Históricamente, la comunicación para el desarrollo o para el cambio social (en adelante CDCS) se ha caracterizado por ser un área prolífica en conceptos, teorías y abordajes metodológicos (Gumucio y Tufte, 2006; Lie y Servaes, 2015). Sin embargo, una aproximación a la literatura evidencia que en su seno conviven planteamientos epistemológicos muy distintos e incluso opuestos. Esto la convierte en uno de los campos de estudio más fragmentados de la comunicación, en especial si se la compara con áreas más cohesionadas como los estudios de redacción periodística, la comunicación política o los trabajos sobre recepción y audiencias. Esta dispersión tiene que ver, por un lado, con la ausencia de un objeto teórico bien definido y delimitado, un hecho que dificulta el trazado de agendas y programas conjuntos de investigación (Lakatos, 1978). Por otra parte, existen diferencias sustanciales dependiendo del contexto geográfico desde el que se aborda la materia. Es por ello que, a la manera de Ángel (2013), podemos preguntarnos si existe un solo campo de la CDCS o tantos como contextos y problemas de investigación, en especial si se observan las distintas perspectivas existentes en el Norte y el Sur del planeta.

En este trabajo, se parte de la premisa de que una subdisciplina científica se caracteriza y distingue de otras por contar con un objeto de estudio específico y bien acotado, además de por métodos especializados, metas comunes y cierto grado de institucionalidad (Gee, 2010; Krishnan, 2009). En los últimos años, la CDCS ha avanzado mucho en sus procesos de institucionalización, algo que se percibe en la multiplicación de compendios y manuales (Gumucio y Tufte, 2006; Servaes, 2019; Wilkins, Tufte y Obregón, 2014) o en el progresivo reconocimiento por parte de las distintas organizaciones del desarrollo: agencias de cooperación, organizaciones no lucrativas, movimientos sociales, etc. También existe un consenso acerca de sus objetivos y metas –profundizar en los derechos humanos, la justicia social y ambiental, la calidad de vida, etc.– o sobre la importancia de desarrollar metodologías propias (Rodríguez, Obregón y Vega, 2002) e indicadores de impacto y evaluación (Lennie y Tacchi, 2013; Servaes, Polk, Shi, Reilly y Yakupitijage, 2012).

En el terreno teórico, también se aprecia que la CDCS se ha ido alejando de los antiguos modelos modernizadores –cuestionados por su carácter exógeno, economicista y mediacéntrico– para adoptar una visión más compleja, participativa y endógena de los procesos comunicacionales. Ya en la práctica, la perspectiva participativa sigue ganando popularidad entre las organizaciones del desarrollo, algunas de las cuales han dejado de mirarse en el espejo de las grandes corporaciones para imitar los repertorios de acción de los movimientos sociales (Obregón y Tufte, 2017; Tufte, 2017). Asimismo, el campo se encuentra muy vivo y permeable a la incorporación de nuevos conceptos y reflexiones tales como los de voz (Couldry, 2010), escucha y empatía (Dreher, 2010; Quarry y Ramírez, 2009), reconocimiento cultural (Fraser, 2017), capacidades (Jacobson, 2016) o buen vivir (Barranquero y Sáez-Baeza, 2015).

Pero si las finalidades y los métodos se encuentran cada vez más consensuados, no se puede decir lo propio de la existencia de un objeto bien definido. De hecho, los problemas y los límites de la CDCS han sido escasamente discutidos, por lo que las aproximaciones varían desde aquellas que asimilan el área a la comunicación alternativa de los movimientos sociales –es el caso de muchos compendios latinoamericanos y españoles (Alfaro, 2006; Chaparro, 2015; Marí Sáez, 2011; Martínez y Sierra, 2012)– hasta las miradas más macro e institucionales predominantes en el mundo anglosajón, que conciben la comunicación como una herramienta de apoyo a los programas y políticas del desarrollo (Manyozo, 2012; Melkote y Steeves, 2001).

