La crisis del estado bienestar originada en la corrupción, el despilfarro del erario público, en políticas equivocadas y en la multiplicación de entidades estatales dio origen a las privatizaciones.

Se han expuesto las diversas categorías de privatización del Estado, con la finalidad de lograr mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos, por medio de las privatizaciones indirectas, funcionales y con la desnacionalización.

El Estado social de derecho que alcanzó un éxito y esplendor después de la Segunda Guerra Mundial ha venido en decaimiento con las nuevas etapas de recesión, entrando en situación de crisis por la sobrecarga y el déficit de financiación, pues en ocasiones el gasto público puede ser favorable a determinados intereses corporativos en detrimento del bienestar de la colectividad. 

El Estado colombiano en la Constitución de 1991 permite la privatización la cual encuentra en la Ley 226 de diciembre 20 de 1995 su mejor mecanismo de aplicación, estableciendo los principios de democratización, igualdad, transparencia, protección del patrimonio público, publicidad y libre concurrencia.

No obstante el auge que han tenido las privatizaciones en varios países, especialmente en los países llamados industrializados, se está operando un regreso a la oficialización de los servicios públicos y de sus entidades prestadoras.

No existen fórmulas mágicas para sacar a los estados de la crisis económica y social, originadas en la corrupción, el despilfarro del erario público, en el exceso de trámites y burocracia, etc. Lo cierto es que los estados modernos deben prescindir del exceso de entidades y burocracia que no consulten sus fines y fortalecer los controles. La experiencia de varios países (Inglaterra y México) nos demuestra que algunas empresas y actividades estatales han tenido que regresar al sector oficial.

Se recomienda por los expertos, reforzar la autonomía de la administración frente a los cambios del personal político. Reducir el grado de colegialidad de los órganos administrativos, con la finalidad de hacerlos más efectivos en el cumplimiento de sus funciones, con la personalización de las responsabilidades de los entes administrativos en un titular o administrador.

Se enfatiza en una administración más ágil, fundamentando su operatividad en los medios electrónicos.

La doctrina moderna se orienta por un ponderado estudio de la llamada ilegalidad de los actos administrativos, con la finalidad de hacer prevalecer el derecho sustancial, sobre meros trámites o formalidades que no inciden en el fin propuesto por la norma; sumado a lo anterior la innovación de las técnicas probatorias en el contencioso administrativo.