Este artículo parte de la identificación de un problema normativo en los Códigos Civil y de Comercio de Colombia, que consiste en la presencia de un sistema fraccionado y disperso de medios de protección del acreedor ante situaciones constitutivas de incumplimiento contractual. Esto produce un efecto práctico complejo y no deseado, pues el afectado se enfrenta a la incertidumbre de un medio de tutela, que tienda a la satisfacción de su interés lesionado. Este hecho consiste en la ausencia de un concepto general de incumplimiento y, por ende, de una estructura unitaria de medios de protección para el acreedor¹.

Es cierto que algunos autores se han apoyado en normas, como los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, que regulan el contenido de la indemnización por incumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de establecer que esta comprende el daño emergente y lucro cesante —ya sea por no haber cumplido la obligación, haberla cumplido incorrectamente, o haberse tardado en su cumplimiento—, para destacar que estas situaciones constituyen incumplimiento del contrato². Aunque, de todos modos, el cumplimiento imperfecto o defectuoso es un asunto que ha sido olvidado por la doctrina, puesto que solo se ha enfatizado en la no ejecución de la obligación y el cumplimiento tardío³.

Ante las mencionadas situaciones constitutivas de incumplimiento, también se parte de afirmar que los derechos principales del acreedor insatisfecho, o medios de satisfacción del crédito⁴, consisten en la ejecución forzosa de la prestación no ejecutada, que busca constreñir al deudor al cumplimiento de la prestación, al igual que a la obtención de la indemnización de perjuicios, o bien la resolución o terminación del contrato. Esto se apoya en los artículos 1546 del Código Civil (ubicado en el título IV “De las obligaciones condicionales y modales”, del libro IV), y 870 del Código de Comercio (norma que se encuentra en el capítulo IV “El contrato en general” del Libro IV), además de las manifestaciones particulares para la inejecución de las obligaciones de hacer y no hacer, establecidas en los artículos 1610 y 1612 del Código Civil, (normas que se encuentran ubicadas en el título XII “Del efecto de las obligaciones” del Libro IV)⁵. Pero basta una lectura de las reglas establecidas en los capítulos sobre contratos en particular, para advertir que también existen acciones especiales frente a supuestos de incumplimiento, sin que exista claridad, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, sobre la forma como se articulan tales acciones⁶.

Si bien lo deseable es que un nuevo Código de Derecho Privado corrigiese tal defecto normativo, mientras ello no suceda, es posible plantear una relectura de las normas vigentes. Por un lado, es posible a partir de una mirada al modelo del derecho uniforme y armonizado de contratos, con o sin fuerza de ley, como la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante la CISG), y la reforma al Code Civil de 2016 en materia de contratos y obligaciones (en adelante la reforma francesa)⁷. Y por el otro lado, por medio de los Principios de UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales (en adelante los PCCI), los Principios Europeos de Derecho de Contratos (en adelante los PECL), y los recientes Principios Latinoamericanos de Derecho de Contratos (en adelante los PLDC), como también una aplicación directa de los mismos⁸. Todos estos instrumentos conforman lo que se denomina el nuevo derecho de contratos ⁹ que, entre otros aspectos, se caracteriza por establecer un sistema unitario de remedios de común aplicación a las distintas hipótesis constitutivas de incumplimiento.

Esta mirada al modelo permite una relectura e interpretación de las normas sobre incumplimiento de los códigos de derecho privado, pues posibilita alcanzar soluciones acordes con las actuales condiciones del tráfico y, por encima de todo, disipa las perplejidades que provoca la disciplina que ellos contienen —si es que es posible hablar de una disciplina. Se trata de ofrecer una construcción dogmática de la noción de incumplimiento, no solamente en el plano de lege lata, sino en el de la aplicación de las normas para la resolución de los conflictos contractuales. Sobre este punto, ha de llamar la atención que tanto los PCCI, como los PECL y los PLDC reconocen entre sus funciones el servir de dispositivo para la interpretación o complementación de los derechos internos¹⁰. En efecto, en el preámbulo de los PCCI, titulado “Propósito de los principios”, se indica que estos pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional. Es similar la fórmula empleada en el artículo 2 de los PLDC, cuyo numeral 2º establece que “Estos Principios se aplican para interpretar instrumentos internacionales de derecho uniforme y derecho estatal que rigen el contrato”. Así las cosas, esta fórmula puede permitir que, al igual que ha sucedido con otros instrumentos de soft law, los jueces, árbitros y abogados, puedan encontrar en los PLDC elementos de apoyo para la interpretación y aplicación de los instrumentos internacionales, o leyes nacionales que resultaren aplicables a los contratos.

