El concepto

El sistema de la democracia participativa, respecto del modelo representativo precedente, abrió espacios de mayor actividad en el curso de la vida política de los ciudadanos. Ya no era solo el derecho al voto por medio del cual los individuos elegían a sus representantes, quienes en su nombre administrarían el Estado y la res publica, sino que, desde esta nueva forma de organización, el ciudadano contaba con posibilidades de proponer, iniciar e intervenir en diferentes mecanismos para la toma de decisiones colectivas, que se consolidaban por medio del adelantamiento de procesos electorales. Ese esquema político participativo va acompañado de un amplísimo abanico de prerrogativas individuales, conocidos en la actualidad como derechos fundamentales, entre los que se encuentra, a su vez, un gran catálogo de libertades, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de asociación, la libre participación política de los ciudadanos y la posibilidad de que los ciudadanos expresen sus opiniones y decisiones mediante consultas populares, plebiscitos, referendos, cabildos abiertos, revocatorias de mandato, etc., como quedó visto. Aparte de los desarrollos y conquistas jurídicas con ocasión del desarrollo de los postulados constitucionales, de los avances doctrinarios e institucionales respecto del modelo de democracia y de los derechos fundamentales, las investigaciones científicas y los descubrimientos industriales y tecnológicos desde finales del siglo XIX se han traducido en mejoras sustanciales para la vida de las personas. El crecimiento empresarial de las últimas décadas ha abierto novedosos espacios para la interacción humana, lo que ha favorecido también el fortalecimiento en el ejercicio de los derechos y libertades individuales, entre ellos, los de información, expresión y divulgación.

La realidad de la vida humana, constantemente en desarrollo, ha alcanzado avances en sus diferentes dimensiones, individuales, sociales, económicas y, obviamente, políticas. En la época reciente, desde mediados del siglo XX —y más específicamente desde la década de los años de 1980—, el computador se ha constituido en una herramienta de gran ayuda para adelantar tareas que antes demandaban grandes esfuerzos y tiempo de las personas y de las organizaciones. A lo largo de los primeros años del siglo XXI, las tecnologías de la información y de las comunicaciones —conocidas como las TIC— han registrado una penetración inimaginable, como también unas posibilidades nunca vistas para la comunicación de las personas y para el intercambio de información. La telefonía celular, que ya se encuentra en muchos sitios del planeta con tecnología 5G y la ayuda de las diversas redes satelitales, les brindan a las personas un universo de servicios con los que nunca antes contaban, así como también les otorgan la posibilidad de diálogo y comunicación inmediata desde los sitios más remotos.

Como lo recuerda el profesor Manuel Romero de la Universidad de Chile, desde la última mitad del siglo XX, los autores e instituciones calificaron de variadas maneras la nueva realidad tecnológica: D. Bell, sociedad posindustrial; A. Toffler (1981), la tercera ola o la revolución digital; M. McLuhan y B. Powers (1989) aldea global; Y. Masuda (1984) sociedad de la información; K. Hill y J. Hughes (1998), ciberpolítica. De igual manera, cuando se refirieron las nuevas realidades tecnológicas hacia la política y la democracia, se acuñaron también nuevos términos: por su parte, J. L. Dader (2003) propuso la ciberdemocracia; T. O’Reilly (2005), la Web 2.0; la United Nations Public Administration Network (UNPAN) (2005), el gobierno electrónico; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por su sigla en inglés) (2003), la e-participación; K. Eriksson y J. Vogr (2013), la self-service democracy; C. Cansino (2017), el homo twitter, entre otros.¹ Claramente se observa cómo estas diversas denominaciones, que destacaban la nueva realidad social, contemplaban también el reflejo de una colectividad que enfrentaba un desafío: la llegada de los conductores, de los microchips y de los computadores en los entornos sociales, económicos y políticos.

El profesor Romero añadió que, gracias a esta tecnología, la actividad política también se ha visto influenciada por ella, y ha surgido una calificación, un novedoso llamado a esta nueva realidad: la democracia electrónica (e-democracia). Esta apelación surgió en 1994, como lo recuerda el profesor chileno, cuando la expresión fue utilizada para nombrar una página web, la Minnesota e-democracy, que se publicó para informar sobre los candidatos y sus programas electorales. Sin embargo, en ese entonces, los usos del término correspondían simplemente a la entrega de información en línea por parte de la administración pública hacia la ciudadanía.² Ya en los inicios del siglo XXI, el término e-democracy, o e-democracia, se usó para calificar de manera general las diferentes herramientas tecnológicas que utilizaba el Estado para brindar servicios a los ciudadanos, sin especificar ni reducir su ámbito a determinadas actividades. En sentido genérico, resulta viable expresar, de esta manera, la interrelación actual del Estado y el ciudadano, pero hay que aclarar que luego su significado se empezó a dirigir hacia un aspecto específico, hacia la relación entre el ciudadano y la base democrática del sistema, es decir, a la conexión entre la persona y su expresión de los derechos políticos, gracias a los desarrollos de la interactiva web 2.0., y al surgimiento de la tecnología que ofrecía el voto electrónico para los diferentes sistemas electorales.

En este sentido, en 2003, Fernando Bermejo explicó que los términos de democracia electrónica, democracia digital, ciberdemocracia o democracia virtual se referían

al reconocimiento de que las nuevas redes de telecomunicaciones, la microelectrónica y los ordenadores contribuyen al desempeño de funciones esenciales para los procesos democráticos, tales como proveer información, permitir la comunicación entre los distintos agentes políticos, articular el interés en torno a determinados asuntos, y participar en el proceso de toma de decisiones mediante la deliberación y el voto. Todos esos conceptos asumen que determinadas características de las tecnologías de la comunicación, tales como la interactividad, la abundancia de información disponible, la facilidad de acceso, almacenamiento, reproducción y distribución de la información, la posibilidad de comunicación desde múltiples puntos y hacia múltiples puntos, o las nuevas capacidades de control por parte de los usuarios, pueden contribuir a mejorar el sistema democrático y elevar los niveles de participación democrática.³

Por otro lado, para Elaine Ford, la democracia digital implica mucho más que el voto electrónico, pues constituye la aplicación de las tecnologías de la información en otros diferentes aspectos del proceso democrático, que facilitan beneficios, tales como un mayor acceso a la información para la ciudadanía; la posibilidad de consulta ciudadana a la cantidad de información disponible; la retroalimentación fluida entre gobernantes y ciudadanos, y un mayor control ciudadano⁴ (Ford, 2019). Comparto esta última opinión, pues la realidad tecnológica y política de las relaciones entre los administrados y el Estado han trascendido a otros ámbitos diferentes del voto electrónico, tales como la identidad digital, la prestación de servicios públicos digitales, el acceso a canales digitales de comunicación y a grandes bases de datos, etc.