Este trabajo se suma a la ya larga línea de estudios teóricos publicados hasta la fecha para plantear un diálogo entre la CDCS y el concepto de reforma mediática, una noción que permite complejizar los objetos de estudio mediante una mirada extensa a la teoría de los movimientos sociales y a la economía política de la comunicación. En este sentido, uno de los objetivos del presente estudio es repolitizar la pregunta que tradicionalmente ha guiado la reflexión en el campo de la CDCS: ¿qué pueden hacer los medios para promover el cambio social? En su lugar, la noción de reforma mediática nos ayuda a deshacernos del instrumentalismo implícito en dicha pregunta –los medios para el desarrollo– y plantear una nueva ecuación que enfatiza en el papel de la ciudadanía como sujeto activo de cambios: ¿qué puede hacer la ciudadanía para transformar la comunicación y mejorar el sistema de medios? Poniendo el foco en las políticas y en el poder de agencia ciudadana, se plantea entonces un recorrido dividido en tres etapas. En primer lugar, se revisa la historia del campo y la dificultad de definir sus objetos y límites. Posteriormente, se explicita la estrategia metodológica y se definen y acotan las potencialidades del concepto de reforma mediática. Por último, se diseña y describe un modelo de investigación y acción basado en los distintos grados de participación ciudadana, dentro y fuera del sistema de medios.

La CDCS es una de las subdisciplinas más antiguas del campo de la comunicación puesto que acumula una extensa historia más de 70 años, desde las primeras propuestas teóricas y metodológicas del paradigma modernizador estadounidense (Rogers, 1962) a las críticas de la perspectiva participativa latinoamericana (Freire, 1970/2002). Dichas orientaciones se perciben casi desde los orígenes del campo, que es compartido entonces por dos regiones distintas: (1) por un lado, EE. UU. y su abordaje de tipo más institucionalista, universalista y colonial, que propone que las organizaciones de desarrollo del Norte pueden diseñar métodos e indicadores aplicables por igual a todo el Sur del planeta y (2), por otro, Latinoamérica y otras regiones del Sur del planeta, que inciden en la importancia del desarrollo integral, la participación comunitaria y las formas alternativas de comunicación popular. Esta última orientación fue la base del nuevo modelo de la comunicación para el cambio social propuesto a finales de siglo XX y que propone un modelo dialógico para que las comunidades decidan autónomamente acerca de su propio devenir (Gumucio y Tufte, 2006).

Desde ambas perspectivas, la CDCS ha ido adquiriendo dos objetos de investigación dominantes, un hecho que se percibe tanto en los textos de referencia de la materia (Gumucio y Tufte, 2006; Wilkins et al., 2014) como en las temáticas habituales de distintos monográficos publicados en tiempos recientes ¹ : por un lado, los procesos de comunicación estratégica de organizaciones del desarrollo como agencias de cooperación, administraciones, fundaciones, donantes u ONG de gran tamaño –un objeto calificado como comunicación de apoyo al desarrollo– y, por otro, el extenso territorio de la comunicación ciudadana y comunitaria o la comunicación alternativa para el desarrollo democrático (Beltrán, 1993). Junto a estos objetos, se sitúa también un conjunto de problemáticas que han ocupado un lugar mucho más periférico pese a estar directamente relacionadas con la CDCS. Se hace referencia a, por un lado, objetos que, con el paso del tiempo, llegaron a conformar campos de investigación propios (p. ej., educación/comunicación, alfabetización mediática o educomunicación) y, por otro, a problemáticas que han sido objeto de un interés más reciente y que tienden a conformar campos autónomos aún en proceso de institucionalización (p. ej., comunicación/TIC y movimientos sociales). Asimismo, hay líneas de investigación que raramente se han adscrito o han adoptado marcos teóricos y metodológicos de la CDCS, si bien la pregunta por la relación entre comunicación, ciudadanía y cambio social es evidente en todas ellas: representaciones mediáticas de la desigualdad, vigilancia ciudadana del sistema de medios, tácticas de reapropiación y subversión de los mensajes mediáticos, etc.

