La reforma normativa al sistema de persecución penal colombiano ha conducido a la consagración de figuras que implican la posibilidad de
disposición de la pretensión penal por parte de la Fiscalía General de la Nación. Dentro de su función de ejecutar la política criminal del Estado y a pesar de una legislación errática, la Fiscalía cuenta con mecanismos como el principio de oportunidad y los preacuerdos que le permiten hacer juicios de conveniencia y efectividad en el contexto de la persecución penal, paralelos a los juicios jurídicos pertinentes. A pesar de ser evidente la existencia y la conveniencia de lo anterior, sectores de la jurisprudencia y la doctrina se han opuesto a la disponibilidad de la pretensión penal y a la discrecionalidad en su ejercicio, por lo cual se hace pertinente valorar estas características y formular una línea argumentativa que las justifique desde el punto de vista jurídico y político.