Para la Organización de Estados Americanos (OEA), la democracia electrónica o e-democracia consiste en un sistema político que utiliza las herramientas electrónicas para la formación cívica, para el intercambio de información y también para la articulación de intereses, entre otras cuestiones, con varias aplicaciones como los espacios virtuales de formación cívica, las encuestas de opinión y los foros de debate sobre cuestiones políticas y de gestión pública.⁵ En ese mismo foro, el entonces secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Kevin Casas Zamora, expresó su idea sobre la e-democracia, en el que distinguió dos espacios diferenciados: uno, conformado por los mecanismos digitales con que la ciudadanía ejerce su participación política e interviene en escenarios de debate público en general y, otro, compuesto por los mecanismos digitales usados por las administraciones públicas para proveer bienes y servicios públicos a la ciudadanía, que en muchas ocasiones llevan consigo los derechos fundamentales, tales como la identidad, el registro civil, la educación, la salud, el hábitat.⁶

Se observa, entonces, que indistintamente se ha utilizado por la doctrina, para calificar este nuevo modelo, los términos de democracia electrónica o democracia digital, razón por la cual se hace ahora indispensable dilucidar cuál será el apelativo más apropiado. En este sentido, es necesario indagar qué se entiende por los adjetivos digital y electrónico, lo que brindará respuesta a este interrogante. Así, el vocablo digital hace referencia, por un lado, a los dedos, a las extremidades superiores finales —en este caso del hombre—, que constituyen la herramienta que hoy le permiten adelantar muchas de sus tareas personales, privadas o laborales, incluso acudiendo a los medios tecnológicos. Por otro lado, se relaciona con los dígitos de una numeración, además con el desarrollo de la tecnología que referencia el sistema binario —del uno y del cero—, mecanismo que facilita y permite almacenar, procesar y transmitir cualquier tipo de información. Adicionalmente, desde este punto de vista, la palabra digital se la asocia contemporáneamente con la tecnología.

Por otra parte, la palabra electrónica viene de electrón —como partícula del átomo—, elemento que permite la conversión de la energía eléctrica, bajo dos tipos de señales diferentes, las analógicas y las digitales. Su raíz griega es elektron, que significa ámbar, pues los antiguos notaron que al frotarlo con seda, se producían chispas. Lo electrónico incluye entonces a las tecnologías que hace años estuvieron presentes en la vida diaria de los hombres por la utilización de mecanismos analógicos y otros que todavía lo hacen bajo métodos digitales. Así, en tanto que lo electrónico incorpora estas dos tecnologías, la analógica y la digital, se considera más apropiada la referencia a esta última, para calificar ese nuevo modelo de democracia. Por un lado, porque lo digital incorpora la noción de sistema binario, que se relaciona con todos los instrumentos desarrollados por la tecnología para las diferentes aplicaciones de la vida moderna y, además, porque lo electrónico puede predicarse de lo analógico, de una tecnología obsoleta en estos momentos. Así las cosas, resulta más apropiada la palabra digital para calificar el modelo de democracia actual, concurrente en muchos países. Además, se encuentra más a tono con los desarrollos tecnológicos actuales, basados hoy en el sistema binario.

Resulta claro que los avances tecnológicos han significado no solo un gran impacto en la vida individual de las personas, sino que han venido impulsando nuevas realidades institucionales, que las definiciones hasta ahora dadas a nuestros sistemas políticos quedaron rezagadas, y que resulta necesario acometer la búsqueda de un nuevo significado y denominación. En lo tocante a la estructura estatal, los diseños constitucionales y sistemas políticos también expresan esta circunstancia, pues las herramientas tecnológicas están cada día más presentes en la interrelación con los ciudadanos.

El Estado tampoco es ajeno a la actividad tecnológica de los administrados, en su relación mediante los diferentes dispositivos electrónicos. Como bien lo afirma Open Democracy,

casi tanto como en cualquier otra área, como la ciencia o la educación, el desarrollo de las herramientas de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC) tiene la capacidad de impactar en la democracia. Los efectos del mundo digital sobre la política y la sociedad siguen siendo difíciles de calibrar y la velocidad con la que estos nuevos instrumentos tecnológicos evolucionan es, a menudo, más rápida que la capacidad que pueda tener un académico para evaluarlos o la capacidad que un responsable de formular políticas tenga para integrarlos en los diseños institucionales existentes.⁷

Así las cosas, en estos momentos, cuando la institucionalidad del Estado también se ha acercado a la tecnología, en el que los ciudadanos cuentan con herramientas digitales para interactuar entre ellos y, además, para influir en la vida pública, ha surgido una nueva democracia. Se trata de un escenario político de mayor intensidad en las relaciones Estado-ciudadanía, en el que la intervención de las personas se realiza ya no solo de manera personal, sino que muchas de las acciones individuales, públicas y políticas se adelantan en el escenario digital, de manera inmediata, con consecuencias que rebasan incluso los límites geográficos. Así, la interacción del ciudadano con las autoridades públicas, no solo es hoy mucho más intensa de como lo había sido en el pasado, en los tiempos de la democracia representativa y de la democracia participativa, sino que también presenta nuevas dimensiones y efectos. Nuevas dimensiones, porque ya no solo el ciudadano ejerce sus derechos políticos de manera presencial, sino que lo puede hacer de manera electrónica y de forma virtual en el ciberespacio, y nuevos efectos, porque la acción ciudadana en estos escenarios digitales tendrá influencia en la vida práctica, en el campo de la realidad.

Pero, además, en la democracia digital no solo están interviniendo los ciudadanos, pues muchos jóvenes menores de edad participan y comparten sus ideas y opiniones en los diferentes escenarios políticos, en la vida económica y social en las diferentes comunidades. Desde este punto de vista, la democracia digital ya no solo pertenece a los ciudadanos, como ocurría en antaño, limitando la participación de los ciudadanos mediante el voto. Multitud de jóvenes interactúan hoy por medio de los diferentes canales públicos y redes sociales, en asuntos personales y sociales, y esa actividad tiene impactos en la sociedad y en la vida democrática. Las conversaciones virtuales de los jóvenes menores de edad pueden influir en el comportamiento de los ciudadanos, en sus acciones políticas e, incluso, en su ejercicio del derecho al voto, como también en las actividades de las autoridades públicas, por lo cual se puede concluir que los jóvenes son partícipes importantes y actores destacados de la democracia digital.

En efecto, hoy, la persona, empoderada de tecnología, cuenta a su alrededor con muchos dispositivos que le permiten interactuar permanentemente y de manera digital con sus semejantes, pero además puede intervenir también en la vida pública y en sus relaciones con las diferentes dependencias estatales. Puede acudir a demandar informaciones y servicios de las entidades públicas mediante solicitudes electrónicas, puede cumplir con sus obligaciones ciudadanas por medio de mensajes informáticos, pero también puede generar complejos efectos que podrían colocar en riesgo a las instituciones del Estado, como cuando utiliza sus dispositivos para generar o divulgar desinformación. En muchas ocasiones, ya no tiene que acudir físicamente a las sedes gubernamentales para demandar servicios u obtener la respuesta a sus necesidades; lo puede hacer ahora de manera virtual, por medio de sus teléfonos, tabletas o computadores. Respecto de la gran cantidad de servicios estatales, ahora se desplaza la información y los contenidos digitales, y ya no el usuario.

