En este artículo se analiza si el actual régimen tarifario de los servicios públicos
domiciliarios tiene o no un efecto favorable sobre el cumplimiento de la cláusula de
progresividad de los DESC y las consecuencias jurídicas de ello. El enfoque metodológico
está basado en la interpretación de las obligaciones derivadas del derecho
internacional de los derechos humanos, en relación con los DESC, teniendo en cuenta
los razonamientos económicos que orientan las políticas públicas, y a su vez, en la
interpretación de las disposiciones de derecho económico atendiendo el derecho internacional
de los derechos humanos. Bajo esta línea, se explica porqué los Estados
Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales están
obligados jurídicamente a garantizar una creciente prestación de los servicios públicos
domiciliarios, y cómo en el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce
la limitación de los recursos estatales. También se analizan los principios del régimen
tarifario colombiano y cómo éstos sirvieron para romper la “trampa de los malos
servicios”. Al final, se sustenta porqué los resultados favorables del régimen tarifario
tienen como consecuencia la aplicación de la “cláusula de progresividad” frente a
eventuales reformas, y las implicaciones de dicha “protección”.