Con la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, aprobada en 2013, el Gobierno de este país propuso la transformación del sistema mediático por medio de la creación de novedosas instituciones de monitoreo y supervisión, y el establecimiento de numerosos preceptos que aspiran a generar una mayor inclusión de las minorías, a favorecer una mayor diversidad y, en general, a democratizar el acceso, el desarrollo y la difusión de contenidos informativos. En este trabajo se presentan los resultados de una entrevista en profundidad realizada a periodistas ecuatorianos de medios públicos y privados nacionales. Los resultados describen los aspectos clave para entender los efectos de la referida ley sobre los profesionales, tales como cuáles son los factores de presión percibidos, a partir de qué estrategias canalizan las resistencias contra las imposiciones, o bien cómo se relacionan con las nuevas instituciones de control.
With the Organic Communication Act, passed in 2013, the Government of Ecuador proposed to transform the media system by creating innovative institutions for monitoring and surveillance tasks, instituting a lot of precepts aiming at a greater inclusion of minority groups, favoring a greater diversity, and in general, to democratize the access, development and spreading of informative contents. This work provides the results from an in-depth interview to Ecuadorian journalists working for both public and private national media. The results describe some key aspects to understand the effects of the said Act regarding the journalists, which includes the perceived pressure factors, the strategies they rely on to resist the impositions, or how they interact with the new control institutions.
Com a Lei Orgânica de Comunicação do Equador, aprovada em 2013, o governo desse país propôs a transformação do sistema mediático por meio da criação de novas instituições de monitoramento e supervisão e o estabelecimento de numerosos preceitos que aspiram gerar maior inclusão das minorias, para favorecer uma maior diversidade, e em geral, democratizar o acesso, o desenvolvimento e disseminação de conteúdos informativos. Neste trabalho são apresentados os resultados de entrevista em profundidade realizada a jornalistas equatorianos da mídia pública e privada nacional. Os resultados descrevem os aspectos-chave para compreender os efeitos da referida lei sobre os profissionais, como os fatores de pressão percebidos, a partir de quais estratégias canalizam as resistências contra as imposições, ou bem como são relacionadas com as novas instituições de controlo.
En 2013 se aprobó en Ecuador la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), un instrumento que basa sus principios en los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que busca garantizar la “libertad de expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación” (
Tales circunstancias han generado un ambiente de prevención en varios periodistas ecuatorianos hacia estas entidades de regulación y supervisión, pues se perciben como una forma de presión, más que como unas instancias que fomenten el buen uso de la información y el ejercicio correcto del periodismo (
Quizá por las controversias generadas, ha emergido un escenario polarizado en la sociedad y en la comunicación ecuatoriana (
En las siguientes páginas se pretende profundizar en este contexto y, en concreto, en las respuestas de los periodistas ecuatorianos de medios públicos y privados sobre las presiones editoriales que se han originado tras la implementación de la LOC.
El concepto de autonomía, entendido como la medida de independencia que tienen los periodistas a la hora de decidir y de defender sus decisiones ante sus jefes más inmediatos (
El periodismo y los diferentes canales de los que dispone tienen la capacidad de dominar una parte significativa de la sociedad, dado que la información que producen y que se encargan de divulgar es la base para que diferentes organismos institucionales tengan un desempeño efectivo (
Esta desproporción en los grados de poder entre las instituciones dominantes y las empresas informativas conlleva a la subordinación de los medios de comunicación mediante acciones represivas, o bien por medio de la autoridad que posee el agente opresor; la simple posibilidad de hacer uso de la fuerza de alguna de las partes genera una “relación de poder entre las instituciones” (
En adición, el método con el que se ejercen las presiones y las razones para controlar el material que producen los periodistas varía, en general, según el interés de la institución dominante y de acuerdo al poder que ostenta (