Así entonces, la democracia digital constituye un nuevo modelo de escenario político, en el que, además de los mecanismos participativos institucionales —esto es el voto, y los mecanismos de participación ciudadana, tales como el plebiscito, referendo, consultas populares, iniciativas legales ciudadanas, cabildo abierto—, la persona cuenta con nuevas herramientas, con medios tecnológicos de participación popular, con un alto impacto en las expresiones sociales de un sistema político, y que tienen incidencia en la vida diaria de los ciudadanos. En este sentido, Raúl Magallón afirmó que el teléfono móvil ha dejado de ser una herramienta para reducir el tiempo de espera para ser un medio para gestionar estrategias de la conversación, pero también para la interacción social, y en la actualidad la tecnología no solo ha acelerado procesos, sino que ha modificado el contrato social entre lo público, lo privado y lo íntimo.⁸

Habermas así lo reconoció cuando encontró en la realidad tecnológica actual un nuevo escenario para la política deliberativa,⁹ por fuera de los esquemas de elecciones políticas, un espacio para que los ciudadanos puedan deliberar respecto de lo público por fuera de la estructura estatal.¹⁰ En la democracia digital intervienen ahora no solo los ciudadanos, sino las personas naturales menores de edad, y también lo pueden hacer las personas jurídicas, mediante los medios de comunicación y de interacción digital a su alcance.

La democracia digital es, entonces, un estadio superior frente a la democracia participativa, en la medida en que la tecnología dotó a los sujetos de nuevos mecanismos para la expresión individual y colectiva; les otorgó nuevos medios para adelantar actividades sociales, para manifestar sus peticiones y descontentos, así como para demandar de las autoridades acciones y decisiones en temáticas sociales, económicas y políticas, y asimismo habilitó a nuevos actores para la participación pública. Los ciudadanos cuentan ahora con nuevos actores y escenarios adicionales al voto, a los institucionales mecanismos de participación ciudadana, como son las posibilidades de información, comunicación, interacción social, adelantadas por medio de las plataformas tecnológicas con teléfonos celulares, tabletas, y computadores. Frente a esta nueva realidad, la democracia digital constituye una nueva escena política —posterior o siguiente a la democracia participativa—, en la que la tecnología desarrollada en los últimos años desempeña un papel fundamental en el mundo de las relaciones humanas y en la vinculación entre los individuos, las personas jurídicas y el Estado. Se trata de un nuevo esquema político en el que la persona ya no solo figura como titular de los derechos fundamentales reconocidos por la institucionalidad democrática para intervenir en la elección de sus representantes y en la toma de decisiones colectivas, sino que además cuenta con canales adicionales de comunicación y de intervención política, tales como la recepción de información masiva por diferentes medios electrónicos e instantáneos, con la posibilidad de interactuar digitalmente con las instituciones públicas y actores políticos, como también con la potencialidad de producir información, opiniones y difundirlas masivamente por medio de las redes sociales y de las plataformas tecnológicas, con un alto impacto en la vida pública.

En este escenario, el Estado cuenta también con importantes herramientas tecnológicas para atender las diversas tareas que le encomienda la sociedad, tales como la sistematización de los procesos electorales, la identidad digital, los servicios informáticos de atención al usuario, el manejo de poderosas bases electrónicas de datos y la prestación masiva de bienes y servicios públicos, etc.

Desde otro punto de vista, la democracia digital es también un sistema de gobierno en el que el ejercicio del poder público se encuentra distribuido entre diferentes ramas y autoridades; coexisten las libertades y los derechos de las personas; cuentan los ciudadanos con el poder de elegir a sus gobernantes y de tomar directamente decisiones colectivas, y en el que, adicionalmente, los diferentes sujetos se encuentran utilizando los medios y herramientas tecnológicas para relacionarse con las instituciones públicas y participando activamente en el escenario político. En la democracia digital, el ciudadano cuenta con el ejercicio de su derecho al voto para elegir sus representantes en las instancias estatales, con la iniciativa para proponer e intervenir en los mecanismos ciudadanos de toma de decisiones colectivas de interés general, y también con los medios electrónicos para interactuar en un escenario político real y virtual, gracias a todas las herramientas tecnológicas con que cuenta en la actualidad, es decir, su teléfono celular, sus tabletas y sus computadores. Los menores de edad también tienen ahora un espacio de relacionamiento digital, con impacto en la vida política y pública.

Así las cosas, la democracia digital expresa entonces ese nuevo estadio de la democracia, que a más de la presencia de las prerrogativas de su modalidad participativa, dispone y pone al servicio de las personas y de los actores políticos los medios tecnológicos para una activa intervención en el seno de los nuevos escenarios digitales, sean estos institucionales o informales, con neta incidencia política. Esta nueva modalidad de sistema político facilita también la interrelación entre el Estado y el ciudadano, en cuanto aquel podrá utilizar los medios tecnológicos para brindar sus servicios y atender los requerimientos individuales y colectivos de servicios administrativos públicos y este contará con medios tecnológicos de acción para satisfacer sus necesidades, que deben asumir las entidades públicas, y obtener por la vía digital una gran cantidad de servicios, incluso el de ejercitar varios de sus derechos fundamentales.

Elementos de la democracia digital

Se consideran elementos aquellos integrantes de un todo, sin los cuales este no puede considerarse como tal o que, en dado caso, se tratará de otra entidad. En lo que tiene que ver con los elementos de la democracia digital, serán aquellos componentes indispensables, a saber: i) un marco constitucional de libertades y derechos; ii) un orden jurídico que consagre y permita los mecanismos de participación ciudadana; iii) un desarrollo tecnológico público y privado; y iv) actores políticos empoderados. Reunidos en la realidad todos estos elementos integrantes, estaremos entonces, al frente de un sistema político nuevo, denominado la democracia digital. De manera contraria, también hay que decirlo, si faltase alguno de esos elementos, el modelo político tendrá otra naturaleza y otra connotación, llámese dictadura, aristocracia, democracia representativa o democracia participativa.

Un marco constitucional de libertades y derechos

Primeramente, se debe contar con un sistema democrático, en el que los ciudadanos tengan el derecho de acudir a las urnas con el propósito de elegir a sus representantes, por medio de procesos electorales transparentes y debidamente organizados. Un espacio en el que las autoridades brinden las garantías para que los ciudadanos puedan votar, y que su voto valga y se respete.

