Este artículo tiene por objeto analizar los alcances de las llamadas facultades ordinarias que tiene el Presidente de la República de
Colombia, en procesos de reestructuración de la administración pública
del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 189-16 de la Constitución y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998. En una primera parte se expondrán las razones jurídicas de quienes estiman que estas facultades le permiten al Presidente desplegar una función normativa bastante amplia, hasta el punto de poder modificar por decreto la legislación que le sea contraria. En la segunda parte, serán expuestos los argumentos jurídicos de quienes consideran que dichas facultades, de conformidad con los mandatos constitucionales y legales, no son tan amplias y que, por lo mismo, hay determinados asuntos que sólo pueden ser definidos por ley.