A su vez, los intereses de grupos de poder económico respecto a la información tienen un carácter más comercial y menos ideológico que el de los grupos de presión de tipo político; y, por lo general, buscan mediante los medios de comunicación publicitar productos o empresas y, al mismo tiempo, evitar la información que puede perjudicar a sus intereses comerciales. Así pues, las adaptaciones, las imposiciones o el rechazo, según sea el caso, de algunas informaciones provienen principalmente de dos agentes de presión: los patrocinadores del medio, y sus dueños; quienes, por lo general, en ambos casos son grandes corporaciones con gran capacidad económica (
En los casos en los que los periodistas perciben algún tipo de presión por parte de cierto poder para modificar u omitir la información, son dos los caminos por los que los informantes pueden optar (
Este proceso no siempre se da por factores de opresión ni coerción por amenazas, sino que también es el resultado de las conductas profesionales aprendidas, y funciona como un método de adaptación al entorno que lo rodea (
Además de lo anterior, existen diversas fuentes de presión y, por tanto, diferentes niveles de influencia en la información (
Respecto de la autocensura por comportamientos aprendidos sin necesidad de un método de opresión explícito,
En otro sentido, en la segunda opción de respuesta que tienen los periodistas ante una situación de censura −las tácticas de resistencia−, los profesionales utilizan ciertos mecanismos que van adoptando a partir de la experiencia para defender su labor y luchar para que la información sea publicada sin modificaciones. No obstante, no siempre es posible utilizar mecanismos de defensa ante los agentes de presión, y en ocasiones depende de factores como el tipo de noticia que se quiere transmitir, la apertura del medio para escuchar los argumentos de sus periodistas, el prestigio o el tiempo que el profesional de la información lleva en la empresa, entre otros (
En Ecuador, la LOC dispone que los medios de comunicación se clasifican por sectores −público, privado y comunitario− debido a la función social que cumplen y a la estructura administrativa que tienen. Los medios públicos parten de un concepto general que los define como organizaciones financiadas con fondos públicos, que tienen una dirección independiente de las entidades políticas, pero quizá tienen un sentido social y una mayor responsabilidad de representación que los privados (
No obstante, la forma en la que funcionan las empresas periodísticas, y su razón social, varía según las tradiciones de comunicación, la regulación y la capacidad económica de los diferentes países (
En relación con el factor de la regulación del sistema informativo,
Sin embargo, la existencia de organismos de control que tienen la facultad de amonestar y sancionar a los medios según criterios que esas mismas entidades formulan es lo que complica la situación mediática en Ecuador (
Asimismo, que esta institución sea dirigida por un superintendente seleccionado tras una designación de candidatos a cargo del Presidente de la República, de acuerdo con la LOC (
En otro sentido, en lo que respecta a la proliferación de medios públicos, ese fenómeno puede responder a una estrategia del expresidente Rafael Correa para promocionar sus políticas de gobierno y repercutir en la opinión pública (
De todo lo anterior, cabe decir que en el contexto informativo de Ecuador es importante la repercusión que tienen las estructuras mediáticas que se crearon a partir de la LOC y aquellas que han existido desde antes con un marcado carácter comercial, las cuales han estado influenciadas por grandes grupos económicos (
Este estudio es no experimental con un alcance exploratorio, en tanto que se pretende conocer el comportamiento de un fenómeno que no ha sido previamente indagado a profundidad. En ese sentido, se ha planteado un muestreo no probabilístico por conveniencia, habitual en los trabajos con un enfoque cualitativo (
Como técnica de investigación, se optó por las entrevistas en profundidad estructuradas, las cuales facilitaron la clasificación de la información suministrada por los periodistas y el contraste de las opiniones provenientes de los sectores público y privado de la comunicación en Ecuador. Para las entrevistas se diseñó un guion basado en las categorías y en los conceptos desarrollados en el marco teórico, los cuales, a la postre, fueron sintetizados en el objetivo general y en sus dos objetivos específicos respectivos, que son los siguientes:
Identificar las tácticas de resistencia de los profesionales de la información de medios públicos y privados tras la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013.
Contrastar la influencia de las presiones en
los procesos editoriales de los periodistas de medios públicos y privados en Ecuador
en el periodo escogido. Comparar las percepciones de los periodistas
de medios públicos y privados de Ecuador respecto de la existencia de la LOC, y
su pertinencia para el buen ejercicio informativo en Ecuador.