Esto implica un escenario de libertades individuales y colectivas, por lo que se requiere que el Estado cuente con un sistema de libertades y derechos fundamentales, en favor de las personas y de los ciudadanos, en el que puedan circular sin restricciones, en el que puedan asociarse libremente, y en el que estos y aquellas puedan expresarse sin cortapisas, así como proponer sus opiniones sin temor de que serán censurados o sancionados, entre otros. Igualmente, se exige un sistema en el que exista la libertad de empresas para su creación y funcionamiento, que cualquier iniciativa lícita de asociación o de emprendimiento económico pueda tener cabida. Un sistema en el que los ciudadanos puedan organizar agrupaciones políticas, bajo iniciativas individuales o colectivas, que puedan unir esfuerzos para adelantar proselitismo político, sin que exista coerción o imposiciones de las autoridades del Estado.

La consagración de estas libertades y derechos individuales requieren de la existencia de un marco normativo fundamental, expresado sea en la Constitución Política o carta superior jurídica, cuyos mandatos no puedan ser desconocidos por las autoridades públicas, y en el que se goce de los mecanismos de protección debidos en caso de su atropello. Este postulado resulta confirmado por la manifestación de la Organización de Naciones Unidas en su trabajo Derechos Humanos y Procesos Constituyentes, cuando dijo que

los derechos humanos son centrales en el orden constitucional de los Estados modernos, puesto que no solo determinan las relaciones entre las personas, los grupos y los Estados, sino que son transversales a las estructuras del Estado y los procesos de control y toma de decisiones. Por ello, la declaración de derechos constituye una parte integrante de las constituciones modernas. Al mismo tiempo, la inefectividad de los derechos humanos en el plano nacional, sean estos individuales o, en su caso, colectivos, suele obedecer a deficiencias en la esfera del derecho constitucional.¹¹

Pero, además de contar con un sistema normativo que contemple estos derechos y libertades, se impone la presencia de unas autoridades que garanticen la efectividad y cumplimiento de unos y otras. Más allá de las disposiciones de un marco jurídico, que desarrolla el principio de legalidad y el claro ejercicio de las competencias de las autoridades, debe existir el adecuado ejercicio del poder público. De nada serviría contar con un ideal y un perfecto marco constitucional, que contemple un amplio marco de derechos fundamentales, si las autoridades dejaran de cumplir con los mandatos legales, en casos en que asumieran posturas omisivas frente a las cargas y deberes institucionales. Por ejemplo, si existiera una vulneración de la libertad de opinión de un ciudadano, este debe tener la posibilidad de acudir a las autoridades respectivas, poner su denuncia y obtener una inmediata atención de su parte; de lo contrario, las garantías quedarían en letra muerta. Un adecuado marco legal de garantías y derechos debe acompañarse de un esquema de efectividad, de mecanismos en poder de las autoridades, para dotar de adecuado cumplimiento esas prerrogativas ciudadanas.

Un orden jurídico que consagre y permita los mecanismos de participación ciudadana

En el marco normativo es necesario que, además de la consagración de los mecanismos de participación, por medio de los cuales se cuenta con la posibilidad de presentar iniciativas de decisiones colectivas, los ciudadanos puedan debatir y contradecir respecto de propuestas presentadas en ese sentido, puedan pronunciarse y discutir respecto de las decisiones y medidas de las autoridades estatales, además del ejercicio de su derecho al voto. En este mismo sentido, resulta imprescindible que, dentro del ordenamiento jurídico, constitucional y legal, se encuentren contempladas estas herramientas ciudadanas institucionales, para que la ciudadanía en general pueda pronunciarse sobre ellas en el marco de procesos electorales con plenas garantías. Pero no solo es necesario que exista su consagración expresa en el marco jurídico, sino que la reglamentación debe posibilitar su plena realización, en condiciones que faciliten conducir adecuadamente las solicitudes de utilización, con procedimientos razonables, con los medios instrumentales de procesos electorales que permitan su realización. De igual manera, debe contar con la definición de mayorías eficaces para la toma de las decisiones colectivas.

Así mismo, es menester que exista, dentro de la vida económica y social, la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones respecto de las políticas de las autoridades, bien sea en escenarios de protesta pública, discusiones en las zonas públicas, encuestas, redes sociales, reuniones privadas, en fin, que haya un escenario de garantías para la participación informal.

Un desarrollo tecnológico público y privado

El desarrollo tecnológico público y privado se refiere al avance y la aplicación de nuevas herramientas y medios industriales, comerciales e informáticos, tanto por parte del sector público como del sector privado, en distintas áreas, como la comunicación, la educación, la salud, la energía, la agricultura, el transporte, entre otras. En el ámbito público, el desarrollo tecnológico puede enfocarse en la investigación y el desarrollo de tecnologías que puedan tener un impacto positivo en la sociedad; el sector público puede adelantar iniciativas en el desarrollo de tecnologías para mejorar la educación, la salud, la seguridad, la justicia, el medioambiente, entre otras áreas. Por ejemplo, el Estado puede invertir en la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan la generación de energía limpia y renovable, o en tecnologías para mejorar la calidad del aire.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico en el ámbito privado generalmente se enfoca en la creación y comercialización de tecnologías para ser utilizadas en la vida cotidiana, en los negocios, en la industria y en otros espacios. El sector privado normalmente invierte en la investigación y el desarrollo de tecnologías, con claro ánimo de lucro, para mejorar la eficiencia y la productividad, para mejorar la experiencia del usuario, para crear nuevos productos y servicios, entre otros objetivos.

En conjunto, el desarrollo tecnológico público y privado puede tener un gran impacto en la sociedad y es importante que los dos sectores trabajen juntos para crear soluciones que sean de beneficio para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, los sectores público y privado pueden trabajar juntos para desarrollar tecnologías que mejoren la educación, que permitan una mejor atención médica, que promuevan la seguridad y el bienestar social, entre otros objetivos.

El desarrollo tecnológico público y privado es un elemento clave de la democracia digital, ya que permite a los ciudadanos participar más activamente en la sociedad y tener un mayor acceso a la información y a las herramientas necesarias para ejercer su ciudadanía. La tecnología ha transformado la manera en que los ciudadanos se informan, se comunican y participan en la toma de decisiones políticas. La interacción entre el sector público y privado puede ser complementaria, permitiendo el desarrollo de tecnologías que puedan beneficiar a la sociedad en su conjunto.

El desarrollo tecnológico ha permitido a los ciudadanos tener un mayor acceso a la información y a los medios de comunicación. Las redes sociales y otros medios digitales han abierto nuevas formas de acceso a la información, permitiendo a las personas obtener información de diversas fuentes y perspectivas. Esto ha motivado una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y un mayor control sobre la información a la que tienen acceso. También el desarrollo tecnológico ha facilitado a los ciudadanos comunicarse más fácilmente entre sí, así como con los políticos y con los funcionarios gubernamentales.

