Las redes P2P les permiten a millones de usuarios en Internet descargar
archivos que, al menos en teoría, deberían protegerse por las normas sobre
derecho de autor. La reacción de la industria del entretenimiento ha sido iniciar
múltiples procesos judiciales en contra de los usuarios de esta tecnología, en
diferentes partes del mundo. Uno de los medios que con mayor frecuencia se
ha empleado para este propósito ha sido el descubrimiento de la identidad de
los usuarios a través de sus direcciones IP, mediante órdenes impartidas por
jueces a los proveedores de servicio de Internet. Sin embargo, esta práctica
constituye una manifiesta y comprobada violación de derechos constitucionales
como el habeas data y la privacidad.