Esta distribución entre objetos dominantes y periféricos se percibe también en las principales asociaciones de investigación de la comunicación a nivel mundial (IAMCR, ICA, ECREA, ALAIC, etc.), en las que existen secciones de trabajo muy activas y especializadas en CDCS, ya sea desde una perspectiva más institucionalista o basal. El caso que mejor lo ejemplifica es el de la International Association for Media and Communication Research (IAMCR), que distribuye los estudios entre una sección originaria de Investigación en Comunicación Participativa (Participatory Communication Research), cada vez más centrada en la comunicación de las grandes organizaciones, y otra dedicada a Comunicación Comunitaria y Medios Alternativos (Community Communication and Alternative Media).

Todas estas evidencias apuntan a un particular ordenamiento del conocimiento en el que intervienen, al menos, dos factores. En primer lugar, las dinámicas epistemológicas propias de la especialización científica y las sociológicas del campo académico (Bourdieu, 2003). Estas han derivado con el tiempo en la constitución de un campo cada vez más especializado en que se perciben normas, jergas y distintas posiciones de poder. En segundo lugar, la CDCS es una subdisciplina singular en comparación con otras materias, dado que se caracteriza por su carácter aplicado, su orientación ética-política y su contexto situado. En otras palabras, el campo no se limita a describir la realidad, sino que se orienta a intervenir en ella con objeto de introducir mejoras, por lo que, sus teorías suelen generarse a la zaga de las propias experiencias sobre el terreno (Beltrán, 1993). Por otra parte, sus teorías son siempre locales y situadas, es decir, los distintos contextos geográficos y temporales han acabado por conformar tradiciones epistemológicas distintas e incluso enfrentadas. Buena muestra de ello es que existen más de 50 denominaciones distintas (Ferron, 2012) para definir fenómenos parecidos: comunicación para el desarrollo o para el cambio social, comunicación comunitaria, alternativa, popular, del tercer sector, horizontal, participativa, etc. En ocasiones, dichas etiquetas solo aportan matices a la comprensión del fernómeno. Sin embargo, su proliferación expresa que nos hallamos frente a un campo prolífico y en constante proceso de renovación.

En los casos más extremos, la dispersión conceptual ha conducido a polémicas y, sobre todo, a la dificultad de establecer alianzas entre proyectos que, más allá de las diferencias, comparten una visión crítica y democratizadora de la comunicación. Los casos que ejemplifican estos desencuentros son frecuentes: el insuficiente diálogo existente entre los medios públicos y los comunitarios; las escasas alianzas que se perciben entre medios más tradicionales (como radios comunitarias) y nuevos (nativos digitales, comunidades de software libre, colectivos de ciberactivistas, etc.), o las brechas que se dan entre medios indígenas, rurales y comunitarios en algunas regiones de América Latina. Asimismo, es frecuente encontrar fracturas en relación con los modelos de organización de los distintos proyectos –más verticales o asamblearios–, las vías de financiación –más o menos abiertos a la publicidad, por ejemplo– o sus propios ámbitos de incidencia: medios feministas, ecologistas, juveniles, etc. o proyectos de orientación más reivindicativa, cultural o inclusiva (García García, 2017).

Derivado de estos factores, el campo de la CDCS se ha convertido en una especie de paraguas conceptual en exceso impreciso y en el que se enmarcan una extensa variedad de líneas de investigación: desde el universo de las radios libres y comunitarias a los programas más institucionales de transferencia tecnológica, o desde las investigaciones sobre acceso a las TIC de grupos vulnerables a estudios sobre la resistencia digital de los movimientos sociales. Por último, y aunque la etiqueta de comunicación para el cambio social siga ganando adhesiones, la comprensión del término se ha despolitizado en algunas instancias, por lo que sus usos varían en función de las comprensiones: más verticalistas u horizontales, más institucionalistas o basales, etc. En los casos más extremos, se puede incluso afirmar que la CDCS corre el riesgo de transformarse en un significante vacío (Barassi, 2016) que exprese abordajes muy distintos, e incluso opuestos, de lo que significa la relación entre comunicación, ciudadanía y transformación.