Las redes sociales y otras herramientas digitales brindan ahora a las personas y ciudadanos compartir sus opiniones y discutir temas de interés común, lo que puede llevar a un mayor diálogo y a la resolución de problemas comunes. El desarrollo tecnológico les ha posibilitado participar más activamente en la toma de decisiones políticas. Las herramientas digitales han abierto nuevas formas de participación ciudadana, permitiendo a los ciudadanos votar en línea, presentar propuestas y hacer preguntas directamente a los políticos y funcionarios gubernamentales. Esto ha aumentado la transparencia en la toma de decisiones y ha motivado una mayor participación ciudadana en la democracia.

La tecnología ha abierto grandes posibilidades para el mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos y de la sociedad, ha facilitado la cercanía entre el Estado y los particulares, y, en esta medida, los desarrollos industriales y electrónicos actuales se convierten en uno de los elementos o condiciones necesarios para que se pueda hablar hoy de democracia digital. La tecnología ha transformado la manera en que los ciudadanos se informan, se comunican y participan en la toma de decisiones políticas. No obstante, también hay críticos¹² respecto del uso de la tecnología por parte de los ciudadanos, que reconocen la utilidad de los nuevos instrumentos de comunicación, pero que se oponen a la dependencia de los seres humanos y su adicción frente a las nuevas aplicaciones, situación que no fue percibida desde el surgimiento de tales equipos.

A pesar de los desafíos que la tecnología presenta a la democracia, su desarrollo continuo puede mejorar la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Es importante trabajar para garantizar que la tecnología se utilice de manera responsable y para el bien común de la sociedad en su conjunto.

Además de los marcos jurídicos y de funcionamiento de las autoridades del Estado, la sociedad y la ciudadanía deben contar con una mínima infraestructura económica, física y operativa, que permita la funcionalidad de los medios de participación. Se trata más de la infraestructura física, de servicios y tecnológica con la que cuente el país, para soportar las iniciativas ciudadanas y la operación del Estado en este sentido.

Actores políticos empoderados

Dentro de un sistema democrático, los actores políticos son aquellos que participan en el proceso político y que tienen la capacidad de influir en las decisiones y en las políticas públicas. Son todos aquellos sujetos, con voluntad individual, sea directa o por representación, que participan en la formulación de iniciativas públicas, programas de gobierno, elección de mandatarios y autoridades, y decisiones individuales y colectivas en un determinado Estado.

Entre ellos, se pueden citar los siguientes: i) partidos y movimientos políticos, como organizaciones políticas que compiten por el poder y que tienen la responsabilidad de presentar propuestas políticas que respondan a las necesidades y demandas de la ciudadanía y proponer candidatos para cargos de elecciones popular o institucionales; ii) líderes políticos, es decir, personas que tienen una posición de liderazgo en un partido político, movimiento ciudadano o incluso en una organización social, con la capacidad y facultad de movilizar a la ciudadanía e influir en las decisiones políticas de un determinado sistema político; iii) movimientos ciudadanos, que son organizaciones sociales que buscan influir en las decisiones políticas y que pueden movilizan a la ciudadanía en torno a determinada causa o a una demanda específica; iv) organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades que no tienen fines de lucro y que trabajan en temas específicos, como la defensa de los derechos humanos, el medioambiente, la salud, la educación, la participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, entre otros; v) medios de comunicación, organizados como empresas o instituciones que tienen la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre los asuntos públicos y que pueden influir en la opinión pública y en las decisiones políticas, y que, por lo general, están bajo la propiedad del sector privado, aunque algunos de ellos están en manos de las autoridades estatales; vii) académicos y expertos que tienen conocimientos y experiencia en temas estatales, sociales, políticos, jurídicos y de otros órdenes, que pueden ofrecer asesoramiento y recomendaciones a las entidades públicas, organizaciones sociales, académicas, y demás responsables políticos; viii) ciudadanos, como las personas que participan en la vida política a través del voto, la participación en organizaciones sociales o en movimientos ciudadanos, o la manifestación de sus opiniones en las redes sociales y otros medios de comunicación, y que pueden pertenecer a partidos políticos, o proponer iniciativas individuales y colectivas al servicio de la sociedad; ix) personas naturales y jurídicas, que no se encuentran dentro de la categoría de ciudadanos, pero que, por sus propios medios o herramientas jurídicas, económicas o tecnológicas, pueden participar del debate público y de la actividad política en un determinado territorio.

Los actores políticos empoderados son aquellas personas traídas a colación, como los partidos políticos, los movimientos sociales y económicos, los activistas políticos, que tienen la capacidad de influir de una o de otra manera en el proceso político y de proponer o de generar cambios significativos en la sociedad. El empoderamiento significa la voluntad, el deseo y la acción decidida para participar de la vida política en un determinado Estado. La presencia de este tipo de sujetos resulta esencial para el fortalecimiento de la democracia, en tanto que son ellos quienes pueden proponer la actividad política, estimular la participación ciudadana, así como promover la realización y la solicitud de la rendición de cuentas, la transparencia y la responsabilidad política.

Particularmente, la participación ciudadana es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, porque estos actores políticos, que son la base humana decisoria, son los llamados a intervenir, sea a través del voto o mediante actividades diseñadas y realizadas por los otros actores colectivos, como los partidos políticos, las organizaciones sociales y no gubernamentales, la academia, los medios de comunicación e, incluso, el Estado. Los ciudadanos deben tener la oportunidad de participar activamente en el proceso político, de expresar sus opiniones y de influir en las decisiones políticas.

Así las cosas, la presencia de actores políticos empoderados, que puedan expresar y representar los intereses de los ciudadanos, así como garantizar que sus voces sean escuchadas, se convierte en la garantía para la existencia de una democracia sólida, legitima y que eficazmente cumpla con las tareas y fines estatales. Además, los actores políticos empoderados son fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso político. Estos actores podrán además exigir la transparencia en la gestión pública, denunciar la corrupción y garantizar que se rindan cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Esto contribuirá a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema político y a garantizar la integridad de las instituciones democráticas. Por otro lado, los actores políticos empoderados son fundamentales para garantizar la estabilidad política y la gobernabilidad, en tanto que generan una mayor intervención legitima y apoyan las decisiones colectivas. Finalmente, en un contexto de polarización política, los actores políticos empoderados pueden trabajar para construir puentes entre las diferentes posturas políticas y buscar soluciones que beneficien a toda la sociedad.

Colofón

En suma, se trata entonces de un conjunto de elementos que, por un lado, significan una arquitectura institucional de democracia participativa, un cúmulo de actores políticos de diferente naturaleza, cada uno de ellos con la claridad de su función dentro del sistema político y la sociedad, a los cuales se le suma la existencia de medios tecnológicos en poder de las personas, para que ellas puedan recibir información por los canales de medios de plataformas de redes sociales y de mensajería privada. Bajo esta consideración, puede hablarse de un nuevo sistema político, de la democracia digital.