De manera adicional, corresponde puntualizar que el vocablo remedios se traduce de la expresión angloamericana remedies, y que el sistema del Common Law permite agrupar funcionalmente las consecuencias que se siguen para la parte que ha incumplido el contrato —sea porque no se ha cumplido o se ha cumplido de manera defectuosa—; a su vez, hace alusión a los mecanismos de tutela de los cuales dispone el acreedor¹¹. La expresión remedios ha sido ampliamente acogida por la doctrina del derecho civil continental y, al igual que en el Common Law, sirve para aludir a los derechos, pretensiones o acciones, de los que dispone el acreedor frente al incumplimiento del deudor¹². Así, por ejemplo, Morales Moreno, señala que:

El término remedio designa, en general, una medida de protección que el Ordenamiento jurídico ofrece a un sujeto, cuanto este sufre la lesión de un interés digno de protección jurídica. En el incumplimiento, el término remedios designa las medidas de protección que el Ordenamiento pone a disposición del acreedor insatisfecho, en caso de incumplimiento del contrato¹³.

El autor agrega que, aunque este término no tiene arraigo histórico en la tradición jurídica continental, este es más flexible, y no está contaminado por la construcción judicialista que históricamente ha acompañado a las medidas de protección del derecho de contratos¹⁴. Esta expresión es empleada en la versión en inglés de la CISG¹⁵,. Aunque en la versión oficial en castellano no se emplea la palabra remedios, sino derechos y acciones en caso de incumplimiento, tanto del vendedor como del comprador; algunos autores la traducen como remedios ¹⁶. De igual manera, se emplea en el artículo 3.2.4 de los Principios de Unidroit, la cual está traducida como remedios en la versión en castellano¹⁷. Otros autores la utilizan para aludir al sistema de acciones, sanciones o recursos, de los que dispone el acreedor ante el incumplimiento del deudor, contenidos tanto en otros instrumentos uniformes, como en regulaciones nacionales¹⁸.

Con base en lo anterior, este artículo tiene por objeto identificar las bases sobre las cuales se puede construir un concepto unitario de incumplimiento contractual y, a partir de ello, poder determinar sus consecuencias. Estas consisten en la construcción de un sistema unitario de remedios a los cuales el acreedor insatisfecho pueda acudir.

Para ello, este artículo está estructurado de la siguiente forma: en primer lugar, se identifica el problema normativo que presentan el Código Civil y de Comercio colombianos, que regulan una acción resolutoria por incumplimiento de alcance restringido, a partir de una norma que consagra la denominada condición resolutoria tácita. En segundo lugar, se da claridad sobre el concepto unitario de incumplimiento, y se muestran las bases con las que se puede construir en el Código Civil. En tercer lugar, se refiere el panorama del incumplimiento en el moderno derecho de contratos. En cuarto lugar, se expone la concepción realista de contrato, cuya consecuencia principal es la construcción de un sistema unificado de remedios. Finalmente, se evidencia la situación consistente en el fraccionamiento de situaciones de incumplimiento y remedios en los Códigos de Derecho privado colombianos. Estas últimas pueden superarse por vía interpretativa si se acoge la concepción realista del contrato y sus consecuencias. Con ello, permite ser construido a partir de una relectura, en clave moderna, de las reglas existentes en los Códigos.

En el Derecho uniforme de la contratación, manifestado en la CISG, en los Principios de Unidroit sobre contratos comerciales internacionales, los Principios europeos de derecho de contratos, y los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos, se adopta una noción unitaria, amplia y objetiva de incumplimiento, que comprende toda manifestación de inejecución contractual. Excluye la exoneración de responsabilidad de parte del deudor y no solo comprende la inejecución de deberes de conducta de parte del deudor, sino también la ausencia de determinados estados o situaciones presupuestos en el contrato y garantizados por él¹⁹. En este modelo, se prescinde del estándar del buen padre de familia y de la culpa; a pesar de ello, la conducta del deudor se aprecia conforme con un estándar más exigente: el de la persona razonable²⁰.

En efecto, basta revisar los artículos 45 y 61 de la CISG para advertir que estas normas consagran los remedios de los que dispone el acreedor ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del deudor²¹. A su vez, el artículo 25 de la CISG define el incumplimiento esencial del contrato como aquel que cause a la otra parte un perjuicio, un perjuicio tal que la prive sustancialmente de su lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiese previsto tal resultado, y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. Este concepto tomado del Common Law distingue entre incumplimiento esencial y no esencial, donde la resolución del contrato se reserva para el primero —con la consideración de gravedad por parte de un juez—, de forma que, si afecta la base del contrato, frustra la finalidad perseguida por la parte afectada o priva sustancialmente de la satisfacción del interés pretendido; el acreedor puede resolverlo²².