Este artículo parte de un proceso de revisión documental de bibliografía de referencia en el campo de la CDCS y en el concepto emergente de “reforma mediática”, con objeto de explorar los supuestos y debates dominantes que subyacen en ambos. En la línea de Montuori (2005), se parte de la premisa de que la revisión documental no debe concebirse desde actitudes reproductivas de quien dijo qué, sino que ha de orientarse más bien a realizar una interpretación creativa de la literatura, a partir de diálogos entre el revisor y el campo y de cara a generar nuevas direcciones para la investigación y la acción. En este sentido, la finalidad última de nuestra revisión es construir un modelo de análisis que dé cuenta de la diversidad de objetos de investigación que comprende o que podría comprender el campo si se proyecta sobre él una mirada amplia y en clave de economía política y desafíos ciudadanos.

Se parte de la certeza de que no todas las investigaciones que se preguntan por la relación entre comunicación y transformación social se adscriben o enmarcan en la CDCS, tal y como han demostrado metainvestigaciones recientes sobre artículos académicos estadounidenses (Ogan et al., 2009) o latinoamericanos (Barranquero y Ángel, 2015). En esta línea, McAnany sugiere que las revistas de comunicación no son ni siquiera la mejor fuente para conocer lo que ocurre en el área, puesto que hay muchísimos trabajos publicados en revistas de sanidad, educación o estudios rurales de acuerdo al carácter aplicado del campo (McAnany, 2010, pp. 12-13). Por su parte, Lie y Servaes (2015) han cartografiado las subdisciplinas que componen el campo, distinguiendo entre áreas temáticas –comunicación para la salud, agrícola y rural y ambiental– y no temáticas –comunicación estratégica, participativa, de crisis y de riesgo–. Su estudio invita a repensar y a reordenar la disciplina, ampliando la mirada desde la “homogeneidad” hacia las “diferencias” y desde la “modernización” hacia asuntos relacionados con la “complejidad, la hibridación de las culturas, la (post) modernidad, el multiculturalismo, la sostenibilidad y la transdisciplinariedad” (Lie y Servaes, 2015, p. 252).

A nuestro entender, la solución para ordenar tan vasto universo de objetos y problemáticas pasa por reconducir los términos habituales de la pregunta que ha guiado el devenir del área (“¿qué pueden hacer los medios para transformar la sociedad?”), y enriquecerla con una pregunta menos centrada en los instrumentos y más en las apropiaciones y las políticas ciudadanas o, en otras palabras, “¿qué puede hacer la ciudadanía organizada para transformar las estructuras mediáticas o para la cambiar la sociedad a partir de los medios?”. Consideramos incluso que algunas conceptualizaciones recientes sobre la materia adolecen de carencias y limitaciones. Tal es el caso del popularizado concepto de comunicación para el cambio social, que se define como un proceso de diálogo público y privado a través del cual las personas definen quiénes son y qué quieren y cómo pueden obtenerlo (Gumucio y Tufte, 2006). Esta definición es incompleta por distintos supuestos (Barranquero y Sáez-Baeza, 2015), pero también porque se centra en exclusiva en los procesos participativos de comunicación ciudadana. En este sentido, la noción no comprende otras problemáticas que han estado históricamente relacionadas con el sector como: cuestiones de acceso a medios y TIC, representaciones de la ciudadanía en los medios convencionales, prácticas de educación mediática o estrategias de subversión de los sentidos hegemónicos que transmiten los medios.