Antes de proceder a la aplicación del instrumento, se realizó una validación del guion para garantizar la pertinencia de las preguntas. Para eso, se solicitaron las opiniones y críticas de tres expertos: Martín Oller, Doctor en Periodismo y cuya línea de investigación se centra en el análisis de los modelos periodísticos y profesionales ecuatorianos; Javier Odriozola, Doctor en Periodismo, quien ha trabajado los temas de la agenda mediática en Ecuador y el desarrollo de la profesión periodística en este país; y, por último, Leandro Peñaranda, candidato a Doctor en Ciencias Humanas y Sociales, con una dilatada trayectoria como investigador mediante el uso de técnicas cualitativas. Una vez validado el guion, se contactaron a los periodistas vía correo electrónico y WhatsApp durante los meses de junio y agosto de 2017.
En total, accedieron a participar en el estudio 10 periodistas ecuatorianos, cinco de medios públicos y cinco de medios privados. De los entrevistados, hubo siete hombres y tres mujeres, y las edades oscilaron entre los 23 y los 57 años. En lo que se refiere a los años de experiencia profesional, el rango estuvo entre los dos años y medio, y más de 30. Se observó que la mayoría de los entrevistados se identifican como progresistas, en la cuestión política; y como católicos, en el ámbito religioso.
Tras la aprobación de la LOC en Ecuador, los temas más difíciles de publicar percibidos por los periodistas se relacionan, en primer lugar, con todo lo que haga referencia a la situación política actual del país, lo cual está relacionado con la dificultad de acceso a la información pública, a la falta de transparencia y, también, a la negativa habitual de las autoridades de ese país a mantener una relación fluida con los medios. Estos resultados concuerdan con los difundidos por
Además, buena parte de los entrevistados consideran que el tema político es aún más difícil de tratar dentro de los medios regionales, pues los periodistas de esos medios se exponen a severas sanciones económicas o se arriesgan a perder la financiación cuando dichos medios pertenecen al sector público. También fue notoria la prevención general de varios de los consultados respecto de los ejes de la política en razón de la posibilidad permanente de la retractación. Algunos de los periodistas del sector público opinaron que la dificultad de publicar ciertos temas radica en los lineamientos editoriales de las empresas periodísticas −de carácter privado− y no tanto en la influencia de los grupos de poder político. El narcotráfico es otro tema que los entrevistados −tanto de medios públicos como de medios privados− consideraron que es mejor evitar (aunque en menor medida que los anteriores) para evitar tener que enfrentarse a amenazas o a alguna represalia. Quienes se refirieron a esa cuestión argumentan que resulta aún más difícil su publicación si se trata de medios regionales, ya que el alcance de la información que estos publican y su repercusión en la opinión pública es mucho menor que la de medios tradicionales de las principales ciudades, por lo cual se sienten desprotegidos en ese aspecto. También se pudo observar que parte de la muestra resaltó que debido a la falta de recursos −y a la ya mencionada dificultad para acceder a las fuentes oficiales−, en Ecuador casi no hay espacio en los medios para publicar reportajes largos o investigaciones en profundidad.
Con relación a los temas que los periodistas consideran más difíciles de tratar dentro de los medios −sobre todo en los privados−, los que se mencionan de manera más frecuente son aquellos que tienen que ver con empresas o empresarios, y con información que perjudique la imagen de los patrocinadores, los bancos o los funcionarios gubernamentales. No obstante, también se mencionó el caso contrario, en tanto que en algunos medios se prohíbe la publicación de contenidos que favorezcan la imagen del gobierno anterior (el de Rafael Correa), por ideología propia de la empresa. Otro aspecto que a menudo se evita es el de los asuntos que interfieren en los intereses de los dueños del medio. Además, algunos de los entrevistados, de medios públicos, se refirieron a las cuestiones de seguridad como “difíciles a la hora de proponer por políticas de la línea editorial del medio” (anónimo, comunicación personal), en uno de los casos; y porque “las denuncias de casos de delincuencia perjudican la imagen de la ciudad y al turismo” (anónimo, comunicación personal), en otro.
