Recientemente, en el marco de la celebración del Día Internacional de Acceso Universal a la Información (IDUAI, por sus siglas en inglés) en México, se reunieron Bhanu Neupane de la UNESCO; Johan Rooryck, el representante de los financiadores de la Coalición S; Erin McKiernan, la representante de DORA de la Universidad Nacional Autónoma de México; Alain Basil, el representante de CLACSO; Gabriela Velásquez de UNESCO-México; Iryna Kuchma del Electronic Information for Libraries; Jean-Claude Guédon de la Universidad de Montreal; Leslie Chan de la Universidad de Toronto; Remedios Melero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España; Gabriel Vélez de la Universidad de Antioquia; y Guillermo Banzato y Cecilia Rosemblum de la Universidad de La Plata. Esta reunión contó con el patrocinio de la UNESCO y estuvo bajo coordinación de Eduardo Aguado López y Adriana Becerril de Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) y el editor de Universitas Psychologica, quien también es vocal de AmeliCA.

Las conclusiones de este encuentro son contundentes al referirse a la gobernanza estratégica como un medio que permite el cumplimiento del derecho universal al acceso al conocimiento y promueve una ciencia publica para Latinoamérica con métricas responsables. Para efectuar dicho cumplimiento con el acceso abierto, se coincidió en que es necesario dar cuenta de por lo menos tres puntos centrales:

En primer lugar, ante la afirmación por parte de la UNESCO sobre que el acceso a la información es un derecho universal que permite garantizar los derechos humanos, se entiende que el acceso abierto es una consecuencia inevitable de esta afirmación. Por tanto, los responsables de la gobernanza de la ciencia de todos los países deben encaminar las políticas de las naciones en esta dirección. Es decir, todos los países deben orientarse a asegurar el cumplimiento de este derecho universal (UNESCO, 2011).

En segundo lugar, es necesario explicitar, discutir, hacer transparentes y transformar los modelos económicos que impiden la implementación de este derecho humano. Más aún por cuanto hay evidencia suficiente que muestra como el acceso abierto es una de las condiciones para disminuir la desigualdad que produce exclusión y pobreza (Dabla-Norris, Kochhar, Ricka, Suphaphiphat, & Tsounta, 2015; López-López, 2018; Seo et al., 2017).

Otro aspecto vinculado estrechamente con este problema es que resulta inaceptable que no se pueda acceder a este conocimiento con fondos públicos el público, o peor aún, que tengamos que pagar por acceder al conocimiento y además por publicarlo. Estos modelos llamados híbridos resultan ética, política y económicamente insostenibles e inaceptables, pues estos producen incrementos en el valor de la investigación sin justificación y amplían los resquicios y la desigualdad social y económica. Los efectos de estos modelos son aún más nocivos en países con ecosistemas de conocimiento de pocos recursos e infraestructuras débiles, pues profundizan las asimetrías y debilidades institucionales frente a países que cuentan con sistemas consolidados ricos y con una larga historia de producción de conocimiento (López-López, 2019b). En este sentido, los modelos de negociación implementados y probados exitosamente por medio de consorcios de país (más que de instituciones fragmentadas), como en el caso del modelo colombiano liderado por ASCUN, que es un antecedente que nos podría preparar para el afrontar los llamados acuerdos transformacionales promovidos por el plan S.

En tercer lugar, los mecanismos de legitimación del valor de las publicaciones están asentados técnicamente sobre métricas mal diseñadas como el Factor de Impacto, el CiteScore, el SJR y los cuartiles derivados de estos. Estos, además de ser poco transparentes, tienen evidentes y flagrantes errores. Un ejemplo es que exista una revista en el cuartil 1 con unas cuantas citas y compararla con otras que reciben cientos de citas que están en cuartil 4.

Estos indicadores, además de ser fácilmente manipulables, incentivan con frecuencia prácticas corruptas en las comunidades académicas. No obstante, tal vez la consecuencia más perversa y perjudicial ha sido que este sistema de medición controla a las tecnocracias de las gobernanzas como ministerios y entidades financiadoras o de fomento de la investigación en los países de Latinoamérica como Colciencias en Colombia, CONICYT de Chile, y CONACYT de México, entre otras (Guedeon, 2008). Desafortunadamente, las universidades públicas y privadas han terminado por asumir estos indicadores sin juicio crítico y sin medir las devastadoras consecuencias para la producción científica ,como, por ejemplo, que la asignación de incentivos a la investigación y los investigadores esté atada a estas métricas.

Como ya lo han sustentado suficientemente López-López (2019a) y Flórez-Carranza (2018), es importante señalar que los responsables de la gobernanza de estas instituciones cometen un error epistemológico inconmensurable al reducir la calidad y el impacto de la investigación a métricas cuantitativas que no pueden dar cuenta de la misma y solo pueden representar algunos usos, ni hablar de la poca transparencia con las que se producen.

Ante estos desafíos, la comunidad internacional ha asumido los principios de la declaración de DORA, la cual promueve el desarrollo de métricas responsables y cualitativas centradas en el artículo, como en sus apropiaciones sociales, académicas y tecnológicas. Es evidente que la dinámica internacional (las agencias europeas de financiación y las universidades europeas ya lo asumieron) está migrando a estas nuevas métricas e iniciativas como la coalición S que, en sus principios, exige la afiliación de sus miembros a esta iniciativa. Seguramente, América Latina y el mundo no tendrán otra opción distinta a la de migrar a nuevas métricas mixtas y más cualitativas de los impactos de los resultados de investigación, centrados en el valor del articulo y los datos de la investigación. Estamos asistiendo a la muerte de los cuartiles de las revistas como criterios de evaluación y asignación de recursos e incentivos para la investigación.

Estos acelerados procesos de transición serán complejos de asumir pues los intereses de los actores del ecosistema son múltiples y diversos (López-López, 2019b). Los magnates de las grandes empresas editoriales tendrán que recomponer sus modelos de negocio para cambiar el núcleo de sus utilidades y seguramente generar regulaciones que las hagan sostenibles sin acudir a la usura; mientras que las tecnocracias de las gobernanzas de las entidades responsables de la ciencia y la tecnología, que no siempre están dispuestas a asumir los costos que los cambios de estos procesos producen, estarán directamente comprometidas con la demanda de que lo hagan. Por otra parte, también están en juego los intereses y cambios en las prácticas de los investigadores, editores y bibliotecarios que deben asumir más rápidamente los cambio en los procesos de evaluación con un escrutinio y métricas más exigentes. Finalmente, están los intereses de impactar a las sociedades, por cuanto son ellas el objetivo último de la producción de conocimiento, que es contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y asegurar el respeto al derecho universal del acceso a la información.

Referencias

Información adicional

Para citar esta editorial: López-López, W. (2019). El acceso al conocimiento, un derecho universal: las implicaciones sobre la gobernanza de ecosistemas de acceso abierto. Universitas Psychologica, 18(5), 1-3. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-5.acdu