Abstract
In Colombia, housing policies have made access to decent housing conditional on the citizen’s acquisition of debt. Being part of the everyday life of people, and instantiated by asymmetrical power relations, debt becomes a constitutional concern as a reaction to the failure of the distribution of housing by means of the market’s logic. Within this context, this research article presents the way in which public policies, since the 30s, built the characterization of the debtor, and analyzes the way in which the Constitutional Court has contributed to the definition of that subject. In order to advance the proposed analysis, this text makes a characterization of the abstract models of justice, that frame the justifications for the protection of the debtor, and shows the problems derived from the adoption of those justifications.
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