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Resumen
La Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, motiva a cuestionarse nuevamente sobre la aplicación estos mecanismos ADRs en el sector del seguro. La propia configuración del contrato de seguro y la elevada conflictividad que se manifiesta en la práctica en torno al mismo, además de haber sido considerado a lo largo del tiempo como un campo de pruebas para la utilización de instrumentos alternativos a la vía judicial, propician un estudio de los antecedentes y de la situación actual tras la entrada en vigor de la Ley. Especial consideración tiene lo previsto por su disposición adicional primera en la que se establece una futura entidad única de resolución de litigios de consumo en el ámbito financiero.
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