El presente artículo de investigación es el resultado del proyecto interdisciplinario de investigación “Políticas Jurídicas, Económicas y Sociales para el Desarrollo Sostenible en Colombia” del grupo de investigación “Grupo Interdisciplinario en Desarrollo y Derecho” desarrollado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Como subproyecto del anteriormente mencionado proyecto de investigación, las limitaciones del concepto “responsabilidad social empresarial” han sido estudiadas a través del
trabajo de campo en el Proyecto de Mina Cerrejón en el Departamento de La Guajira en Colombia. Cerrejón es la mina de carbón de cielo abierto más grande del mundo. El Proyecto de Mina Cerrejón existe hace 26 años. Durante este período la comunidad indígena wayüu tenía que enfrentarse con la llegada de la mina a su hábitat original. La relación entre el grupo indígena wayüu, el Proyecto de Mina Cerrejón y el Gobierno Departamental de La Guajira demostró contradicciones y resultó por un lado en cooperación, por otro lado en luchas y mal entendimiento entre los varios actores. El proyecto social Plan de
Ayuda Integral a las Comunidades Indigenas (PAICI) implementado por el Proyecto de Mina Cerrejón es uno de los ejemplos más extraordinarios del aspecto comunitario de la responsabilidad social empresarial no solamente en el sector minero. Por el contrario, este proyecto social beneficia únicamente al 20% de todos los indígenas wayüu del Departamento de La Guajira, quienes como resultado de la expansión del proyecto de mina en número importante perdieron sus terrenos, ocasionalmente sin adecuada reubicación y recompensa.
Surgen varias preguntas para formular: ¿Cómo se pueden reconciliar intereses diferentes como desarrollo de un proyecto de mina, desarrollo social-cultural-económico de un grupo indígena, y las prioridades y responsabilidades del Estado en proponer sus políticas públicas? Se propone utilizar la teoría de gobernabilidad sostenible para analizar estas preguntas con la firme convicción de que el desarrollo debe permitir compromisos para el beneficio de todos los actores a través del funcionamiento de un sistema avanzado de políticas públicas para manejar los conflictos de intereses.