Por último, la pregunta que se formula como punto de partida para ordenar los objetos está relacionada con otras dos nociones: en primer lugar, los niveles de intervención o participación ciudadana en el sistema de medios (Carpentier, 2011) y, en segundo, la reforma mediática, que valora cuáles son las vías de que dispone la ciudadanía para democratizar el sistema mediático, creando redes y alianzas (Hackett y Carroll, 2006).

El concepto de reforma mediática (media reform) se comienza a popularizar a finales de siglo XX en el ámbito anglosajón (Calabrese, 2004; McChesney, 1999; Napoli, 2007), si bien ha sido poco explorado en el entorno hispanohablante, a excepción de algunos trabajos pioneros en España (Álvarez, 2017; Tucho, 2006) o de estudios latinoamericanos que exploran el papel de la sociedad civil en la promoción del derecho a la comunicación en distintos países (Segura, 2011; Segura y Waisbord, 2016). Por otra parte, la noción apenas ha penetrado en el campo de la CDCS, puesto que aparece más vinculada al ámbito de la economía política de la comunicación (McChesney, 1999) y, en menor medida, al estudio de los movimientos sociales (Hackett y Carroll, 2006).

No obstante, se considera que el concepto tiene un enorme potencial para enriquecer y repolitizar la CDCS al abrir un diálogo con dichos marcos teóricos, necesidad que ha sido detectada en trabajos recientes como el de Rodríguez, Ferron y Shamas (2014), que invitan a complejizar la comunicación alternativa mediante una mirada amplia a los contextos históricos y a la economía política, en especial a fin de evitar el tecnodeterminismo que caracteriza a muchos estudios recientes de comunicación y movimientos sociales. Por su parte, Florencia Enghel (2015) considera que la economía política ayuda a valorar las prácticas transformadoras desde los condicionantes que impone el capitalismo globalizado, mientras que Tufte (2017) y Obregón y Tufte (2017) apuestan por reforzar el diálogo con las teorías de la acción colectiva y visiones más basales y comunitarias. Desde estas recomendaciones, se considera que la noción de reforma mediática tiene cuatro potencialidades analíticas.

En primer lugar, subraya la importancia de construir grandes alianzas en favor de la democratización de las comunicaciones, lo que incluye una valoración de las distintas organizaciones y actores que manejan una visión crítica del sistema de medios: desde instancias más institucionales y profesionalizadas (políticos, reguladores, académicos, medios convencionales, etc.) a entidades de la sociedad civil como ONG y movimientos sociales. El reclamo de una democracia mediática (Pickard, 2015) incluye, a su vez, diferentes demandas: desde el refuerzo de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación ² a la reivindicación de políticas de apoyo a medios públicos y comunitarios y leyes antimonopolio para asegurar la diversidad cultural en los medios privados. En algunos momentos, estas reclamaciones han llegado a conformar movimientos sociales centrados en exclusiva en la comunicación, que se caracterizan por sus contornos globales (Padovani y Calabrese, 2014; Stephansen, 2017) y por imbricarse con un conjunto más amplio de luchas en sectores como la salud, la educación, los derechos civiles o la protección ambiental (McChesney, 2016).

En segundo lugar, la literatura se pregunta por las interconexiones entre medios, Estado y poder económico, lo que ayuda a enmarcar la CDCS en el contexto más amplio de la economía política de la comunicación. Se parte de la premisa de que el sistema dominante de medios se organiza y refuerza a partir de redes de monopolios interconectados que son, a su vez, interdependientes de Estados que regulan y, sobre todo, desregulan los medios. Los Estados legitiman sus acciones desde la excusa de que el adelgazamiento de lo público y el libre flujo de información a manos de empresas privadas favorece una oferta amplia y diversa de contenidos (Zallo, 2016). La única manera de desafiar los excesos de un capitalismo mediático global y organizado en redes es, precisamente, armar redes de ciudadanía organizada (McChesney, 2016). En este sentido, el concepto se conecta con la teoría de los movimientos sociales por cuanto explora cuáles son las principales ventanas de oportunidad para obtener reformas mediáticas: desde crisis económicas y crisis orgánicas del sistema en un sentido “gramsciano” (Calabrese, 2004) a intereses contradictorios y el lucha de las élites (Freedman, 2014).