Algunas de las opiniones apuntan a las regulaciones de la LOC como un factor fundamental para que en sus medios se dejen de publicar temas relacionados con las políticas del Gobierno. Por un lado, algunos de los informadores consultados consideran difícil hacer denuncias por el riesgo de recibir sanciones; por otro, no les parece correcto instaurar una especie de línea editorial “gobiernista”. Lo anterior sigue la línea del estudio de
En cuanto a la percepción de los niveles de autonomía, la mayoría de los profesionales entrevistados sienten que tienen un margen grande para proponer noticias y casi siempre se las aprueban, ya sea como redactores o como editores. Dos de los entrevistados, de medios privados, argumentaron que en sus medios la política es publicar “lo que la mayoría de medios no se atreve a publicar”, incluso, uno de ellos explicó que como trabaja en un medio digital y “la ley tiene un vacío en la regulación de los medios en internet”, no siente que tenga restricciones. Estas percepciones coinciden con las que encontraron
Sobre las formas de presión percibidas dentro de los medios de comunicación, los periodistas se refirieron a llamados de atención, a órdenes de suprimir cierto tipo de contenidos, a recomendaciones de cambiar el enfoque de las publicaciones, y a atenuar el tono de las denuncias, como los modos más comunes de restricción del ejercicio periodístico. Otros tipos de presión que se mencionaron fueron dar menos espacio en el medio a ciertos temas, publicarlos cuando pierden relevancia y, en casos extremos, su prohibición. Con respecto a las formas de presión externas al medio, cabe destacar que todos los entrevistados de medios privados consideran que las restricciones son usuales por parte del Gobierno, al que también adjudicaron “la difamación del medio por parte del Gobierno con rumores y calumnias difundidos por internet”, como otra forma de presión externa. En este aspecto, las respuestas de los periodistas de los medios públicos se relacionan con “peticiones por parte de las fuentes para ocultar o magnificar situaciones” (anónimo, comunicación personal), peticiones por parte de funcionarios de los grupos políticos para no publicar ciertos contenidos, y hasta con amenazas de atentar contra la integridad física del periodista, cuando se trata del narcotráfico (este último fue el caso menos mencionado).
Respecto de la autocensura, hubo división de opiniones. Por un lado, una parte de la muestra de ambos sectores dijo que “sabe cuáles son los temas que al medio no le gusta publicar y simplemente no los trata” (anónimo, comunicación personal), un hallazgo que concuerda con el estudio de
En buena parte, los periodistas entrevistados recurren a la autocensura cuando encuentran un tema interesante para publicar, el cual saben que no será aceptado porque no va acorde con las políticas de la empresa. No obstante, hubo métodos comentados por los comunicadores que resultan interesantes, como el caso de un profesional de la información de un medio público que “renunció una vez que le vetaron un editorial” (anónimo, comunicación personal), o el de una periodista de un medio privado que “confrontó a un editor y se negó a cambiar lo que ya había escrito en el momento en que este le reclamó por el tono del contenido de la nota” (anónimo, comunicación personal).
Cuando definitivamente no hay espacio ni forma de publicar dentro de su medio, casi todos los entrevistados consideran que un buen mecanismo para que la información pueda salir a la luz pública es entregársela a colegas de otros medios, con el fin de que ellos la publiquen en sus respectivos lugares de trabajo. Otra forma de resistencia que puede ser efectiva es transmitir la información en plataformas de Internet, como blogs o portales web propios. Incluso, algunos periodistas hicieron referencia a las redes sociales como una buena alternativa de difusión.
En cuanto a las reacciones de los periodistas por presiones de agentes externos a los medios, una parte de ellos publica la información a pesar de conocer los riesgos que eso conlleva, sean sanciones impuestas por la Supercom o problemas dentro del medio. En el caso de un periodista de medios privados, las estrategias para eludir cualquier intento de censura consisten en “acudir a documentos y en hacer una investigación exhaustiva sobre lo que las fuentes oficiales se niegan a decir” y, sobre todo, “dejar claro, como ordena la ley en su Art. 22, que se intentó conseguir la información pero que no fue posible a causa de la resistencia de la fuente de hablar con el periodista” (anónimo, comunicación personal). También opinó que hay que llegar a la información como sea, y que por ningún motivo hay que resignarse por la negativa de las autoridades públicas a dar declaraciones. Otra parte de los entrevistados prefiere no publicar al sentirse confrontados por ese tipo de injerencias en su labor periodística. Ante los reclamos y las peticiones por parte de las fuentes para cambiar u omitir parte de un contenido, se observó que la mayoría opta por la publicación de las informaciones que se estiman pertinentes sin importar lo que dichas fuentes piensen o digan. No obstante, una periodista de medios privados dijo que en ocasiones cede ante las exigencias que le hacen las fuentes “por miedo a quedarse sin la información y sin contactos que le puedan dar declaraciones en un futuro” (anónimo, comunicación personal). Otra forma de reacción −en los casos en los que las fuentes ejercen algún tipo de presión− es la de buscar a otras personas que les puedan proporcionar a los periodistas la información que necesitan.
