El objetivo este ensayo es analizar cómo el Estado mexicano, desde inicio de la década del noventa hasta mediados de 2016, ha aplicado los fundamentos del modelo neoliberal mediante reformas en política de vivienda encaminadas a privatizar el suelo rural-urbano. Para llevar a cabo esta instrumentación, el Estado deja su papel activo-interventor en la construcción de vivienda de interés social y traspasa el compromiso a los promotores inmobiliarios y a la industria de la construcción. En este artículo se utiliza el abordaje teórico y conceptual denominado modelo neoliberal para explicar las razones por las que el Estado instrumenta una política neoliberalen favor de los capitales inmobiliarios y hasta qué grado el Estado ha operado como intermediario, valido de la coerción extraeconómica o expropiación ―expulsión― y ocupación de suelos o espacios para asegurar la rentabilidad al capital inmobiliario. Se concluye que el efecto de dicho modelo neoliberal no se ha cumplido por parte de las inmobiliarias, pues no se han ofrecido casas que cumplan con los requisitos mínimos habitables (usan materiales de ínfima calidad y sus construcciones no sobrepasan los 60 m²). Además, la mayoría de estos conjuntos habitacionales carecen de centros comerciales, escuelas, centros culturales y lugares de esparcimiento, por lo que se convierten en grandes dormitorios aislados de la ciudad.