A lo largo del artículo emergen varios elementos con los cuales se puede establecer la incidencia de las políticas públicas en las tomas de decisión en el territorio, sobre todo en la utilización de tres instrumentos de planificación y de gestión territorial como el Plan de Desarrollo (PD), el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas (Pomca), estructurados por medio de las Unidades de Planificación y de Gestión Territorial (UPGT). Estos permiten articular el desarrollo de programas y proyectos en un territorio asociado en municipios y departamentos, con el motivo de invertir y localizar infraestructuras que reduzcan la vulnerabilidad y amenaza en áreas que han sido objeto de deslizamientos e inundaciones e intervenidas por el Gobierno nacional mediante la Ley 1523 de 2012 de Gestión del Riesgo y complementadas por otras normas que fortalecen la dimensión ambiental, social, económica y administrativa que coadyuvan a un ordenamiento territorial más integral. La participación de actores y sectores públicos y privados y la sociedad civil son coordinados con la puesta en marcha de los Comités de Integración Territorial (CIT), que jalonan los procesos administrativos alrededor del riesgo y de los desastres naturales asociados, en muchos casos, con las actividades humanas.