Es notable la animadversión por parte de los periodistas privados hacia la Supercom, creada por la LOC a partir del Artículo 55, así como la falta de confianza en esta institución, pues se concibe como un órgano perseguidor más que como una organización encargada de proteger los derechos de los periodistas, tal y como ordena la misma Ley, en los artículos 2 y 56.
Asimismo, se destaca el hecho de que ninguno de los periodistas consultados ha acudido a la Supercom para reclamar la vulneración de sus derechos, sobre todo cuando, como se indicó anteriormente, varios de ellos consideran que en ocasiones se ha visto afectado el derecho a informar libremente –el cual está tipificado en los artículos 17 y 18 de la LOC. Sobre esto cabe aclarar que mientras que casi todos los entrevistados que pertenecen al sector público de la comunicación ecuatoriana dijeron que no han acudido a la Supercom porque no lo han visto necesario, los del sector privado argumentan su resistencia a solicitar ayuda a esta entidad por falta de confianza y porque la consideran una organización arbitraria “que sólo defiende los intereses de los periodistas de medios públicos, y se encarga de sancionar a los medios y a los periodistas de medios privados” (anónimo, comunicación personal).
También hubo periodistas de medios públicos que afirmaron que la función de la Supercom no es la de velar por los derechos de los profesionales de la información, sino la de proteger a las audiencias y a los ciudadanos de posibles abusos de la prensa, por lo cual, en ese sentido, consideran necesaria su existencia. Dentro del mismo sector es destacable la opinión negativa de un periodista respecto de esta entidad reguladora y administrativa, pues dice “que es partidario de evitar la Supercom porque considera que es un organismo político y no un ente rector” (anónimo, comunicación personal).
En relación con la LOC, y lo que ha significado su existencia en el ejercicio periodístico en Ecuador, por un lado, hubo periodistas que dijeron que la información es un bien público y como tal debe ser regulado; por el otro, algunos entrevistados indicaron que la idea de crear una ley de comunicación es buena, pero que quienes la hacen cumplir no hacen bien su trabajo. Por consiguiente, la LOC, en lugar de funcionar como guía para los profesionales de la información, obstaculiza y condiciona el buen desarrollo de una prensa libre y autónoma. Por último, otra opinión que cabe resaltar es la de una periodista de un medio privado que considera que “no debería existir ningún tipo de regulación a la prensa”, pues piensa que “es la audiencia la que debe elegir cuáles son los contenidos que le interesan y cuáles no”, y en ese sentido le parece que “una institución como la Supercom es perniciosa para el periodismo” (anónimo, comunicación personal).
La LOC, según se ha mostrado en este trabajo, propuso numerosos elementos vinculados a la regulación de un ámbito que, en el caso de Ecuador, hasta el 2013 aparecían delimitados vagamente desde el punto de vista de su aplicación (
Así pues, haciendo un balance general, se puede decir que el Estado ecuatoriano, más que estimular el buen ejercicio de la profesión periodística, ha obstaculizado la labor de los informadores, sobre todo en aquellos contenidos que pueden resultar perjudiciales en términos de reputación del poder político. Por tanto, sería aconsejable, en futuras reinterpretaciones de la LOC, revisar la posibilidad de que el Estado reconsidere y reestructure el funcionamiento y la constitución de las entidades administrativas y de control de los medios ecuatorianos. Por ello, es necesario conceder un mayor protagonismo institucional a los colectivos profesionales en vez de encargar la tarea reguladora solamente a funcionarios estatales. Asimismo, se pudo observar una notoria polarización sobre la pertinencia de la LOC en la marcada diferencia entre las opiniones de ambas partes del periodismo ecuatoriano (pública y privada), pues mientras que los profesionales de la información del sector público consideran que esta Ley ha traído beneficios al periodismo ecuatoriano, los de los medios privados perciben su existencia como algo perjudicial para el desarrollo de su profesión. Tal diferencia de percepciones respecto de la ley de medios y la evidente inconformidad de los profesionales de medios privados respecto de su aplicación, refleja inequidad en la forma en la que los organismos de control y el Estado regulan el ejercicio periodístico en ese país.