En este contexto, la intervención de los ciudadanos gana otros escenarios y facilita la interacción con las diferentes entidades del Estado, sean estas representativas o ejecutivas. En efecto, además de los tradicionales mecanismos institucionales de relacionamiento entre el ciudadano y el Estado, en el entorno de la democracia digital, la tecnología ha abierto otros caminos, como el acceso inmediato a mucha información, la circulación de información y desinformación, la profusión de juicios de valor sobre instituciones y personas, así como el relacionamiento digital con las autoridades públicas. De igual manera, en la democracia digital llegan otros actores, las personas físicas menores de edad y las personas jurídicas, que podrán participar en la deliberación pública que se realiza en los medios virtuales y en las redes sociales, sea en el activismo político, en la deliberación pública, en la interacción con las autoridades públicas o incluso en las actividades críticas de orden social o económico.

Con la adición de la tecnología en manos de las personas, situación que les provee de nuevas herramientas de expresión y de interacción social y política, se genera una cercanía virtual con las instituciones que antes no existía, lo que permite brindar más y mejores servicios, y disponer de esquemas adicionales para que los ciudadanos se puedan expresar en la toma de decisiones colectivas. Además, facilita la organización de mejoras en los procesos electorales con la utilización de la tecnología. También este modelo contemporáneo de organización política trae consigo una serie de dificultades, que más adelante se examinarán, como la desinformación, la afectación del legítimo funcionamiento de las entidades estatales, los discursos de odio, la polarización y la apatía ciudadana frente a los escenarios políticos tradicionales.

Desde otro punto de vista, es importante destacar que la democracia digital constituye una conjunción de un orden jurídico bajo garantías de libertades individuales, de instituciones estatales dirigidas a la satisfacción de las necesidades generales, así como de mecanismos para la elección de los representantes populares y de herramientas para la participación ciudadana acompañadas de instrumentos tecnológicos para la interacción social e individual de las personas. Sin embargo, según las circunstancias de cada nación, la fortaleza de cada sistema político dependerá de las condiciones sociales, económicas y políticas de los pueblos. No puede afirmarse que exista un modelo ideal o perfecto de democracia digital, en la medida en que las organizaciones sociales de los seres humanos son igualmente imperfectas, las condiciones del hombre impiden que se diseñen e implementen instituciones que cumplan totalmente con las necesidades y expectativas, como ha sido una constante a lo largo de la historia.

No obstante, se constata la existencia de unas democracias más robustas, con ciudadanos más empoderados, con instituciones más fuertes, que funcionen mejor y que presten mejores estándares de asistencia pública, y existirán otras con menores parámetros de funcionamiento. Habrá, entonces, una amplia gama de democracias digitales, que deberán calificarse según su fortaleza, su legitimidad y la eficacia en su funcionamiento y en el cumplimiento de los propósitos enunciados dentro de las correspondientes cartas políticas. Para su catalogación bajo estos parámetros, será necesario adelantar los análisis particulares y concretos respecto de cada sistema político.

Beneficios y riesgos de la democracia digital

La conjunción de los elementos anteriores, que conforman el modelo de democracia digital, ha generado y continuará haciéndolo en el futuro, una serie de bondades en el mejoramiento de las condiciones de funcionamiento del Estado y de su relacionamiento con los ciudadanos, pero también trae consigo un cúmulo de riesgos, que deben ser tenidos en cuenta.

El nuevo modelo de democracia, fruto de la adición de la tecnología a la democracia participativa, implica que mucha de la interacción entre las autoridades del Estado y la ciudadanía va a estar dominada por las nuevas herramientas informáticas que se han venido desarrollando en los últimos años. Esto genera evidentes beneficios, pero también trae otras dificultades que deben ser tenidas en cuenta para minimizar los inconvenientes que afecten tanto la institucionalidad como a quienes viven en el interior de este nuevo modelo político.

Entre ellos, primeramente se examinarán las bondades y beneficios que trae esta unión de institucionalidad y tecnología, a saber:

1. i) La modernización del Estado: en la medida en que la tecnología permitirá facilitar el desarrollo de bienes y servicios dirigidos a los asociados, agilizará los procesos y procedimientos públicos. Además, ayudará en un sinnúmero de actividades preparatorias para la organización y prestación de los servicios públicos a cargo del Estado, circunstancia que acercará a los administrados con las autoridades y entidades públicas mediante interoperabilidad de sistemas y desarrollos digitales.

2. ii) La promoción de la participación ciudadana: la democracia digital permite a los ciudadanos contar con mecanismos adicionales y una mayor capacidad para expresar sus opiniones y demandas. A través de las redes sociales, los ciudadanos pueden conectarse con otros que comparten sus mismas preocupaciones y promover cambios sociales. También podrán enviar mensajes directos a los representantes políticos y participar en encuestas y consultas en línea.

3. iii) Mayor acceso a la información: facilita un acceso más rápido y eficiente a la información, pues los ciudadanos cuentan con información de múltiples fuentes y tienen a su disposición el acceso a noticias en tiempo real. También pueden compartir información y debatir en línea, lo que les permite estar mejor informados y tomar mejores decisiones.

4. iv) Transparencia y rendición de cuentas: los mecanismos tecnológicos, en la medida en que crean mayores fuentes de información y de comunicación, allana el camino para una gestión pública más abierta a los ciudadanos y dispone de adicionales recursos para que las autoridades puedan brindar expeditos medios de divulgación de sus labores, mediante el ejercicio de rendiciones de cuentas en línea y mediante los caminos digitales hoy existentes. Además, los ciudadanos pueden tener acceso a la información sobre la gestión de los recursos públicos y exigir que se rindan cuentas sobre su uso. También pueden hacer seguimiento a las promesas de los representantes políticos y verificar si se están cumpliendo o no, para que la comunidad pueda contar con opciones electorales posteriores.

5. v) Eficiencia en la gestión pública: en la medida en que existe una mayor colaboración y coordinación entre las diferentes instituciones y actores que intervienen en el proceso político, habrá una rendición de cuentas más eficiente y un diálogo más fluido entre los actores, la administración de los recursos públicos podrá tener mejores resultados, lo que significará la implementación de políticas públicas más efectivas.

6. vi) Reducción de la corrupción: el modelo de democracia digital podrá ayudar en la reducción de los niveles de la corrupción, gracias a mayores mecanismos de información, nuevos esquemas de rendición de cuentas, una eficiente gestión pública, así como la existencia de mejores índices de participación y veeduría ciudadana en el proceso político y administrativo. Los ciudadanos podrán también denunciar actos de corrupción en línea y hacer seguimiento a las investigaciones que se realizan.