En tercer lugar, es habitual encontrar una teorización acerca de los espacios desde los cuales ejercer la reforma, muchos de los cuales rebasan los medios tradicionales para explorar el activismo digital en sus diferentes versiones. En esta línea, Hackett (2000) plantea que la reforma puede ejercerse dentro o fuera de los medios, es decir, mediante reformas internas (como normas y organismos de autorregulación, formación crítica de los profesionales, etc.), o a partir de mecanismos externos de fiscalización y rendición de cuentas: consejos audiovisuales, observatorios, asociaciones de usuarios, etc. (Hackett, 2000). Otros autores delimitan los espacios en relación con el eje público, privado o comunitario (Crowther, Thibault, Salamon y King, 2016), o con respecto a las relaciones que se dan dentro y fuera del Estado. En esta línea, Fenton y Freedman (2014) y Freedman y Obar (2016) señalan que existen, al menos, tres tipos de reforma mediática: las correspondientes a la “crítica”, o el hecho de “conocer los medios” (su ideología, sus condicionantes políticos y económicos, etc.); la “práctica” o la dimensión de “ser los medios” y fomentar experiencias comunicacionales autónomas para cubrir las parcelas descuidadas por los mainstream y, por último, las “políticas” o el eje de “transformar los medios”, que implica establecer relaciones y lobbies con respecto al Estado a fin de garantizar políticas y regulaciones favorables.

Por último, la literatura ha descrito casos de éxito de estas coaliciones a la hora de favorecer políticas públicas o activar un horizonte común de luchas (Freedman, 2014; Freedman, Obar, Martens y McChesney, 2016; Padovani y Calabrese, 2014; Pickard y Yang, 2017). En este sentido, algunos estudios se remontan a la descripción de casos históricos paradigmáticos como el de la Comisión Hutchins o movimientos en los propios orígenes de la regulación radiofónica en EE. UU. (Fones-Wolf, 2006), mientras que otros destacan hitos recientes como la aprobación de normas para garantizar la neutralidad de la red (Pickard, 2015) o luchas relacionadas con la propiedad intelectual: Stop Online Piracy Act (SOPA) en EE. UU., Ley Sinde en España, etc. (Sarikakis y Rodríguez-Amat, 2014). En Latinoamérica, algunos teóricos han destacado el trabajo reciente de la Coalición por una Comunicación Democrática, que redactó 21 puntos para una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) en Argentina (Segura y Waisbord, 2016). La tabla 1 resume algunos hitos históricos y contemporáneos de la reforma mediática.

Tabla 1 Fuente: elaboración propia *

Aunque nace como Coalición para una Radiodifusión Democrática en 2004, impulsada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), en 2012, decide ampliar su radio de acción y cambiar su nombre a Coalición por una Comunicación Democrática. Tras la desactivación de la ley por el nuevo presidente Mauricio Macri en 2015, la comisión ha seguido generando encuentros y aprobado documentos como los “Nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación” (3 de marzo de 2016).

Tabla 1 (Cont.) Fuente: elaboración propia *

Aunque nace como Coalición para una Radiodifusión Democrática en 2004, impulsada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), en 2012, decide ampliar su radio de acción y cambiar su nombre a Coalición por una Comunicación Democrática. Tras la desactivación de la ley por el nuevo presidente Mauricio Macri en 2015, la comisión ha seguido generando encuentros y aprobado documentos como los “Nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación” (3 de marzo de 2016).