En la CISG, para que el incumplimiento se pueda calificar como esencial, debe mirarse la manera en que han sido afectadas las expectativas contractuales del acreedor, las cuales se deben privar de forma sustancial; esto es que se genere una lesión contractual grave ante lo cual el acreedor pierda interés en el contrato²³. El artículo 49 de la Convención reconoce el derecho del comprador a declarar resuelto el contrato, si el incumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban puede ser calificado como esencial. Cabe recordar que según el artículo 26, la declaración de resolución no requiere pronunciamiento judicial, pues basta que el acreedor se la comunique a la otra parte. Se diferencia de lo que sucede normalmente en los Códigos de la tradición europea, en los cuales la resolución debe declararla el juez, para lo cual corresponde al acreedor interponer una acción declarativa. Esto también sucede en Colombia y Chile, según lo establecido en los artículos 1546 y 1489 de los respectivos códigos civiles vigentes en ambos países.

Adicionalmente, según el numeral 2 b, la posibilidad de decretar la resolución por incumplimiento esencial, en caso de falta de conformidad, debe hacerse dentro de un plazo razonable después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento o después del vencimiento del plazo suplementario, en los casos en que este se haya fijado.

El artículo 79 (5) de la CISG limita el ámbito de aplicación de la causa de exoneración a la indemnización de daños, pues permite que el acreedor haga uso de los demás remedios, como son la resolución, la reparación o la rebaja del precio²⁴. Corresponde precisar que en este régimen hay incumplimiento, a pesar de que el deudor se encuentre amparado por la causa de exoneración del citado artículo 79 (1) de la CISG. Ahora, si bien es cierto que la CISG no incluye un concepto de incumplimiento, hace una referencia implícita a que este se origina en la no realización de las obligaciones de las partes, o bien un cumplimiento defectuoso o tardío de las mismas²⁵. No obstante, debe ser claro que en el contexto de la CISG no se hace referencia al incumplimiento de obligaciones aisladamente consideradas, sino del contrato. Entonces, se entiende que este se incumple cuando se produce la insatisfacción del interés contractual del acreedor, lo que abarca tanto la falta de cumplimiento en sí mismo, como el cumplimiento tardío o defectuoso²⁶.

Ello se deduce de las normas que regulan los remedios a los que puede acudir el acreedor afectado, los cuales se fundan en los siguientes supuestos: la no entrega del bien por parte del vendedor²⁷; el no pago del precio por el comprador²⁸; y la falta de conformidad jurídica o material (no libre de pretensiones de terceros o cuando sirva defectuosamente)²⁹. De esta manera, la CISG permite entrever que los supuestos que lo constituyen son: la no ejecución de las obligaciones y la falta de entrega de parte del vendedor³⁰, o de pago del precio de parte del comprador³¹; y el cumplimiento tardío y defectuoso, manifestado en las reglas sobre falta de conformidad jurídica o material³².

Los PCCI incluyen una definición de incumplimiento. En efecto, este indica que el incumplimiento “consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o tardío”³³. A partir de esto, establecen los remedios derivados de ello: sección 2, derecho a reclamar el cumplimiento³⁴; sección 3, resolución³⁵; y sección 4, resarcimiento³⁶. En los PCCI se prescinde de la noción de culpa, aunque, al igual que en la CISG, se prevé una causa de exoneración. Si el deudor acredita la concurrencia de esta causa, igualmente habrá incumplimiento y el acreedor puede hacer uso de cualquier remedio distinto a la indemnización de daños o el cumplimiento específico³⁷. Así entonces, al igual que lo sucedido en la CISG, en los PCCI el concepto es simplificador y aglutinador de las distintas modalidades del incumplimiento³⁸.

Por su parte, el artículo 1301 (4) del PECL define el incumplimiento como “cualquier incumplimiento de una obligación derivada del contrato, esté o no justificada, e incluye el cumplimiento tardío o defectuoso, así como la inobservancia del deber de colaborar para que el contrato surta plenos efectos”³⁹. En los PECL, el incumplimiento comprende cualquier desviación del cumplimiento, desde la total inactividad del deudor hasta cualquiera falta de conformidad⁴⁰. Esta noción de incumplimiento, tal como lo manifiesta Morales Moreno, también comprende los casos de imposibilidad inicial, porque no se predica de la conducta debida del deudor (en cuyo caso podría pensarse “impossibilium nulla obligato est”), sino del contrato, pues significa la falta de realización de este. El incumplimiento pone de manifiesto el problema de insatisfacción del interés del acreedor y abre el camino a la respuesta del ordenamiento —orientada al reparto de ese riesgo entre los contratantes—, a través del sistema de remedios que integran el contenido de la responsabilidad contractual (en el sentido amplio que él emplea)⁴¹.

En los PLDC, el incumplimiento del contrato se trata en el capítulo 8, que a su vez está dividido en tres secciones: la primera, sobre el incumplimiento, definición y causas; la segunda, referida a los medios de tutela del acreedor; y la tercera, sobre las condiciones de procedencia, ejercicio y efectos de los medios de tutela particulares⁴².