7. vii) Fortalecimiento de la sociedad civil: con los diferentes mecanismos de participación ciudadana, sean institucionales o digitales, surgen nuevas fuentes de información respecto del papel que desempeña el Estado y su funcionamiento, así como la posibilidad de crear nuevos escenarios de formación y capacitación ciudadana, los ciudadanos pueden organizarse en línea y promover cambios sociales, lo que puede contribuir a un fortalecimiento de la democracia y a una mayor calidad de vida de la población.

8. viii) Mayor inclusión y diversidad: con los nuevos mecanismos de información y de participación presencial y digital, sectores excluidos de la población podrán participar en los procesos políticos, además de permitir la intervención de grupos históricamente marginados y una mayor representación de la diversidad de opiniones.

9. ix) Fomento de la educación cívica: mediante las herramientas tecnológicas y su difusión derivada de la amplitud de redes digitales, las dependencias del Estado y las organizaciones sociales pueden desarrollar herramientas creativas, en diferentes formatos, para que las personas y los ciudadanos puedan acceder a programas de educación cívica, en los que podrán aprender más sobre el proceso político, los derechos y deberes ciudadanos y cómo participar de manera efectiva en la democracia.

10. x) Innovación política: este nuevo modelo político puede promover la inventiva política, mediante la creación de nuevas formas de participación ciudadana, la implementación de herramientas de seguimiento y evaluación de políticas públicas y la promoción de nuevas formas de comunicación y colaboración entre los actores políticos.

11. xi) Mayor eficacia en la toma de decisiones: los nuevos caminos de la información y de diálogo entre las autoridades públicas y los ciudadanos promueve que aquellas y estos puedan tomar decisiones con mayor conocimiento, con mayor oportunidad y con más conciencia, además que crean una colaboración entre los diferentes actores políticos y ciudadanos.

Así como se pueden destacar los efectos positivos de la democracia digital, este nuevo modelo político trae consigo algunas dificultades, que deben ser tenidas en cuenta por los actores estatales y sociales, con el propósito de minimizar su impacto o de reducir las consecuencias en los diferentes entornos ciudadanos o de funcionamiento de las instituciones públicas.

Entre las dificultades, se pueden enunciar las siguientes:

1. i) Desinformación: los nuevos medios de comunicación derivados de la tecnología, como las redes sociales y las plataformas digitales, generan un mayor tráfico de información, pero también la circulación de noticias falsas, gracias al anonimato de los escenarios no presenciales. La desinformación es un riesgo importante en la democracia digital, porque puede tener un impacto significativo en la opinión pública y en las decisiones políticas. Las redes sociales y otros canales de comunicación digital permiten la rápida propagación de información no verificada o falsa, que puede ser utilizada por grupos políticos o intereses particulares para influir en la opinión pública. La desinformación también puede dificultar la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y debatir de manera significativa sobre los temas de actualidad. Como lo escribió Han, de manera preocupante:

   En la era de las fake news, la desinformación y la teoría de la conspiración, la realidad y las verdades fácticas se han esfumado. La información circula ahora, completamente desconectada de la realidad, en un espacio hiperreal. Se pierde la creencia de la facticidad. Vivimos en un universo “desfacticado”. Junto con las verdades fácticas desparece también el mundo común al que podríamos referirnos en nuestras acciones.¹³

2. ii) Polarización: los nuevos mecanismos de comunicación permiten la reunión de defensores y detractores políticos, en los que se comparten opiniones y puntos de vista, pero también una lucha intolerante respecto de los contradictores. La polarización es el efecto de la intolerancia, en buena parte generada por las discusiones en escenarios digitales, y de la falta de consideración por las ideas ajenas, y limita la capacidad de los ciudadanos para entender los argumentos de los demás. Esta realidad contemporánea dificulta el diálogo y la búsqueda de consensos, y crea enemistades y fanatismos obcecados, que perjudican un ambiente creativo para el crecimiento de la sociedad política.

3. iii) Amenazas a la privacidad: la democracia digital implica una mayor recolección y procesamiento de datos personales, que podrá poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos. Las empresas tecnológicas y los actores políticos podrían utilizar estos datos para dirigir anuncios políticos y manipular a la opinión pública, mientras que las autoridades públicas deberán realizar ingentes esfuerzos para evitar que esta problemática sea una realidad. Finalmente, la filtración de datos personales puede ser utilizada para difamar a los ciudadanos y a los actores políticos, o también para adelantar fraudes económicos y financieros.

4. iv) Ciberseguridad: desde hace varios años, se han observado los eventos de ataques electrónicos a las bases de datos de empresas y de entidades estatales, con diferentes modalidades de eliminación, manipulación, interferencia o secuestro de información. Este riesgo puede tener también cabida en la democracia digital, pues este tipo de acciones podrá tener como destino los procesos electorales y de participación ciudadana. Los ataques pueden ser utilizados para manipular los resultados electorales, para interrumpir el funcionamiento de los sistemas políticos y para difundir desinformación.

5. v) Exclusión digital: si bien la tecnología ha facilitado la vida a muchas personas, ha permitido llegar con medios y herramientas que benefician la prestación de los servicios públicos y privados, también es cierto que en aquellos lugares donde esta no llegue o donde el Estado no brinde medios digitales, se generará una exclusión de las poblaciones carentes de estas herramientas tecnológicas. Las personas que no tengan acceso a internet o que posean un acceso limitado tendrán menos oportunidades de participar en el debate político, lo que conducirá a limitar la representatividad de las decisiones políticas.

6. vi) Deslegitimación de las instituciones políticas: la existencia de las redes sociales y plataformas digitales, que abrieron nuevos caminos de participación social y política, podrá conducir a una deslegitimación de las instituciones políticas tradicionales y de los procesos electorales, en la medida en que las personas encontrarán modos de expresión de sus inconformismos y opiniones más directas, más oportunas y expeditas por medio de las herramientas tecnológicas, por medio de las redes y plataformas sociales. Así, estas nuevas formas de participación ciudadana pueden debilitar la función de las instituciones políticas establecidas y, a su vez, pueden causar la pérdida de confianza en el proceso político y en las decisiones tomadas por los actores políticos tradicionales.

7. vii) Falta de transparencia: así como la tecnología digital facilita la transparencia, como se vio al momento de observar las ventajas, esta puede utilizarse para ocultar información y decisiones importantes detrás de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que son difíciles de entender y auditar. Esto puede afectar la transparencia de los procesos políticos y dificultar la rendición de cuentas. Dependerá de la eficaz y oportuna tarea de las autoridades del Estado, que se presenten o eviten estas acciones que podrían empañar la bondad de las herramientas tecnológicas.

