Resumen
La actual Ley de arbitraje 60 del 2003, de 23 de diciembre, reforma el sistema jurídico arbitral español paliando sus imperfecciones y situando a España dentro de los países que cuenta con una legislación favorable al arbitraje tanto interno como internacional. Esta nueva ley se caracteriza por su antiformalismo, la permisibilidad en el empleo de nuevas tecnologías, limita la intervención jurisdiccional a los momentos estrictamente necesarios, se pronuncia acertadamente sobre las medidas cautelares en el arbitraje, establece la voluntad de las partes como brújula orientadora del procedimiento arbitral cuyos límites son impuestos por los principios de contradicción, igualdad y audiencia, mejora la protección de la eficacia del convenio arbitral y permite la ejecución provisional del laudo impugnado. Sus aciertos superan en gran medida sus imprecisiones y en general representa la evolución positiva de la legislación española con respecto al arbitraje. Por otro lado, la legislación arbitral toma en cuenta los diferentes componentes del procedimiento arbitral; determinando su inicio, la forma de notificación y cómputo de los plazos, las distintas fases procedimentales y no solo denominan correctamente el sistema de impugnación contra el laudo (acción de anulación) sino también enumera con claridad los motivos de su procedencia. El análisis general de sus preceptos nos permite concluir que es plausible la regulación del arbitraje en dicho ordenamiento jurídico.Esta revista científica se encuentra registrada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. Por lo tanto, esta obra se puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente en formato digital, siempre que se reconozca el nombre de los autores y a la Pontificia Universidad Javeriana. Se permite citar, adaptar, transformar, autoarchivar, republicar y crear a partir del material, para cualquier finalidad (incluso comercial), siempre que se reconozca adecuadamente la autoría, se proporcione un enlace a la obra original y se indique si se han realizado cambios. La Pontificia Universidad Javeriana no retiene los derechos sobre las obras publicadas y los contenidos son responsabilidad exclusiva de los autores, quienes conservan sus derechos morales, intelectuales, de privacidad y publicidad.
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