Este artículo trata respetuosamente de comentar el Editorial de 16 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, de la universidad javeriana, en el que se sostiene la tesis de que las “recomendaciones” –que llama “interpretaciones autorizadas”– que hacen algunos órganos convencionales en tratados de derechos humanos de los que Colombia es parte, deberían ser consideradas por la Corte Constitucional como “estándar mínimo ‘obligatorio’” en aplicación del bloque de constitucionalidad.1 En la opinión del autor de este artículo, esa tesis está equivocada.