El incumplimiento se encuentra definido en el artículo 86 de los PLDC así:

Incumplimiento es la falta de ejecución del contrato en la forma pactada.

Como se puede advertir, este acoge un concepto de incumplimiento que abarca tanto la no realización de lo convenido, como su ejecución o cumplimiento imperfecto. Estos, a su vez, tienen cabida en situaciones de cumplimiento parcial, tardío o que presente anomalías, ya sea de carácter material o jurídico, lo cual requiere una comparación entre lo acordado (objeto ideal), y lo ejecutado (objeto real), de tal manera que, si el segundo no coincide con el primero, hay incumplimiento. Además, este concepto no solo comprende el hecho del deudor, sino también el de sus auxiliares o, en general, de las personas empleadas por este para su cumplimiento⁴³.

Al igual que lo acaecido en otros instrumentos modernos, en los PLDC el incumplimiento se constituye como un hecho amplio y objetivo. Esto es porque abarca situaciones que, en los códigos de la tradición europea, se encuentran regulados de manera fraccionada en regímenes especiales, como son los de saneamiento por evicción y vicios ocultos, además de la imposibilidad según la forma como se encuentra regulada en el artículo 90⁴⁴.

En cuanto al carácter objetivo del incumplimiento en los PLDC, este se manifiesta en el hecho de que no importa si el mismo se originó en una conducta del deudor, del acreedor o sus auxiliares, o un impedimento proveniente del caso fortuito o la fuerza mayor. En estas situaciones corresponde determinar los medios de tutela de los cuales podrá disponer el acreedor. Así, si el incumplimiento se genera en una acción del acreedor o sus auxiliares, se le priva de la posibilidad de acudir a tales medios consagrados en el artículo 91. Según lo que dispone el artículo 88, si se trata de una situación de imposibilidad proveniente de caso fortuito o fuerza mayor, el acreedor no podrá reclamar una indemnización por los perjuicios derivados, según el artículo 104⁴⁵.

También cabe destacar que la reforma francesa ha introducido una noción unitaria de incumplimiento, y de medios de tutela para el acreedor, pues generaliza algunos remedios que figuraban en las reglas particulares de ciertos contratos, como es el caso de la suspensión y la reducción del precio en la compraventa⁴⁶. En efecto, el nuevo artículo 1217 del Code establece que el acreedor, a quien no se le ha cumplido o lo ha sido de forma imperfecta, puede interponer cualquiera de los siguientes remedios: negarse a cumplir o suspender el cumplimiento de su obligación, perseguir la ejecución forzada de la misma, obtener una reducción del precio, provocar la resolución del contrato, o demandar la reparación de las consecuencias de la inejecución⁴⁷.

En definitiva, puede advertirse cómo los instrumentos que conforman el moderno derecho de contratos acogen un concepto unificador que comprende todas las manifestaciones del incumplimiento⁴⁸. No se limita a la inejecución de las prestaciones contractuales, sino también la insatisfacción de los intereses del acreedor —por la falta de verificación del estado de cosas asumido por los contratantes—. Se caracteriza, además, por ser objetivo al prescindir del elemento culpa como criterio de imputación de la responsabilidad del deudor. En la doctrina francesa moderna, Genicón afirma que el incumplimiento se define de mejor forma en un sentido negativo, como el no cumplimiento de una obligación impuesta por el acuerdo de las partes, por lo que resulta erróneo atar de manera sistemática la noción de incumplimiento con la de culpa⁴⁹.

Así pues, el derecho moderno de la contratación acoge una noción amplia y objetiva de incumplimiento, que tiene la virtud de abarcar todo tipo de infracción de la regla contractual. Además, sirve para construir un sistema de responsabilidad contractual en el cual resulta irrelevante si el deudor resulta o no exonerado de responsabilidad⁵⁰.

Ahora bien, la pregunta que ha de plantearse al llegar a este punto es: ¿resulta posible construir en los códigos de derecho privado una noción unitaria de incumplimiento, similar a la del moderno derecho de contratos? Para resolver esta inquietud, resulta necesario indagar sobre el alcance de una concepción realista del contrato, que se construye a partir de la identificación del propósito práctico del acreedor. A su vez, averiguar si existen bases, tanto en el Código Civil como en la jurisprudencia, para el desarrollo de esta concepción, lo que permitirá analizar la posibilidad de construir un concepto amplio de incumplimiento, aspectos que serán desarrollados en los puntos siguientes.

Constituye un lugar común en la doctrina europea referirse, en términos más o menos similares, al contrato como un acuerdo de voluntades, generador de obligaciones. En este sentido, el concepto de contrato que proporciona el Código Civil colombiano corresponde a una noción normativa del mismo, que considera exclusivamente los derechos y obligaciones que produce: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”. Como se advierte, esta norma se basa en un modelo de vinculación contractual, tradicionalmente adoptado por los códigos decimonónicos, y que la entiende por prestación, es decir: la conducta que debe realizar el deudor a favor del acreedor⁵¹.

