Este artículo evalúa críticamente el debate sobre la seguridad de las vacunas y la libertad de elección desde una perspectiva de derechos humanos. Propone un balance entre la salud pública como interés legítimo y la protección de los derechos individuales, y sugiere que este debate debe ser informado por los principios del derecho internacional de los derechos humanos. La sección I explica la premisa básica de que el consentimiento informado es la regla general para cualquier intervención médica y que la libertad de elección frente a la vacunación es un derecho humano. Partiendo de la base de que las intervenciones médicas violan el derecho a la privacidad y la integridad física, la limitación a estos derechos es legítima solo si la política de vacunación del Estado está provista por ley, y es estrictamente necesaria y proporcional. La sección II describe las obligaciones internacionales en relación con los recursos efectivos que un Estado que decide adoptar una política de vacunación debe ofrecer en relación con posibles daños, aun cuando estos sean atribuibles a conductas de particulares. La parte III desarrolla el concepto de reparación integral y explica por qué si una política de vacunación obligatoria es promulgada sin cumplir los criterios para la limitación de derechos humanos, se produce un hecho ilícito internacional y surge un deber de reparar.