaron ítems que tenían bajas cargas factoriales hasta obtener un modelo unidimensional con tres ítems con altas cargas factoriales. Lamentablemente, con solo tres ítems no es posible obtener medidas de ajuste del modelo, pues se trata de uno completamente determinado (sin grados de libertad). Sin embargo, las cargas factoriales de estos ítems fueron superiores a 0.87, lo que indica que están altamente asociados entre sí, lo que se refleja en un Omega muy alto (ω = 0.931). Es decir, se trata de un instrumento breve pero fiable.

Con relación a la Legitimidad atribuida a protestas, el modelo original unidimensional con seis ítems tuvo un mal ajuste, por lo que se eliminaron dos ítems, obteniéndose un modelo con cuatro ítems con un muy buen ajuste (χ21 = 0.138; RMSEA = 0.001; CFI = 1; TLI = 1) y cargas factoriales de todos los ítems mayores a 0.6. El Omega fue adecuado (ω = 0.728), lo que indica una buena fiabilidad.

Finalmente, respecto de la participación en la acción colectiva, seis de las conductas por las que se preguntó tuvieron una frecuencia muy baja (aquellas que implicaban violencia o conductas altamente disruptivas), por lo que se las agrupó en una sola variable de “conductas radicales”. Además, se eliminó “dar apoyo a los manifestantes” por lo genérico de la conducta que no necesariamente implicaba participar en protestas (podría consistir en un apoyo pasivo). Con los restantes ocho ítems, más el que fusionaba conductas violentas, se probó un modelo unidimensional, obteniéndose un muy buen ajuste (χ227 = 35.472; RMSEA = 0.028; CFI = 0.993; TLI = 0.99), cargas factoriales mayores a 0.44 y un Omega alto (ω = 0.921).

Posición de clase de los participantes

Con las preguntas realizadas fue posible clasificar la clase social de la totalidad de los encuestados. La frecuencia relativa de cada clase se muestra en la Figura 3, y como se puede observar, casi la mitad de la muestra fue clasificada como proletariado. Las siguientes clases con mayor frecuencia fueron la pequeña burguesía y los trabajadores calificados. Lo anterior es coherente con los datos disponibles, que indican que la isla posee una situación de ingresos y pobreza mayor que la predominante en Chile, destacándose que en el año 2015, el nivel de pobreza multidimensional (que incluye dimensiones de salud, educación, trabajo, vivienda y cohesión social) llegaba al 32 %, muy superior al 25.8 % nacional (Ministerio de Desarrollo Social, 2018).

Para efectos del análisis de ecuaciones estructurales, se consideró que la clase social era una variable observada ordinal, donde los mayores puntajes corresponden a las clases poseedoras de mayores bienes y medios, mientras que los menores puntajes correspondieron a las clases más desposeídas.

Estructura de clases de la muestra
Figura 3.
Estructura de clases de la muestra


Ajuste y capacidad explicativa del modelo propuesto

Utilizando Modelos de Ecuaciones Estructurales, se aplicó el modelo descrito en la Figura 2. Los indicadores de ajuste del modelo fueron muy buenos (χ2808 = 1075.47; RMSEA = 0.029; CFI = 0.983; TLI = 0.982), lo que indica que las relaciones propuestas son capaces de reproducir adecuadamente la estructura de varianzas y covarianzas observadas entre los ítems.

La Figura 4 muestra los coeficientes de regresión entre las distintas variables latentes y las varianzas no explicadas de cada constructo endógeno. Se puede apreciar que el modelo construido explica el 46 % de la participación de los encuestados en las acciones de protesta, lo que indica una muy buena capacidad explicativa. Sin embargo, también se puede apreciar que la identidad con el grupo no parece jugar un rol relevante en esa explicación, pues la relación entre dicha identidad y la eficacia colectiva y la legitimidad atribuida a las protestas, no es significativa. En tanto, si bien la relación entre la identidad regional y la percepción de identidad agraviada y atribución exogrupal del agravio, sí son significativas, esta última no tiene relación con la participación en las protestas, con lo que la cadena causal se corta. Todo lo anterior se manifiesta en que el efecto indirecto total entre la identidad regional y la participación en protestas no es significativo (p = 0.075).

Resultados del modelo.
Figura 4.
Resultados del modelo.