Al igual que el concepto de obligación limitado a la prestación, esta noción de contrato es insuficiente para explicar el fenómeno negocial y, por ello, también el de incumplimiento⁵². Este modelo ofrece ciertos inconvenientes: por ejemplo, dificulta que las cualidades materiales y jurídicas, que debe poseer la cosa para satisfacer el interés del comprador, sean contenido de la prestación, y su ausencia pueda considerarse incumplimiento. De igual manera, complica la articulación de la pretensión de subsanación —manifestada ya sea en la reparación o la sustitución, en casos de cumplimientos defectuosos—, al exceder la prestación del vendedor que originariamente es de dar y no de hacer.

Tal pretensión rebasa el contenido originario de la prestación⁵³. Hay que tener en cuenta que, con el contrato, las partes persiguen un propósito práctico que permite satisfacer su interés en el cumplimiento, el cual es relevante en la medida que esté incorporado al acuerdo. Por ello, la noción normativa debe complementarse con la concepción realista. Como consecuencia, la visión tradicional con la cual el acreedor, en virtud de su derecho subjetivo de crédito, puede lograr un comportamiento del deudor en caso de incumplimiento, resulta superada si se asume que tal derecho no consiste propiamente en lograr un comportamiento del deudor, sino en obtener la satisfacción de un determinado fin o interés, por lo que el incumplimiento se configura cuando este no se satisface.

De esta forma, los problemas de incumplimiento del contrato deben tratarse como cuestiones de satisfacción e insatisfacción del acreedor, y no solamente de inejecución de las obligaciones⁵⁴. Además, esta concepción permite concluir que, si el deudor garantiza un resultado, la vinculación que genera el contrato entre las partes no solo incluye obligaciones, entendidas nuevamente como prestaciones o deberes de comportamiento exigibles, sino también ciertas presuposiciones relativas a hechos, situaciones o estados de la realidad, cuyo riesgo de existencia o inexistencia es asumido por el deudor⁵⁵. Por ello, esta “concepción realista” de contrato, centrada en el “propósito práctico” perseguido por las partes, busca la redefinición de la problemática de las cualidades de la cosa⁵⁶. Asume que, si el negocio jurídico se concibe como un medio de satisfacción de intereses de las partes, puede no alcanzar su objetivo por causas que, en ocasiones, pueden imputarse o no a la conducta de estas, al abarcar situaciones que no solamente incluyen el incumplimiento, sino también el error además de los vicios ocultos, lo cual permite construir el sistema unitario de remedios⁵⁷, concebidos como mecanismos de los que dispone el acreedor para satisfacer su interés⁵⁸.

El intérprete —juez o árbitro—, al definir este propósito práctico, lo conectará necesariamente con la causa del contrato, estipulada en el inciso segundo del artículo 1524 del CC., ya no para medir la moralidad o legalidad del acto, sino sus efectos derivados del incumplimiento⁵⁹. Este sistema propuesto corresponde con el que han asumido los instrumentos de modernización ya mencionados⁶⁰.

Esta manera de concebir el contrato hace necesario revisar el alcance de la fuerza obligatoria del mismo, que tradicionalmente ha permitido sostener que, ante el incumplimiento, el acreedor debe buscar el cumplimiento por sobre las otras alternativas en vista del supuesto principio de pervivencia del contrato. Si el contrato persigue la satisfacción del interés del acreedor, y este se incumple, sus efectos deben apuntar a la protección de ese interés insatisfecho, perteneciendo a esa parte, víctima del incumplimiento, la opción entre dicho cumplimiento u otra acción que conduzca a su satisfacción.

En la jurisprudencia colombiana, se encuentran algunos fallos que recogen la noción realista de contrato cuando se revisa la finalidad o propósito de las partes al contratar, al definir los efectos del incumplimiento; a partir de ello, se califica como esencial y se gradúa el sistema de acciones del acreedor. Particularmente, puede destacarse un fallo de la Corte Suprema de 2009⁶¹, en el que las premisas sentadas pueden servir de parámetros para que posteriores sentencias solucionen por vía interpretativa algunos problemas legislativos que se viven en el derecho colombiano. Estos dilemas resultan comunes en varias legislaciones de la tradición del Derecho Civil, como es la coexistencia de remedios frente a situaciones que configuran incumplimiento contractual, tales como los vicios redhibitorios en la compraventa, los defectos de cantidad, entre otros.

