Los objetivos del presente artículo son describir el sistema de justicia juvenil en la provincia de Buenos Aires (Argentina) desde las perspectivas jurídica y ejecutiva, y comunicar avances científicos globales en la evaluación de los jóvenes que cometen actos disociales. En la provincia de Buenos Aires el sistema ha sido profundamente modificado en los últimos 15 años siguiendo las premisas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y dejando relegado el modelo del Patronato, que había regido previamente. Las instituciones encargadas de la ejecución de la intervención dispuesta por el Poder Judicial dependen actualmente de la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y constan de centros cerrados, centros con régimen de semilibertad y centros de intervención ambulatoria (medidas alternativas a la prisión, tales como suspensión de juicio a prueba o tareas comunitarias). Las ciencias relacionadas con la salud mental y con el comportamiento vienen contribuyendo a la identificación de diversos factores influyentes en la conducta disocial y con el diseño de tipos de intervención para cada nivel de prevención. Sin embargo, hay una distancia importante entre las potencialidades del estado actual del conocimiento y la implementación. En las condiciones expuestas, queda configurado un período de transición que aún requiere optimización de la política de infancia con ajustes legislativos, judiciales y administrativos y con la capitalización de los aportes científicos.