8. viii) Concentración de poder: en la era de la democracia digital, algunas empresas tecnológicas tienen un gran poder y control sobre la información y el debate público, gracias al manejo de las plataformas digitales y a la posesión de equipos de almacenamiento de big data. Estas empresas digitales cuentan con información para el perfilamiento de sus usuarios, para conocer sus gustos y opiniones, lo cual puede ser utilizado para buscar la manipulación de segmentos poblacionales en su participación en los procesos electorales, como se ha visto en el pasado reciente.¹⁴ La concentración de poder puede limitar la diversidad de opiniones y restringir la capacidad de los ciudadanos para participar en el proceso político.

9. ix) Manipulación de la opinión pública: la tecnología digital puede utilizarse para manipular a la opinión pública, como, por ejemplo, por medio de las modalidades de creación de cuentas falsas en redes sociales, la compra de seguidores, la manipulación sistematizada de los algoritmos de las redes sociales y la interacción de “me gusta” o “no me gusta”. Esta circunstancia puede generar cambios en la percepción del público sobre los temas políticos, afectar la integridad de los procesos electorales y variar el verdadero sentido del voto, y, en general, de la opinión de los ciudadanos. Teniendo esto en cuenta, Bruno Patino hace referencia al hecho de que hoy la información, para ser escuchada, debe colocarse al nivel de otras categorías, en especial de las emocionales. Hoy deben moldearse los mensajes según las creencias, fantasías, convicciones y sentimientos del público, para que puedan ser vistos y compartidos.¹⁵

10. x) Falta de responsabilidad: en algunos casos, los actores políticos pueden utilizar la tecnología digital para evadir la responsabilidad por sus acciones o para atacar a otros políticos o grupos, ya sea para difundir desinformación o para amenazar a otros políticos y grupos, lo que puede tener un impacto negativo en la legitimidad de la democracia. Este efecto indeseado también se promueve por el anonimato de las redes sociales y, en muchas ocasiones, la dificultad en la trazabilidad de las acciones desplegadas para manipular a los usuarios de la información.

El escenario de la democracia digital, que trae los beneficios y desventajas señaladas exige un permanente trabajo de autoridades, como de los diferentes actores y ciudadanía en general, para trabajar día a día en el fortalecimiento de las primeras y en la evitación de los efectos negativos de las dificultades, tareas que implicarán, por un lado, el fortalecimiento de las instituciones públicas y de los instrumentos jurídicos que se posean, como también el empoderamiento de las personas y la formación y capacitación ciudadana.

Este es el gran reto de este nuevo sistema político, que reconoce las diferentes formas de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y que aprovecha los crecientes desarrollos tecnológicos para ahondar en las facilidades en pro de la interrelación Estado-ciudadanía.

Referencias

Notas

Origen de esta investigación La base de este artículo corresponde a un capítulo de la tesis doctoral del autor presentada y defendida en la Universidad de Salamanca, denominada “La desinformación en la era de la democracia digital”, el 2 de febrero de 2024.
Juan Carlos Galindo Vácha es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), maestro en Derecho y Economía de Seguros de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y doctor de la Universidad de Salamanca (España). También es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

* Artículo de investigación.

¹ Manuel Romero, E-democracia: una construcción conceptual, 10 (1) Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (2020).

² Id.

³ Fernando Bermejo Acosta, Democracia electrónica, participación ciudadana y juventud (2003).

⁴ Elaine Ford, El reto de la democracia digital. Hacia una ciudadanía interconectada 40 (Ed. Tarea Asociación Gráfica Educativa, 2019).

⁵ Organización de Estados Americanos (OEA), Foro sobre E-gobierno (2014).

⁶ Kevin Casas Zamora, Boletín eGobierno OEA (2014).

⁷ OpenDemocracy, La democracia digital mejora la democracia (2017).

⁸ Raúl Magallón Rosa, Updating News 61-62 (Ed. Pirámide, 2023).

⁹ “Las elecciones políticas son algo diferente a los sondeos demoscópicos y no deberían reflejar sólo el espectro de las preferencias existentes. Y ahora que la revolución digital representa un paso adelante en las redes de comunicación y movilización ciudadana, deberíamos despedirnos de la imagen institucionalmente entumecida del Estado democrático de derecho. La licuefacción comunicativa de la política se presenta como clave sociológica para un contenido realista del concepto de una política deliberativa. Y bajo este punto de vista se puede comprender la construcción de un Estado constitucional como una red de discursos de formación de opinión y voluntad institucionalizados jurídicamente”. Jürgen Habermas, En la espiral de la tecnocracia 58 (Ed. Trotta, 2016).

¹⁰ Id., pág. 58.

¹¹ Organización de Naciones Unidas (NU), Derechos humanos y procesos constituyentes 3 (2018).

¹² Cal Newport expresó que, fruto de sus análisis y observaciones respecto de la utilización de las nuevas tecnologías, no se previó el impacto que tendrían en las nuevas generaciones. Escribió que quería “insistir en algo que muchos olvidan: que estos cambios, además de ser colosales y transformadores, fueron también inesperados y no programados. Es muy poco probable que alguno de los estudiantes universitarios que en 2004 se registraron en ‘www.thefacebook.com’ para buscar a compañeros de clase, pudiera predecir que el usuario moderno promedio dedicaría una media de dos horas diarias a las redes sociales y a los servicios de mensajería asociados y que casi la mitad de ese tiempo estaría dedicado solo a productos de Facebook”. Y más adelante añadió que “el origen de nuestra intranquilidad no es evidente en estos casos tan puntuales, pero resulta visible cuando observamos la situación en conjunto y nos percatamos de cómo estas tecnologías en general han conseguido ir mucho más allá de las funciones menores por las que las elegimos originalmente y acaban dictando nuestra conducta y nuestras emociones. Las aplicaciones tecnológicas nos obligan, de algún modo, a usarlas más de lo que nosotros mismos consideramos saludable y, con frecuencia, a expensas de otras actividades que nos parecen más interesantes. En otras palabras, lo que incomoda es la sensación de pérdida de control, una sensación que invade de múltiples maneras distintas cada día, como cuando se distrae con el móvil durante la hora del baño de un hijo o cuando se pierde la capacidad de disfrutar de un momento agradable sin el anhelo urgente de documentarlo para una audiencia virtual”. Cal Newport, Minimalismo digital 25-27 (Ed. Culturales Paidós, 2021).

¹³ Byung-Chul Han, Infocracia 71-72 (Ed. Taurus, 2022).

¹⁴ En 2016, varios eventos mostraron esta problemática, que luego será examinada, tales como el Brexit en Gran Bretaña, las elecciones norteamericanas con la elección de Donald Trump y el plebiscito por la paz en Colombia.

¹⁵ Bruno Patino, La civilización de la memoria del pez 141 (Alianza Ed., 2022).

Notas de autor

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: juancarlosgalindovacha@gmail.com

Información adicional

Cómo citar: Juan Carlos Galindo Vácha, La democracia digital, 73 Vniversitas (2024), https://doi.org//10.11144/Javeriana.vj73.dedi

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