Respecto a la posición de clase, esta sí tiene un efecto indirecto total significativo (p < 0.001) y fuerte (r 2 = 0.29) sobre la participación en protestas, lo que se manifiesta en dos caminos causales que relacionan estas variables: por un lado, la posición de clase de las personas se asocia a la percepción de eficacia colectiva y esta percepción explica significativamente la participación, mientras que, por otro lado, la posición de clase de las personas se asocia a la legitimidad atribuida a las protestas y dicha legitimidad también explica significativamente la participación. Por el contrario, la relación significativa entre la posición de clase y la percepción de identidad agraviada y de esta con la atribución exogrupal del agravio no aporta a la capacidad explicativa de la posición de clase, producto de la falta de relación significativa entre la atribución exogrupal y la participación en protestas que ya se ha señalado.

En conjunto, la clase social explica casi el 30 % de la participación en las protestas. Pero es de destacar que la dirección de la relación entre la clase social y la participación es contraria a lo que se había hipotetizado: los signos de los coeficientes indican que son las clases poseedoras de mayores capitales y bienes quienes atribuyeron más legitimidad a las protestas, quienes percibían las protestas como más eficaces y quienes participaron más en las protestas.

En conjunto, se puede notar que el modelo propuesto resultó solo parcialmente correcto, pues si bien ajustó adecuadamente a los datos y la mayor parte de las relaciones propuestas resultaron significativas, la identidad con el grupo no influyó en la participación en protestas y la dirección de la relación entre la clase social y participación fue distinta a la esperada.

Discusión y conclusiones

Los principales resultados de esta investigación muestran que el modelo propuesto tiene un buen ajuste a los datos y predice significativa y fuertemente la participación en las protestas del caso estudiado. Se obtiene evidencia que confirma hallazgos de otros estudios en el sentido de que la eficacia colectiva, es decir, la confianza en que el propio grupo tiene la capacidad de lograr los cambios deseados por medio de la acción colectiva (Hornsey et al., 2006) y la legitimidad atribuida a las protestas como una estrategia para lograr dichos cambios (Simon & Klandermans, 2001), predicen la participación de las personas en la acción colectiva.

Sin embargo, dos descubrimientos son contrarios a lo hipotetizado. Por una parte, la identidad con el grupo regional no tiene una asociación significativa con la participación, a diferencia de lo reportado en múltiples estudios en otros contextos (e. g., van Stekelenburg & Klandermans, 2013; van Zomeren et al., 2012), y la posición de clase de las personas, si bien resultó una de las variables más relevantes para explicar la participación, lo hizo en la dirección opuesta a la esperada.

Para intentar explicar por qué la identidad grupal no tiene un rol relevante en la predicción de la participación en este caso, es necesario recordar que este resultado ha sido reportado en otros estudios en distintas regiones chilenas, donde se ha encontrado que la identidad regional no tiene una asociación significativa con la participación en acciones colectivas a favor de las respectivas regiones (Asún & Zúñiga, 2013a). La evidencia indicaría que la identidad regional en población chilena es alta y tiene una relación de inclusividad con la identidad nacional, es decir, que una persona puede sentirse muy identificada con su grupo regional y al mismo tiempo sentirse parte del grupo nacional más inclusivo (Asún & Zúñiga, 2013b), y al mismo tiempo, esta identidad regional se asociaría a valores de universalismo y benevolencia (Zúñiga & Asún, 2010), que no son necesariamente valores que impulsen a la acción colectiva. Es posible hipotetizar, por tanto, a partir de estos hallazgos, que las normas sociales asociadas a la pertenencia a las regiones chilenas, es decir, las reglas no escritas que guían nuestro comportamiento como miembros de un grupo (Smith & Louis, 2009) no son normas que incluyan el activismo como una característica prototípica del grupo.

En esta línea de argumentación, se podría plantear entonces, que la identidad como habitante de Chiloé, corresponde a lo que Williams (1984) definió como “identidades pasivas”, es decir, identidades que pueden ser muy fuertes e importantes para las personas (como la de ama de casa, por ejemplo), pero que no se han politizado, en el sentido de que no generan un discurso que impulse a quienes adscriben a esta pertenencia, a realizar acciones para cambiar su posición en la estructura de poder de la sociedad. Una reflexión similar plantean otros estudios que muestran que los chilotes aún no han logrado capitalizar políticamente su identidad para modificar las pautas de desarrollo hacia una economía menos vulnerable y extractivista (Ramírez et al., 2012).

