El seguro de cumplimiento en el ámbito de la contratación estatal no ha estado exento de dificultades para hacerlo efectivo y de esa manera cumpla la finalidad que le es propia; circunstancias a las que, en el pasado, contribuyo la falta de regulación legal, lo que genero vacíos, que después de una ardua tarea vino a colmar la jurisprudencia del Consejo de Estado. Ante este escenario, el legislador patrio intervino para pretender consolidar un marco normativo, que se ha visto enriquecido por diversos reglamentos que, aunque no han estado exentos de crítica, han perseguido el fin loable de proteger el patrimonio público; sin embargo, la reglamentación ha sido modificada en el último quinquenio en tres oportunidades, lo que ha generado confusión sobre la trascendencia, utilidad y eficacia de esas modificaciones, la actividad estatal cotidiana.

Es un tema de la mayor trascendencia para la comunidad en general, por la finalidad que satisfacen las garantías de salvaguardar el interés público y proteger el patrimonio de la administración frente a los eventuales incumplimientos del contratista y porque en ese ámbito,  la actividad aseguradora realiza un aporte invaluable al desarrollo económico del país.