La lista de coaliciones de reforma mediática es amplia y no se agota en los ejemplos descritos. También hay trabajos que examinan reformas en contextos como África o Asia (El-Issawi, 2016) o que analizan desde el concepto las Contracumbres del Foro Social Mundial; las redes del periodismo alternativo (p. ej., Indymedia) y de filtraciones (p. ej., Wikileaks) o el propio ciberactivismo global de Anonymous. Por último, se puede encontrar una abundante literatura en torno a campañas y buenas prácticas de la sociedad civil como las impulsadas por la Media Reform Coalition (s. f.) en Reino Unido, o los organismos canadienses Open Media (s. f.) y The Media Democracy Project (s. f.) en Canadá (Hackett, 2014).

A partir del acercamiento al concepto de reforma mediática, se considera que la CDCS puede redefinir y ampliar sus objetos al preguntarse por dos dimensiones contenidas en los debates expuestos: (1) ¿qué posición adopta la ciudadanía con respecto al origen de la reforma mediática: desde el exterior o desde el interior de los medios? y (2) ¿cuál es su grado de participación en el proceso? (a) bajo: cuando la ciudadanía accede a los medios o es representada en la toma de decisiones de los mismos por parte de políticos, reguladores o periodistas, (b) medio: cuando es encarnada en organizaciones de la sociedad civil: ONG, movimientos sociales, etc. y (c) alto: cuando se apropia directamente de medios y tecnologías a fin de construir expresiones al margen del sistema público o comercial dominante. Las siguientes líneas describen con mayor profundidad los diferentes objetos de este modelo, avanzando desde reformas en el interior o en el exterior de los medios y desde un nivel bajo a uno alto de participación ciudadana.

Este estudio ha intentado tender puentes entre el campo de la CDCS y el concepto de reforma mediática, que ayuda a ensanchar el ámbito, incorporando debates de la economía política de la comunicación y trabajos sobre movimientos sociales. A partir de este diálogo, se ha pretendido sistematizar cuáles los diferentes objetos que podría abarcar la relación entre comunicación, ciudadanía y cambio social. En este sentido, se enfrentó un panorama temático amplio y disímil, en el que se incluyen objetos macro o micro, más institucionalistas o basales y de carácter más vertical u horizontal. Además, se diseñó un modelo construido en torno a dos variables: origen de la intervención (desde el interior o el exterior de los medios) y grado de participación de la ciudadanía (alta, media o baja).

Frente a la fragmentación creciente del conocimiento comunicacional, este modelo intenta favorecer la interdisciplinariedad y el diálogo entre áreas de la comunicación que no siempre deberían pensarse como entes aislados, como es el caso de la educomunicación y CDCS. Por otra parte, el modelo se orienta a plantear diálogos interregionales mediante la lógica explicativa de tipos-ideales weberianos. Así, planteamos observar la CDCS desde la pregunta de qué puede hacer la ciudadanía organizada para transformar sus medios, desestimando cualquier tipo de enfoque mediacéntrico e instrumentalista y adscribiéndonos a marcos como el de las mediaciones (Martín Barbero, 1987) y las prácticas mediáticas (Couldry, 2012), que invitan a descartar perspectivas instrumentales y tecnoutópicas y a poner el foco en la agencia de los sujetos y los contextos particulares de cada práctica.

Por último, se considera que el modelo puede contribuir al diálogo entre los estudios del Norte y el Sur del planeta hacia la construcción de estudios mediáticos comparados. Esta misión ha sido acometida por importantes volúmenes publicados en tiempos recientes tanto en CDCS (Gumucio y Tufte, 2006) como en comunicación alternativa (Atton, 2015; Downing, 2010), si bien no desde la perspectiva estricta de los estudios comparados, que invita a desarrollar un enfoque transcultural para desvelar culturas mediáticas regionales o culturales más allá de las fronteras habituales del Estado-nación (Hepp y Couldry, 2009, p. 32). A nuestro parecer, el reto pasaría ahora por testar dicho modelo, por ejemplo, en el ámbito del diseño de currículos educativos o de cara a acometer estudios metateóricos en el área, mediante análisis de contenidos o bibliométricos.