De acuerdo con esta realidad, resulta contradictorio que una ley haya fijado la democratización de la opinión pública y de la información ecuatoriana como principio fundamental (
Con relación a las presiones, es notable que los periodistas de medios privados perciben una mayor limitación de la información entre los agentes externos al medio en el que trabajan, antes que en las políticas editoriales de su propio medio. Varios de ellos consideran que es normal la autocensura en los temas que no les interesa publicar a los dueños del medio o que, a su vez, pueden afectar a los intereses comerciales de los patrocinadores.
Por un lado, los periodistas de medios privados consideran que las presiones de poderes políticos entorpecen el derecho de las audiencias a recibir información contrastada y veraz, y el de los periodistas a informar libremente sin ningún tipo de censura previa; por otro, los profesionales de dicho sector justifican la omisión de la información relacionada con asuntos comerciales del medio o de empresas y marcas que pautan o financian a la empresa periodística, con el argumento de que el medio de comunicación es, antes que nada, una empresa y que como tal debe velar por sus propios intereses. No obstante, los comunicadores que se desempeñan en el ámbito público no perciben a la LOC ni a los entes que se encargan de regular la información y de controlar el ejercicio periodístico en Ecuador como fuentes de censura, pero dichos periodistas del sector público consideran que el funcionamiento empresarial de los medios privados y la influencia que ejercen los patrocinadores, son los mayores limitantes del periodismo en ese país.
Quizás lo anterior se deba a que el tipo de presiones externas al medio en el que trabajan se percibe como más severo que las formas de control que existen dentro de los propios medios. Por ejemplo, en el caso de los medios privados se teme a las posibles sanciones, como multas u órdenes de réplica o de rectificación, según sea el caso, pero no se considera tan grave un llamado de atención, la petición de atenuar el tono de los contenidos o, incluso, la censura por parte de los editores o de los directivos de la empresa de comunicación. En cambio, los entrevistados de medios públicos −que no perciben la ley como un elemento coercitivo− rechazan que, por aspectos comerciales, la transparencia de la información se vea perjudicada. Sin embargo, cabe cuestionar la posición de dichos periodistas, ya que si bien no responden a los intereses de los poderes económicos del sector privado sí lo hacen con los intereses del poder político, que es de donde proviene su financiación, es decir, del Estado.
Con respecto a las presiones, es curioso que en varias ocasiones se haya aludido al temor que les genera a los periodistas tener que acatar órdenes de peticiones de réplica o de retractación, cuando casi ninguno de los entrevistados ha tenido que retractarse, y quienes lo han hecho ha sido por errores propios y no por presiones de entidades estatales.
En cuanto al nivel de autonomía que los periodistas consideran que tienen en sus lugares de trabajo −a pesar de las quejas que han suscitado la LOC y sus entes administrativos, y de que varios de los profesionales admiten que en sus medios hay temas censurados−, se observó una conformidad casi unánime en relación con la independencia con la que ellos realizan su trabajo.
En primer lugar, es interesante la solidaridad que se pudo observar tras las entrevistas, pues casi todos los consultados se refirieron a entregar la información a colegas de otros medios cuando no tienen espacio en la empresa periodística en la que trabajan. Además, es destacable la constante mención a publicar en Internet la información que les es vedada en sus lugares de trabajo, y el conocimiento que tienen respecto de las falencias de la LOC en relación con la regulación de los contenidos periodísticos en la web.
Por último, cabe aclarar que este trabajo presenta como limitación fundamental el hecho de haberse trazado con una técnica cualitativa; por ello, en futuras contribuciones resultaría interesante afianzar o contrastar los resultados obtenidos, así como abordar la situación de los periodistas comunitarios, por ejemplo, que ejercen un rol protagónico dentro del sistema mediático ecuatoriano.
Artículo de investigación