Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991, el régimen económico y de la hacienda pública del país tomó una configuración diferente, por ende, se debe partir de nuevos parámetros para su estudio.

Este artículo,intenta definir o por lo menos visualizar las causas y los efectos que la nueva normativa aportó y su relación con las fuerzas de la economía, en especial, con las competencias reglamentarias y reguladoras (conceptos similares, pero no iguales competencias) de la Junta Directiva del Banco de la República. Esto, desde la perspectiva especializada de la actividad cambiaria, pero que a modo analógico (partiendo de la Ley 31 de 1992 y de la teoría constitucional de las leyes generales) resulta interpretable y aplicable para el resto de competencias asignadas a la Banca Central en el Estado colombiano.