Por otra parte, el que sean las clases poseedoras de mayores capitales las que más participaron en las protestas, es coincidente con la literatura que señala que la participación en acciones colectivas requiere de recursos de distinto tipo, incluyendo los económicos, por lo que son precisamente los más aventajados los que tienden a participar mayoritariamente (Dalton, 2017; Verba et al., 1995).

Sin embargo, en el caso de un conflicto socioambiental como el estudiado, cuyo principal efecto inmediato fue poner en riesgo los medios de subsistencia de los trabajadores del mar, resulta menos intuitivo que no fueran esos sectores proletarizados los que más participaran de las protestas. En este sentido, es necesario recordar que los resultados muestran que más del 40 % de los encuestados adscritos a dicha posición de clase sí reportó haber participado, pero hubo otros segmentos con mayor participación relativa.

Los resultados del presente estudio muestran que las clases sociales con mayor participación fueron las ubicadas en posiciones medio-altas, caracterizadas por su posesión de habilidades credencializadas y bienes de organización (específicamente los “trabajadores expertos”, los “directivos calificados” y los “supervisores expertos”). En otras palabras, los grupos que más se comprometieron con las movilizaciones fueron los sectores profesionales y más educados de la sociedad, que parecen haberse apropiado más claramente de las demandas ecológicas, enarboladas por organizaciones sociales formadas principalmente por personas jóvenes, varios de ellos con estudios universitarios (Cabello et al., 2018).

La otra vertiente del movimiento, de origen sindical, surge del mundo de los trabajadores del mar, organizados por subsectores productivos (pescadores, recolectores de algas, mariscadores, buzos y pequeños comerciantes de productos del mar), y buscaba concretamente la defensa de los trabajadores por medio de la obtención de compensaciones. Las demandas levantadas por parte de las organizaciones ambientalistas, en cambio, se alejaron de la mirada “peticionista” de los trabajadores, para orientarse a la construcción de un problema público, la búsqueda del cambio social y el cuestionamiento al modelo de desarrollo extractivista (Cabello et al., 2018). Pero para las clases más populares, es precisamente este modelo el que sustenta la industria que en la actualidad ofrece mayores oportunidades laborales en la zona.

Esto deja en evidencia la dificultad también reportada en otras investigaciones en distintos contextos (Harter, 2011), de compatibilizar distintas visiones de mundo, proyectos y necesidades en un mismo movimiento y el desafío que enfrentan los movimientos socioambientales para obtener respaldo en los sectores populares, ya que si sus discursos parecen vinculados a reinvindicaciones propias de los segmentos privilegiados o afectan negativamente a trabajadores dependientes de las industrias cuestionadas, no tendrán la fuerza necesaria para impulsar los cambios sociales esperados.

Como principales limitaciones de este estudio, destaca el número de participantes, ya que a pesar de tratarse de una muestra representativa, fue de tamaño relativamente pequeño, por lo que se contó con muy pocos sujetos de las clases más privilegiadas, lo que impidió la realización de análisis más sofisticados, como por ejemplo, para detectar relaciones no lineales entre las variables. Futuros estudios podrían profundizar en la relación entre clase social y participación en protestas con muestras de mayor tamaño, lo que permitiría realizar análisis no lineales y comparaciones interclases.

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Notas

[1] Práctica anticomercial en la cual se vende un producto por debajo de su costo. En los últimos años se ha extendido el concepto para abarcar temas antes no considerados, como el dumping social o ambiental.

[2] Fenómeno natural provocado por la masiva proliferación de microalgas en el agua, que pueden provocar daños en la salud de las personas que consumen los moluscos que se alimentan de ellas.

* Artículo de investigación. Esta investigación contó con financiamiento de Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt, a través de los Proyectos 1160303 y 1191295.

Notas de autor

a Autor de correspondencia. Correo electrónico: cczuniga@u.uchile.cl

Información adicional

Para citar este artículo: Muñoz, N., Asún, R., & Zúñiga, C. (2020). Recuperando la clase social en el estudio de la acción colectiva. El caso de un movimiento socioambiental chileno. Universitas Psychologica, 19, 1-XX. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy19.rcse

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