Este artículo se propone justificar la posibilidad y la necesidad de garantizar derechos sociales a las personas inmigradas en los actuales países europeos. Para ello, se analiza el caso español y se intenta mostrar cómo la explotación y discriminación de inmigrantes pobres constituye a menudo no sólo una situación inaceptable desde un punto de vista moral, sino una violación de estándares internacionales y constitucionales. Finalmente, se argumenta a favor de una política progresiva de fronteras abiertas y de una ciudadanía de residencia basada en el reconocimiento a todas las personas de iguales derechos sociales, políticos y culturales.