La Ley de Justicia y Paz, recientemente aprobada por el Congreso de la República, ha sido objeto de un gran debate nacional e internacional. Sus mayores detractores han sido organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que argumentan que este instrumento no satisface los parámetros
internacionales de verdad, justicia y reparación. 

Sin embargo es fundamental que más allá del análisis puramente legal, se tengan en cuenta las particulares circunstancias de una democracia amenazada por poderosas organizaciones armadas al margen de la ley, y de un Estado históricamente débil que, sin embargo, está haciendo su mejor esfuerzo para
recuperar el monopolio de la fuerza y restablecer el imperio de la ley en todo el territorio mediante la implementación de una política de seguridad democrática que en sólo tres años ha conseguido un significativo mejoramiento en los índices de graves violaciones a los derechos humanos. Pero este esfuerzo no puede desconocer que una solución exclusivamente militar, que conduzca a la aplicación de parámetros de justicia propios de una situación de normalidad es no sólo difícilmente alcanzable, sino excesivamente costosa en términos humanos y materiales. Por ello el gobierno ha ofrecido una salida negociada a todos aquellos grupos que demuestren su voluntad de paz y declaren un cese de hostilidades con verificación internacional. Esta política de paz y reconciliación requiere un marco jurídico que pondere los intereses de la paz con los de la justicia, y ofrezca incentivos a miembros de grupos armados al margen de la ley que decidan dejar las armas y desmovilizarse. Este marco jurídico, que facilita los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva es la Ley de Justicia y Paz, de cuyo estudio puede deducirse un fuerte compromiso con los derechos de las víctimas. No sólo porque se han consagrado de manera expresa, sino porque se han creado unas instituciones y se han fortalecido otras para garantizar su implementación.