Uno de los principales cambios que ha tenido el discurso patrimonial en las últimas décadas es el rol cada vez más relevante que las comunidades han ocupado en los procesos de construcción y gestión de expresiones patrimoniales (Ballart, 1997; Prats, 2005; Guerrero, 2010; Dormaels, 2012). Este cambio tiene que ver con los procesos de apropiación social que las comunidades han hecho con este discurso, proceso que ha no ha estado exento de conflictos, y que expresa una crítica a la construcción patrimonial hegemónica e institucionalizada que ha prevalecido en la configuración del discurso patrimonial. Como respuesta a ello, los actores internacionales, gobiernos nacionales y administraciones regionales y locales, principales gestores del discurso patrimonial formal, han incentivado progresivamente la inclusión de la participación ciudadana en los procesos de construcción patrimonial. Ello se ha expresado fundamentalmente en dos formas: generando normativas que aseguren la incorporación de las comunidades en los procesos de patrimonialización a escala local y nacional, y en la ampliación del concepto mismo de patrimonio cultural, como por ejemplo, con la creación en el año 2003 por parte de la Unesco del concepto de patrimonio cultural inmaterial, el cual surge como forma de reconocimiento de un discurso patrimonial que releva las dinámicas culturales y sociales asociadas a los objetos patrimoniales como expresiones patrimoniales en sí mismas. No obstante, estos avances, el surgimiento de diversas organizaciones patrimonialistas y movimientos sociales en los últimos años, y la emergencia de diversos conflictos entre comunidades y otros actores patrimoniales permiten visualizar que los procesos de implicación de las comunidades poseen aún diversos nudos y opacidades que es necesario resolver para lograr una efectiva democratización de estos.

Recogemos la información de dos casos, uno en Andalucía, el de la Casa Palacio Pumarejo de Sevilla, de carácter conflictivo y caracterizado por la cerrazón de las administraciones a las iniciativas ciudadanas[i], y el segundo, el de la ciudad de Chillán, en Chile, en el que, por el contrario, desde la municipalidad se mantiene un espacio fructífero de colaboración con el vecindario que está dando frutos positivos. Con la comparación entre estos casos pretendemos ofrecer elementos para una reflexión de las dificultades, obstáculos, posibilidades y beneficios para una real y efectiva participación ciudadana en los procesos de patrimonialización que el propio “régimen patrimonial” supone.

[i] Los materiales que nos sirven de base para el análisis de este caso proceden de un trabajo colaborativo llevado a cabo por parte del Grupo de Investigación Social y Acción Participativa GISAP, SEJ218, con sede en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el marco del proyecto internacional “People Participating”, liderado por Javier Escalera entre los años 2010 y 2011, financiado por el Programa Intereg IV C de la Unión Europea, y continuado hasta la actualidad gracias al apoyo de la Ayuda de la consejería de Economía y conocimiento de la Junta de Andalucía.