La sentencia de 18 de diciembre de 2009 se dictó a propósito de los siguientes hechos: en virtud de un contrato de venta de un establecimiento de comercio, se demandó a la compradora para que restituyera el bien objeto del contrato, y se pagaren los frutos percibidos (o que hubiese podido percibir), desde la fecha de recepción de este, incluyendo la pena pactada con intereses moratorios. En subsidio, se solicitó la resolución por incumplimiento de ambas partes. Las contratantes habían suscrito un acuerdo privado, en virtud del cual convinieron celebrar el contrato de venta del establecimiento por escritura pública en fecha posterior. Según la demandante, la contraparte incumplió con la forma de pago pactada en el contrato. La vendedora concurrió a suscribir la escritura pública en la fecha pactada, pero se abstuvo de hacerlo ante el incumplimiento de la compradora. Tras la reclamación, la demandada formuló la excepción de contrato no cumplido. En primera instancia se declaró resuelto el contrato de compraventa por mutuo incumplimiento, y se condenó a la demandada a restituir el establecimiento, y a la demandante a devolver la parte del precio que había recibido.

Las dos partes apelaron el fallo. El Tribunal de apelación negó la excepción de contrato no cumplido, declaró resuelto el contrato por incumplimiento de la demandada, y ordenó las restituciones mutuas correspondientes. La Corte aceptó el recurso de casación interpuesto por violación de diversas normas probatorias, revocó la sentencia dictada por el juez de primera instancia, y desestimó las pretensiones del demandante.

La Corte comprobó que la compradora cumplió tardíamente lo pactado, y entró a analizar si en este caso cabía la acción de resolución del contrato. Sobre este punto, indicó que el incumplimiento que da lugar a la facultad de resolver el contrato debe cumplir ciertos requisitos para ser calificado como resolutorio, pues, como se afirmó en las consideraciones, “(…) no toda separación del programa obligacional por parte del deudor habilita a su contraparte para ejercer la mencionada facultad enderezada a que se decrete la extinción del contrato”. La Corte procedió a señalar que el incumplimiento tiene como consecuencia no satisfacer el interés del acreedor, por lo que se debe distinguir entre incumplimiento total y definitivo, cumplimiento defectuoso, cumplimiento parcial o retardo (arts. 1613 y 1614 del CC). Por lo tanto, se puede calificar como esencial por insatisfacción del interés contractual, para lo que deben valorarse las circunstancias concretas pertinentes, y así medir la insatisfacción de tal interés del acreedor.

Así dijo la Corte en alguno de sus apartes:

Sin embargo no toda separación por parte del deudor respecto del “programa obligacional” previamente establecido, permite poner en funcionamiento los mecanismos encaminados a extinguir la relación que une al obligado con el acreedor –particularmente la resolución contractual-, toda vez que, en ciertas ocasiones, retrasos en el cumplimiento o cumplimientos parciales, que en principio podrían dar lugar a la resolución contractual, no se consideran de entidad suficiente como para justificar tan radical determinación, en cuanto se podrían producir con ello situaciones inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la buena fe de la señalada facultad resolutoria, además de afectarse el principio de conservación del contrato.

En el contexto que se ha precisado anteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que en esta materia resulta pertinente distinguir, entonces, si la obligación insatisfecha es una obligación principal o simplemente accesoria, o también si el incumplimiento es definitivo o apenas parcial o transitorio, y, en todo caso, analizar la trascendencia, importancia o gravedad del incumplimiento, determinadas tales circunstancias, entre otros criterios, por lo que las partes hayan convenido, por la afectación que se haya presentado en el interés del acreedor en el mantenimiento de la relación, por la frustración del fin práctico perseguido con el contrato –en la que se incluye la inobservancia de un término esencial-, o, en fin, por el impacto que se haya podido generar en la economía del contrato⁶².

De esta forma, precisó que el cumplimiento tardío puede ser considerado como esencial. Por ello, cabe el ejercicio de la acción resolutoria si es que, con posterioridad a una cierta oportunidad, el cumplimiento se vuelve inútil al acreedor, y si su interés en el derecho de crédito ha sido definitivamente lesionado o genera frustración del fin práctico perseguido por las partes en el contrato. Según esto, concluyó que el incumplimiento no podía ser calificado como esencial y, por tanto, no era resolutorio.

Como ya se indicó, el cumplimiento de la obligación suele entenderse como la ejecución de la prestación debida, conforme con lo pactado por las partes, o bien lo establecido por la ley o por el juez, lo cual tiene como soporte legal el artículo 1613 del Código Civil, según el cual “el pago es la prestación de lo que se debe”⁶³. A su vez, incumplimiento es la situación en la que el deudor inobserva la prestación debida al acreedor (ya sea por retardo o cumplimiento imperfecto), lo cual da lugar a las acciones correspondientes al acreedor⁶⁴. En este contexto, puede entenderse que, como también se anotó anteriormente, es la manera en que se ha entendido a la obligación. Prestación es el comportamiento o conducta que el deudor debe realizar a favor del acreedor⁶⁵.

