La noción de inversionista remite inexorablemente a la noción de nacionalidad. Mientras que el derecho internacional público ha establecido unos criterios claros y de obligatorio ceñimiento para determinar la efectividad de la nacionalidad de las personas, los tribunales arbitrales CIADI han desconocido estos criterios y han preferido adoptar un control demasiado favorable al arbitraje que desconoce los principios generales de derecho internacional y el alcance mismo del Convenio CIADI.