La verdad histórica de 6402 jóvenes engañados con falsas promesas de trabajo, secuestrados en sus casas y veredas, o asesinados después de ser detenidos, que nunca volvieron, está documentada en miles y miles de folios de expedientes judiciales, informes de organizaciones de derechos humanos y veredictos judiciales que la mayoría de la sociedad colombiana no conoce. Por eso, quiso saltar a la calle encabezada por una pregunta que hoy es común y que sigue sin respuesta por parte de la justicia: “¿Quién dio la orden?”. Debajo de la pregunta emergen los rostros de los presuntos responsables: comandantes de unidades militares donde esta práctica se volvió habitual, estimulada, premiada e, incluso, obligatoria.