Por el contrario, según la concepción asumida en este artículo, el incumplimiento se puede concebir como un hecho amplio y objetivo que produce la insatisfacción del interés del acreedor. Es posible afirmar de manera lógica que —partiendo del concepto realista de contrato ya aludida—, para comprender los problemas de cumplimiento e incumplimiento del contrato, estos deben ser asumidos como asuntos de satisfacción e insatisfacción del mencionado interés contractual. De este modo, el énfasis no ha de estar en la inejecución de la obligación, sino en la vinculación contractual, concepto que resulta más amplio, y que permite expresar las particularidades de las obligaciones surgidas del contrato, del mismo modo que se concibe en el moderno derecho de contratos⁶⁶.

De acuerdo con este modelo, el deudor se obliga a realizar el contrato al garantizar la satisfacción del interés del acreedor. El deudor se obliga a cumplir el contrato y, si el deudor incumple en términos (que en el primer supuesto el acreedor satisface su interés y en el segundo su interés queda insatisfecho), activa los remedios al incumplimiento del acreedor. De esta forma, se ha de dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cómo definir el interés contractual del acreedor? Esta pregunta y, más precisamente su respuesta, fuerza a examinar la concepción realista del contrato y la idea del propósito práctico del acreedor como elemento configurador de su contenido, del incumplimiento, y también de los remedios. No ha de olvidarse que se asume que los problemas de incumplimiento son problemas de insatisfacción del interés del acreedor; entonces, para avanzar, se ha de explicar cómo llegar a esta idea del interés del acreedor.

Como bien puede advertirse, en la concepción sostenida se desplaza la atención que se ha puesto a la prestación, hacia la satisfacción de los intereses del acreedor. Por lo tanto, permite construir un concepto unitario de incumplimiento que comprende tanto la no ejecución de las prestaciones, como también el cumplimiento tardío y el defectuoso⁶⁷.

Esta concepción, resulta similar a la que se asume en el Common Law. En este sistema se considera que todos los contratos constituyen una promesa y van acompañados de una garantía, de manera que si el deudor incumple su promesa, es responsable por incumplimiento ­—sin que sea necesario separar las causas que lo generan, al distinguir entre imposibilidad, mora e incumplimiento positivo del contrato; y tampoco sea relevante establecer que el contrato se haya cumplido de manera tardía, o defectuosa, puesto que si no se cumplió con el resultado prometido, significa que no se observó la garantía, de lo cual resulta un incumplimiento—⁶⁸. En este sistema, como consecuencia de haberse construido un concepto unitario de incumplimiento, se ha estructurado un sistema armónico de remedios. Estos aplican con cualquier contrato y a todo tipo de incumplimiento, aunque en ocasiones se reserve alguno de dichos remedios, como es la resolución, a que el incumplimiento sea esencial⁶⁹.

Así entonces, los efectos que produzca el incumplimiento dependen de los efectos producidos en el interés contractual. Estos efectos son los que se denominan remedios, y tienen por objeto común permitir que el acreedor pueda lograr satisfacer sus intereses contractuales, a pesar del incumplimiento. Cada uno de los remedios tiene su propio supuesto de hecho o condiciones de procedencia y, así mismo, la opción entre uno u otro pertenece al acreedor⁷⁰.

En definitiva, siguiendo lo planteado ya anteriormente por Vidal Olivares, puede asumirse que el incumplimiento es un hecho amplio, toda vez que para constatarlo basta con verificar la ausencia de coincidencia entre lo prometido por el deudor —denominado como el objeto ideal—, y lo ejecutado por el deudor de manera efectiva —el objeto real—, de manera que la consecuencia es obvia: cualquier desviación del objeto ideal implica el incumplimiento del deudor. De esta forma, el deudor no incumple una o más obligaciones aisladas, sino el contrato completo, y resulta indiferente la clase de obligación incumplida⁷¹.

Además de ser un hecho amplio, el incumplimiento es objetivo, puesto que no requiere la causa de la valoración de la conducta del deudor, o si se originó o no en un caso fortuito; sólo se centra en valorar que el deudor no cumplió lo prometido y, como consecuencia de ello, se produjo la insatisfacción del acreedor. Incluso, el incumplimiento originado en el caso fortuito permite al acreedor acudir a alguno de los remedios⁷².

