Los diversos procesos de integración y globalización que se han dado en la última década han propiciado un cambio en las políticas de inversión extranjera al interior de los países en desarrollo, por la necesidad de vincular nuevos capitales al proceso económico y por las ventajas que conllevan los capitales procedentes de la inversión extranjera directa y de portafolio. Es por esto que Colombia, en la década de 1990, llevó a cabo reformas legislativas y constitucionales, además de celebrar acuerdos internacionales sobre la materia. De cara a esta realidad, el presente artículo pretende ser la primera aproximación sobre las disposiciones normativas canadienses y colombianas, con miras a establecer las pautas para una futura negociación de un acuerdo para la protección y promoción de las inversiones entre las partes, que dinamice la economía colombiana a través de la presencia comercial en Canadá y que a la vez facilite las condiciones de los inversionistas canadienses en Colombia.