La expedición de la Ley 963 del 2005 ha traído como consecuencia la creación de los contratos de estabilidad jurídica, los cuales constituyen (en la tesis que se pretende desarrollar) una trasgresión a derechos de profunda raigambre constitucional, y por lo tanto, a la luz de la normativa superior desprovistos de toda legitimidad como instrumentos de intervención económica.