Ahora bien, en lo que atañe al Derecho Privado colombiano, es posible elaborar una propuesta de relectura de algunas normas del Código Civil, para así poder afirmar que en él también subyace una concepción de incumplimiento objetiva y amplia (que permite articular los remedios que han sido otorgados al acreedor insatisfecho), y que subsume tanto la no ejecución de la obligación, como el cumplimiento tardío y defectuoso, comprendiéndose el supuesto de vicios ocultos ⁷³. Esta propuesta se basa en el concepto de pago, entendido “como la prestación de lo que se debe”, que se encuentra consagrado en el artículo 1626 del Código Civil. A su vez, este debe ser efectuado “al tenor de la obligación”, según lo indica el principio de la identidad del pago. Como consecuencia, el acreedor no puede ser compelido a recibir una cosa diferente a la debida, ni siquiera con el pretexto de que esta sea de igual o mayor valor que la primera, conforme lo establece el artículo 1627 del Código Civil. De esta forma, la obligación debe ser ejecutada de la forma convenida, para que con ello el acreedor resulte satisfecho al alcanzar los intereses perseguidos⁷⁴.

Sobre estas normas, es posible encontrar apoyo para concebir al incumplimiento como la no realización de la prestación debida, lo que abarca cualquier desviación del programa contractual convenido, y comprende el no cumplimiento, el cumplimiento defectuoso, y también el tardío. Esta clasificación, además, se encuentra admitida en las normas sobre el contenido de la indemnización de perjuicios por incumplimiento⁷⁵. Cabe agregar que esta noción objetiva de incumplimiento no tiene en cuenta la culpa, o dolo, del deudor como requisito de procedencia de las acciones respectivas, salvo para el caso de la indemnización de perjuicios⁷⁶. Esto permite demostrar que las normas de pago deben ser leídas de forma conjunta con las de incumplimiento y sus efectos⁷⁷.

Si el pago no se efectúa según el tenor de la obligación, hay incumplimiento, y este producirá sus efectos. Es suficiente la discordancia entre el objeto ideal y el real para afirmar que el deudor ha incumplido, lo cual no solo incluye la ejecución de la actividad preestablecida en la obligación, sino también toda aquella actividad que sea necesaria para alcanzar el resultado en ella previsto —si se parte por insistir que la relación obligatoria no solo se entiende como la prestación o deber de conducta a realizar a favor del otro, sino como el cauce para la satisfacción de los intereses del acreedor⁷⁸.

De forma similar, Diez Picazo indica que las relaciones obligatorias son instrumentos de cooperación social, orientados a conseguir el intercambio de bienes y servicios entre las personas. De ello se infiere que en toda obligación se encuentran previstos idealmente unos comportamientos, cuya finalidad es determinar la satisfacción y obtención de determinados intereses del acreedor, lo cual implica que se constituyan como un compromiso del deudor. Así, en su dinámica, la relación obligatoria puede desembocar, bien sea en unos hechos que coincidan con el programa primitivo surgido entre las partes, o se desvíen de él. De esta manera, cumplimiento e incumplimiento son las dos alternativas en que puede desembocar dicho vehículo dinámico: cumplimiento, si los actos se ajustan al programa contractual; o incumplimiento, si se desvían de él⁷⁹. De esta forma, para que el pago sea regular y produzca efectos liberatorios, es necesario que el deber de prestación aparezca perfectamente cumplido, y el interés del acreedor satisfecho, lo cual exige un juicio que confronte el programa de prestación prometido y el efectivamente realizado⁸⁰.

Como conclusiones de lo anteriormente expuesto, puede sostenerse que el Código Civil colombiano no contiene una definición de incumplimiento, y tampoco de una disciplina de este. No obstante, a partir de las normas del pago del Código, y siguiendo el modelo del nuevo derecho de contratos, en especial el de la CISG, es posible ofrecer un concepto amplio y objetivo de incumplimiento. Amplio, al comprender toda hipótesis de realización de la prestación debida que no se conforme con el contrato, y al absorber incluso otras figuras especialmente regladas, como los vicios redhibitorios, la imposibilidad sobrevenida, e incluso el error. Objetivo, porque lo que importa es constatar la disconformidad entre lo pactado y lo ejecutado por el deudor, sin que sea relevante su causa, y sin importar que esté radicada en un caso fortuito o de fuerza mayor.

El incumplimiento, por regla general, es imputable al deudor; cuando no lo es, también se afirma su existencia, no obstante estar pendiente de la respuesta en torno a sus efectos o a los remedios de que dispone el acreedor.

En esta definición, el propósito práctico del acreedor juega un rol esencial, dado que su consideración permitirá determinar si hay o no incumplimiento, en la medida que se halle incorporado al contrato, pues lo que resulta importante es que el deudor ejecute la prestación, y que esta sea idónea para que el acreedor realice o alcance su propósito práctico. De no ser el caso, se produce la insatisfacción del interés del acreedor y, por consiguiente, hay incumplimiento.

Así entonces, a partir de esta concepción, que es susceptible de ser construida en el Derecho colombiano, se pueden sentar las bases para estructurar un sistema armónico de remedios de los cuales dispone el acreedor, de manera que al emplearlos pueda solucionar de alguna forma la insatisfacción producida por el incumplimiento del deudor.